Sistema antidrones: esa platica se puede perder

Al analizar la cronología del proyecto antidrones denominado “Escudo de Defensa Nacional”, resulta imposible no percibir cierta improvisación que pone en riesgo los recursos que se van a invertir.

En el complejo mundo de las adquisiciones estratégicas para la defensa y la seguridad, la confianza representa un capital invaluable. Cuando Colombia convoca una licitación internacional para la adquisición de soluciones que le permitan enfrentar amenazas graves como el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales, no solo se presentan detalles técnicos y presupuestarios, también se pone a prueba la credibilidad institucional del país ante la comunidad internacional.

El gobierno de Gustavo Petro, afanado por los pésimos resultados de la seguridad en todo el territorio, está presionando por la compra rápida de un escudo antidrones por $6,2 billones, con una primera fase de $1 billón. Faltando solo seis meses para el fin de su gobierno, reconoce que la fuerza pública ha perdido la iniciativa operacional, que está a la defensiva y pretende demostrar, con la contratación de este escudo, que está a la vanguardia del problema. 

Una apuesta urgente que muestra improvisación y falta de estrategia

Esto, como siempre, es resultado de la improvisación, la reacción afanada y la ausencia de estrategia, planeación y análisis que ha caracterizado su política de seguridad. El desorden y la desinformación en el proceso de licitación lo confirman. 

Al analizar la cronología del proyecto antidrones denominado “Escudo de Defensa Nacional”, resulta imposible no percibir cierta improvisación que pone en riesgo los recursos que se van a invertir.

• La secuencia de eventos se inició con legitimidad el 29 de diciembre de 2025, cuando el presidente ordenó la adquisición inmediata de contramedidas ante el riesgo inminente para el personal militar, e hizo responsable de dicha misión al ministro de Defensa. 
• El 10 de enero de 2026, el ministro anunció el proyecto del Escudo y prometió su desvinculación directa para garantizar la transparencia. 
• El 16, en una sesión con más de sesenta empresas nacionales y extranjeras —junto a diplomáticos de aliados clave—, se establecieron protocolos claros: una interlocución técnica a través del Viceministerio de Estrategia y Planeación, liderado por Angélica Verbel, y un comité especializado bajo el esquema “Gobierno-Empresa”. El llamado fue a una competencia equitativa. En ese momento Turquía respondió ofreciendo su sistema Tolga de MKE.
• Sin embargo, las reglas de juego expuestas por el Ministerio de Defensa sufrieron un giro copernicano apenas cuatro días después. El viaje del ministro a Doha el 20 de enero, en el marco de la feria DIMDEX, y sus reuniones con proveedores específicos en esa latitud enviaron una señal confusa al mercado. El ministro Pedro Sánchez y el secretario de Industrias de Defensa de Turquía, Haluk Görgün, firmaron un acuerdo de cooperación técnica e industrial, que abarca áreas de defensa terrestre, naval y aérea, y días después la viceministra Verbel viajó a Turquía para detallar el acuerdo firmado, que posiblemente incluye el sistema antidrones ofrecido por ese país. 

Surge entonces la duda: ¿Siguen vigentes las reglas de “no contacto directo con el Ministro” impartidas en Bogotá, o existe un carril preferencial en el exterior? Para un observador externo, la simultaneidad de un discurso restrictivo en casa y una agenda abierta fuera de ella genera, cuando menos, perplejidad.

La situación alcanzó su punto de mayor complejidad el 27 de enero, en la plenaria del Senado. Durante el debate sobre la Emergencia Económica, no solo surgieron discrepancias aritméticas entre las carteras de Hacienda, Defensa y el Interior —con cifras que oscilan entre $1 billón, $4 billones y $6,3 billones publicadas en redes oficiales—, sino que también se materializó un cambio en la filosofía contractual. La mención ministerial de una preferencia por acuerdos “Gobierno a Gobierno” (G2G) que desplazan el modelo competitivo inicial y sitúan a Turquía como el único y posible país con el que se adquirirá el sistema antidrones.  

A esta turbulencia administrativa se suma un desafío técnico profundo. Informes de inteligencia revelan que los drones empleados por grupos ilegales no son dispositivos comerciales estándar: se desmontan y reconfiguran con componentes heterogéneos, evadiendo los sistemas de detección convencionales. Aún más alarmante, el acceso a modelos con fibra óptica los torna indetectables, como documenta El Tiempo (23 de enero de 2026), al exponer campos de entrenamiento y ensamble de drones con explosivos del ELN en el Catatumbo.

Entonces la pregunta que surge es si la tecnología que se va a adquirir a las carreras tiene en cuenta lo que revelan los informes de inteligencia, o si será un sistema limitado que no garantiza la seguridad de las tropas frente a drones modificados o modelos con fibra óptica.

No solo un contrato, urge una estrategia integral

La transparencia no consiste solo en publicar documentos, sino en mantener la coherencia entre lo que se dice, lo que se escribe y lo que se hace. Desde Washington hasta Helsinki observan atentamente: alterar las bases de competencia a mitad de proceso desalienta a empresas y gobiernos serios, lo que arriesga a adoptar soluciones no óptimas y erosiona la confianza en Colombia como socio fiable.

Este proyecto es más que una mera transacción financiera, requiere una arquitectura estratégica integral. Un escudo defensivo requiere un complemento ofensivo con drones, avalado por el Derecho Internacional Humanitario por su precisión selectiva frente a la artillería indiscriminada. La prioridad debe recaer en salvaguardar vidas en zonas críticas, por encima de cuarteles y oficinas ejecutivas en la capital.

Esta estrategia debe ser integral, no se puede reducir a la inversión en un tipo de tecnología como fórmula única para frenar las operaciones de los enemigos. La respuesta óptima debe desplegar una defensa en capas: regulación normativa para la paz y la guerra (incluidos usos ofensivos); detección mediante radares y sensores ópticos y acústicos; neutralización cinética y electrónica y protección activa con medios físicos como mallas antidrones (inspiradas en Ucrania), y protección personal, como escopetas de calibre 12, lanzadores de redes, inhibidores portátiles, drones interceptores y sistemas de interferencia masiva.

La construcción de nuevas capacidades para la lucha contra drones va más allá de la adquisición de nuevas tecnologías y debe incluir formulaciones respecto a doctrina, organización, material, personal, instalaciones, liderazgo, entrenamiento, mantenimiento y sostenibilidad. 

En materia ofensiva, a nivel de brigada, se podría contar con drones de altitud media y gran autonomía para funciones de vigilancia y coordinación. A nivel de batallón, podrían tenerse drones tipo hunter-killer (búsqueda autónoma y detonación sobre el objetivo), que combinan funciones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia con el ataque de precisión. A nivel de pelotón, se podría recurrir a munición merodeadora (drones como granadas inteligentes) y microdrones de defensa inmediata.  

La lógica de la operación ofensiva con drones se basa en el ciclo F3E (por su sigla en inglés: find, fix, finish, exploit). La función ‘encontrar’ implica mantener capacidades activas de observación y vigilancia frecuente, ‘fijar’ consiste en mantener una observación permanente sobre objetivos de alto valor. Una vez identificados los objetivos, se puede realizar la ‘neutralización’ de acuerdo con la lógica del contexto y las operaciones. Esto permite ‘aprovechar’ el escenario caótico para recopilar inteligencia, realizar capturas y preparar narrativas sobre el enemigo (guerra de información/operaciones psicológicas). 

Como se puede ver, este proyecto de compra del “Escudo de Defensa Nacional” todavía está en pañales, o de pronto el Gobierno ya tomó la decisión de adquirirlo a Turquía, con graves implicaciones en términos de recursos operativos. Tampoco se conoce, en términos de cooperación futura con EE.UU, las observaciones de este país sobre este asunto. En cualquier caso, los organismos de control tienen la obligación de vigilar este proceso, que a la fecha no es del todo claro y pone en riesgo esta importante inversión.    

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