Creencias populares pero erróneas en materia de seguridad ciudadana. Aciertos, equivocaciones – y resultados palpables- bajo las administraciones de Mockus, Bromberg, Peñalosa, Garzón, Moreno, López y Petro. Lecciones aprendidas.
Hugo Acero Velásquez*
El problema
Después de trabajar entre 1995 y 2003 como uno de los responsables de la seguridad y la convivencia en Bogotá, de criticar el manejo de estos temas desde 2004 y de haber sido víctima de la inseguridad en varias ocasiones, quisiera analizar y desmentir algunas creencias y percepciones que han hecho carrera entre los funcionarios y la opinión publica.
 Armas entregadas por los ciudadanos durante jornada de desarme realizada en la localidad de Santafé. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
¿A más automotores, más muertos y hurtos?
Los muertos y lesionados en accidentes de tránsito son un problema de seguridad ciudadana, comparable con los asesinatos cometidos por los delincuentes en las calles. Según la Constitución y las leyes, el Estado tiene el mismo grado de responsabilidad frente a los accidentes de tránsito, pues su obligación es garantizar la vida e integridad de todos en los espacios públicos y privados.
No es verdad que entre más sean los vehículos son más frecuentes las muertes.
Las muertes por accidentes de tránsito en Bogotá se redujeron de manera sustancial durante las últimas dos décadas. Pasamos de una tasa de 24 muertes por cada 100.000 habitantes en 1994 a otra de 6,6 en el 2006; se mantuvo constante entre 2007 y 2012, pero aumentó a 8 muertes por 100.000 habitantes en 2014.
La gráfica siguiente describe las acciones emprendidas entre 1995 y 2003 por las administraciones de Mockus, Bromberg y Peñalosa que más contribuyeron a reducir el índice de mortalidad por esta causa.
Al comparar la tasas de mortalidad con el aumento del parque automotor en Bogotá, se observa que entre ellos no existe una relación directamente proporcional, como tiende a creerse.
La gráfica siguiente muestra como el aumento de los automotores va en un sentido, mientras la tasa de muertes sigue otra tendencia. Así que no es verdad que entre más sean los vehículos son más frecuentes las muertes.
Tampoco existe una relación proporcional entre hurtos y crecimiento del parque automotor. Es más, hoy por hoy en Bogotá se roban casi el mismo número de motos que en 1995.
En conclusión, tanto los accidentes como los hurtos obedecen a características y a procesos culturales y criminales particulares y para combatirlos hace falta que las autoridades tengan un mayor conocimiento sobre las causas y características de los territorios donde se presentan estos fenómenos.
Desarme y alcohol
Las políticas de desarme y el control del consumo de alcohol contribuyen a reducir los hechos de violencia. Desde luego estas iniciativas son más exitosas cuando se combinan con otras medidas de prevención, de seguridad y de justicia para controlar a los delincuentes e infractores.
Sin embargo hay que reconocer que las políticas de seguridad tienen un limite y que no solo requieren promulgar restricciones a través de decretos, sino que las autoridades vigilen y aseguren estrictamente el cumplimiento de tales decretos.
En el caso del desarme es necesario controlar a quienes portan armas ilegales y ponerlos a disposición de la justicia. En este campo, la administración Petro sostiene que la restricción al porte ilegal de armas disminuyó los homicidios de una tasa de 22,3 por cada 100.000 habitantes en 2011 a 16,7 en el 2012. Y sin embargo la tasa aumentó a 16,8 en 2013 y a 17,3 en 2014, a pesar de que aquella medida se mantuvo en vigencia.
Estas cifras, evaluadas por la Veeduría Distrital, permitieron concluir que la reducción de los homicidios se debió a las acciones de seguridad y control ejecutadas por la Policía, Metropolitana, más que el desarme.
 Noche de fiesta en un bar de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Durante 2014 el general Luis Eduardo Martínez desarrolló una estrategia de gerencia y microgerencia que incluía varias acciones puntuales:
• Análisis detallado de las cifras de violencia y delincuencia,
• Concentración de los esfuerzos policiales y de la Fiscalía en los barrios durante los días y horarios de mayor cantidad de homicidios,
• Aumento del número de policías de vigilancia,
• Inteligencia e investigación criminal en los sectores intervenidos para detener y poner a disposición de la Fiscalía a los homicidas,
• Aumento de los puestos de control callejero y a establecimientos (traducidos en requisas, captura de homicidas, incautación de armas de fuego o cortopunzantes),
• Exigencia de resultados, y
• Evaluación diaria, semanal y mensual de las acciones policiales.
Con el control del consumo de bebidas alcohólicas se presenta una situación similar. Esta medida tiene sus límitaciones. La experiencia ha demostrado que debe aplicarse en toda la ciudad y no sólo en algunos sectores para que el problema no se traslade a las zonas desprotegidas. Además, para que se consoliden los resultados, su aplicación debe ser sostenida en el tiempo.
Durante los últimos 20 años la “Hora Zanahoria” (restricción de establecimientos nocturnos hasta las 1 a m) ha sido la iniciativa de cultura ciudadana que logro llamar la atención sobre el consumo de licor y las lesiones y muertes violentas, en particular las muertes en accidentes de tránsito que se redujeron a partir de 1996 y también contribuyo a disminuir los homicidios , como lo demostró un estudio de la Universidad de los Andes.
Sin embargo. al finalizar el siglo pasado apareció el fenómeno de la “rumba clandestina”, lo cual echó por tierra los alcances de la “Hora Zanahoria”. Irrumpieron en la ciudad establecimientos disfrazados de clubes nocturnos y con ellos no sólo aumentó el consumo de alcohol, sino también el de drogas de todo tipo, especialmente sintéticas.
Durante los últimos 20 años la “Hora Zanahoria” ha sido la iniciativa de cultura ciudadana que logró la mayor reducción del consumo de bebidas alcohólicas.
Este tipo de lugares se ha extendido por la ciudad, y no se vislumbra que puedan desaparecer. La medida de aumentar el horario de atención de los establecimientos legales no parece contribuir de forma significativa a la desaparición de estos sitios.
Por otro lado, la prohibición de venta de cerveza en el Estadio y en algunos espacios de concentración ciudadana facilitó el aumento del consumo de drogas y de alcohol adulterado en estos espacios, de este modo agravó la violencia, en particular entre las mal llamadas “barras bravas”.
En estas áreas (desarme y control de horarios de establecimientos nocturnos) hacen falta evaluaciones detalladas para analizar los resultados. En el futuro sería necesario tener en cuenta los periodos de aplicación de las medidas y concentrar su seguimiento en los territorios y espacios urbanos más problemáticos. También es necesario tener en cuenta los efectos adversos de cada medida.
El desarme y el control del consumo de licor son apenas dos políticas de prevención, que deben aplicarse dentro del marco de una política integral que vaya de la prevención a la represión del delito en el contexto de un Estado Social de Derecho, es decir, respetando los DD HH.
La “teoría espejo” y la falta de resultados
Ante la falta de resultados en reducir la violencia homicida en Bogotá, las últimas administraciones han recurrido a la “teoría espejo” para explicar o justificar el fenómeno.
Según esta teoría la curva descendente de los homicidios se estancó, y en algunos casos se revirtió, en tanto se había llegado a un límite difícil de superar puesto que la curva se acercó a su cota mínima. Añadido al de la presencia y el enfrentamiento entre grupos criminales organizados en Bogotá, estos argumentos sirvieron para justificar el estancamiento en la reducción de la violencia homicida.
Pero la teoría espejo y la presencia de grupos criminales organizados no deberían ocultar la reducción significativa de los homicidios durante los últimos 20 años. Desde finales de la década de 1990 en Bogotá operaron grupos de paramilitares, llegando incluso al enfrentamiento entre el grupo de Martín Llanos y el Bloque Centauros de Miguel Arroyabe. A comienzos de este siglo, las FARC, tras la ruptura de los diálogos de paz del Caguán, también ejecutaron muchas acciones terroristas en la ciudad.
Paradójicamente durante esos años la curva de homicidios siguió una tendencia descendente, como se puede ver en la siguiente gráfica:
Con menos problemas de crimen organizado la administración bajo la cual más creció el homicidio en los últimos 20 años fue la de Samuel Moreno, en un 12 por ciento. Así lo indica el siguiente cuadro, que presenta los datos a partir de 1994:
Se debe reconocer que la criminalidad en Bogotá y en Colombia ha evolucionado hacia un crimen más organizado, donde es notorio el aumento del microtráfico (distribución de drogas al menudeo que es narcotráfico) y de otras actividades delictivas como la extorsión, el comercio de armas, el contrabando y la trata de personas, entre otras actividades.
Se trata de una criminalidad compleja que demanda mayor profesionalismo del Estado en áreas de inteligencia, investigación criminal y trabajo coordinado de las autoridades de seguridad y justicia.
El presupuesto no garantiza los resultados
Si se miran los presupuestos del Fondo de Vigilancia y Seguridad bajo los últimos cinco gobiernos de Bogotá, parece que la cantidad de recursos no influye sobre los resultados.
Los gobiernos de Mockus y Peñalosa tuvieron los presupuesto mas bajos pero lograron reducir la mayoría de los indicadores de inseguridad. Con presupuestos más altos, Garzón tuvo resultados aceptables, Petro solo ha logrado reducir los homicidios, mientras el gobierno de Samuel Moreno y Clara López se rajó en todos los indicadores.
Definitivamente un presupuesto mayor no garantiza mejores resultados. Más que aumentos presupuestales, se necesitan otras acciones:
- Un claro liderazgo del alcalde en temas de seguridad;
- Una gerencia estratégica que coordine las tareas de las distintas institucionales de seguridad, justicia y desarrollo social;
- Un plan concertado entre esas varias instituciones;
- Concentración de esfuerzos en sitios de alta concentración de delitos.
- Exigencia de resultados;
- Evaluaciones y seguimiento permanente,
- Participación de la sociedad civil.
* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
