Los vacíos en el discurso

Cuando los candidatos presidenciales abordan la seguridad ciudadana hacen tres cosas iguales y sucesivas: mencionan los riesgos que la amenazan; identifican territorios más afectados por la criminalidad, y proponen alternativas para reducir su incidencia.

Pero los candidatos hasta ahora no han hablado de los factores que dependen del presidente y que son imprescindibles para la seguridad colombiana: la gestión y la confianza. Si bien ofrecen diagnósticos y remedios, no ahondan en la manera como ejercerían el liderazgo que exige la prestación eficaz de este servicio; este liderazgo implica nada menos que

• Coordinar el trabajo de las más de quince instituciones que tienen responsabilidades en materia de seguridad y justicia.
• Asegurar que las instituciones recuperaren la confianza ciudadana en su trabajo, pues hoy presentan los índices más bajos favorabilidad de los últimos veinte años.

La ausencia de estos temas en las campañas y en las agendas presidenciales puede afectar gravemente la seguridad y la justicia en Colombia. Por esta razón, el liderazgo, la gestión y la confianza ciudadana en las instituciones deberán ser abordados desde el mismo momento en que salga elegido el nuevo presidente.

Descoordinación institucional

Para nadie es un secreto que hoy existen graves problemas de violencia y delincuencia en distintos territorios y ciudades del país. Tampoco es novedad que han la mayoría de los delitos, en particular los homicidios y los hurtos.

A los últimos gobiernos les ha faltado, por un lado, el liderazgo del presidente, y por el otro, la participación activa de los alcaldes y gobernadores. Los consejos de seguridad nacional y locales dejaron de realizarse de manera periódica, y dejaron de ser escenarios de prevención, planeación y coordinación de las instituciones de seguridad y justicia. Generalmente se reunen después de sucedidos los hechos.

Esto es un gran problema, pues el trabajo con los gobernadores y alcaldes es imprescindible para mejorar la seguridad. Aunque este gobierno cuenta con una política integral de seguridad ciudadana y convivencia, la ejecución y el seguimiento de este plan no se está haciendo como debería.

Además, las redes sociales son la vía de comunicación entre algunos alcaldes y gobernadores con el gobierno nacional, y, en la mayoría de los casos, no se da con el ánimo de coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia. Por el contrario, las redes se están convirtiendo en un modo riesgoso de gobernar, ya que este tema requiere prudencia y reserva. Hoy, con cada tuit —más emotivo que racional—, se hace más difícil la gestión y el trabajo en equipo.

La coordinación de las instituciones de seguridad y justicia es limitada, cuando no inexistente. Por lo pronto, estas son las instituciones que intervienen en la seguridad ciudadana, las cuales pueden y deben ser coordinadas desde la presidencia:

• El Ministerio de Defensa, que coordina  todas las fuerzas armadas y en particular la Policía Nacional trabaja los temas de seguridad y convivencia ciudadana.
• El Ministerio del Interior, con la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, trabaja con los alcaldes y gobernadores y les asigna recursos a través de FONSECON. Además, tienen la Unidad Nacional de Protección UNP.
• La Consejería Presidencial de Seguridad apoya en la seguridad nacional y ciudadana a la Presidencia, la Vicepresidencia, y a la Dirección de Política Integral Para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas.
• El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG), promueve la formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de justicia, defensa y seguridad nacional. Además, orienta la elaboración de políticas sobre seguridad y convivencia ciudadana.
• Los alcaldes y gobernadores tienen la obligación constitucional y legal de velar por la seguridad y convivencia ciudadana.
• La Fiscalía General de la Nación.
• El ICBF gestiona el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA).
• El Ministerio de Justicia, a través del sistema penitenciario y carcelario (INPEC y USPEC), administra la justicia ciudadana y la justicia punitiva, en coordinación con las instituciones de la Rama Judicial.
• Migración Colombia en la Cancillería.
• Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en el Ministerio de Hacienda.

La mala articulación entre esta lista de instituciones la observamos, por ejemplo, cuando alcaldes y gobernadores requieren del apoyo del Gobierno Nacional para solucionar problemas de inseguridad en sus territorios, tienen que recurrir a cada una de ellas, por separado, y ninguna da respuesta a sus requerimientos.

Así tenga escritos los mejores planes de seguridad ciudadana y defensa nacional, el próximo gobierno no logrará controlar la inseguridad en aumento sin: el liderazgo del presidente; la coordinación de todas las instituciones, y la participación conjunta de todos los alcaldes, gobernadores, y distintas organizaciones de la sociedad civil.

La confianza ciudadana hay que ganársela

El reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo “Confianza, La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” pone el dedo en la llaga cuando habla de uno de los problemas que más afecta la gobernabilidad en América Latina y el Caribe: la confianza.

La confianza ciudadana hacia las instituciones estatales en la región es el más bajo del mundo, apenas tres de cada diez personas creen que se puede confiar en el gobierno. Como bien lo plantea el estudio “la confianza favorece la colaboración en tareas complejas dentro de los organismos públicos. Los funcionarios deben trabajar junto con sus colegas, los ciudadanos y los funcionarios públicos de otros organismos, para implementar los programas de gobierno”.

Aunque parece simple, es muy complejo en el caso colombiano, pues muchas instituciones y funcionarios confunden: reuniones con coordinación o cooperación, y participación de la comunidad con el número de ciudadanos que asisten a reuniones. Además, en Colombia la veeduría ciudadana es vista con desconfianza, la información de las instituciones de seguridad y justicia no es tan pública como establecen algunas leyes, y prevalecen los positivos institucionales antes que el trabajo en equipo.

Hoy las instituciones responsables de la seguridad y la justicia tienen los niveles más bajos de opinión favorable de los últimos 20 años. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Invamer Poll, entre el año 2000 y finales del año pasado:

• Las Fuerzas Militares, que en todas encuestas siempre tuvieron los niveles más altos de confianza entre los ciudadanos, pasó de 81 % de los ciudadanos que tenían una opinión favorable en 2010 a 53 % el año pasado.
• La Policía Nacional cayó de  79 % en 2010 a  41 %.
• La Fiscalía pasó del 65 % en 2000 a  28 %.
• El Sistema Judicial Colombiano de 46 % en 2005 a 19 %.
• La Corte Constitucional pasó de 61% en 2005 a 27 % el año pasado.
• La Corte Suprema de Justicia de  56 % en 2010 a  25 % y
• Los organismos de control presentan casi el mismo comportamiento; mientras la Procuraduría pasó de  61 % en 2010 a un 30 % en año pasado, la Contraloría en 2010 registró la opinión favorable más alta , 61 %, y cerró el año con 30 %, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Fuente: Encuesta Invamer Gallup Pool 2000, agosto de 2021

Como bien lo plantea el estudio del BID: “Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el avance económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”.

Así, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad en Colombia produce graves problemas como: la justicia por mano propia; la seguridad paraestatal; el no pago de las contribuciones e impuestos para mejorar los servicios de seguridad y justicia, y la corrupción como una forma de relación de los ciudadanos con las instituciones.

Liderazgo, gestión, coordinación y confianza. Estos son los elementos clave que el próximo presidente debe asumir si quiere solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que atraviesa el país.