Bogotá necesita un 123 que coordine la respuesta de todas instituciones de seguridad y emergencias. El actual sistema no le sirve a la ciudad y su anunciada “modernización” es todo un misterio que le puede salir costosa a la ciudad.
Hugo Acero Velásquez*
Un servicio importante
A través de la línea 123 ingresan todos las solicitudes urgentes de los bogotanos en materia de seguridad y emergencias, y de su buen funcionamiento dependen la vida, la integridad, las propiedades y el bienestar de todos los ciudadanos.
Por esto es necesario que la discusión pase de los simples retoques para que el servicio siga funcionando como un simple call center, a una estrategia completa para consolidar un sistema de atención de emergencias y seguridad con participación de todas las instituciones que deberían estar involucradas.
Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá también deberían manifestarse sobre este tema o proponer que la firma del contrato de modernización sea aplazado, de modo que la nueva administración pueda tomar una decisión mejor decantada y asumir la responsabilidad completa de contratar, ejecutar y poner en funcionamiento el nuevo 123.
La modernización
En efecto: el Número Único de Emergencias y Seguridad (NUSE) de Bogotá, más conocido como la línea 123, no ha operado como debería y esto ha puesto en riesgo la seguridad de todos los bogotanos.
El sistema 123 es subcontratado por la ETB a Itelca, una empresa que, después de siete años al frente de la línea, no quiere continuar con el negocio. Por eso en este momento se planea una modernización del 123, pero hasta ahora nadie sabe de qué se trata, con quién se va a contratar, ni cuál será el costo definitivo de un proyecto que, según el gerente de la ETB, sería superior a los 260.000 millones de pesos, de los cuales solo la modernización tecnológica tiene un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Cabe anotar que hace menos de tres años el Distrito tuvo en sus manos una propuesta de modernización tecnológica que no superaba los 30.000 millones de pesos.
Una decisión apresurada sobre este asunto puede ser un gran problema para la ciudad y para el futuro gobierno de Bogotá.
El problema radica en que la “modernización” se ha manejado como un asunto estrechamente técnico, y no como la consolidación de un sistema integrado de coordinación entre las varias agencias de seguridad, justicia y socorro. Hasta el momento no aparecen por ningún lado las opiniones o necesidades de las instituciones actualmente involucradas, como la Policía, los bomberos, la Secretaría de Salud, la de Movilidad, o el Instituto de Gestión del Riesgo.
Un poco de historia
 Operarios de la línea 123 Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
En 1994 el Centro Automático de Despacho (CAD), línea 112, de la Policía tenía graves problemas debido a la obsolescencia de sus equipos. Por eso a finales de ese año la administración de Jaime Castro contrató a la empresa francesa Sofremi para reemplazar del sistema del CAD, por un valor de 24 millones de dólares.
Durante los años siguientes hubo problemas con este contrato porque el nuevo sistema no se pudo poner en funcionamiento, y la ciudad tuvo que invertir más recursos para dotar a la Policía con más de cinco mil radios y reparar los equipos de voz y datos del CAD.
Desde comienzos de este siglo la administración distrital, siguiendo directrices del ministerio de Comunicaciones, comenzó a trabajar en el inventario y diagnóstico de los recursos existentes dentro de las instituciones de seguridad y socorro. Este trabajo se adelantó mediante un comité integrado por representantes del CAD, Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias (CRU), la Secretaría de Tránsito, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, y el Fondo de Vigilancia y Seguridad. El comité elaboró los términos de referencia para contratar el Número Único 123. En diciembre de 2000, el Fondo de Vigilancia alcanzó a licitar el contrato, pero tuvo que declarar desierta la convocatoria porque ninguno de los proponentes cumplía con las condiciones requeridas.
En 2001, la Cámara de Comercio de Bogotá ofreció financiar el estudio y abrió concurso en dos oportunidades, pero tampoco pudo contratar a ningún proponente.
En 2002, el Decreto 053 creó el “Comité para la implementación del Número Único de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital”, que incluyó representantes de la ETB, de la Comisión de Sistemas del Distrito, y de la Cámara de Comercio de Bogotá. El comité, con la asesoría de expertos externos como Álvaro Sanjinés, elaboró el documento “Requisitos básicos y presupuesto del sistema integrado de atención de llamadas de emergencia y despacho de Bogotá”.
Por esa misma época la administración distrital presentó al Concejo un proyecto de acuerdo para financiar la línea 123 con un impuesto a la telefonía fija de Bogotá, pero este proyecto no fue aprobado.
Finalmente, en 2004 la Cámara de Comercio contrató con la empresa española EYP-SCAP la realización de un estudio para crear el “Sistema Integral Computarizado Número Único para la Atención de Llamadas de Emergencia, Despacho y Vigilancia para Bogotá D.C.”. Este estudio concluyó que no era posible hacer compatibles los sistemas de comunicaciones y despacho de las instituciones de seguridad y emergencias, y que por tanto se requería un sistema nuevo que involucrara a todas las instituciones.
La línea 123
En diciembre de 2005 se expidió el Decreto 451 que adoptó el Sistema Número Único 123, y se firmó el Convenio 2357 con la ETB para poner a operar esta línea. El convenio se hizo efectivo en octubre de 2006, pero apenas en 2007 comenzó a operar parcialmente la línea 123, tal y como dice el informe de la Contraloría.
De acuerdo con este informe, después de seis años (2007-2013) y de ocho subsistemas contratados con la ETB, en Bogotá solo funcionaba la recepción de llamadas en la línea 123, pero no funcionaban los subsistemas de radiocomunicaciones, los terminales móviles de datos, el circuito cerrado de televisión, el sistema de cómputo para la recepción de llamadas, la geolocalización de vehículos AVL/GPS, ni las bases de datos compartidas y georeferenciadas.
Esta situación se agravó cuando el gobierno de Samuel Moreno le entregó la dirección del Fondo de Vigilancia y Seguridad al Partido de la U y se convirtió a la línea 123 en un fortín de puestos para simpatizantes, lo cual desmejoró la atención a los ciudadanos.
Además, instituciones como la Policía y Bomberos, que en un comienzo estaban convencidas de la necesidad de integrarse al sistema 123, acabaron por tratar de consolidar sus propios sistemas. La Policía le apostó al Centro Automático de Despacho (CAD) en su nueva sede bogotana, pero esta obra quedó inconclusa y abandonada. Y Bombero creó su centro de despacho en la nueva sede administrativa de esta institución en la localidad de Puente Aranda (donde además se tiene previsto instalar la nueva línea 123).
En resumen, después de casi quince años el NUSE, o línea 123, de Bogotá está todavía en “obra negra” y, poco antes de que se elija un nuevo gobierno, no se sabe que se va a contratar, ni con quién será contratada su modernización.
Es mejor esperar
 Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Juan Alvarez |
Frente a este escenario, expongo algunas consideraciones que deberían tener en cuenta en el debate sobre la modernización del Número Único de Emergencias y Seguridad (NUSE) de Bogotá:
- Según lo dicho por la ETB y la administración distrital, parece que el nuevo 123 va a seguir coordinando solamente las respuestas de la Policía, los Bomberos, la Secretaría de Salud, la línea de emergencias y movilidad, y que no integrará otras agencias de riesgo importantes, como la XIII Brigada, la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, las Comisarias de Familia, el ICBF o las empresas de servicios públicos.
- La cobertura de la línea 123 no debería reducirse a Bogotá, sino ampliarse a varios municipios de Cundinamarca, ya que en estos operan instalaciones que hacen posible el funcionamiento de la ciudad, como son embalses, gasoductos, poliductos, torres de telecomunicación, vías, transporte de personas y comida y áreas ambientales estratégicas que pueden estar en riesgo por acciones terroristas.
- Si bien, según el presidente de la ETB, la operación de la plataforma 123 durante cinco años puede costar cerca de 90 millones de dólares, hay que recordar que en 2003 la administración Mockus presentó la primera propuesta financiera para la instalación y puesta en funcionamiento de la 123 por siete años por un valor de 51 millones de dólares, a un tasa de cambio de 2.960 pesos por dólar. Pero sin conocer la propuesta técnica que se pretende contratar es muy difícil determinar si es elevado o no el costo que hoy plantea el presidente de la ETB.
- Además del sistema coordinado por la ETB, Bogotá podría tener otras alternativas, como un convenio con la Empresa para la Seguridad Urbana de Medellín para desarrollar un proyecto de línea 123 similar a la de esa ciudad. Bogotá también podría establecer un proyecto de cooperación con la ciudad de Guayaquil, que tiene buena experiencia en el tema.
Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá debería hacer públicas las dos propuestas que dice tener el presidente de la ETB para la modernización de la línea 123.
Si estas son buenas la ciudad las debería contratar y no perder tiempo para resolver, de una vez por todas, los problemas de la línea 123. Pero si estas propuestas no se ajustan a los requerimientos de la ciudad, es preferible aplazar este contrato y esperar que el nuevo alcalde conozca las propuestas y tome la decisión. Una decisión apresurada sobre este asunto puede ser un gran problema para la ciudad y para el futuro gobierno de Bogotá. Por ahora, en los meses que resta de este año, el Distrito debería garantizar el funcionamiento del 123 como call Center.
* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
