Seguridad y paz: mentiras y verdades a medias | Razón Pública
Seguridad y paz en colombia
Foto: Facebook: Ministerio de Defensa

Seguridad y paz: mentiras y verdades a medias

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El deterioro de la seguridad comienza por un diagnóstico equivocado del problema y por la falta de trabajo en equipo de las autoridades nacionales y locales que deben enfrentarlo. Esta es la situación.

Hugo Acero Velásquez*

Inseguros sobre la seguridad

Para lograr resultados sostenibles en materia de seguridad y paz, no basta con saber si las acciones están mejorando o empeorando momentáneamente la situación, si las cifras de violencia y delincuencia están aumentando o disminuyendo, si los ciudadanos se sienten seguros o inseguros.

En vez de eso, se necesita el diagnóstico acertado y detallado sobre los problemas reales que afectan la seguridad y la paz ciudadana: solo a partir de este diagnóstico es posible diseñar la respuesta y saber si lo que se está haciendo mejora o más bien empeora la situación futura del país.

Ni guerrillas, ni paramilitares

El primer punto tiene que ver con la caracterización que se está haciendo sobre los varios grupos armados que operan en Colombia. Tanto el gobierno, como expertos y medios de comunicación siguen tratando al ELN, las disidencias “’Estado Mayor Central” y “Segunda Marquetalia” como guerrilleros, subversivos con ideologías políticas que pretenden toma el poder del Estado.

Pero en la realidad estos grupos, en los últimos años, han tenido una intencionalidad fundamentalmente económica hacia las rentas criminales, comenzando por su dedicación al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el secuestro.

Pese a ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja de lado las unidades y cabecillas

Además, en la gran mayoría de los casos, los enfrentamientos armados (incluso con la fuerza pública) se deben a disputas por estas y otras rentas criminales. Atrás, muy atrás, quedaron la revolución y “la toma del poder en representación del pueblo”.

Verdad que al ELN se le puede conceder todavía la orientación política en algunas de sus acciones, pero en la práctica sus frentes están metidos de lleno en el narcotráfico y demás rentas criminales.

Las disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político, pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que manejan. Son grupos de narcotraficantes con discurso político, no grupos guerrilleros que “representen los intereses del pueblo.

El Clan del Golfo (hoy autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”) o Los Pachencas (hoy “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”)  siguen sido considerados por algunos como paramilitares, con características ideológicas y operativas similares a las de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pero, otra vez, estos grupos se dedican exclusivamente a beneficiarse del narcotráfico y demás rentas criminales, a pesar de su esfuerzo para ser reconocidos como actores políticos.  No se parecen por eso a las “autodefensas” que combatían a los guerrilleros y decían defender el Estado colombiano.

Si no se tiene claro a quiénes hay que enfrentar o con quiénes se está dialogando, no son posibles la seguridad ni la Paz Total.

Bajo las circunstancias anteriores, quizás tenga algún sentido adelantar una negociación política con el ELN. Pero se puede asegurar que de lograrse un acuerdo de paz con este grupo habrá más disidencias de las que se dieron con las FARC, dada la fragmentación de este grupo, su dedicación al lucro de las rentas criminales y al hecho de que algunos frentes —lo más guerreristas— no están sentados en la mesa de negociación.

Con los demás grupos sólo existe la posibilidad de un generoso sometimiento a la justicia.

Por eso necesitamos una política de paz más realista y una política de seguridad fuerte, que lleven a estos grupos a dialogar o a someterse como corresponde.

Seguridad y paz en colombia
Foto: Procuraduría - La ideología política del Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y ELN en los últimos años es fundamentalmente económica y se basa en rentas criminales como la minería ilegal.

Puede leer: ¿Pagar por no matar? El nuevo programa del gobierno Petro

Desconfianza ciudadana y desgreño institucional

A los crecientes problemas de violencia y delincuencia, se suma el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.

Hoy la confianza ha caído a los niveles más bajos de los últimos veinte años, de acuerdo con la encuesta Invamer Gallup de octubre de 2023 (los resultados más favorables se habían registrado en 2010):

  • Las Fuerzas Armadas, que siempre tuvieron los niveles más altos de confianza, cayeron del 81% de favorabilidad en 2010 a 61% en octubre de 2023;
  • La Policía Nacional cayó de 79% a 45%;
  • La Fiscalía pasó del 59 % a 36%;
  • El sistema judicial , de 34% a 17%;
  • La Corte Constitucional, de 57% a 38%;
  • La Corte Suprema, de 56% a 30%.

Opinión favorable de instituciones de seguridad y justicia.      Octubre 2000 – 2023

  2000 2005 2010 2015 2020 2023
Fuerzas Militares 72% 76% 81% 72% 58% 61%
Policía Nacional 65% 66% 79% 51% 45% 45%
Corte Constitucional 47% 61% 57% 42% 34% 38%
Corte Suprema de Justicia 56% 37% 29% 30%
Sistema Judicial Colombiano 46% 34% 22% 24% 17%
Fiscalía General de la Nación 65% 62% 59% 39% 37% 36%

Fuente: Encuesta Invamer Gallup Pool 2000 a octubre de 2023

La ciudadanía ha perdido confianza en las instituciones de seguridad y justicia, lo cual deslegitima y dificulta su labor para recuperar la seguridad. Los encuestados creen que este es el principal problema de Colombia (con un 29%) y por encima del desempleo (28%), la corrupción (15%) o el mal funcionamiento del gobierno (11%).

Además de la escasa confianza ciudadana, las instituciones de seguridad y justicia no trabajan en equipo, como se hace evidente en los debates públicos entre la Presidencia y la Fiscalía General de la Nación. El desconocimiento público de las decisiones del poder judicial por parte del presidente, sus malas relaciones con la Procuraduría o la Defensoría, al igual que con los gobernadores y alcaldes, muestran unas instituciones divididas y en confrontación que beneficia tan solo a los delincuentes.

La desconfianza ciudadana y la falta de trabajo en equipo son pruebas de que la violencia y delincuencia no se deben apenas a los delincuentes, sino al comportamiento inadecuado de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia en el plano nacional y en las regiones o ciudades.

Si el Ejecutivo y las demás instituciones de seguridad y justicia no se esfuerzan en serio para aumentar la confianza ciudadana con su trabajo y sus buenos resultados, si no mejoran la coordinación interinstitucional y el trabajo en equipo, bajo el liderazgo del presidente, será todavía más difícil aumentar la seguridad ciudadana o avanzar hacia la Paz Total que promueve el gobierno.

Nuevas criminalidades, nuevos desafíos

Necesitamos reconocer que ya no estamos ante la delincuencia de finales del siglo pasado, que se podía enfrentar con más policías en las calles: no estamos ante delitos de oportunidad (de “papayazo”) o que se cometen por necesidades insatisfechas de la población.

Hoy nos hallamos ante organizaciones delincuenciales cada vez más organizadas, algunas de ellas verdaderas mafias ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, el comercio de armas y otras rentas criminales; organizaciones y acciones que deben enfrentarse con más inteligencia e investigación criminal.

Pese a ese cambio en la criminalidad, las autoridades siguen concentrando sus esfuerzos en grupos u organizaciones de tercer nivel, una estrategia que deja de lado las unidades y cabecillas que de verdad manejan el narcotráfico, el lavado de activos y las otras rentas criminales, como la trata y el comercio de armas.

Los esfuerzos se concentran en bandas locales (algunas de origen venezolano, como El Tren de Aragua y Los Maracuchos), como si fueran las verdaderas mafias, cuando son obreros de tercer nivel en el manejo de las rentas criminales como microtráfico, extorsión, trata de personas o sicariato.

Por supuesto que se debe seguir luchando contra las organizaciones criminales de tercer nivel, pero sin ignorar que “el trabajo de campo” es efectuado por    grupos y cabecillas de alcance más delimitado.

Ante esta compleja situación hay que fortalecer la inteligencia y la investigación criminal para mejor atacar la cadena criminal y sus finanzas. Hay que identificar, perseguir y detener los mandos altos y medios de las organizaciones criminales. Con esto se haría más difícil el recambio de los mandos de estos grupos cada vez que caen sus cabezas.

Las disidencias expiden proclamas y discursos para lograr reconocimiento político, pero todas sus acciones se dirigen a defender las rentas criminales que manejan.

Por ejemplo, a Bogotá la droga no llega kilo a kilo, sino en toneladas que se almacenan, una parte para la distribución en la ciudad y en la región, otra para la exportación a través del aeropuerto o en camino hacia los puertos, especialmente de la costa caribe. Estas actividades no son efectuadas por el grupo local, sino por “patrones” que no aparecen en su organigrama. Igual sucede con las finanzas y el lavado de activos.

La misma situación se presenta en ciudades epicentro como Medellín, Cali y las ciudades portuarias, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Cifras ciertas y confiables  

Finalmente, preocupan tres temas todavía no aclarados que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Uno, la diferencia entre las cifras de homicidios que registra el Ministerio de Defensa y las del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (especialmente en las grandes ciudades, donde el Instituto maneja cifras más confiables).

Dos, los cambios en la Encuesta de Calidad Vida del DANE que afectan uno de los logros más importantes en materia de seguridad: la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que genera información crucial en estas materias.

Tres, la denuncia del fiscal General sobre la disminución del personal de investigación criminal de la Policía Nacional.

Todo lo anterior no permite que las autoridades, los centros especializados, los expertos independientes y los ciudadanos en general, cuenten con información certera para diseñar estrategias y acciones contundentes ante los crecientes problemas de violencia y delincuencia.

Estas son mentiras y verdades a medias que afectan la actuación de las autoridades, benefician a los delincuentes y no permiten mejorar la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

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Lea en Razón Pública: Paz y seguridad: de la audacia a la eficacia

Acerca del autor

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

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Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

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