Proceso electoral con bandas criminales

Mesas de diálogo con delincuentes comunes y organizados, una estrategia política que busca votos de cara a las elecciones y que va a provocar más violencia y delincuencia el futuro inmediato.

Los procesos de negociación con bandas criminales y grupos mafiosos que el presidente Gustavo Petro y su gobierno están abriendo tienen mucho de parecido a la utilización de los grupos paramilitares que apoyaron procesos electorales al Congreso y la Presidencia de la República a comienzos de siglo, solo que en este caso se va a dialogar con grupos delincuenciales sin ideología política alguna y que están dedicados a narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión, trata de personas, comercio de armas y otras tantas rentas criminales.

Grupos a los cuales se ingresa y permanece con la intención de enriquecerse y que mantienen su poder y control del negocio, de los territorios donde desarrollan estas actividades y de sus subalternos a punta de violencia y terror. “Patrones” que no saben nada sobre negociación, diálogos de paz, sobre los términos en que se desarrollan estos procesos, y desconocen los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, por eso tienen que contratar abogados que fungen como representantes o delegados de las organizaciones criminales.

Los “patrones” de estos grupos, que el Gobierno llama “comandantes”, están interesados en esos acercamientos y diálogos porque les están prometiendo grandes reducciones de penas o permitirles pagarlas haciendo pequeñas obras si se entregan, y a los que ya están purgando penas en las cárceles sacarlos lo más pronto de ahí. También les están prometiendo no perseguirlos, legalizarles parte de las fortunas adquiridas con las rentas criminales, que no son pocas, y no extraditarlos, en caso que sean solicitados por Estados Unidos, como ya lo está haciendo el Gobierno. 

Más que desactivar los conflictos, una táctica electoral

Esto es una estrategia electoral que busca ampliar el “pacto de La Picota” que le dio buena cantidad de votos al actual presidente, según su hermano más de un millón de votos, y lo que hoy se está haciendo es abrir mesas de negociación con el Clan del Golfo y con otros grupos criminales en las cárceles y ciudades de Bogotá (La Picota), Itagüí, Barrancabermeja, Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, donde ya lograron un pacto criminal entre “Los Pepes” y los Costeños” entre otras negociaciones que adelantan. 

La idea es que, durante este proceso electoral que ya se inició, se abran nuevas mesas de negociación, inclusive con el ELN, y mantenerlas abiertas asegurándoles a todos estos grupos criminales y sus “patrones” que solo si se hace mayoría en el Congreso y continúa un aliado del Gobierno en el poder, serán posibles los beneficios que han venido prometiendo, y esto será posible si todos estos grupos criminales apoyan con votos a los candidatos al Congreso y al candidato presidencial.

Esta estrategia, que ya dio resultados en las pasadas elecciones, en este proceso electoral busca que sea más grande para ganar las dos contiendas electorales, porque cada uno de los grupos involucrados no solo pondrá plata, sino que presionará de manera violenta a las poblaciones y comunidades donde tienen presencia y control, y la consigna será “votos o plomo”, unos pactos criminales a cambio de votos.  

En esta línea se inscribe el proyecto de Ley de sometimiento que fue nuevamente presentado al Congreso, sin haber subsanado los reparos que hicieron la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y algunos congresistas. Parecería que lo que busca el Gobierno, y va a suceder, es que el Congreso no apruebe este proyecto y se tenga la disculpa perfecta para motivar a los grupos criminales involucrados en diálogos para que busquen el mayor número de votos y este gobierno se pueda mantener por un período más y con una buena cantidad de congresistas, y así poder cumplir las promesas que se están haciendo a distintas organizaciones criminales, como es el caso del Clan del Golfo y los jefes de las bandas que están presos en las distintas cárceles.

Negociar con delincuentes y mafiosos no garantiza la paz, y menos la seguridad

Por un momento, vamos a poner en duda lo anteriormente expuesto y creer que el Gobierno está buscando, con buenas intenciones, negociar con delincuentes puros y mafiosos para lograr la anhelada paz, pero que desconoce antecedentes importantes en materia de estas negociaciones que no han tenido buenos resultados y que han provocado mayor violencia.  

En este caso tenemos que recurrir a los antecedentes que ha tenido Colombia en esta materia, contraponiendo los logros que ha tenido el país en los distintos procesos de paz con las guerrillas de verdad, que son diez procesos exitosos que se ejecutaron a finales de los 1980 y comienzos de los 1990, donde estuvo el M-19, grupo al cual pertenecía el presidente, y el proceso de paz con las FARC en 2016. La gran mayoría de combatientes de todos estos procesos se desmovilizaron y asumieron formas de vida distintas a la ilegalidad, lo que no ha sucedido cuando se negocia con delincuentes y mafiosos.

En Colombia son varios los procesos de diálogo con delincuentes y mafiosos puros, comenzando por los diálogos del expresidente López Michelsen con miembros del cartel de Medellín en Panamá, donde ellos, encabezados por Pablo Escobar, ofrecieron entregar parte de sus bienes, cultivos, laboratorios y rutas a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos. Esto no prosperó y lo irónico de este caso es que a pesar de que se sabía que eran narcotraficantes, muchos de ellos fueron aceptados socialmente y hasta Pablo Escobar fue elegido y aplaudido en el Congreso de la República, salvo por algunos congresistas que de manera vehemente lo rechazaban, como Luis Carlos Galán, quien terminó siendo asesinado por este criminal.

Medellín, y Antioquia, también ha sido escenario de varios diálogos y acuerdos que no terminaron bien. Por ejemplo, los diálogos con Pablo Escobar y la famosa cárcel de La Catedral, diálogos mal desarrollados que incrementaron la violencia terrorista y terminaron con la acción donde fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993, cerca a la IV Brigada en Medellín. 

Los diálogos con las bandas de Medellín en el gobierno de Luis Alfredo Ramos en la cárcel de la Alpujarra, que lograron reducir los hechos de violencia homicida en la ciudad, pero que consolidaron, desde esa época hasta hoy, el poder y el control territorial de organizaciones criminales como La Terraza, La Oficina de Envigado, Los Pachely, entre otros grupos. 

En esta línea están los diálogos con los paramilitares durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que desde luego tenían un componente político importante y que tuvieron muy buenos resultados en términos de reducción de la violencia, pero donde la gran mayoría de los líderes narcotraficantes reincidieron en esa actividad y fueron extraditados a Estados Unidos. 

En otros países existen experiencias en el mismo sentido que lo único que han hecho es fortalecer a los grupos criminales, como es el caso de los diálogos con La Mara Barrio 18 en El Salvador, con el “Viejo Lin”, que terminó fortaleciendo esta organización criminal y creando una estructura organizativa a nivel nacional y de Centroamérica que no tenía.

Estas negociaciones no solucionaron los problemas de violencia, solo los aplazaron, y en algunos casos reaparecieron con mayor virulencia y con criminales mejor organizados y equipados. Con base en estas experiencias, hay que reconocer que negociar con delincuentes comunes u organizados solo aplaza los problemas, deslegitima las instituciones estatales, fortalece las organizaciones criminales, les crea estructura organizacional y convierte a los “patrones” en interlocutores válidos frente al Estado y la sociedad.

En todos estos casos, negociar con grupos de delincuencia común u organizada ha sido una acción a la cual se recurre cuando algunas autoridades y ciudadanos consideran que la capacidad de control institucional de la violencia y la delincuencia por parte del Estado es superada por la acción de las delincuentes, negociación que termina fortaleciendo aún más a las organizaciones criminales.

Con la delincuencia común u organizada solo procede el sometimiento a la justicia a cambio de reducción de penas. Las preguntas que surgen frente a estas negociaciones son: Además de comprometerse a no matar socios, enemigos y personas inocentes, ¿están dispuestos a abandonar sus actividades criminales? ¿van a erradicar todos los cultivos ilícitos? ¿van a entregar toda la maquinaria que tiene en minería ilegal?  ¿Van a entregar información clave para acabar con esos negocios ilegales? ¿Están dispuestos a entregar las riquezas mal habidas, a confesar sus crímenes y a reparar a sus víctimas?, entre otras.

Sobre el papel seguramente dirán que sí, pero esto no ha sucedido ni en los procesos de paz con las guerrillas, que tuvieron un alto contenido político y social, y menos se hará con delincuentes que se deben exclusivamente a las rentas criminales y a socios nacionales y transnacionales que tienen gran capacidad para eliminar a quienes entreguen información clave sobre sus negocios e identidades. 

De acuerdo con todo lo anterior, para un nuevo gobierno, distinto a la línea política del presidente Gustavo Petro, las mesas de negociación con organizaciones delincuenciales que queden abiertas serán una “papa caliente” difícil de asumir. Seguramente, en la mayoría de los casos, tendrá el nuevo gobierno que desmontarlas, lo que provocará un nuevo ciclo de violencia si no se toman las medidas de seguridad necesarias para que esto no suceda.

Mesas de diálogo con delincuentes comunes y organizados, una estrategia política que busca votos de cara a las elecciones y que va a provocar más violencia y delincuencia hacia el futuro.  

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