Como un aporte al debate sobre la inseguridad en Bogotá y el País, este recuento de los retos novedosos y difíciles que se han tenido que afrontar y las acciones de la administración de Bogotá durante el último año y medio.
Hugo Acero Velásquez*
La Policía en tiempos de pandemia
La pandemia y las protestas sociales afectaron la seguridad y la convivencia en Colombia de distintas maneras. Los retos se multiplicaron a partir de marzo de 2020.
Las autoridades de seguridad se encargaron de hacer cumplir las medidas de cuarentena y los aislamiento sectorizados. La Policía impedía salir a la calle, imponía comparendos y controlaba las manifestaciones que se intensificaron durante el segundo semestre de 2020 por la escasez de alimentos y la pérdida de empleos.
Esto contribuyo a afectar aún más la imagen de la Policía y afectó la seguridad, puesto que la institución estuvo a cargo de más tareas y en ocasiones contaba con menos personal.
Además de atender los problemas de inseguridad tradicionales y de hacer cumplir las medidas de control de la pandemia, en Bogotá se elaboraron y ejecutaron planes para atender los distintos riesgos de seguridad, que surgieron como consecuencia del aislamiento obligatorio, así:
- Garantizar la seguridad interna y externa de las cárceles y sitios de privación de la libertad. Las visitas a los presos se limitaron para evitar la propagación del coronavirus. Esto produjo, descontento entre los internos y miedo ante los riesgos de contagiarse de COVID en el encierro y hacinamiento, lo que incitó protestas y motines, como fue el caso de la cárcel Modelo donde murieron 23 internos y un guardián.
- Seguridad del sistema de transporte público. Se mejoró la seguridad del sistema para garantizar las medidas de bioseguridad y los aforos permitidos, que no debían superar el 30 % de la capacidad del transporte público.
- Garantizar el abastecimiento de alimentos a las centrales de abastos y a los ciudadanos en general. Con ayuda de las centrales de abastos, los productores, los transportadores y las distintas autoridades que garantizaban el abastecimiento de alimentos, se diseñó un plan para mermar los efectos de las medidas de bioseguridad que alteraron los procesos de producción, transporte, comercialización y suministro de alimentos.
Por otro lado, se organizaron jornadas de entregas de alimentos a la ciudadanía que no contaba con los medios económicos necesarios. En las jornadas participaron la Policía, el Ejército y demás instituciones de socorro.
- Riesgos de agresión al personal de la salud por el miedo al contagio y dar seguridad a las instalaciones de salud. Durante los primeros meses de la pandemia los ciudadanos temían contagiarse del virus e identificaban al personal de la salud, de manera errónea, como su principal portador y difusor. Muchos cambiaron de residencia, ante las amenazas y agresiones de algunos ciudadanos. Por eso se diseñó un plan para proteger al personal de salud y a los entornos de hospitales y centros de atención.
- Atención directa a los problemas de violencia en los hogares y en los barrios. La violencia intrafamiliar y los problemas entre vecinos aumentaron durante la cuarentena y aislamientos. Ante la imposibilidad ciudadana de movilizarse e interponer denuncias en las instituciones responsables (Secretaría de Mujer, Comisarias de Familia y Policía), los servidores públicos recurrieron a la atención directa en hogares, calles y barrios donde se presentaron estos problemas.
- Atención a poblaciones vulnerables. Se diseñaron y ejecutaron planes especiales para garantizar la seguridad y atención de migrantes, habitantes de calle y poblaciones dedicadas a las actividades sexuales pagas.
- Control de saqueos y asonadas. En conjunto con los comerciantes, las comunidades y la Policía, se diseñaron planes locales para garantizar la seguridad de los establecimientos comerciales.
- Levantamiento de cadáveres. En conjunto con la Fiscalía, la SIJIN de la Policía y el Grupo Quincy de la Secretaría de Salud, se ejecutó un plan para realizar el levantamiento de los fallecidos por COVID-19 de los domicilios y las calles de la ciudad y evitar su exposición, como ocurrió en Nueva York o Guayaquil.
- Seguimiento y control. Desde marzo de 2020 opera las 24 horas del día el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para hacer seguimiento a las medidas, planes especiales y situación de la ciudad en materia de seguridad y convivencia. Además se realizan consejos de seguridad semanales y reportes diarios sobre la situación de seguridad y convivencia.
El Centro de Operaciones cuenta con la participación de las instituciones de seguridad (Policía, Ejército), movilidad (Secretaría de Movilidad y Transmilenio), socorro y emergencias (Salud, Idiger, Bomberos), Migración Colombia y los organismos de control (Personería y Procuraduría).
Conviene anotar que en los primeros seis meses de la pandemia se contó con 3.400 policías menos cada catorce días, una reducción del 20 %, para evitar el contagio.
Esto significa que los riesgos de seguridad y atención creados por la pandemia se afrontaron con menos policías. Un panorama complicado donde la Policía, la XIII Brigada, la Fiscalía y las distintas instituciones locales y nacionales tuvieron que trabajar las 24 horas del día.
Las protestas se transformaron y multiplicaron
Desde 2019 las protestas sociales aumentaron y se hicieron mas violentas a raíz de la muerte de Dylan Cruz y las denuncias de violación de derechos humanos por parte de algunos miembros de la Policía. Pero esta primera ola de movilizaciones fue interrumpida por la temporada de navidad de 2019, por la pandemia, la cuarentena y los distintos aislamientos en 2020.
Antes de la pandemia el Comité de Paro aglutinaba a los sindicatos, los estudiantes, los indígenas, las ONG y otros grupos organizados: allí existía un interlocutor reconocido socialmente por todos, incluido el Estado. Pero las manifestaciones espontáneas ligadas a la necesidad de comida, empleo y la violación de los derechos humanos durante la pandemia, cambiaron la situación: no existía un interlocutor único con quien dialogar.
Esto hizo que las protestas se produjeran en diversos sitios de Bogotá y de otras ciudades, alejados de los lugares tradicionales de concentración, situación que en algunos casos han sido utilizadas por diversos grupos violentos y delincuenciales, que con sus acciones atentan contra la protesta legítima y pacífica.
A finales de 2020, esta situación se agravó con la muerte de Javier Ordoñez en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en Villa Luz y los hechos subsiguientes de violencia del 9 y 10 de septiembre.
A partir del 28 de abril de este año se registró un promedio diario de entre 10 y 20 marchas o plantones en Bogotá, y esto multiplicó el trabajo de las autoridades de seguridad y justicia, en especial de la Policía, para garantizar la protesta pacífica y atender la violencia ocasional.
Este recargo de trabajo a su vez implicó menor capacidad para atender los otros frentes de seguridad ciudadana, en especial por parte de la Policía, que dedicó la mayoría de sus hombres y mujeres a atender las protestas.
Y a lo anterior se sumó la circunstancia de que la pandemia propició formas nuevas o crecientes de las delincuencias, como decir el cibercrimen, el comercio y uso de armas de fuego y de fogueo, la venta y distribución de drogas a domicilio, el aumento del homicidio ligado a estructuras criminales, la trata de personas y la extorsión.
Sobre estos dos hechos extraordinarios, que afectaron la seguridad y convivencia de los ciudadanos y que están en el orden del día de la ciudad y del país, quedan todavía muchos interrogantes sobre cómo se seguirán comportando y si los efectos serán temporales o permanentes. Lo único previsible es que esta pandemia, que todavía no se sabe cuando se controlará, no será la ultima y las protestas van a persistir y en algunos casos van a aumentar, lo que demanda una mayor preparación de los ciudadanos y de las autoridades que tienen que ver con estos temas.
