La seguridad no es de derecha, ni de izquierda

En el tema de seguridad, el nuevo presidente debe trabajar en el marco del Estado de derecho con todos los alcaldes y gobernadores del país, independientemente de su filiación política.

Cuando se creía que con la finalización de la “Guerra Fría” en los 90, que privilegiaba la seguridad nacional de los Estados, se pasaría a concentrar los esfuerzos hacia la seguridad de los ciudadanos, los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001 truncaron esa buena posibilidad y se retornó a los modelos tradicionales de represión nacional del delito en la lucha contra el terrorismo, que afecta la seguridad de los Estados. En este marco, ni la tradicional derecha, ni los nuevos gobiernos democráticos de centro e izquierda en la región han podido desarrollar políticas públicas integrales sostenibles que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Contrario a esto, los modelos actuales se mueven entre dos extremos: la derecha, que privilegia la mano dura, y la izquierda, que considera que la seguridad es represión y que la violencia y la delincuencia tienen su origen en las condiciones de pobreza y que, mientras no se acabe con esta situación, es muy difícil reducir estas problemáticas.

Tanto unos como otros se han equivocado y los resultados saltan a la vista con el incremento de la inseguridad en la mayoría de los países de América Latina, especialmente en los centros urbanos, sin que existan políticas integrales que involucren programas y proyectos que abarquen desde la disuasión y la prevención hasta el uso legítimo de la fuerza. 

Se siguen equivocando los gobiernos que todavía creen que con solo “mano dura”, con políticas de reducción de la pobreza o con programas preventivos pueden enfrentar los problemas de violencia y delincuencia. Está probado, a nivel local, que integrando la disuasión y la prevención con uso legítimo de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho, es posible tener buenos resultados en materia de seguridad ciudadana.

Esta situación solo ha contribuido a reafirmar la idea, socialmente aceptada, de que los gobiernos de derecha son los únicos que saben gestionar los temas de seguridad y los gobiernos de izquierda saben y se dedican a gestionar inversión social, creencias y prácticas gubernamentales que ha terminado por afectar el desarrollo en general, en la medida en que estas dos políticas, independientemente de las ideologías de los gobiernos, se deben ejecutar al unísono y las dos requieren liderazgo del gobernante, recursos y esfuerzos para garantizar la seguridad y el desarrollo social de todos los ciudadanos.

Dos casos extremos en Colombia

Bajo estas prácticas limitadas y erradas, los gobiernos extremos en materia de gestión de la seguridad terminan por parecerse. En Colombia, la seguridad es una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, pero en muchos casos no se trabaja en equipo o la coordinación de los gobiernos nacionales la reduce a trabajar solo con los gobiernos locales amigos o copartidarios; no se cuenta con políticas integrales de seguridad, convivencia y justicia, y se desconoce a los ciudadanos y las comunidades organizadas. 

Esta falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se hizo evidente durante los dos períodos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), durante los cuales coincidieron algunos gobiernos locales del Polo Democrático, con quienes el gobierno nacional no estaba interesado en coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia en el marco de la Política de Seguridad Democrática; pero tampoco los gobiernos del Polo se mostraron interesados en trabajar con el presidente Uribe en estos temas, al considerar que los posibles logros se podrían atribuir a la Política de Seguridad Democrática. Al final del día, los únicos perjudicados fueron los ciudadanos.

Infortunadamente, el gobierno de Gustavo Petro cayó en la misma lógica de los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, de no trabajar de manera coordinada y permanente con los gobiernos locales que consideran de oposición, como por ejemplo los de Antioquia, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Valle del Cauca, Bogotá, entre otros, y desconoció los llamados de auxilio de algunos gobiernos departamentales y municipales que proponen trabajar en equipo para recuperar la seguridad en sus jurisdicciones y territorios. 

En medio de los extremos políticos, siempre quedan los comandantes locales de la Policía y las Fuerzas Militares, que saben perfectamente cuáles son sus funciones, pero tienen temores de que el gobierno nacional los vean con recelo si apoyan decididamente las propuestas y reclamos justos de los mandatarios locales en materia de seguridad, y si lo hacen, como les corresponde constitucional y legalmente, en no pocas oportunidades han terminado siendo retirados o no promovidos. 

Por todo esto, la inseguridad ha aumentado en algunos territorios del país. Para nadie es un secreto que los Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, entre otros, se han fortalecido y controlan numerosos territorios. 

Frente a esta grave situación, en algunos momentos parecería que los grupos delincuenciales están mejor organizados y en muchos casos tienen mejor coordinación para desarrollar sus actividades criminales y para seguir enriqueciéndose con las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, el contrabando, etc. Contrario a la actitud excluyente de gobiernos extremos, a los delincuentes, cuando extorsionan, roban, atracan, lesionan o matan, no les importa si la víctima o las víctimas son liberales, comunistas, socialistas, conservadores, de izquierda, de derecha o del centro, nunca preguntan la filiación política de las víctimas.

Hoy, uno de los retos más importantes que enfrentan el país y el próximo gobierno, además del desarrollo social, es la pérdida de seguridad en muchos territorios bajo el control de distintos grupos armados. 

Qué debe reconocer el nuevo presidente

El nuevo mandatario de los colombianos debe reconocer que la seguridad:

• Es un derecho que tienen los ciudadanos, y el Estado en su conjunto debe garantizarlo en el marco del Estado social de derecho, es decir, respetando y garantizando los derechos humanos.
• Garantiza los demás derechos, como a la vida; a los bienes; al desarrollo de la personalidad; a las diferencias religiosas, políticas, culturales, sexuales, etc.
• No es de derecha, ni de izquierda, la debe garantizar cualquier gobierno, independientemente de su concepción política. 
• Es parte de las estrategias de desarrollo económico y social. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo.
• No es sólo un problema que concierne a militares, policías y jueces, se requiere de la participación de numerosas instancias estatales y ciudadanas para garantizarla.
• Requiere del liderazgo del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes que ejecuten políticas públicas integrales que pasen de la disuasión y la prevención al uso legítimo de la fuerza en el marco del Estado social de derecho. 

Qué se debe hacer 

De manera inmediata, el 7 de agosto, el nuevo presidente debe asumir como comandante supremo de la fuerza pública, de acuerdo con la Constitución y las leyes en el marco del Estado social de derecho, de modo que cada una de las órdenes que imparta, durante los cuatro años de gobierno, esté en ese marco.

La seguridad y la justicia son responsabilidad del Estado y no solo del poder Ejecutivo y en este sentido, el nuevo presidente debe convocar y mantener el funcionamiento regular, por lo menos una vez al mes, del Consejo de Seguridad, donde además de los miembros de la fuerza pública asista la Fiscalía General de la Nación y en algunos casos se cuente con la participación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que todas las propuestas y acciones en estas materias se ejecuten en el marco del Estado de derecho, es decir, respetando los derechos humanos.

Hay que trabajar con todos los alcaldes y gobernadores del país, independientemente de su filiación política. En este campo, existe la importante experiencia del Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS) que maneja la Policía Nacional y que en el pasado trabajaba de manera coordinada con los 1.103 Municipios y las 32 Gobernaciones.

Los diagnósticos están hechos, son muy buenos y están a disposición del nuevo gobierno. Además de la importante información que tiene la fuerza pública, podría consultar diagnósticos e importantes propuestas elaboradas por la Academia Folke Bernadotte y la Agencia Sueca para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Universidad Eafit, entre otras organizaciones y universidades. 

Debe comenzar con lo que se tiene y buscar rápidamente recursos para fortalecer a la fuerza pública y la inteligencia estratégica del Estado y de las fuerzas. De acuerdo con lo que deja el gobierno de Gustavo Petro, ya hay compromisos por más de $30 billones que tendrá que asumir el nuevo gobierno.

Finalmente, al nuevo gobierno le va a tocar una situación más difícil que la que le tocó afrontar al presidente Álvaro Uribe en 2002, va encontrar un país sin recursos para fortalecer a la fuerza pública y la justicia, no va a contar con un Plan Colombia, ni lo va a haber, tendrá unas fuerzas debilitadas y en algunos casos desmotivadas, sin inteligencia estratégica y de Estado y con un país dividido que no lo va a acompañar en todas las acciones que emprenda para mejorar la seguridad.      

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