Esto es lo que se sabe de la “seguridad humana” que el gobierno Petro propone como guía de sus políticas en la materia. Cuáles son sus méritos y cuáles son sus riesgos.
Hugo Acero Velásquez*
Dos vías para entender la idea del presidente Petro
Aunque no se conoce un documento del gobierno Petro sobre cómo entiende la “seguridad humana”, es posible avanzar en dos líneas importantes para hacerlo:
- La primera consiste en recordar la manera como el tema fue abordado por el alcalde de Bogotá Gustavo Petro (2012, 2015) y los resultados que entonces se obtuvieron.
- La segunda es recordar la formulación del concepto de “seguridad humana” a comienzos de los años noventa, cuando quedó inmerso en el paradigma de “desarrollo humano” en el Informe de Desarrollo Humano de 1994 del Programa de Naciones Unidas, y su relación con la seguridad ciudadana.
Hacia la Bogotá segura
La página de la alcaldía bajo Gustavo Petro en 2012 decía lo siguiente: “En Bogotá se ha incrementado (sic) la inseguridad. Ya no se trata del raponero del pasado que robaba para comer. Parte de nuestros niños y jóvenes son reclutados por mafias poderosas, redes del crimen organizado que amasan fortunas en el mercado ilegal de drogas, la prostitución, el lavado de dólares, el contrabando, la venta de armas, la venta de la piratería, juegos y casinos. Estas mafias, como lo demostré durante diez años en el Congreso de la República, son poderosas porque tienen a su servicio altos funcionarios públicos, corrompen la política, se infiltran entre jueces y fiscales, la DIAN, Corabastos, los San Andresitos, y sobornan a miembros de la Policía cuya misión es combatirlas”.
A partir de este planteamiento, Petro anunció tres propósitos en su Plan Integral de Seguridad y Convivencia (2012, 2016):
- “Empoderar (sic) a la ciudadanía para que denuncie los hechos de corrupción de los policías”. Para esto el alcalde propuso crear una oficina en su despacho y se comprometió a tramitar las denuncias ante los organismos de control y de justicia.
- “Usar los recursos que la ciudad entrega a la Policía para organizar un grupo muy tecnificado y preparado de inteligencia policial que nos reportará directamente para encontrar las redes y cúpulas de las mafias en Bogotá y sus aliados dentro del Estado”.
- “La Seguridad Humana significa que nuestros niños y jóvenes tendrán opciones diferentes y superiores a las mafias y la violencia. Potenciaremos (sic) la política de darle poder y saber a los jóvenes. La juventud bogotana necesita oportunidades y vamos a dárselas para neutralizar la violencia”
De esta manera, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia recogió algunos de los principios de la Seguridad Humana, como “la reducción o eliminación de la vulnerabilidad de las amenazas de índole económica, ambiental, alimentaria, de la salud, personal, política, comunitaria y educativa, que afectan el desarrollo sostenible de los hogares y comunidades”.
La Seguridad Humana fue pues “el eje primordial del Plan, que orienta la política de seguridad distrital a crear y conservar circunstancias propicias para la reducción de riesgo e incertidumbre, permitiendo la realización objetiva y real de la dignidad de las personas residentes en Bogotá D.C.”.
La seguridad no llegó del todo
Cuando se estudian los resultados del alcalde Petro en relación con las metas que el mismo se propuso (mediante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana), resulta que el logro más importante fue reducir de los homicidios en su primer año de gobierno, cuando la tasa pasó de 22,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 16,1 en 2012. En los años subsiguientes volvió a aumentar este delito hasta situarse en una tasa de 17,4 en 2019.
De las restantes nueve metas, parcialmente cumplió tres y seis las incumplió, como puede verse en el siguiente cuadro:
Seguridad humana y seguridad ciudadana
A principios de la década de los noventa la Organización de Naciones Unidas empezó a modificar el concepto de desarrollo económico que hasta entonces había regido al mundo y diseño un nuevo concepto al que denominó “desarrollo humano”.
Esta modalidad de desarrollo “no sólo suscita un crecimiento económico, sino que también distribuye equitativamente los beneficios, regenera el medio ambiente en lugar de destruirlo y fomenta la autonomía de las personas en lugar de marginarlas”. Cuatro años después, la ONU planteó por primera vez el concepto de “seguridad humana”, el cual se encuentra inmerso en el paradigma de desarrollo humano (más tarde convertido en desarrollo humano sostenible).
En este campo hay que tener mucho cuidado en no convertir la política social en un instrumento de la política de seguridad. No se hace inversión social en sectores pobres porque haya violencia o delincuencia, sino porque se necesita mejorar las condiciones sociales.
Ese nuevo concepto no se limitó a considerar la seguridad en términos de Estados Nación o bloques de poder; entendió la “seguridad humana” como aquel estado que debe tener cada persona, donde le están garantizadas su seguridad personal, económica, alimentaria, política y ambiental.
De esta manera, “el desarrollo humano es un proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente, y la seguridad humana significa que la gente puede ejercer estas opciones en forma segura y libre y puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana”.
En este orden de ideas, la seguridad ciudadana es una parte vital de la seguridad humana y debe ser entendida como un bien público, puesto que “beneficia a todos, ya que es un atributo de la estructura en la cual la persona se encuentra inmersa”. También se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia contra de la población y permite la convivencia segura y pacífica.
En esencia, la seguridad ciudadana implica la vivencia cotidiana de gran parte de los derechos humanos y, en concreto, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al fuero más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito o al disfrute del patrimonio), así como otros más colectivos como el derecho al aprovechamiento de espacios públicos y el medio ambiente sano, entre otros.
¿Es posible la “seguridad humana”?
No existe evidencia nivel nacional o internacional sobre la plena adopción de la “seguridad humana” como política de seguridad ciudadana o de seguridad nacional.
Esta ha sido usada de manera parcial y, en muchos casos, más como una propaganda o para nombrar o plasmar una política en documentos, pero en la práctica no ha sido aplicada de modo integral, y por lo tanto no existen resultados que demuestren sus bondades (lo que no quiere decir que no se pueda aplicar y no se consigan resultados importantes).
En términos generales, se puede asegurar que, desde los años noventa, la “seguridad humana” ha estado muy bien expuesta en muchos textos y documentos de analistas y teóricos de la seguridad ciudadana y del Estado, pero no hay evidencia empírica de sus posibles resultados.
Esto debido a que, para algunos gobiernos, ha resultado cómodo ejecutarla desde las acciones preventivas, dejando de lado acciones coercitivas para no ser señalados como “represivos o de derecha”, desconociendo que la seguridad no es de derecha, ni de izquierda, simplemente es un derecho que debe garantizar el Estado, independientemente de quien gobierne.
Seguridad y política sociales
Teniendo en cuenta lo anterior y los planteamientos generales de la “seguridad humana”, para su gestión se necesita un alto liderazgo de quien gobierna, llámese presidente, gobernador o alcalde, para atender y reducir, de manera coordinada e interinstitucional, las distintas amenazas de índole económica, ambiental, alimentaria, de salud, personal, política, comunitaria y educativa que plantea la “seguridad humana”.
Por otro lado, si no hay claridad respecto de que sea “seguridad humana” en lo que tiene que ver con la administración de justicia y la seguridad de los ciudadanos, puede caerse en creer que solo las acciones preventivas pueden solucionar todos los problemas de inseguridad (en particular los de violencia y delincuencia).
En ese caso, no pueden descuidarse las medidas de control policial, judicial y de uso legitimo de la fuerza en contra de los sectores violentos que ejecutan acciones delincuenciales.
En este campo hay que tener mucho cuidado en no convertir la política social en un instrumento de la política de seguridad. No se hace inversión social en sectores pobres porque haya violencia o delincuencia, sino porque se necesita mejorar las condiciones sociales para que haya menor desigualdad, mejor capital humano, equidad y bienestar.
La seguridad es parte de las estrategias de desarrollo social y económico, en la medida en que es un derecho que garantiza otros derechos.
