Género, seguridad ciudadana y justicia

En Colombia la violencia contra las mujeres, niños y niñas no es abordada como un problema de seguridad y justicia. Por ello, apenas las instituciones de bienestar social se han encargado de este tema.

Si bien algunas instituciones de los sectores de seguridad y justicia han creado oficinas y comisiones para atender el tema, no han logrado incidir en la formulación de leyes, políticas, y prácticas operacionales y administrativas con perspectiva de género. Así lo vemos en el Análisis Regional de Seguridad Ciudadana y Género realizado en mayo de 2022.

En general, los avances en seguridad y justicia con perspectiva de género son incipientes, pues:

• Las políticas de seguridad y justicia se centran en lo público, y dejan de lado lo privado.
• La violencia contra mujeres, niños y niñas en el ámbito privado siguen atendiéndose, predominantemente, desde las instituciones de bienestar social, y no desde las instituciones de seguridad y justicia.
• Si bien en la Constitución existe el reconocimiento a las diversidades, en lo operativo —la práctica de la seguridad y la justicia— ese reconocimiento está por desarrollarse.
• Los indicadores de violencia de género son muy vagos, y, en el caso de la violencia hacia poblaciones Trans, LGTBI, y ciudadanos y ciudadanas en actividades sexuales pagas, no hay indicadores.
• Hasta hace poco —menos de 10 años— se hablaba de feminicidio. Antes, se juzgaba como un asesinato por pasión, sin mayor investigación ni condena.
• El enfoque de género es casi nulo en la trata de personas, el conflicto interno, las guerras, las migraciones, etc.
• Colombia tiene instituciones débiles.  A nivel nacional y local, el manejo sigue siendo de la “primera dama”, una consejería, y, en muy pocos casos, la secretaría de la mujer.
• La legislación no tiene claridad sobre los tipos de violencia en contra de las mujeres y de género.

La perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia, frente a otras instituciones del Estado, apenas está siendo abordada. Por ello, todavía no se refleja en la práctica ni en la operatividad de las instituciones que las componen.

Basta con tener en cuenta el carácter patriarcal de las instituciones de seguridad y justicia, las cuales: garantizan el uso legítimo de la fuerza, atienden los fenómenos de violencia y delincuencia, y administran la tenencia y uso de armas letales. Es decir, asuntos administrativos y operativos hasta ahora considerados “para machos”.

Los avances de Bogotá 

Si bien este tema apenas comienza nacionalmente, existen experiencias locales con más desarrollo, y que marcan el camino para avanzar en la perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia. Este es el caso de Bogotá. El cual lleva más de 20 años en este trabajo.

En el año 1995, el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, dio lugar a la violencia intrafamiliar y maltrato infantil en su política de seguridad. Sostuvo que, más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de la violencia en Colombia es la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares.

Así quedó planteado en su plan de seguridad y justicia: “la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son la causa más importante de la violencia en todos sus órdenes, en la medida en que en los procesos de socialización que se llevan a cabo en el interior de los hogares y en los espacios privados, el valor de la no violencia se quebranta con prácticas violentas y se establece por norma que la violencia es un mecanismo de interrelación entre las personas, que se ejerce sobre los más débiles”.

Con esta postura, la violencia intrafamiliar hizo parte de la política pública de seguridad y justicia. Desde ese momento, la violencia en los hogares dejo de ser un tema del bienestar familiar, y pasó a ser un tema para la garantía de seguridad de las mujeres, niños, niñas y adultos mayores en el ámbito privado.

Así, aumentaron las comisarías de familia —pasaron de cinco en 1995 a veinte en 2003, y hoy son 36 comisarías—, y atienden a más de 30 mil casos al año y realizan más de 45 mil conciliaciones generales. Este número no alcanza a reflejar la dimensión de violencia que, en los registros oficiales, sigue teniendo un alto porcentaje de no denuncia.

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La Secretaría de la Mujer

Para complementar estos avances, en 2014, el gobierno de Gustavo Petro creó la primera Secretaría de la Mujer del país.

La secretaría contó con una estructura administrativa profesional compuesta por servidoras públicas. Allí, comenzó a definirse la política pública integral de mujer y género, la cual se ha fortalecido en los últimos tres gobiernos.

Por ejemplo, la asignación de recursos ha aumentado: de cerca a 19 millones de dólares en el gobierno de Petro, a 35 millones en el de Enrique Peñalosa. Actualmente, en el gobierno de la alcaldesa Claudia López, el presupuesto para la Secretaría de la Mujer es de 104 millones de dólares.

En materia de seguridad y justicia, la Secretaría ha avanzado en los siguientes puntos:

• La creación y fortalecimiento de la “Línea Púrpura” para la atención directa de las denuncias de violencia en contra de la mujer y de género.

• La vinculación permanente de la Secretaría de la Mujer en el Consejo Distrital de Seguridad y en el Sistema Integrado de Atención de Emergencia y Seguridad 123. De esta manera, hay una recepción, atención y respuesta interinstitucional de las violencias en contra de la mujer y de género
• La creación del “grupo de trabajo para la Atención de la Violencia Contra las Mujeres y Riesgo de Feminicidio” para la investigación, juzgamiento y condena de los responsables de estos casos. De este grupo hacen parte la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal y la Secretaría de Seguridad. Este grupo no solo atiende los casos de feminicidio ejecutados, sino que trabaja con las mujeres que están en riesgo. En 2020 y 2021 fueron atendidos más de 1 200 casos de alto riesgo de feminicidio.
• Presencia de la Secretaría de la Mujer en las salas de urgencias de nueve hospitales públicos y uno privado, para detectar y atender casos de violencia en contra de la mujer.
• Para los hombres se creó la “Línea Calma” orientada a la prevención de casos de violencia de género, y la resolución de situaciones de conflicto emocional en hombres mayores de 18 años.
• La creación del Sistema Distrital de Cuidado en Territorio, a través de las Manzanas del Cuidado. Espacios donde se ofrece el servicio de cuidado a niños y niñas (jardines infantiles); adultos mayores, y personas en condición de discapacidad. Con esto se pretende redistribuir y reducir las cargas del cuidado que tienen las mujeres en Colombia (hoy están activas 10 manzanas del cuidado).

¿Qué debemos hacer?

Es necesario avanzar nacional y localmente en la inclusión de la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia. Para esto:

• La política y gestión de la seguridad y la justicia, con perspectiva de género, debe ser liderada por el presidente, y por los mandatarios y mandatarias locales.
• Incluir la perspectiva de género en la elaboración, asignación de recursos, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas en los sectores de seguridad y justicia.
• Crear institucionalidad nacional y local para liderar y gestionar este tema, a través de secretarías y un ministerio de la mujer.
• En todas las instancias de gestión de seguridad y justicia —los consejos de seguridad y política criminal, los comités de orden público, los planes de seguridad, los fondos de recursos, etc.— deben participar las mujeres. Así mismo, las mujeres deben estar en el diseño, asignación de recursos, ejecución y evaluación de las políticas.