Mientras el Gobierno se empecina en solucionar los problemas de seguridad con más policías, militares y reformas penales, el deterioro de las condiciones sociales ocasionado por la pandemia puede agravar aún más la inseguridad.
Hugo Acero Velásquez*
¿Cuál es el origen de la inseguridad?
Los indicadores de seguridad muestran que durante este año se agravó la inseguridad en la mayoría de las ciudades y regiones de Colombia.
Las razones: el aumento de las actividades de la delincuencia común, los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delictivos Organizados (GDO), los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), y el deterioro de la convivencia ciudadana en general.
Ante este panorama, se plantean las siguientes medidas:
- aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional;
- asistencia militar;
- reformas legales para aumentar las penas y agilizar los procedimientos;
- fortalecimiento humano, técnico y profesional de las instituciones de seguridad y justicia, y
- reforma de la Policía Nacional.
No obstante, estos esfuerzos son insuficientes si el Gobierno Nacional y los gobiernos locales no atienden el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país —agravadas por la pandemia—, situación que ha incrementado también las protestas sociales.
Los jóvenes son los más afectados y quienes pueden ser cooptados por organizaciones criminales. Actualmente, hay cinco alertas tempranas de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes.
Al final, el desempleo, la pobreza, la deserción escolar, el aumento del consumo de drogas y alcohol y los problemas de salud mental son factores que van a contribuir a que se siga manteniendo el incremento de la inseguridad y la violencia.
Además, los jóvenes son los más afectados y quienes pueden ser cooptados por organizaciones criminales. Actualmente, hay cinco alertas tempranas de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes en Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada. Así lo demostraron los recientes informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y la Fundación Pares.
Pobreza, desempleo y deserción escolar
Respecto de la pobreza, el desempleo y la deserción escolar, estas son las cifras más importantes:
- El DANE reportó a comienzos de este año que la pobreza había pasado del 35,7 % en 2019 al 42,5 % en 2020.
- Según Camilo Carreño, de Global Opportunity Youth Network, “en 2019 el promedio nacional de desempleo era 9,10 % y el de los jóvenes era del 18,7 %. En el 2020, el nivel llegó a 27,5 %. Pero la peor parte la llevan las mujeres jóvenes, con un desempleo del 31,7 %».
- En 2020, 3.628.013 personas dejaron de estar ocupadas. De estas, 902.903 eran jóvenes, es decir, el 31 %.
- La Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad estableció que en Bogotá el 52% de los jóvenes perdieron su empleo.
- Según el Índice de Pobreza Multidimensional publicado por el DANE, la inasistencia escolar pasó de 2,7 % en 2019 a 16,4 % en 2020. Especialmente en las zonas rurales donde pasó del 4,8 % al 30,1 %.
- A finales del año pasado la ministra de educación, María Victoria Angulo, señaló que “en 2020 un total de 243.801 estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, habían desertado del sistema educativo como consecuencia de la pandemia”. Este panorama puede ser peor cuando se retome la presencialidad casi total el año entrante.
Aumento del consumo de drogas y alcohol
El confinamiento, el distanciamiento social, la pérdida del empleo, la disminución de los ingresos y el fallecimiento de familiares por COVID aumentaron la soledad, la depresión, la incertidumbre, la ansiedad y, por tanto, el consumo de drogas y alcohol.
La Corporación Acción Técnica Social (ATS) adelantó una encuesta a 1.239 personas sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícita entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2020. La encuesta concluyó que las sustancias de mayor consumo durante los periodos de cuarentena son: marihuana (25 %), alcohol (19 %), café (14 %), cigarrillo (11 %) y té (8 %).
Estos resultados tienen relación con el aumento del microtráfico que se adaptó rápidamente a las medidas restrictivas de la pandemia. Incluso, la venta de drogas a domicilio, la búsqueda y enganche de nuevos consumidores, afectó especialmente a jóvenes, y algunos niños y niñas.
Deterioro de la salud mental
La pandemia —el aislamiento y los fallecidos— empeoró la salud mental de muchas personas. Según la Encuesta de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social:
- Alrededor del 52,2 % de los jóvenes presentaba entre uno y dos síntomas de ansiedad.
- Las mujeres jefas de hogar presentaron un aumento en el sentimiento de preocupación o nerviosismo del 49, 5%.
- La población de 10 a 24 años es la más afectada por la COVID-19, pues un 41,2% —el mayor porcentaje— ha sentido preocupación o nerviosismo.
- Han aumentado los intentos de suicidio y suicidios consumado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hubo un aumento de 157 fallecidos entre los meses de enero y agostode este año —en comparación con el mismo periodo de 2020—.
- Los problemas de convivencia aumentaron y se hizo más evidente la violencia intrafamiliar.
Inconformismo y protestas sociales
Durante los dos últimos años se transformaron y multiplicaron las protestas por demandas sociales.
En el 2019 y parte de 2020, antes de la pandemia, existía un comité de paro que aglutinó sindicatos, estudiantes, indígenas, distintas ONG y poblaciones diversas. En ese momento existía dirección y organización, un interlocutor reconocido y por todos y por el Estado para dialogar.
Con la llegada de la pandemia aparecieron manifestaciones espontáneas ligadas a las necesidades básicas, al empleo y a la violación de los derechos humanos por parte de algunos miembros de la Policía. Estas manifestaciones no tuvieron un interlocutor único y reconocido por todos, en especial por quienes protestaban.
Las protestas ocurrieron lejos de los sitios tradicionales de concentración y marchas. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, ya no se marcha hacia la Plaza de Bolívar. Las marchas se dividen en rutas y destinos diferentes, y después estas se vuelven a dividir. Esta modalidad de protesta se conoce como “marchas silenciosas”.
Esta nueva situación hace más difícil que las autoridades garanticen la seguridad de las marchas y el control del orden público, pues las marchas también son utilizadas por grupos violentos y delincuenciales que atentan contra la protesta legítima y pacífica.
En este contexto, se fortalecieron las “Primeras Líneas” que no son una organización de alcance nacional o municipal. En algunos casos, las Primeras Líneas son utilizadas por grupos delincuenciales y armados para sus propósitos.
¿Qué se puede hacer?
Adicional al incremento de la violencia y la delincuencia provocado por estructuras criminales organizadas y al deterioro de la convivencia, se esta ante problemas sociales —pobreza, desempleo, deserción escolar, aumento del consumo de drogas y alcohol, y salud mental— que pueden agravar aun más esta situación.
Se corre el riesgo de que muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, engrosen los grupos criminales.
Estos problemas sociales deben ser abordados con políticas que provengan del gobierno nacional y los gobiernos locales y deben contar con la participación y diálogo con las comunidades y el sector privado.
De no hacerlo se corre el riesgo de que muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, engrosen los grupos criminales; ejerzan acciones de violencia y delincuencia de manera individual, o consuman drogas.
Sobre la protesta social pacífica: es necesario defender y proteger los derechos ciudadanos; reconocer que la mayoría de las demandas que se hacen son justas, y que los gobiernos -Nacional y locales- deben solucionarlas a través del diálogo.
Como ahora no hay un único interlocutor, es preciso crear las mesas de diálogo que sean necesarias. Es necesario dialogar con los jóvenes sin cámaras, porque no quieren sentirse instrumentalizados a favor de intereses políticos. Reconocer que la gran mayoría de manifestantes son jóvenes y que algunos de ellos no tienen nada que perder: no tienen empleo, no tienen educación y no son atendidos por las instituciones de desarrollo social.
En este punto: o los gobiernos -Nacional y locales- les tienden la mano a los jóvenes, o acabarán en grupos armados y/o delincuenciales. Hay que dar respuesta, positiva o negativa, a lo que hoy están pidiendo los ciudadanos, pero primero hay que oírlos.
Finalmente, tanto en temas de seguridad y convivencia, como en los demás temas de desarrollo social y económico —educación, salud, recreación, deporte, cultura, movilidad, medio ambiente, infraestructura…— es necesario estimular e incentivar la participación de los ciudadanos y de las comunidades.
Una sociedad con amplia participación social y con buenas organizaciones sociales, es menos susceptible de sufrir hechos de violencia y delincuencia. Hay que fortalecer y crear más capital social para alcanzar un mayor desarrollo social y democrático.
