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Quién responde por la impunidad

Escrito por Hugo Acero
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Hugo AceroPese a grandes inversiones, el sistema de seguridad y de justicia penal es muy ineficiente y la ciudadanía confía en él cada vez menos. Mientras se arma una cabeza con mirada integral y responsable, hay sin embargo cosas concretas y prácticas que pueden ayudar.  

Hugo Acero Velásquez*

No miramos al sistema

Cuando la inseguridad -o la percepción de inseguridad- aumenta en el país o en las ciudades, los medios y la ciudadanía no suelen responsabilizar al conjunto de las instituciones de seguridad y de justicia. Las críticas no se dirigen casi nunca hacia las fiscalías o ministerios públicos, ni hacia los jueces o las cortes, los congresos, los ministerios de justicia o los sistemas de privación de la libertad.

Más aún: muchas de las encuestas que se aplican en América Latina para evaluar “la victimización, la percepción de inseguridad y la confianza en las instituciones” prácticamente  se reducen a los dos primeros temas. La confianza ciudadana suele aludir sobre todo a las instituciones policiales, sin mirar a las demás entidades responsables de velar por la seguridad y la justicia.

Acciones estatales de seguridad y de justicia se ejecutan sin mayor coordinación, siendo así que por su naturaleza estas varias tareas no deberían  separarse. 

Otro tanto sucede al formular las estrategias del Estado en estas materias, que casi siempre distinguen entre los planes de seguridad ciudadana y las políticas criminales, como si en la vida real pudieran separarse las tareas de prevención, vigilancia, disuasión, detección de conductas delincuenciales, persecución, detención, entrega de los presuntos infractores al poder judicial, juzgamiento, absolución o condena, privación de libertad, resocialización y reintegración a la sociedad de quienes cumplan la pena respectiva. O sea que las acciones estatales de seguridad y de justicia se ejecutan sin mayor coordinación, siendo así que por su naturaleza estas varias tareas no deberían  separarse.

Nadie se hace responsable

Capturados por la fiscalía sindicados de narcotráfico.
Capturados por la fiscalía sindicados de narcotráfico.
Foto:  Policía Nacional de los Colombianos

Frente al fenómeno creciente de la impunidad y la falta de confianza en la justicia no hay quien responda en Colombia, no hay quién rinda cuentas, ni quién se haga responsable de la mala situación. Dirán algunos que la culpa es de los presidentes de las altas cortes, del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal, del ministerio de Justicia,  de la Procuraduría y del  Congreso es decir, de todos: nadie, en otras palabras, es responsable de la crisis de la justicia que afecta el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

Los resultados de las encuestas que tocan tangencialmente este problema no suelen ser objeto de análisis o controversias y ninguna institución responde por los mismos. Por ejemplo la más reciente encuesta Gallup (julio de 2015) comparada con mediciones anteriores de la misma firma muestra cómo la opinión desfavorable de la  ciudadanía sobre el sistema judicial se duplicó con creces en uno pocos años, pues pasó del 35 por ciento en julio de 2008 a 83 por ciento en diciembre de 2014 y a 74 por ciento en la actualidad. Así se puede ver en la siguiente gráfica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte los Programas Cómo Vamos  que levantan encuestas desde hace algunos años en catorce ciudades de Colombia muestran cómo, en promedio, solo el 13 por ciento de los ciudadanos cree que existe una alta probabilidad de que los delitos sean sancionados, – o sea que el 87 por ciento de la gente no cree que “vaya a haber justicia”. De aquí resultan un gran riesgo para los ciudadanos y un alto  incentivo para los delincuentes. Pero nadie comenta ni discute estas cifras preocupantes, ni muchos menos se hace responsable de ellas.

En resumen: la justicia es ciega y además es huérfana. 

Violencia homicida e impunidad

Hace algunos días El Tiempo difundió parte de los resultados de un trabajo de la Fiscalía sobre los niveles de impunidad que rodean al homicidio. Según este reporte, “en 2008 el porcentaje de condenados fue del 2,2% (del total de denunciados, no solo de los imputados); el año pasado (2014) fue de 9,1 %”, es decir apenas casi uno de cada 10 homicidas acaba en la cárcel, una cifra muy baja si se compara con Estados Unidos, Canadá, Chile y países europeos, donde esta tasa supera el 50 por ciento.

Quienes se han ocupado de estudiar el fenómeno de la impunidad y de formular propuestas de política suelen poner el énfasis sobre dos tipos de factores: las dificultades de carácter legal y las reformas necesarias de los códigos, o la falta de recursos del sector y la necesidad de mejorar su financiamiento (1).

Sin embargo el problema no radica en la falta de recursos sino más bien en la poca eficiencia del gasto, como muestra el estudio de Sergio Clavijo. Colombia, igual que  Brasil,  es un país con una alta tasa de homicidios (34 por cada 100.000 habitantes en 2008) y al mismo tiempo con un alto porcentaje de su PIB dedicado a la justicia. El Gráfico siguiente nos compara con otros varios países de las Américas:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como explica Clavijo, “Colombia y Brasil se ubican en el cuadrante de asignaciones de gasto por encima de la media, lo cual denota una elevada ineficiencia. Argentina, Chile, Perú y Uruguay se ubican en el área de pocos homicidios y poca asignación de gasto, mientras que Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay muestran alto gasto y pocos homicidios (en términos relativos) a los de Colombia y Brasil”.

Este mismo estudio situó al sistema judicial colombiano en un nivel de eficiencia bajo, con una tasa de encarcelamiento de 170 por cada 100.000 habitantes y con la tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, como se puede ver en el siguiente cuadro:

La situación había cambiado un poco en 2014, con 116.000 ciudadanos privados de la libertad, pero nuestro sistema judicial se mantiene en el nivel de eficiencia bajo, con 243 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes y con 26,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Qué hacer sin responsable, sin reformas y con pocos recursos.

Audiencia de imputación de cargos en el Tribunal Superior de Bogotá.
Audiencia de imputación de cargos en el Tribunal Superior de Bogotá.
Foto: Fiscalía General de la Nación

En esta época de austeridad en el gasto público y de pocas posibilidades de tramitar una reforma a la justicia racional y funcional, los gobiernos, el nacional y los locales, podrían emprender algunas acciones inmediatas para reducir la impunidad y, antes que eso, la comisión de delitos:

  • Hoy algunas autoridades aseguran que existe un serio problema en el proceso de “judicialización” de los delincuentes capturados. Normalmente se afirma que las pruebas entregadas no son suficientes o que técnicamente están mal recolectadas. Para solucionar este problema habría que capacitar mejor a los policías para manejar  la escena del delito y para recolectar pruebas, llevando esta capacitación a otras instituciones con la función de “primeros respondientes”, como decir los agentes de tránsito, los funcionarios de servicios de salud o los bomberos.

En algunas ciudades, como Barranquilla, conservando la independencia de los poderes, los jueces capacitan a los policías en la recolección adecuada de las pruebas. Además el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura asiste al Consejo de Seguridad para mejorar el trabajo interinstitucional frente al delito, con el fin de hacer más eficiente la aplicación de justicia.

En resumen: la justicia es ciega y además es huérfana.  
  • No todas las ciudades y municipios pueden financiar costosos laboratorios de criminalística, pero es posible dotar a estas instituciones de los elementos primarios para llevar a cabo sus tareas de una mejor manera. Por ejemplo: vehículos, computadores, cámaras fotográficas y de video, cinta para aislar la escena del delito, bolsas para recoger pruebas, guantes y similares, elementos esenciales y que hoy en la mayoría de los casos no se tienen.
  • La Policía, la Fiscalía, los alcaldes y demás autoridades municipales deben concentrar esfuerzos para reducir los homicidios y lesiones personales en los sitios, días y horas donde o cuando son más frecuentes. Los viernes, sábados y domingos, y en horas de la noche se concentran estos hechos; sin embargo en la gran mayoría de los municipios (por no decir en todos) es entonces cuando hay menos policías disponibles, cuando casi no hay fiscales y cuando los jueces desaparecen, porque el trabajo de estas entidades se produce entre lunes y viernes y en horario diurno.

Para remediar la situación podrían aplicarse medidas intermedias, como la retención transitoria por 24 horas de quienes, además de ponerse en riesgo, afecten la seguridad y convivencia de los ciudadanos, como se está haciendo en Barranquilla, donde esta medida ha dado buenos resultados. Durante el primer semestre de este año se redujeron las riñas en un 48 por ciento y las lesiones personales en un 37 por ciento. Todo esto sobre la base de la Sentencia 720 de 2007 de la Corte Constitucional. 

Estas y otras medidas de formación, dotación y prevención pueden ayudarnos a reducir la impunidad, así como la congestión de la justicia, mientras se crea una instancia dentro del sistema judicial que responda por los resultados, exista la voluntad verdadera de elevar la eficiencia de la justicia y se cuente con recursos para mejorar los eslabones críticos del sistema, como el de privación de la libertad que definitivamente colapsó y no tiene una solución a corto plazo.

Nota de pie

Así  opinan entre otros: Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada, Criminalidad en Colombia, 1994; Mauricio Rubio, Costos de la violencia en Colombia, 1997;  Sergio Clavijo, Costos y eficiencia de la Rama judicial en Colombia; políticas de choque operativo, 2010, y Andrés Dávila, Justicia e impunidad en Colombia: reflexiones a propósito de una reforma ¿fallida?, 2012.

*Sociólogo de la Universidad Nacional y experto en seguridad ciudadana.

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