Contra las “ollas de vicio”: planes de choque sin parachoques
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No basta con allanar los lugares de expendio o con desbaratar algunas bandas de micro-tráfico: surgirán otros lugares y bandas en su reemplazo. Los militares no deben ni pueden reemplazar a los policías. ¿Cómo abordar entonces el problema?
Acertadas pero insuficientes
Durante los últimos días, los gobiernos de Bogotá y nacional han anunciado y llevado a cabo varias acciones para mejorar la seguridad, y en particular, para reducir la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos pues, según las encuestas recientes de la Red de Ciudades Cómo Vamos, la victimización ha aumentado y los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.
Dentro de estas medidas, se destacan la intervención sobre las “ollas de vicio”, la orden de demoler los inmuebles donde estas funcionaban y la concentración de militares en los sitios con mayor incidencia del crimen y la inseguridad en Bogotá. Estas decisiones han despertado cierta controversia en los medios de comunicación, pero los ciudadanos en general perciben que por fin se está haciendo algo frente a la ola de inseguridad.
La intervención y demolición de los inmuebles conocidos como “ollas”, que los delincuentes utilizan para comercializar y facilitar el consumo drogas, son partes de una estrategia contra el micro-tráfico que incluye las fases de inteligencia policial e investigación criminal y que ha dado resultados en la judicialización y desarticulación de algunas bandas dedicadas a esta actividad.
Estas medidas van en la línea correcta, pero que se quedan cortas para enfrentar el micro-tráfico, y no se avanzará mientras no se involucre a otras autoridades del orden nacional y local para atender el problema de manera integral.
En efecto: está probado que no basta con desarticular las organizaciones criminales. Dada la rentabilidad del negocio, muy rápidamente se crean y fortalecen otras organizaciones criminales que asumen y desarrollan el negocio. Es más: al desaparecer las “ollas”, el mercadeo de drogas se traslada y tiende a adoptar formas más personalizadas para atender la demanda creciente que se registra en las ciudades principales y en todos los estratos sociales./p>
 Cocaína y marihuana incautadas en un operativo contra el microtráfico. Foto: Agencia de noticias ANDES |
Una estrategia integral
Por eso mismo es necesario llevar a cabo otras varias acciones:
· Identificar, perseguir y judicializar a los miembros de las organizaciones mayores, que abastecen y sostienen los mercados en las ciudades. Una cosa son los kilogramos que se distribuyen en los cientos de ollas que existen en los centros urbanos, y otra cosa son las toneladas que ingresan, transportan y almacenan en distintos sitios de las ciudades. Los procesos por enriquecimiento ilícito y las expropiaciones deben ser acelerados para desestimular de veras a estos grandes criminales.
· Se necesitan políticas para atender a los consumidores de drogas que frecuentaban los inmuebles demolidos. Mientras exista demanda existirá la oferta, y los consumidores sencillamente van a desplazarse a otros sitios. En este sentido sería importante evaluar los resultados del programa de Petro para atender a los adictos y ajustarlo en conjunto con el ministerio y con las secretarías de salud. Hace falta una estrategia clara y coordinada entre el gobierno nacional y los municipios para prevenir el consumo de drogas por parte de los niños, niñas y adolescentes, que aumenta todos los días.
· Además de perseguir a los delincuentes y atender a los consumidores, hay que intervenir en materia de seguridad, justicia, desarrollo social y renovación urbana los entornos donde se instalan y funcionan las “ollas de vicio”. Para esto se necesitan gerencia municipal, trabajo articulado entre las instituciones del orden nacional y municipal y participación de las comunidades. La mayoría de las “ollas de vicio” funciona en lugares de intenso deterioro urbano y presencia de poblaciones vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en estado de abandono y población habitante de la calle, que deben ser atendidas.
· No es tan claro qué se va a hacer con los terrenos de los inmuebles demolidos, ya que pueden acabar abandonados, nuevamente invadidos y vueltos a utilizar por los delincuentes. Por eso es necesario definir con los alcaldes y las comunidades cercanas, qué se puede hacer en esas zonas. Podrían construirse casas de la juventud, de atención a los ciudadanos que consumen drogas, unidades de convivencia donde funcionen una comisaria de familia, una inspección de policía y una unidad de mediación de conflictos, o si es posible, un puesto de policía.
La atención de este problema complejo requiere de recursos ciertos. El gobierno nacional no debe limitarse a la acción de la Policía y a ordenar la demolición de los inmuebles; debe además ofrecer una contrapartida presupuestal suficiente para que los municipios lleven a cabo intervenciones integrales, donde las administraciones locales también tengan la obligación de aportar recursos financieros y esfuerzos institucionales.
Se trata de atacar y controlar el micro-tráfico, de atender a las poblaciones afectadas, de realizar renovación urbana integral, de evitar que el problema se traslade a otras partes de las ciudades y de perseguir y desvertebrar las organizaciones criminales que van a persistir mientras haya demanda de las drogas que ofrecen. Hay reconstruir social y arquitectónicamente las comunidades intervenidas y recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades que deben garantizar la seguridad.
Finalmente, frente al crecimiento del micro-tráfico y narcotráfico en las ciudades colombianas, hay que ponerle mucho cuidado a la seguridad de las ciudades que tienen puertos, porque situaciones de violencia y delincuencia como las que está viviendo Buenaventura pueden replicarse en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
 Habitante de la calle. Foto: Juliana Castelblanco |
A la calle arrr…
A la mayoría de los ciudadanos les gusta ver a los militares en las calles cuando hay graves problemas de inseguridad, algunos se sienten más confiados que con la Policía, pues perciben una mayor autoridad y se cree que los delincuentes sienten miedo. Sin embargo, esta estrategia tiene limitaciones y varias implicaciones que deben ser evaluadas.
· Primero, se desconoce el ordenamiento constitucional y legal respecto de las funciones que corresponden a las Fuerzas Militares y a la policía en materias de seguridad nacional y ciudadana.
· Segundo, los militares no están preparados para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles de las ciudades. Ni su entrenamiento ni su armamento son adecuados para estas labores.
· Tercero, con la presencia de los militares queda la sensación de que la inseguridad sobrepasó la capacidad de la Policía.
· Cuarto, parecería que los militares que van a prestar seguridad en Bogotá no son necesarios en otros departamentos y municipios del país, donde la situación es más complicada, como algunos territorios donde los grupos guerrilleros y las bandas criminales son todavía “amos y señores”.
· Quinto, los militares se exponen a perder credibilidad y confianza entre los ciudadanos, ya que sin el entrenamiento, armas adecuadas y sin funciones de policía judicial, es poco lo que pueden hacer frente a los hechos concretos de violencia y delincuencia. Y quienes primero se dan cuenta de estas debilidades son los delincuentes, así que pronto se puede constatar la poca eficacia de esta medida. Por otro lado, los miembros de las Fuerzas Militares se exponen a ciertos tipos de corrupción propios de las actividades delincuenciales que afectan la seguridad callejera.
· Quinto, a algunos militares les gusta la idea de patrullar las calles de las ciudades, total lo han hecho durante muchos años con o sin la autorización de las autoridades civiles. Sin embargo, hoy les llama mucho más la atención, ya que comienzan a cumplir una función, que seguro será discutida tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, y que hoy aparece como una pregunta ¿qué van a hacer los militares en el postconflicto?
Ahora, si se insiste en encargar a los militares de la seguridad de las ciudades, es importante capacitar y entrenar a sus miembros en estas tareas, que se haga bajo la dirección y coordinación de la Policía y de las instituciones que tienen funciones de policía judicial y que se defina claramente en qué zonas van a operar y qué pueden hacer y no hacer.
Finalmente, la complejidad y gravedad de los problemas de violencia, delincuencia y terrorismo por los que atraviesa el país y que se pueden incrementar hacia futuro, tras la |desmovilización de los grupos guerrilleros, hace que no se pueda despreciar ni dejar de lado la labor que hoy y en un futuro postconflicto tienen en las Fuerzas Militares en materia de seguridad de los ciudadanos.
*Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
Acerca del autor
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
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Escrito por:
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
