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Excarcelación, inseguridad y justicia

Escrito por Hugo Acero
Hacinamiento carcelario.

Hacinamiento carcelario.

Hugo AceroLa crisis carcelaria y la excarcelación masiva como remedio han causado discusiones públicas entre el fiscal, el Gobierno central y los alcaldes. Pero en vez de esta inútil discusión, cada uno de ellos puede hacer cosas concretas para salir del problema.

Hugo Acero Velásquez*

Inseguridad y crisis del sistema carcelario

Quién no estaría de acuerdo con las demandas de algunos alcaldes y del Fiscal General de la Nación cuando piden  derogar las leyes 1760 del 2015 y 1786 del 2016 y detener la excarcelación masiva de delincuentes que por supuesto aumentará la inseguridad en campos y ciudades.  

Sin embargo hay que mirar la otra cara de la moneda esto es, el problema del hacinamiento de las cárceles nacionales y municipales, que desde hace muchos años ha llevado al Ministerio de Justicia a proponer medidas alternativas de privación de la libertad y a promover procesos de excarcelación masiva.

Los alcaldes y el fiscal piden frenar la excarcelación y condenar ejemplarmente a los criminales reincidentes, pero el sistema carcelario y penitenciario no tiene la capacidad para recibir más presos. Esto ha dado lugar a una situación crítica, evidente no solo en las cárceles, sino en las estaciones de policía y unidades de la Fiscalía que desde hace algunos años se convirtieron en centros de reclusión, como se puede constatar en las principales ciudades del país.

Hay que reconocer que este asunto no se resolverá en el corto plazo y menos con una nueva ley, como casi siempre se intentan arreglar los graves problemas del país.

Hacinamiento y excarcelaciones

Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. 
Foto: Presidencia de la República

A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos nacionales desde finales de los años noventa para enfrentar los problemas históricos del sistema carcelario y penitenciario, mediante la construcción de nuevas cárceles y cupos, el problema de hacinamiento persiste. A ello ha contribuido la expedición de una serie de leyes promovidas por estos mismos Gobiernos.

Con respecto a las disposiciones gubernamentales para contrarrestar esta crisis carcelaria, como se puede ver en la siguiente gráfica, son mayores las detenciones y encarcelamientos (en rojo), que la construcción de nuevas cárceles y cupos (en azul).

Hay que anotar que a este problema de hacinamiento se suman los escándalos de corrupción e ineficiencia administrativa y operativa de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como lo han destacado varios informes de la Contraloría y la Procuraduría en los últimos años y meses.           

Excarcelaciones e inseguridad

Tienen razón los alcaldes y el fiscal al considerar la excarcelación masiva de detenidos y la reincidencia delincuencial como una de las causas del aumento de la inseguridad en las ciudades (otra causa importante parece ser el aumento en el consumo de drogas que estaría induciendo un mayor número de hurtos, y es un problema de salud pública frente al cual en Colombia se está haciendo muy poco).

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, “el problema radica en dejar en libertad a criminales por cumplimiento de plazos. A la fecha han salido de la cárcel 5.000 personas en Colombia que estaban imputadas por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. El 20 por ciento de estos estaban acusados de violación sexual. Además, se han detectado 2.803 personas reincidentes”. 

De acuerdo con El Tiempo “En los últimos 22 meses 9.094 capturados tenían entre 2 y 4 detenciones previas. Otros 592 habían sido atrapados y quedado libres entre 5 y 6 veces en los últimos meses, mientras que 240 tenían de 7 a 10 anotaciones. Y otros 57 registran 11 o más capturas, varias de ellas en flagrancia, sin que ningún juez los hubiera puesto en prisión preventiva […]

…Pero no solo los ladrones profesionales son los que (sic) se benefician con la laxitud de la justicia. Los datos de la Fiscalía muestran que los seis delitos de mayor reincidencia son, en su orden, el hurto (28 por ciento), la fabricación y porte de armas (16 por ciento), el microtráfico (13,5 por ciento), la violencia intrafamiliar (7 por ciento), las lesiones personales (7 por ciento) y los homicidios (6 por ciento)”

Como se puede ver, las cifras respaldan la contundencia tanto de los argumentos expuestos por los alcaldes y el Fiscal como la de la posición del ministro de Justicia y del Gobierno nacional.

Discusión pública que solo alegra a los delincuentes

Captura por robos.
Captura por robos.  
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

A este debate en torno al problema de la excarcelación, la delincuencia y la crisis carcelaria le hacen falta propuestas, de modo que hasta el momento sus alcances y efectos han sido casi nulos.

En el caso de los alcaldes, en cuanto que miembros del sistema nacional penitenciario, si quieren que todos delincuentes acaben en la cárcel, tendrían que proponer, por ejemplo, contratos plan de inversión compartida con el Ministerio de Justicia, para la construcción o reconstrucción de cárceles en sus ciudades o en las regiones, lo que involucraría la inversión en otros municipios y en los departamentos. Pero solo la Alcaldía de Medellín está trabajando en esta dirección.

Así mismo, los alcaldes pueden apoyar las medidas alternativas de privación de la libertad, con sanciones como el trabajo comunitario, y también, a través de la policía, la vigilancia y control de la detención domiciliaria. Del mismo modo, debería garantizar la innovación y mantenimiento de los procesos de resocialización y reinserción social de los detenidos, y promover medidas intermedias de sanción antes de que los ciudadanos cometan delitos.

Para contribuir a solucionar los problemas de hacinamiento e inseguridad en el mediano y largo y largo plazo, los alcaldes también deberían comprometerse a desarrollar programas de prevención de la violencia juvenil y en la atención de aquellos que ya infringieron la ley penal. En esta línea, el Programa Forjar que atiende jóvenes que han cometido delitos sin necesidad de recluirlos, es un buen ejemplo que se viene ejecutando desde hace seis años en Bogotá y puede servir para replicarse en todas las ciudades de Colombia

Por su parte, las propuestas del fiscal general tendrían que ser debatidas y tramitadas en  el seno del Consejo Superior de Política Criminal, que en virtud de su composición es el escenario interinstitucional por excelencia para llegar a soluciones consensuadas en materia de justicia e inseguridad, incluyendo la política criminal y la política penitenciaria.

A su vez, al Ministerio de Justicia le corresponde seguir haciendo todos los esfuerzos para solucionar el problema carcelario y penitenciario con el INPEC, la USPEC y los alcaldes. Para que eso sea posible, en el mediano y largo plazo, debe solucionar los problemas de corrupción y de ineficiencia administrativa del INPEC y la USPEC, y además tiene que reconocer la necesidad de reconstruir por lo menos el 80 por ciento de los establecimientos carcelarios que son obsoletos y en algunos casos construir nuevos.

Al igual que el fiscal, el ministerio debe discutir los proyectos de ley en el Consejo Superior de Política Criminal antes de tramitarlos en el Congreso, para evitar una discusión pública innecesaria. Así mismo debe trabajar con el Consejo Superior de la Judicatura para que los jueces apliquen adecuadamente el procedimiento penal abreviado que estableció la ley 1826 del 2017.

Lo mejor que puede suceder en este momento es que, a instancia del Consejo Superior de Política Criminal, se reúnan los alcaldes, el fiscal y el ministro de Justicia para encontrar salidas consensuadas a estos graves problemas de seguridad y justicia. Resultará evidente que se requieren nuevos recursos y esfuerzos, pero si todos contribuyen en la atención de este asunto, es posible comenzar a solucionar los problemas y así evitar las discusiones públicas que solo satisfacen a los delincuentes.

* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.

 

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