Ollas de vicio, ollas sociales

Problema social, tierra de nadie

Con el aumento del consumo de droga en Colombia, y especialmente en las grandes ciudades, han proliferado los expendios — conocidos popularmente como “ollas” — que se distribuyen en ciertos barrios, en negocios y en universidades, especialmente públicas, o   se concentran en sectores deteriorados:

• en Bogotá, primero en El Cartucho y hoy en el Bronx, pero también en El Amparo, en San Bernardo, en Las Cruces y en Cinco Huecos;
• en Medellín, en el sector que abarca la Calle Colombia al Norte y la Avenida 33 al Sur, la carrera 80 al Occidente y la Autopista Sur al Oriente;
• en Cali, el sector de El Calvario, en Sucre, en Santa Rosa, en Fray Damián o en Cien Palos;
• en Cartagena, en el Mercado de Bazurto y en el Pie de la Popa;
• en Santa Marta , en “el Boro”;
• en Barranquilla, la zona “Cachacal”, entre  otros. 

Más que centros limitados a la venta y al consumo de drogas, estas zonas urbanas son el asiento de un complejo problema social, donde se concentran habitantes de la calle, familias en extrema pobreza, niños y niñas abandonados y explotados sexualmente, y personas adictas a la droga.

Son territorios anómicos, donde se comercia con armas y explosivos, donde hay trata de personas, donde se trueca gran parte de lo robado a cambio de droga y donde parecería que las autoridades no pueden penetrar ni controlar a quienes ejercen actividades violentas o delincuenciales.

Generalmente son territorios deteriorados, desordenados y en algunos casos marginales, donde el Estado tiene poca presencia, tanto en cuanto hace al desarrollo social, como en materias  de seguridad y de justicia.

Intervención integral e interinstitucional

Para recuperar estos territorios — como el Presidente lo ordenó hace un mes — no basta con la intervención de la Policía, que puede perseguir y detener a los expendedores de droga y desactivar sus negocios ilegales… por unos días. Más temprano que tarde, otros individuos o grupos seguirán con la venta de droga en los mismos sitios o en otras partes de las ciudades.

Por eso  se necesita de intervenciones integrales e interinstitucionales, cuyos fundamentos sean los siguientes:

• La Policía debe ser acompañada por la Fiscalía para poner a disposición de la justicia a quienes delinquen en esos sectores. Esta intervención no solo ha de garantizar la presencia eficaz de los organismos de seguridad y justicia, sino su permanencia en los  equipamientos que deben instalarse a estos efectos.
• Un plan de gestión que abarque proyectos y estrategias interinstitucionales para lograr  el desarrollo económico y social y asegurar el bienestar de los ciudadanos que viven y frecuentan los territorios intervenidos.
• Resocialización de las personas en condición de vulnerabilidad.
• Renovación urbana de estos territorios, para integrarlos al desarrollo de las ciudades.

Coordinación y paciencia

Cabe insistir en que “limpiar” estas “ollas” no es labor  exclusiva de los organismos de seguridad y justicia; se necesita la intervención de dos grupos muy bien coordinados:

• el primero orientado a garantizar la presencia, el control y la permanencia de los servicios estatales de seguridad y justicia en el territorio, compuesto por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
• el segundo, integrado por autoridades locales e instituciones sociales que pueden contribuir a mejorar la convivencia, la seguridad y el desarrollo social de los territorios:

–   Alcaldías, que deben asumir el liderazgo de las intervenciones integrales de las “ollas” en términos de seguridad, justicia y desarrollo social.

–   integración social, que debe atender a los indigentes con la creación de sitios especializados de atención integral, dormitorios y centros para la resocialización. También bienestar social debe atender a las familias, niños y niñas presentes en la zona.

–   Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que debe hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes abandonados.

–   Salud, que debe atender las adicciones, la salud mental y el problema sanitario de la zona,

–   Educación, que debe proveer el acceso rápido y especializado de los niños, niñas y adolescentes al sistema escolar.

–   Empresas de servicios públicos, que garanticen el aseo permanente, la iluminación y los demás servicios.

–   Prevención y atención de emergencias, para determinar la condición de edificios  y casas que amenacen ruina por su antigüedad y mal uso.

– Los bomberos, en caso de posibles incendios accidentales o provocados en medio de una revuelta.

–   Las personerías y la Procuraduría, para verificar que las acciones estatales de den dentro del marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Liderazgo local

Estos dos grupos deben trabajar de manera coordinada y permanente durante meses o aun durante años. Para lograr este objetivo, resulta indispensable que las Secretarías de Gobierno asuman el liderazgo y trabajen con cada grupo:

– Con la Policía y con la Fiscalía, para planear y ejecutar las intervenciones de seguridad y justicia, tanto de presencia permanente, como de acciones puntuales para perseguir a los delincuentes: allanamientos, capturas, etc.  Se debe trabajar con este grupo de manera separada, por la confidencialidad de la información que se maneja.

Ojalá de este grupo siempre hagan parte las cabezas: el Secretario de Gobierno, el Comandante de la Policía, el Fiscal seccional y el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Es importante que además participe el encargado de la seguridad del municipio, quien deberá trabajar estrechamente con los técnicos de las demás instituciones involucradas.

– Con las entidades de desarrollo social para definir las acciones interinstitucionales. De este grupo deben hacer parte la personería municipal o la Procuraduría. La Policía debe participar de este grupo y estar informada de las acciones para que pueda proteger a los funcionarios que las ejecutan.

Ambos grupos deben trabajar de manera paralela y complementaria. En un primer momento se requiere la participación y el compromiso de las cabezas de las instituciones involucradas, lideradas por los Alcaldes y por los Secretarios de Gobierno, pero a medida que la intervención avanza resulta más apropiado que los técnicos trabajen bajo el liderazgo de los Secretarios de Gobierno. Estos funcionarios deben tener capacidad de decisión para movilizar los recursos institucionales.

Seguimiento y control

Las reuniones de estos dos grupos deben ser semanales, para supervisar el curso de las    intervenciones que cada una de las entidades estén llevando a cabo. Reuniones de no más de dos horas, en un día y una hora determinados, limitadas al informe de avance y a definir nuevas acciones.

El Alcalde, el Secretario de Gobierno y el Comandante de la Policía deben estar permanentemente informados del avance de la intervención. Bajo el liderazgo de los alcaldes, debe preverse una reunión mensual que informe a las cabezas de las instituciones sobre los avances y las dificultades, y se reafirmen los objetivos de la intervención.

Finalmente, es importante que, desde el primer momento, la ciudadanía y en particular los habitantes del sector sepan cuáles son los objetivos de la intervención y el plan integral que se va a ejecutar en el inmediato, mediano y largo plazo.

Antecedentes y dimensiones

La decisión política debe orientarse a la retoma de estos territorios por parte del Estado, para nunca volver a perder su control y para trabajar de la mano con las comunidades.

En este campo, algunas intervenciones pueden servir como antecedente: la del Cartucho en Bogotá

• Duró más tres años
• Trabajó con más de quince mil personas;
• Fueron atendidas 2.507 familias, de las cuales, 417 fueron alojadas durante un año en arriendos transitorios; 639 en alojamientos terapéuticos, con tratamientos al consumo de drogas; 157 familias recibieron acompañamiento social por más de dos años y 300 familias se les asignó vivienda propia;
• Más de 4.000 niños y niñas fueron vinculados a programas de protección en los centros Amar, jardines infantiles y centros educativos del Distrito;
• Más de 5.000 indigentes fueron atendidos en patios, dormitorios e internados en centros de atención terapéutica por consumo de drogas.

Otras intervenciones dignas de ser analizadas son la de Las Colmenas de Barranquilla, donde se acabó con la venta de droga en el centro de la ciudad y 330 familias fueron reubicadas en distintos sitios de la ciudad y en otros municipios del Área Metropolitana mediante asignación de vivienda propia.

La actual intervención interinstitucional del Bronx en Bogotá apenas comienza.  La desafortunada y sorpresiva intervención de la Fiscalía y del Ejército en días recientes — con pésimos resultados — hace aún más evidente la necesidad de que las autoridades locales lideren y coordinen todas las operaciones. Finalmente, hay que reconocer que un efecto colateral previsible de estas intervenciones es la migración de algunas actividades delictivas a otras partes de las ciudades.  Las autoridades deben planear su trabajo para recuperar esos nuevos territorios y reducir su incidencia en términos de violencia y de delincuencia.

Bienvenida sea la orden del Presidente, pero solo si la operación es liderada por instituciones locales y se coordinen las entidades nacionales de seguridad, justicia, desarrollo social y renovación urbana para que los resultados sean sostenibles.

*    Sociólogo de la Universidad Nacional y experto en seguridad ciudadana.