Un subsidio mensual para jóvenes que estén delinquiendo para que dejen de hacerlo. Estas serían las condiciones para que fuera eficaz un programa de este tipo.
Hugo Acero Velásquez*
La iniciativa
No es la primera vez que el presidente Petro propone que el Estado entregue un pago mensual a los jóvenes que están delinquiendo para que dejen de hacerlo. Esta población se comprometería a estudiar, realizar labores sociales y no infringir la ley.
La primera vez que el presidente lo mencionó fue a comienzos de marzo en Soacha y la segunda en Buenaventura. La propuesta se basa en la experiencia que tuvo como alcalde de Bogotá cuando ejecutó el programa “Jóvenes en Paz”, de cual aseguró, durante la campaña en una entrevista en City TV, que “a 10 mil pandilleros les pagamos lo que ganaban robando, así redujimos hurto a celulares”.
¿Pero qué tan efectivo fue este programa para reducir los delitos, en particular, los hurtos? Si se analizan las cifras de delitos durante su período como alcalde puede afirmarse que no incidió en la reducción de los delitos, la mayoría de los hurtos aumentaron significativamente: robo a personas 94%; comercio 154%; bicicletas 104%; celulares 127%; motocicletas 62% y lesiones personales aumentaron en un 32%.
Inclusive, puede asegurarse que el homicidio aumentó, si se tiene en cuenta que solo en el primer año de gobierno del alcalde Petro disminuyó, y el Programa Jóvenes en Paz se comenzó a ejecutar (2014). Se pasó de 1638 casos en 2011 a 1267 en 2012 y de ahí en adelante volvió a aumentar hasta situarse en 1344 en 2015, último año de gobierno.
Como se puede observar en el cuadro anterior, si la intención del programa era disminuir los hechos de violencia y delincuencia mediante un pago mensual a los jóvenes que delinquían, los resultados no fueron los esperados. En pocas palabras, la medida del alcalde no redujo la incidencia los delitos.
Pero no se puede negar que estas acciones ayudaron a apartar a algunos jóvenes de las actividades delincuenciales. También hay que reconocer que muchos de los beneficiados pudieron estudiar, trabajar y ayudar a sus familias; este último argumento ha sido mencionado por algunos servidores públicos que hicieron parte del programa “Jóvenes en Paz”.
No obstante, es necesario señalar que hasta el momento no existe una evaluación de impacto que permita establecer los resultados de este Programa.
Condiciones de eficacia.
Aquí habría que definir de manera clara qué se quiere con este Programa. Si es reducir los hechos de violencia y delincuencia, ya en el Programa Jóvenes en Paz, que se ejecuto en su Alcaldía, las cifras mostraron lo contrario.
si la intención del programa era disminuir los hechos de violencia y delincuencia mediante un pago mensual a los jóvenes que delinquían, los resultados no fueron los esperados.
Si de verdad se quiere tener resultados con este Programa, hay que desarrollar de manera paralela una estrategia de seguridad contundente que recupere los territorios, la institucionalidad y la confianza ciudadana en los sitios donde se va a trabajar con los jóvenes. Si esto no se hace, las rentas criminales van a seguir en los territorios donde el Programa pretende trabajar con los jóvenes y las organizaciones criminales entraran, a disputar, con mas recursos y violencia, la mano de obra juvenil e infantil, necesaria para sus actividades.
Si, además, el objetivo es evitar que algunos jóvenes en riesgo terminen involucrados en así actos de violencia, delincuencia y consumo de drogas, con mayor razón este programa debe ir acompañado de una estrategia contundente que recupere la seguridad del territorio y de los ciudadanos donde se va a ejecutar este programa
Si el presidente insiste, tendrá que trabajar con las autoridades municipales, iglesias, juntas de acción comunal, líderes sociales y policías barriales, porque ellos son los únicos que saben realmente cuáles jóvenes delinquen para sobrevivir y quienes están en riesgos de involucrarse en actividades delincuenciales y violentas. Solo entonces el gobierno, con ayuda de las autoridades locales, podría hacer seguimiento a los beneficiarios por medio de actividades de estudio, formación y trabajo.
Es fundamental precisar que el gobierno no puede aceptar que las organizaciones criminales sean las encargadas de elaborar el listado de los posibles beneficiarios. Bajo dicho argumento, los grupos al margen de la ley podrían recibir otro ingreso y tampoco se lograría la desvinculación de los jóvenes.
Creo también que este programa no debe ser ejecutado en medio del proceso electoral, porque podría convertirse en una estratagema para atraer al electorado y comprar votos.
En resumen, habría que definir con mucha precisión cuáles jóvenes pueden recibir el subsidio, qué actividades desarrollarán en sus municipios y comunidades, cuáles planes de estudio y trabajo tendrán, cómo se hará seguimiento a los beneficiarios, y, por último, si se rendirá cuentas públicas sobre los resultados del programa.
Otras experiencias
Existen otros programas que debemos traer a colación: “Guías Cívicos de Misión Bogotá”; “Gestores de Convivencia”; “Trapecistas” del padre Javier de Nicoló; “Caminando Relajado” de Carlos Marín de IDIPRON, que hoy cuenta con más de 5000 jóvenes; “Parceros” en Medellín y Bogotá; “Va jugando” en Barranquilla y Gestores Paz y Cultura Ciudadana en Cali, entre otros.
Aunque dichas iniciativas demuestran la importancia de apostarle a la juventud, tampoco han sido evaluadas de manera rigurosa. Por esta razón, no puede afirmarse que realmente hayan reducido la violencia y la delincuencia.
Pero tenemos suficiente material para evitar los errores del pasado. Las experiencias de los distintos procesos de paz pueden ser muy útiles. Cuando comienzan la desmovilización y la reincorporación a la vida civil, el Estado asume la manutención y formación de los guerrilleros hasta por dos años. En estos casos, los recursos solo fueron entregados cuando se tenía la certeza de que los excombatientes no iban a seguir delinquiendo.
Si de verdad se quiere tener resultados con este Programa, hay que desarrollar de manera paralela una estrategia de seguridad contundente que recupere los territorios, la institucionalidad y la confianza ciudadana en los sitios donde se va a trabajar con los jóvenes.
En este momento no se sabe nada más sobre el programa que lo que ha dicho el presidente. Por eso hay que esperar un documento final que, preferiblemente, recoja las experiencias que tiene el país en prevención de la violencia, la delincuencia y la atención a jóvenes involucrados en violencia y consumo de drogas.
Al tratarse de un programa muy ambicioso, debe estar bien formulado y tendrá que incluir el seguimiento y la evaluación de impacto. También, la participación de las administraciones locales y de las comunidades garantizará los buenos resultados.
Finalmente, para que no haya malentendidos políticos, debería ejecutarse a partir del mes de noviembre, después de las elecciones regionales. Mientras tanto, el gobierno podría utilizar ese tiempo para discutir y formular técnicamente la propuesta.
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