Crecimiento exponencial

Según el registro de denuncias ciudadanas de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, la extorsión no ha dejado de aumentar en los últimos años. De 4.903 casos denunciados en 2016 en todo el país, se pasó a 10.263 el año pasado. O sea que en los últimos siete años este delito aumentó un 109 % (Gráfica 1)

Las cifras anteriores en realidad no alcanzan a ser ni el 1 % de los hechos que se registran en el país, dado el bajo nivel de denuncia de este delito, como lo registra una investigación realizada en Medellín por las universidades de EAFIT y de Chicago (EEUU), liderada por el investigador Santiago Tobón. Según este estudio, en solo Medellín, entre 140 mil y 150 mil hogares y negocios pagan extorsiones semanales, mientras que, según reportes de la policía, las denuncias no superan los mil casos en esa ciudad. La extorsión es una actividad en aumento, que hasta ahora se ha enfrentado con la legislación penal existente y la actuación de la Policía, la Fiscalía y los militares, a través de los Gaula. Hoy se puede asegurar que existen municipios y territorios donde esta actividad criminal se ha hecho habitual. Para muchas personas es un asunto “naturalizado”; se toma como un impuesto más que la mayoría de los ciudadanos, hogares y negocios tiene que pagar a las estructuras criminales que controlan los territorios.

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Así funciona la extorsión

El estudio ¿Cómo comprender la extorsión hoy en Medellín?, realizado por el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSH) y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, concluye que la extorsión “No es una expresión aislada del crimen organizado, toda vez que está articulado a otras actividades como el tráfico de estupefacientes, los hurtos, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas, préstamos gota a gota, el despojo de inmuebles y el lavado de activos; igualmente es un alto generador de desplazamiento forzado, amenazas, reclutamiento y otros delitos”. Estas otras actividades han permitido a ciertas organizaciones delincuenciales controlar territorios y comunidades.

De acuerdo con esta investigación, existen varios tipos de extorsión que desde los años 90 vienen llevándose a cabo en las comunas de Medellín y se han expandido a otras ciudades y regiones del país, en algunos casos por miembros activos y exmiembros de las bandas que operan en esa ciudad.

Este es el caso de la extorsión por seguridad de viviendas, conjuntos residenciales y barrios; por el parqueo de vehículos en zonas públicas; por mediar conflictos comunitarios, familiares e interpersonales; extorsión a personas que tienen un empleo estable y devengan buen salario; o a familias que reciben dinero del Estado por reparación como víctimas del conflicto armado o por ayudas humanitarias.

También se extorsiona por no reclutar forzosamente a adolescentes; por venta de vehículos e inmuebles; a las ventas de artículos variados; a establecimientos comerciales; a contratistas de construcciones públicas y privadas por la “seguridad” de las obras (en varios lugares a los constructores de edificios les exigen apartamentos como parte del cobro extorsivo); o a taxistas para estar autorizados por el grupo que tiene el control ilegal en la zona.

Adicionalmente, algunos grupos criminales manejan y comercializan productos de la canasta familiar que, de manera obligatoria y exclusiva, deben comprar tenderos y comerciantes, como es el caso de leche, arepas, huevos, queso, licores (legales y adulterados), fresas, yogurt, productos de aseo doméstico y leche en polvo falsificada, entre otros.

Todas estas modalidades reflejan que las fuentes de ingresos que obtienen las organizaciones criminales a través de la extorsión son diversas. Y esto es apenas una de las tantas rentas criminales que manejan. Actividad delincuencial que además implica presencia territorial y gobernanza criminal mediante violencia e intimidación, sin que hasta ahora las autoridades hayan logrado detenerla, controlarla y garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Dificultades para controlar la extorsión

Los principales esfuerzos de las autoridades de seguridad y justicia para controlar este delito se enfocan en la persecución y judicialización de los victimarios. En esta labor se considera la extorsión exclusivamente como una conducta penal que afecta el patrimonio de los ciudadanos sin abordar, como lo plantea la investigación mencionada, aristas políticas y sociales que explican el aumento y expansión de esta práctica.

Desde la perspectiva penal, es indispensable que las víctimas denuncien. Pero justamente ese es uno de los grandes problemas para judicializar a los individuos y grupos que se dedican a esta práctica: los ciudadanos no denuncian por miedo, debido a que viven en los mismos barrios y calles de los victimarios y si lo hacen, son lesionados, desplazados o asesinados. Más aún, desconfían de las autoridades de seguridad y justicia.

Además, los pocos casos que llegan a las autoridades no terminan en una condena ejemplar como se esperaría. Como bien lo plantea la investigación citada, la extorsión también debe considerarse como un fenómeno social y político:

“En primer lugar, se describe como un fenómeno social porque no se está frente a un simple hecho delictivo o una renta criminal, sino ante la manifestación de unos poderes ilegales que logran regular el orden social y regir la vida comunitaria en los territorios, donde la extorsión es una de las maneras de materializar esos órdenes”.

“En segundo lugar, se trata de una manifestación política dado que se observa la suplantación de algunas funciones esenciales del Estado, como son la seguridad, la justicia, el orden social, el ordenamiento urbano, la convivencia, la economía local, la reglamentación de ciertos delitos”, dimensión política de este delito que toma sentido en relación con las disputas de poderes entre actores ilegales y actores estatales”.

¿Cómo solucionarlo?

La extorsión afecta el patrimonio de los ciudadanos, limita su libertad, bienestar y desarrollo social y democrático y el de las comunidades. Por eso la acción del Estado no se puede limitar a atacar la conducta penal, sin abordar las aristas políticas y sociales que explican el aumento de la extorsión en distintas ciudades y regiones del país.

Para reducir este y otros delitos en los territorios no basta con la presencia y accionar de las instituciones de seguridad y justicia, es necesaria una intervención integral que involucre labores de inteligencia, investigación criminal y otras instituciones del Estado nacional, territorial. Deben participar la DIAN y la UIAF para perseguir y quitarles los recursos a las organizaciones criminales. También instituciones de desarrollo social como el ICBF, educación, salud, planeación, comisarías de familia, inspecciones de policía que atiendan y solucionen los problemas de convivencia, seguridad, justicia, resolución de conflictos, violencia intrafamiliar, deudas, regulación social y economía local, entre otros. Una acción de Estado integral, permanente y cercana a los ciudadanos que atienda las necesidades sociales y que enfrente, en el marco del Estado de Derecho, a las organizaciones criminales.

El Estado nacional y local debe hacer presencia integral en esos territorios y de manera cercana a los ciudadanos. Como resultado se recuperará la confianza en las instituciones, particularmente las de seguridad y justicia; se promoverá la participación ciudadana, y se aumentará el capital social. De nada sirve seguir deteniendo a quienes directamente cobran las extorsiones si no se desarticulan de verdad las organizaciones criminales y si no se atienden las necesidades de los ciudadanos.

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