Las cárceles están en malas condiciones, hay hacinamiento y el sistema necesita de grandes inversiones. Muchos proponen la privatización como remedio, pero este no es en realidad un remedio.
Hugo Acero Velásquez*
¿Cuál es el problema?
A raíz de mi artículo en El Tiempo, “Sin cárceles no habrá seguridad”, recibí un comentario según el cual “el problema de hacinamiento se soluciona con la construcción de nuevas cárceles con inversión del sector privado puesto que es más eficiente, efectiva y económica”. Para evaluar esta afirmación hay que poner en contexto el problema.
Según la información del INPEC, a finales de 2021 Colombia registró 176.050 personas con medidas privativas de la libertad. Hay 92.270 privados de la libertad en establecimientos de reclusión, 70.484 con detención domiciliaria y 4.938 con dispositivo de vigilancia electrónica. En cárceles municipales tenemos otras 2.919 personas y en establecimientos de la Fuerza Pública 439, como se puede ver en el cuadro siguiente:
Población con medida de aseguramiento en Colombia
Hoy, el sistema registra un hacinamiento del 19 % en los más de 130 establecimientos carcelarios y penitenciarios. Por otra parte, en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, donde se encuentran más de 20.000 privados de libertad, se registra un hacinamiento de más del 160%, con casos extremos que superan el 400%. A todas luces, es una violación de todos los derechos humanos, sin que hasta el momento se vislumbre una solución para este grave problema.
El panorama se oscurece al comprobar que la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios son viejos, obsoletos y no tienen las condiciones para sancionar o para resocializar a los hombres y mujeres privados de la libertad.
Durante los últimos años se ha visto en aumento la población recluida, pero los cupos del sistema no tuvieron mayor variación. Si se mira el comportamiento por quinquenios, el último transcurrido fue el de más bajo crecimiento:
Entre 1995 y 2015 la tasa de crecimiento estuvo por encima del 25 %, pero en los últimos seis años el crecimiento fue de apenas 4,8 %. Esto demuestra el poco interés de los últimos gobiernos en atender este problema, que al decir de la Corte constituye un “estado de cosas inconstitucional” (sentencias T- 153 de 1998 y T- 388 de 2013).
El panorama se oscurece al comprobar que la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios son viejos, obsoletos y no tienen las condiciones para sancionar o para resocializar a los hombres y mujeres privados de la libertad.
Cabe resaltar 118 establecimientos fueron construidos entre 1611 y principios de la década del noventa; 5 entre finales de los noventa y comienzos del siglo XXI y 10, a finales en la primera década de este siglo y dados al servicio entre los años 2010 y 2011.
A lo anterior se suma que el aumento de cupos carcelarios no ha sido acompañado de mejor formación de los guardias y administradores de las cárceles, ni de un proceso pedagógico que acentué la resocialización e integración social de los internos e internas.
No menos preocupante es la falta de control por parte del Estado de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, desde donde los delincuentes siguen manejando sus negocios criminales.
En pocas palabras: estamos ante un sistema viejo y con graves problemas, donde habrá que invertir una buena cantidad de recursos. Por eso importa precisar si la inversión privada es la solución y si el Estado está en capacidad para asumirla o pueden existir otras alternativas.
El debate en Colombia
Desde el siglo pasado, Colombia ha venido estudiando y promoviendo la vinculación del sector privado a la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las cárceles y penitenciarías.
James Jordán, activista y coordinador de la Alianza para la Justicia Global, había señalado en 2014 que “Estados Unidos está exportando su modelo de encarcelamiento en masa (…) a por lo menos 25 países” y advirtió que, en Colombia, la aplicación de dicho modelo proviene del “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano firmado en marzo 2000 por la Embajada de EE. UU. y el Ministerio de Justicia. Dicho programa coincidió con el rápido aumento de la población carcelaria de Colombia”.
De acuerdo con Jordán, “las razones citadas para justificar el programa de reestructuración penitenciario de Colombia fueron el tratar de aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones en las prisiones. Sin embargo, el propio acuerdo vincula al proyecto más explícitamente a la guerra contra las drogas”.
Como bien lo planteó el primer fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff, en 2013: “las cárceles privadas son establecimientos construidos y operados por inversionistas particulares que, como retribución por su trabajo e inversión, reciben una suma periódica, cuyo monto se calcula en razón de cada detenido o condenado que ingresa y permanece en la respectiva cárcel”.
“Para el Estado” continúa el exfiscal, “la ventaja del sistema resulta de evitarse la inversión que tendría que hacer en la construcción de una cárcel y la labor de administrarla, valores o costos que, en todo caso, tendría que asumir, pero diluyéndolos en el tiempo, mediante el pago de las sumas periódicas que se negocian con el inversionista en cada caso”.
Incentivos perversos
Sin embargo, como dice De Greiff, este negocio es “atractivo para los particulares que lo asuman siempre y cuando se “produzcan presos”, lo que lleva a que los inversionistas promuevan esa producción”.
El último informe de The Public Interest (ITPI) estudió 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales de Estados Unidos; el 65 % de estos contratos incluyen cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 al 100 % de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya.
El informe anual a sus accionistas de Corrections Corporation of America —la mayor empresa de encarcelación del mundo— confirma esta situación: “Históricamente hemos sido exitosos en llenar el inventario de camas disponibles que hemos construido. Llenar estas camas disponibles implica un incremento sustancial en los ingresos, el flujo de caja y las utilidades por acción…”. “Creemos que hemos sido exitosos en aumentar el número de residentes bajo nuestro cuidado y continuamos en la búsqueda de iniciativas que intenten aumentar la ocupación de nuestras camas y las utilidades. “Cualquier cambio con respecto a las drogas y las sustancias controladas o la inmigración ilegal puede afectar el número de personas arrestadas, acusadas y condenadas, con la consecuencia de reducir la demanda de cárceles donde se las aloje”. Inversión privada que se sustenta en el aumento de las medidas privativas de la libertad.
Costos elevados y ejemplos dispersos
En 2017, el costo mensual en California de un preso en el sistema privado era de 6.300 dólares al mes y el de New York era de 5.750.
Aunque los sistemas carcelarios no son comparables —dadas las muchas fallas del sistema colombiano—, en 2020, según el INPEC, un interno tenía un costo mensual de un millón ochocientos mil pesos y en la Cárcel Distrital era de dos millones doscientos mil, que incluyen costos de funcionamiento, personal, dotación y mantenimiento, sin tener en cuenta la construcción.
En Colombia no se ha concretado de momento un negocio importante para la inversión privada en cárceles. En algunos países se ha avanzado en dicha inversión y en América Latina Brasil y Chile apenas comenzaron a incursionar en este campo (ver “Privatización carcelaria, una alternativa para varios gobiernos en el mundo”). Pero a juzgar por la evidencia dispersa para Estados Unidos, la privatización podría aumentar en vez de disminuir los costos para el Estado colombiano. En Medellín se elaboró un proyecto para la construcción de una carcel por Alianza Publico, Privada -APP-, pero se quedo ahí, en un proyecto.
Ni el gobierno central ni los territoriales serían capaces de asumir los costos que tendría la inversión privada en construcción, funcionamiento y mantenimiento de cárceles de buena calidad en Colombia.
Quizás por eso la ineficiencia y corrupción del Instituto Nacional penitenciario ((INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) seguirán como ahora y en tanto no se emprenda una reforma a fondo e integral de estas instituciones y el sistema en general. Una decisión ética que comienza con buena información.
