Homicidios en Colombia: quiénes son las víctimas, dónde asesinan y qué se debe hacer

El panorama de los homicidios en Colombia se ha hecho muy complejo y exige del Estado una estrategia coordinada y diversificada. Un experto presenta la evidencia y explica cómo deben y pueden concentrarse las acciones para atender los cuellos de botella y aquellos municipios o regiones donde la violencia sigue siendo más intensa.

Hugo Acero Velásquez*

Se sabe mucho de las víctimas, poco de los victimarios

Un análisis detenido de las cifras de homicidios de los últimos años y de los estudios de distintos expertos deja serias dudas sobre si hoy la mayoría de ellos son en realidad ejecutados por el crimen organizado, en especial por las Bandas Criminales – BACRIM –.

En la actualidad se tiene mucha información sobre las víctimas, pero muy poca información sobre los victimarios. Del examen de los 17.459 homicidios registrados en 2010, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses extrajo las siguientes conclusiones [1]:  

• El 62,4 por ciento de las víctimas tenía entre 20 y 39 años de edad.
• De los casos analizados, el 45,2 por ciento (5.220) de las víctimas contaba con algún grado de educación básica pri­maria, el 41,3 por ciento (4.767) tenía algún grado de educación básica secundaria, el 4,46 por ciento (514) cursaba o había cursado educación media, el 5,51 por ciento (636) tenía algún nivel de educación superior (técnica o profesional) y en el 3,37 por ciento (389) no tenía escolaridad.
• El mayor número de víctimas se registra entre los solteros (as) con el 50,1 por ciento. Las víctimas en unión libre suman 34,4 por ciento, casadas al 11,4 por ciento y separadas, divorciadas y viudas apenas un 2,98 por ciento.
• Las víctimas se desempeñaban como agricultores, trabajadores forestales, pecuarios y pesqueros (8,2 por ciento), comerciantes (8,0 por ciento), personal doméstico, aseadores, lavanderos, planchadores y afines (7,8 por ciento), conductores de vehículos de motor (4,8 por ciento), estudiantes (4,5 por ciento), oficiales y obreros de la construcción y afines (4,5 por ciento), miembros de las Fuerzas Militares y de Policía (2,9 por ciento) o se encontraban desempleados (6,1 por ciento).
• El 21,6 por ciento de las mujeres victimizadas realizaban labores relacionadas con el hogar, el 9,7 por ciento eran estudiantes, el 6,1 por ciento comerciantes, el 5,0 por ciento trabaja como empelada doméstica, aseadoras, lavanderas, planchadoras y afines, y el 2,3 por ciento eran trabajadoras sexuales y agricultoras, trabajadoras forestales, pecuarias y pesqueras.
• El 77,6 por ciento fue causado por un proyectil de arma de fuego y el 14,0 por ciento con armas corto punzantes o punzantes, siendo estas dos las prin­cipales causas tanto para hombres como para mujeres.
• La violencia homicida cada vez más se concentra en las ciudades: el 77,9 por ciento de los homicidios (13.610 casos) tuvo lugar en el área urbana, lo cual implicó un aumento del 5,2 por ciento con respecto al 2009, mientras en el área rural se redujo en un 20,2 por ciento.
• Por otra parte, el escenario en el que con mayor frecuencia tiene lugar el homicidio continúa siendo la vía pública con un 45,58 por ciento de los casos, le siguen la vivienda con un 9,50 por ciento y los es­pacios terrestres al aire libre como bosques, montañas, playas, potreros, etc., con un 7,07 por ciento.  
• Respecto de las circunstancias, en el 71,7 por ciento de los casos no se tiene información y sobre los demás casos sobresalen la venganza -ajuste de cuentas 9.7 por ciento, riñas 5.1 por ciento, atraco callejero 2.8 por ciento, violencia de pareja 0,88 por ciento.
• Finalmente, no se sabe cuántos posibles victimarios han sido efectivamente identificados, detenidos y puestos a disposición de la justicia.

Ignorancia e impunidad

Cabe anotar que en las cifras conocidas suelen cometer algunos errores de registro:

• Por un lado, la categoría “ajuste de cuentas” en algunos casos se usa “cuando no se sabe qué pasó”, la víctima tiene antecedentes y ha recibo varios impactos de bala.
• Por otro lado, un hecho de sicariato no siempre puede ser atribuido a delincuencia organizada; esta modalidad delictiva se ha popularizado y es utilizada para sancionar infidelidades, no pago de deudas y cosas parecidas.

Esta falta de información sobre el victimario demuestra la pobreza de nuestra investigación criminal y agrava la impunidad:

• Según Mauricio Rubio, “la pro­porción de homicidios que se llevan a juicio — que en los años 60 alcanzó a superar el 35 por ciento— fue en la primera mitad de los años 90 inferior al 6 por ciento. Mientras en 1975, por cada 100 homicidios, el sistema penal capturaba a más de 60 sindicados, en 1994 ese porcentaje se había reducido al 20 por ciento (sic)”.
• Por otro lado, las condenas por homicidios, que en los años 60 alcanzaban el 11 por ciento de los cometidos, no pasan del 4 por ciento en la primera mitad de los años 90 [2] y, según el estudio del Ministerio del Interior reseñado, “la probabilidad de condena por un homicidio antes del Sistema Penal Oral Acusatorio era del 4 por ciento, hoy resulta ser poco superior al 3 por ciento” [3].

Con la precariedad de la información respecto del victimario, es muy difícil determinar a ciencia cierta quiénes están detrás de los homicidios en Colombia.

Las regiones más violentas

No todos los departamentos y municipios tuvieron la misma tendencia de reducción de los homicidios que se registró en el país en los últimos años, como es el caso de los siguientes departamentos que desde 2005 vieron crecer la violencia homicida:  

• Nariño pasó de 339 homicidios registrados en 2004 a 616 en 2009 (aunque en 2010 se redujo a 491)
• Córdoba pasó de 140 homicidios en 2004 a 372 en 2009 (en 2010 se redujo a 323)
• Quindío pasó de 188 homicidios en 2004 a 287 en 2010, y 
• Putumayo pasó de 59 homicidios en 2004 a 161 en 2010.

Por otra parte hay que llamar la atención sobre la tendencia creciente que registran algunos municipios: entre 2004 y 2010 la violencia homicida creció en 159,7 por ciento, como puede verse en el cuadro siguiente:

Primero, combatir la impunidad

Ante la poca información respecto de los victimarios y la creciente impunidad, es urgente fortalecer la investigación criminal y la inteligencia, creando grupos de trabajo bajo la dirección de fiscales especializados y con la participación de la Policía y los demás organismos de policía judicial y de inteligencia.

Las reuniones del Consejo de Política Criminal ya no pueden seguirse confundiendo con una verdadera coordinación y con el esfuerzo permanente de un equipo de trabajo que debe tener metas claras y precisas para reducir la impunidad y los homicidios.

En esta misma línea, hay que exigir mayores esfuerzos y resultados a los jueces. El país no puede seguir invirtiendo de manera creciente recursos en la rama judicial sin que la impunidad se reduzca. Hoy, con la discusión del proyecto de reforma de la justicia, se presenta una buena oportunidad para logar una relación directamente proporcional entre la inversión en esta rama del poder público y los resultados que los colombianos esperamos en materia de justicia.

Municipios prioritarios 

El gobierno, a través de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, definió de manera acertada acciones en los municipios de más alta incidencia de los homicidios y demás índices delincuenciales. Sin embargo es necesario concentrar y coordinar mejor los esfuerzos interinstitucionales de la nación, los departamentos y los municipios en aquellas localidades donde desde mediados de los 90 viene aumentando la violencia homicida.

En algunos de esos municipios, el aumento podría en efecto deberse a las BACRIM, pero las medidas no deben reducirse a perseguir a los cabecillas, sino optar por una estrategia integral e inter-agencial (Policía, DAS, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura e instituciones públicas y privadas que promueven el desarrollo social y la convivencia) que incluya acciones como las siguientes:

• Perseguir y poner a disposición de la justicia los mandos medios de estas organizaciones para que los procesos de recambio en las direcciones, tan pronto como vayan cayendo las cabezas, sean difíciles y más bien se produzca la desintegración del grupo.
• Llevar a cabo programas especiales para desvincular a los miembros y evitar que niños, niñas y jóvenes se vinculen a actividades delincuenciales, como lo están haciendo.
• Contar con estrategias particulares e integrales de seguridad, convivencia y desarrollo social para intervenir los municipios, de acuerdo con sus características particulares.

Para avanzar en esta línea es importante que se elaboren unos diagnósticos detallados de cada uno de los municipios a intervenir, para lo cual, el gobierno puede apoyarse en las autoridades nacionales de seguridad y de justicia, así como en las administraciones municipales. Estos diagnósticos deben, incluir la siguiente información:  

• Sitios del municipio donde se concentran los problemas de violencia, delincuencia y convivencia.
• Problemas de violencia, delincuencia y convivencia más relevantes en los sitios identificados.
• Identificación de las bandas o grupos delincuenciales que operan en los territorios.

Características geográficas, arquitectónicas, poblamiento, actividad económica, deterioro social y arquitectónico del sector y límites geográficos de las zonas que se van a intervenir.

Presencia de organismos de seguridad, justicia y otras instituciones de desarrollo social públicas y privadas en la zona, en el entorno y en el municipio, instituciones que pueden contribuir a mejorar la seguridad y la convivencia, de acuerdo con los problemas identificados.

Sobre la base de esta información, se definiría la estrategia de intervención integral, las acciones por ejecutar y los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. Esta debe ser una acción inter-agencial del Estado, donde participen dos grupos coordinados y liderados por los alcaldes, uno orientado a garantizar la presencia, control y permanencia de los servicios estatales de seguridad y justicia en el territorio y el otro orientado a garantizar el desarrollo social y la convivencia.

El primer grupo estaría compuesto por la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, las FF MM, donde se requieran, y los directores seccionales del INPEC y del Consejo Seccional de la Judicatura.

El otro grupo integrado por instituciones que pueden contribuir a mejorar la convivencia, la seguridad y el desarrollo social, compuesto por las entidades de educación, salud, atención de la infancia, recreación y deporte, cultura, servicios públicos y de desarrollo (energía, agua, acueductos, teléfono, gas, vías, mejoramiento de barrios, renovación urbana, etc.) y participación comunitaria.  

Liderazgo nacional

El gobierno nacional, a través del Alto Consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, tiene que liderar este proceso, respetando la autonomía y funciones constitucionales y legales que tienen los alcaldes y gobernadores.

Para asumir esta tarea, la Alta Consejería debería tener un equipo que la represente a nivel regional, en particular en los municipios que se vayan a intervenir, para lo cual podría contar con delegados presidenciales cuyas funciones sean:  

• Trabajar de manera directa y permanente con las administraciones de los municipios seleccionados.
• Ayudar a elaborar los diagnósticos y las estrategias de intervención.
• Asistir por lo menos una vez al mes, como delegados del Presidente y del Alto Consejero a los consejos municipales de seguridad.
• Realizar seguimiento y evaluación a las acciones que se ejecuten en el municipio.
• Mantener una comunicación fluida con las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales, así como informar a la Consejería sobre los avances y problemas de los planes.
• Atender varios municipios y departamentos.
• Elaborar informes periódicos sobre los problemas y los avances de las acciones integrales que se ejecuten para mejorar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.

Diferenciar las intervenciones

La estrategia anterior ha dado buenos resultados en el pasado, en tanto el gobierno nacional se mantiene informado sobre lo que sucede en los municipios y regiones, recopila y maneja información de las distintas instituciones, reconoce los diversos intereses locales y conoce los problemas diagnosticados, las acciones desarrolladas y los avances y dificultades de los programas. Con esta estrategia de estrecha coordinación puede llegarse a los municipios que tienen la más alta concentración de los problemas de violencia, delincuencia y convivencia.

De otra parte, el Programa Departamentos y Municipios Seguros que lidera la Policía Nacional, trabajaría con todos los demás municipios del país (más de mil) para que definan, ejecuten y hagan seguimiento a sus respectivos planes, según quedó previsto en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En este campo, el liderazgo del presidente debe llevar a fortalecer el despacho del Alto Consejero y el Programa Departamentos y Municipios Seguros, pues son las instancias que trabajarían de manera directa y permanente con todos los departamentos y municipios.

Sin la participación y liderazgo de alcaldes, gobernadores y de todas las autoridades de seguridad, justicia y desarrollo social nacionales y locales, es muy difícil avanzar en este frente — que a nivel municipal tiene sus propias particularidades — que en la mayoría de los casos no corresponden a las que se diagnostican desde Bogotá.

* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.

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