Pasar a la ofensiva con drones.

Los grupos armados ilegales están demostrando que no solo tiene capacidad para atacar la Fuerza Pública con drones con explosivos, sino que pueden atentar contra instalaciones estratégicas, como sucedió contra el radar 3D de la Aeronáutica Civil ubicado en El Corregimiento el Carmelo, municipio de Candelaria en el Valle del Cauca; radar estratégico para la vigilancia del espacio aéreo, la navegación comercial que opera hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (Cali/Palmira) y el control de trazas ilícitas de narcotráfico en el Valle, Cauca y Nariño.

Esta nueva acción terrorista pone una gran alerta sobre los bienes estratégicos nacionales que permiten el normal funcionamiento de todas las actividades de desarrollo y bienestar. Ya en el pasado las Farc y el ELN ejecutaron acciones contra algunas instalaciones estratégicas, como fue la voladura de torres de energía, contra instalaciones petroleras, los atentados a la Represa de Chingaza, a las subestaciones eléctricas, antenas de telecomunicaciones y radio ayudas del Cerro el Cable, entre otras acciones. Esto podría volver a ocurrir en manos de los grupos armados ilegales actuales, que tiene recursos y equipos para hacerlo, si sienten amenazados sus negocios criminales y sus vidas.  

Mientras los grupos criminales ganaron el espacio aéreo y tienen a la Fuerza Pública a la defensiva con crecientes ataques con drones con explosivos, el Estado no ha logrado dotarse de equipos antiaéreos para controlar esta arremetida criminal y terrorista, y menos se ha considerado la posibilidad de pasar a la ofensiva con estos equipos. En esta materia, hasta ahora nos hemos quedado reportando lamentables cifras negativas, sin que el Estado haya hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de las tropas y de los ciudadanos. Se habla y se demandan sistemas de defensa ante la ofensiva creciente de los grupos criminales con estos aparatos, pero hasta ahora no hay nada efectivo.

Como lo muestran las cifras, la amenaza criminal cambió y es creciente. En 2023 dos ataques a la Fuerza Pública con drones, en 2024 119, en 2025 277 y de enero a septiembre ya van 292. En total 690 ataques, de los cuales 382 han sido ejecutados por la organización criminal de alias Iván Mordisco, 155 por parte del ELN, 30 ejecutados por las disidencias asociadas a Calarcá y Comandos de la Frontera 4. Estos ataques se han concentrado en ocho departamentos: Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander, siendo el Cauca donde se reporta la mayor cantidad de acciones violentas con esta tecnología. 

Estos 690 atentados terroristas han dejado 487 personas afectadas entre integrantes de la Fuerza Pública y población civil. De estos, seis civiles asesinados (esta cifra tiene un subregistro, otras fuentes contabilizan más de 10), tres policías y 22 militares asesinados durante los ataques. Entre 2024 y 2026 se contabilizan 342 uniformados lesionados: 31 en 2024, 166 en 2025 y 145 durante 2026. A ellos se suman 59 policías heridos, con 36 casos en 2024, siete en 2025 y 16 este año. La población civil también aparece dentro de ese balance. 55 civiles han resultado heridos: 28 durante 2024, 15 en 2025 y 12 en 2026.

Cifras que se pueden incrementar si se tiene en cuenta el nuevo riesgo que existe, con el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales de combatientes colombianos, que están regresando de la guerra entre Ucrania y Rusia, que tienen amplia experiencia en el manejo de drones. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, “el Departamento de Estado tiene conocimiento de combatientes internacionales colombianos, que han peleado en ambos bandos de la guerra y han regresado a América Latina, con conocimientos avanzados sobre tecnología y tácticas de drones. El atractivo de los colombianos para estas organizaciones tiene una explicación. Ucrania se ha convertido en un gigantesco laboratorio de guerra con drones, donde las tácticas, los sistemas de navegación, las formas de evadir interferencias y la capacidad de adaptar aeronaves comerciales para transportar explosivos, evolucionan constantemente”.¹

Cifras y reporte que muestran la gravedad de la situación y la creciente utilización de drones por parte de los grupos armados ilegales. Hoy cuando estos grupos tienen la iniciativa y el control armado del espacio aéreo, se hace imprescindible considerar la adquisición de tecnología que permita contrarrestar estos ataques, y también valorar la incorporación de drones, como herramienta para que la Fuerza Pública recupere la iniciativa y la capacidad aérea de combate.

Según el experto Hugo Fernando Ardila Miranda, “durante décadas las Fuerzas Armadas de Colombia ostentaron un monopolio casi absoluto del espacio aéreo. Nuestros helicópteros y aviones eran símbolos de poder estatal, capaces de proyectar fuerza, desembarcar tropas y evacuar heridos con relativa facilidad. Esta era ha terminado; los grupos armados ilegales, mediante la adaptación de tecnología comercial de bajo costo, han despojado a la Fuerza Pública de su santuario en la baja altura”. La superioridad aérea ya no se mide por el número de cazas o helicópteros Black Hawk, sino por quién controla el espacio aéreo inmediatamente encima de la línea de combate.

Frente a esta situación, la pregunta es: ¿Es conveniente que nuestra Fuerza Pública utilice drones equipados con armamento? El Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo responde con un rotundo sí, sino que revela una paradoja crucial: en el contexto de la guerra asimétrica colombiana, el uso de drones de ataque sería, en muchos casos, la opción militar más ética y precisa disponible. 

Lejos de ser ‘robots asesinos’ indiscriminados, los drones, operados bajo una doctrina estricta, refuerzan los pilares del DIH de distinción, proporcionalidad y precaución, de una manera que las armas convencionales a menudo no pueden.  En términos de distinción, un dron ofrece una vigilancia persistente, permite a un operador observar un objetivo durante horas, asegurando la identificación positiva, confirma que es un combatiente legítimo y no un civil. Esa es la diferencia entre disparar a coordenadas en un mapa con un mortero y apuntar con certeza a un blanco verificado.

En relación con la proporcionalidad, el dron utiliza un bisturí quirúrgico, mientras que otros usan un mazo. Permite el uso de municiones pequeñas y precisas para neutralizar una amenaza específica, sin causar el devastador daño colateral de una bomba aérea o del fuego de artillería.

Frente a la precaución, la capacidad de un dron para abortar un ataque en el último segundo si un civil entra en escena, es una salvaguarda que casi ningún otro sistema de armas ofrece. Reduce el riesgo para los no combatientes y para las propias tropas, y así evita asaltos frontales de alto riesgo.

El enemigo ya está usando esta tecnología sin restricción alguna ética ni legal. La vacilación no sería una muestra de superioridad moral; podría interpretarse como una renuncia a la responsabilidad estatal de proteger a soldados, policías y ciudadanos.

El verdadero obstáculo no es la ley ni la tecnología, sino la falta de visión y la parálisis en la toma de decisiones en el liderazgo político y militar actual. La pregunta ya no es si se debe adoptar esta capacidad, sino cuántas vidas más costará esta indecisión. 

Para recuperar los territorios y garantizar la seguridad de los ciudadanos, hoy afectada por los grupos armados ilegales, hay que empezar a luchar con las herramientas y la mentalidad de hoy. 

¹El Tiempo. Colombianos que vuelven de combatir en Ucrania son reclutados por carteles: experticia en el manejo de drones los hace más apetecidos. 22 de septiembre de 2026. https://www.eltiempo.com/mundo/europa/colombianos-que-vuelven-de-combatir-en-ucrania-son-reclutados-por-carteles-experticia-de-manejo-con-drones-los-hace-mas-apetecidos-3587897