Un nuevo ciclo de violencia homicida

Hoy estamos ante un nuevo ciclo de incremento de la violencia homicida en Colombia que comenzó en 2021, al pasar de 11.326 homicidios en 2020 a 14.120 en 2024, y este año se van a superar los 15.000 homicidios.

En los últimos cinco años, la violencia homicida en Colombia no ha dejado de crecer. Un nuevo ciclo de violencia que ha pasado inadvertido y podría seguir creciendo sin que las autoridades de seguridad y justicia hayan hecho lo que corresponde para detenerlo.

Son varios los ciclos de violencia que ha conocido el país en los últimos 65 años. Entre los años 1960 y 1980 se registró cierta estabilidad en esta materia, que pasó de 7.380 homicidios en 1958 a 8.054 en 1979. 

Durante la década de los 80 y parte de los 90 los homicidios se incrementaron, llegando a 28.284 casos en 1991. Violencia asociada al crecimiento y el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali; al nacimiento de los primeros grupos de paramilitares financiados por los carteles de la droga, como Muerte a Secuestradores (MAS), y al accionar fuerte de más de ocho grupos guerrilleros, en especial de las FARC y del M-19. 

En los años 1992 y 1993, tras la desmovilización de varios grupos guerrilleros, se logró estabilizar el comportamiento de este delito, se mantuvo la cifra de homicidios por encima de 28.000 y fue a partir de 1994 cuando se comenzó a reducir el homicidio, llegando a 23.209 en 1.999, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, la desarticulación del Cartel de Medellín y la entrega y extradición de los líderes del Cartel de Cali en1996, como se puede ver en la siguiente gráfica: 

Esta importante reducción se interrumpió y los homicidios volvieron a incrementarse después del año 2000 con el crecimiento, la presencia y el accionar violento de grupos paramilitares en gran parte del territorio nacional y en algunas ciudades a finales de siglo y la concentración del gobierno de Andrés Pastrana en el proceso de paz con las FARC, con amplias prerrogativas para este grupo.   

A partir del año 2003 se registró una importante disminución de los homicidios, solo interrumpida en el año 2009 con la reorganización de los distintos grupos paramilitares y mafiosos, tras la extradición de los líderes paramilitares a Estados Unidos en 2008 y después de la pandemia en 2021, cuando se inició un nuevo ciclo de violencia que llega hasta finales de este año, si se tiene en cuenta el incremento de los homicidios del 8,3% que se registra hasta el mes de octubre, comparado con el mismo período del año anterior, según los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Hoy estamos ante un nuevo ciclo de incremento de la violencia homicida en Colombia que comenzó en 2021, al pasar de 11.326 homicidios en 2020 a 14.120 en 2024, y este año se van a superar los 15.000 homicidios, que representaría una tasa cercana a 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa de 2020, que se ubicó en 23,9. 

Una violencia creciente y cada vez más estructural

En las últimas dos décadas, la violencia homicida es cada vez más estructural, ligada mayoritariamente al crimen organizado, a grupos armados ilegales y a la delincuencia común, que representan el 75% de los casos; es decir, tres de cada cuatro homicidios por delincuencia y el 25% por temas de convivencia.

El sicariato en Colombia creció en 40%, al pasar de 5.920 casos registrados en 2015 a 8.907 en 2024, y en lo que va corrido de este año, hasta el mes de agosto, se registraban 6.035 personas asesinadas bajo esta modalidad, que está relacionada con estructuras delincuenciales organizadas asociadas a las distintas rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, la trata de personas, la extorsión, entre otras.

Este incremento del sicariato y otras modalidades ha incidido en el aumento del homicidio en el país. Según las cifras que reporta mes a mes el Ministerio de Defensa, los homicidios aumentaron en 9,5% en los últimos diez años, y entre enero y noviembre de este año, el incremento es del 2%, comparado con el mismo período del año anterior, cifra que no coincide con la reportada por el Instituto de Medicina Legal, que registra un incremento cercano al 8% en ese mismo período. 

¿Qué hacer frente a este nuevo ciclo de violencia homicida?

Primero, el presidente debería trabajar coordinadamente con todos los gobernadores y alcaldes del país, no solo con los mandatarios locales afines a su gobierno. Creo que esto no se va a dar en lo que resta de este gobierno.

Segundo, todas las autoridades de seguridad, de justicia y de control público deben trabajar por recuperar la confianza de los ciudadanos, que está en los más bajos niveles históricos. Esa confianza solo se recupera trabajando y entregando resultados en materia de seguridad y justicia que los ciudadanos requieren.

Tercero, en lo que tiene que ver con los homicidios, se requiere aumentar el nivel de esclarecimiento de este delito, que en algunas ciudades está en el 40%; apenas se conocen cuatro de cada diez homicidas, es decir, se sabe quién los cometió, pero en un buen número de casos no se tiene al posible homicida detenido y por eso se habla de una alta tasa de impunidad, que podría superar el 90%. Para ello, se requiere incrementar sustancialmente el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito. 

Cuarto, hay que identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos sin que, hasta ahora, hayan sido detenidos ni judicializados. 

Quinto, hay que trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades afectadas. En los barrios y territorios no existe impunidad, los ciudadanos saben quién mata, roba y comete otros delitos y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentran la violencia y la delincuencia, en los que, además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social, con una amplia participación de las comunidades.  

Sexto, hay que combatir el comercio ilegal de armas de fuego, ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en las ciudades y territorios.

Séptimo, hay que fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se generan en estos establecimientos no se arreglan solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción y la ineficiencia del Inpec y de la Uspec, y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país. Hoy, más del 80% de los establecimientos carcelarios no son adecuados y, en la gran mayoría, se violan los derechos humanos.

Octavo, hay que ejecutar acciones contundentes contra las estructuras criminales organizadas nacionales y transnacionales, en el marco del Estado de derecho. En esta línea, más que aumentar el número de miembros de la fuerza pública, hay que incrementar el número de servidores públicos especializados de la Policía y de la Fiscalía en labores de inteligencia e investigación criminal.  

Noveno, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, generar capital social, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con un programa de justicia cercano a los ciudadanos.

Décimo, hay que recuperar la inteligencia estratégica de la fuerza pública para enfrentar esta violencia y la delincuencia estructural, ligada a organizaciones criminales nacionales y transnacionales que se disputan las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el comercio ilegal de armas y el contrabando.   

Le recomendamos: Drones: de la defensiva a la ofensiva