A pesar de las buenas intenciones, preocupan la falta de mecanismos de gestión y coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, el poco alcance de las metas y el silencio sobre el grave problema carcelario. Y sin embargo existen soluciones.
Hugo Acero Velásquez*
Problemas a la vista
Al hacer una primera lectura de nuevo Plan Nacional de Desarrollo se tiene la impresión de que, en materia de seguridad y justicia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo un trabajo juicioso para identificar programas o proyectos que pueden responder a los distintos problemas que el país tiene en estos dos campos. Y sin embargo surge la inquietud de cómo se irán a concertar y a ejecutar estas medidas para lograr el impacto y la sostenibilidad deseables.
Entre los problemas específicos destaco los siguientes:
- El Plan no diferencia entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional,
- Las metas no son tan ambiciosas como deberían, y no se ofrecen soluciones para problemas que afectan gravemente la seguridad y la justicia (como el hacinamiento carcelario); y
- No se prevén mecanismos de evaluación y seguimiento distintos de las cifras oficiales. Por ejemplo – y a pesar de que la victimización es el indicador más confiable en estos temas- no se prevén encuestas de victimización, percepción y confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. La confianza ciudadana solo se gana con buenos resultados, cuando la gente se siente más segura y cuando la justicia funciona como debe.
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¿Quién manda?
Pero ante todo preocupa la manera como el Estado nacional, departamental y municipal gestionarían de modo coordinado estos servicios.
Es innegable que Colombia ha avanzado en materia normativa y de gestión de la seguridad y la justicia, pero son distintas las instituciones con responsabilidades sobre estas materias y no existe una adecuada coordinación entre ellas.
Por ejemplo en materia de seguridad ciudadana intervienen los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Policía Nacional, la Fiscalía General, los jueces penales, el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y los alcaldes y gobernadores, que tienen que relacionarse con cada institución de manera independiente para abordar los problemas en sus jurisdicciones.
La confianza ciudadana solo se gana con buenos resultados, cuando la gente se siente más segura y cuando la justicia funciona como debe.
Cabe anotar que el gobierno Santos I avanzó en el diseño y ejecución la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sin embargo no está claro si esa política sigue estando en vigencia, sobre cuál sea la entidad responsable de su seguimiento, dado que desapareció la Consejería, o sobre su relación con los programas y proyectos que presenta el nuevo Plan de Desarrollo en su aparte sobre “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz”.
En medio de esta descoordinación parecería que cada ministerio o entidad del orden nacional hubiera llevado al DNP sus programas y proyectos para ser incluidos en el Plan, y que su ejecución y seguimiento se haría directamente con el DNP– no ya en el marco de una política integral coordinada por una instancia superior (como decir el anunciado Ministerio de Seguridad Ciudadana).
Bajo estas circunstancias, más que programas separados, hoy se requiere una arquitectura institucional que los integre y oriente a partir de la revisión, ajuste y actualización permanente de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El Plan que cursa en el Congreso es todavía una buena oportunidad para definiciones sobre las estrategias a seguir durante el posconflicto, y un buen momento para delimitar – en lo posible- las responsabilidades en materia de seguridad y defensa nacional de aquellas otras atinentes a la seguridad ciudadana, que a su vez debe incluir la seguridad de las áreas rurales, pues “ciudadanos” somos todos los colombianos.
 El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, en la Base Militar de Tolemaida. Foto: Ashton Carter |
Cinco modos de coordinar los esfuerzos
Si el Gobierno Nacional abandonó la discusión en torno al Ministerio de Seguridad y si la salida no es fortalecer al Ministerio del Interior para que asuma los temas de convivencia y seguridad ciudadana, quedarían tres opciones para gestionar de manera coordinada las acciones que propone el nuevo Plan de Desarrollo:
- Que el presidente de la República asuma el liderazgo en este tema, exponga claramente las responsabilidades de las instituciones involucradas, actualice la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana y, a través de consejos de seguridad mensuales, haga seguimiento y pida cuentas.
- Que el presidente le asigne al Ministerio de Defensa la tarea exclusiva de elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a la política de defensa y seguridad nacional; y que a otra instancia, creada para tal fin, como al Ministro Consejero para el postconflicto (o al Ministerio del Interior) le asigne la tarea de actualizar, ejecutar y hacer seguimiento de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en coordinación con las instancias de seguridad y justicia involucradas en estos temas (Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, DNP, ICBF, etc.).
- Que el Congreso faculte al presidente para organizar y adecuar los sectores de defensa, seguridad nacional y seguridad ciudadana a las necesidades presentes y del posconflicto.
Los gobiernos locales
Bajo cualquiera de las opciones anteriores habría que contemplar la participación activa de los gobernadores y alcaldes, pues sin ellos y sus administraciones es muy difícil sostener los buenos resultados que hasta ahora se han logrado (particularmente la reducción de la tasa de homicidios que se registra desde el 2003), o para enfrentar un eventual aumento de la violencia y la delincuencia tras la desmovilización de los grupos guerrilleros.
Otras propuestas en esta línea son:
- Involucrar y capacitar desde ya a los alcaldes y gobernadores (como también a los candidatos en las elecciones de Octubre) para asumir sus responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana.
- Concentrar esfuerzos en los municipios y departamentos donde tienen presencia los grupos armados ilegales. Si se produce la desmovilización de algunos de esos grupos, los mandatarios locales podrían coordinar el proceso con el gobierno nacional, y cumplir las tareas asignadas para el manejo adecuado del posconflicto.
- Dentro del marco de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana actualizada y los problemas propios de cada municipio, departamento o región, los entes territoriales deben tener recursos ciertos y suficientes para diseñar y ejecutar sus respectivas políticas de seguridad y convivencia.
El Plan del Desarrollo asegura que hoy “el país cuenta con 836 Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipales (equivalentes al 74 % de los municipios del país) y 32 departamentales enmarcados en los lineamientos fijados por la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Y sin embargo se puede asegurar que el 95 por ciento de esos planes no tienen recursos para ser ejecutados y fueron elaborados para cumplir con un requisito legal que se les exige a los gobiernos locales.
El problema carcelario
Cuando el Plan de Desarrollo menciona retos en materia de seguridad ciudadana, generalmente alude a actores delincuenciales, como los grupos armados o las bandas criminales, o algunos delitos, como los hurtos o la extorsión.
Colombia sin embargo tiene un problema sin solución a la vista que repercute directamente sobre la violencia y la inseguridad: el hacinamiento y la obsolescencia del sistema de privación de la libertad.
El paro reciente de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) dejó en claro que las realidades de hacinamiento, falta de control estatal sobre las cárceles, graves problemas administrativos, indisciplina y la capacidad de los sindicatos de guardianes para bloquear el ingreso de nuevos presos están afectando la seguridad de los ciudadanos, sin que el Estado tenga un plan para retomar el control y atender los problemas de fondo.
Los entes territoriales deben tener recursos ciertos y suficientes para diseñar y ejecutar sus respectivas políticas de seguridad y convivencia.
En este campo el nuevo Plan de Desarrollo hace lo mismo que han hecho las anteriores administraciones: aumentar los cupos, lo cual en muchos casos significa construir celdas en las cárceles actuales, sacrificando espacios destinados a la atención y resocialización de los internos es decir, agravando aun más el problema.
Finalmente, en lo que tiene que ver con las metas en materia de seguridad, comparto la opinión de Juan Carlos Garzón cuando escribe que “El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 apuesta por lo bajo por la mejora en los indicadores de seguridad y convivencia. Si todo sale como propone el proyecto, en los próximos cuatro años la tasa de hurtos a personas disminuiría en un 4%, al igual que ocurriría con el número de hurtos al comercio. A su vez, la tasa de extorsiones descendería 9% y el hurto a residencias en un 10%. En el período 2010-2014, la tasa de hurtos a personas aumentó en 43%, la tasa de extorsión 243% y el hurto a entidades comerciales 55%. ¿Por qué plantear descensos tan limitados para los próximos cuatro años, cuando las alzas han sido tan notables?”.
Es decir, se hace una costosa inversión y se esperan pocos resultados.
* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
