Al confundir autonomía universitaria con territorio vedado, la Policía y la Fiscalía dejaron de cumplir con sus deberes. Las directivas son incapaces de atajar el crimen en los campus. Pero hay salidas y hay buenos ejemplos.
Hugo Acero Velásquez*
Sin respuesta
Tras la publicación de una nota titulada “Delincuencia en la Universidad de Antioquia está fuera de control” [1] en la Revista Semana el pasado 23 de junio y las respuestas del rector Alberto Uribe Correa al periódico Alma Mater [2], es preciso preguntarse quién tiene la razón y qué está pasando en materia de seguridad en las universidades públicas. ¿Por qué no se dieron por aludidas con este artículo, a pesar de tener problemas similares?
 Hechos contundentes que ponen en evidencia el deterioro de la seguridad dentro de la Universidad de Antioquia. Foto: lenguajeycomunicacionudea.blogspot.com |
¿Qué puede hacer el Estado para garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos que frecuentan estas instituciones, cuya población puede superar la de la mayoría de los municipios colombianos? Resulta curioso que hasta ahora nadie niega los hechos descritos, pero tampoco se da una respuesta clara a las preguntas de Semana. Hechos contundentes que ponen en evidencia el deterioro de la seguridad dentro de la Universidad de Antioquia se describen en los siguientes apartes:
- “El martes 5 de junio, a las 6:30 de la tarde, cinco encapuchados se robaron dos computadores de la portería de ingreso de visitantes.
- Días antes, el 25 de mayo, a las 8:30 de la noche, 12 encapuchados se tomaron el Instituto de Educación Física, intimidaron a un profesor, quebraron los vidrios y entraron a la biblioteca, donde arrojaron al suelo las estanterías con libros.
- Una semana antes de este incidente, un grupo de encapuchados entró con papas bomba y armas a la Librería Universitaria y saqueó la caja.
- Después, se robaron todo el producido del restaurante Punto Gourmet.
Esta ha sido la situación constante desde hace tres años. La pregunta es quiénes están detrás de estas capuchas. ¿Son delincuentes comunes que encontraron un botín dentro del campus? ¿Son jóvenes subversivos sin mando? ¿O son paramilitares que usan estos excesos para desprestigiar a sus tradicionales adversarios de izquierda? Estas son las tres hipótesis que se barajan en la Universidad”.
“Las protestas también cambiaron. Ahora empiezan los tropeles sin motivaciones políticas y ya no se escuchan (sic) discursos de los encapuchados. Las caras ocultas empezaron a usarse para robar. Esto se volvió recurrente desde una manifestación el 19 de febrero de 2008, cuando un grupo de jóvenes con rostros tapados ingresó a un bloque y se robó un videobeam (sic). El inusual hecho motivó una reunión del Consejo Académico en la que el rector, Alberto Uribe Correa, no dudó en sentenciar que "robos, consumo y distribución de drogas son actividades conexas".
Un rector acosado y confundido
No le falta razón al Rector cuando asegura que “La Universidad de Antioquia es víctima y no generadora de violencia” y más específicamente “es víctima de la delincuencia organizada”. “De las acciones nefastas de la delincuencia contra la Universidad de Antioquia no se han salvado ni estudiantes, ni profesores, ni empleados, ni tampoco los gremios o entidades como la Cooperativa de Profesores o un proyecto estudiantil que combina lo académico y el servicio de alimentación como es Punto Gourmet. Después de cada ataque, la Universidad instaura la respectiva denuncia. El balón está en el campo de las autoridades que deben identificar, judicializar y condenar a los delincuentes porque contra la Universidad están actuando a mansalva y sobre seguro.”
 La pregunta es quiénes están detrás de estas capuchas. ¿Son delincuentes comunes que encontraron un botín dentro del campus? ¿Son jóvenes subversivos sin mando?Foto: juanda1990.blogspot.com |
También tiene la razón cuando señala que corresponde a las autoridades de seguridad y justicia, y más específicamente a la Policía, la Fiscalía y a los jueces, realizar las tareas de identificar, detener, judicializar y condenar a los delincuentes que actúan en las universidades. Solo se equivoca cuando asegura que “Nosotros como autoridades académicas no podemos detener a nadie que esté delinquiendo en el campus. Tampoco lo puede hacer un miembro de la vigilancia. Si lo hiciese, la justicia lo procesaría a él y no al delincuente por usurpación o extralimitación de funciones”.
De acuerdo con las leyes vigentes en Colombia, cualquier ciudadano puede actuar frente a un hecho delincuencial, inclusive detener y entregar a las autoridades competentes a los posibles autores, todo en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos.
No solo la Universidad de Antioquia
Lo que hoy está sucediendo en la Universidad de Antioquia es pan de cada día en la mayoría de las universidades públicas, donde desde hace años han sufrido y soportado hechos delincuenciales como la venta y distribución de droga — de hecho, son reconocidas en cada ciudad como las mejores “ollas”—, venta y consumo de licor, hurtos de autopartes, de computadores, de equipos e implementos de los estudiantes, de equipos de laboratorios e implementos de las universidades, mediante asaltos perpetrados por bandas organizadas. Estos hechos representan pérdidas por varios cientos de millones de pesos al año.
Las ventas ambulantes también son explotadas en muchos casos por grupos delincuenciales que cobran por los espacios donde se ejerce esta actividad —verdaderas mafias— tal como sucede en las calles de nuestras ciudades.
Cada vez resultan más frecuentes hechos de violencia interpersonal (lesiones, inclusive asesinatos) que afectan la seguridad, la convivencia y la libre expresión de los estamentos universitarios. Resultan muy comunes las agresiones verbales, las amenazas y el “tropel por el tropel” que afecta el desarrollo normal de las actividades universitarias.
Estos problemas de seguridad —que las autoridades no niegan— no están recibiendo el manejo más adecuado. Ciertas universidades, más que otras, han hecho esfuerzos meritorios, pero no han sido suficientes y en muchos casos no han contado con la participación decidida de las autoridades de seguridad y justicia, quienes tienden a considerar los campus universitarios como espacios extraterritoriales, por fuera de su jurisdicción.
Algunos estamentos universitarios incluso confunden la autonomía administrativa y académica y creen que en estos territorios efectivamente los organismos estatales de seguridad y justica no pueden actuar. Es como si en estos espacios se suspendiera la aplicación de la Constitución y de las leyes en materia penal y de policía.
Circunstancias agravantes
En las universidades públicas, la gestión administrativa de los temas de convivencia y seguridad se caracterizan por una combinación de circunstancias agravantes:
- Plataformas institucionales inadecuadas, donde la indefinición de responsabilidades, la falta de coordinación, la información insuficiente e imprecisa y la carencia de una política integral en estas materias constituyen un caldo de cultivo propicio para la delincuencia y la inseguridad.
- Desconocimiento, insuficiencia y falta de aplicación de las normas que regulan los comportamientos dentro de la universidad y de las leyes que regulan los comportamientos ciudadanos.
- Perfil inadecuado de los profesionales que tienen a su cargo los temas de convivencia, seguridad y bienestar en la universidad.
- Baja capacidad humana y técnica de las instancias de vigilancia y seguridad.
- Actitudes culturales arraigadas que propician la inobservancia de las normas y el irrespeto de las autoridades legítimamente constituidas.
- Falta de mantenimiento, entornos internos y externos descuidados, el ambiente típico provocado por el “síndrome de la ventana rota”, que afecta la convivencia y la seguridad.
- Sistemas inadecuados de manejo de crisis.
- Una relación inexistente entre bienestar, convivencia y seguridad.
- Déficit de equipos, sistemas electrónicos, cámaras de televisión, control de accesos, detección y control de incendio y de monitoreo, entre otros [3].
Esta perversa combinación de problemas internos de las universidades se agudiza cuando las autoridades de seguridad y justicia consideran que los problemas de inseguridad en el interior de los campus deben ser solucionados por las propias universidades.
 Las ventas ambulantes también son explotadas en muchos casos por grupos delincuenciales que cobran por los espacios donde se ejerce esta actividad —verdaderas mafias— Foto: Unimedios |
En este caso, cuando se trata de grupos del crimen organizado — que venden droga, actúan en grupos armados y cometen claras acciones criminales — la responsabilidad recae sobre la Policía y la Fiscalía, quienes deben asumir esta tarea en el marco del Estado de Derecho mediante labores de investigación criminal y de inteligencia.
No se puede confundir intervención con ocupación territorial de los campus universitarios por parte de la Policía: se trata de una labor profesional en coordinación con la Fiscalía y con las propias directivas universitarias, para identificar, recoger las pruebas de vinculación de algunas personas con grupos al margen de la ley, detenerlos y ponerlos a disposición de los jueces.
Salidas y ejemplos replicables
Si las alcaldías, las autoridades de seguridad y justicia y las propias directivas universitarias reconocen que los campus universitarios no son territorios donde todo vale, si cada una asume lo que le corresponde en materia de seguridad y convivencia y se trabaja en equipo de manera permanente, es posible solucionar los problemas de violencia y delincuencia que hoy afectan a la mayoría de las universidades públicas.
 No se puede confundir intervención con ocupación territorial de los campus universitarios por parte de la Policía Foto: mecedor.blogspot.com. |
Valiosas experiencias permiten aprender a desarrollar estrategias exitosas [4]: tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)[5], donde conviven a diario más de trescientas mil personas entre docentes, administrativos, estudiantes y visitantes. La UNAM, a través de la Dirección General de Servicios Generales, atiende la seguridad de los ciudadanos y del claustro universitario las 24 horas del día y los 365 días al año [6]. Para desarrollar esta tarea se cuenta con una infraestructura adaptada racionalmente para responder a las exigencias de semejante población:
- Central de Atención de Emergencias y seguridad [7] enlazada con las siguientes áreas: mandos, vigilancia, bomberos, urgencias y ambulancias del Centro Médico Universitario, unidad de apoyo jurídico, estacionamientos controlados, así como con las agencias policiales y del ministerio publico especializadas para la atención de la comunidad universitaria. Cuenta con un equipo receptor del sistema de alarma sísmica, enlazado al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
- Central de Atención Telefónica (CAT), que atiende los requerimientos de la comunidad universitaria, en menos de tres minutos, las 24 horas, los 365 días del año, poniendo a disposición de la comunidad universitaria las siguientes instalaciones y equipos:
- 206 postes de emergencia.
- 343 teléfonos amarillos colocados dentro de las instalaciones de la UNAM.
- Marcando al 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
- Un Centro de Monitoreo del todo el campus mediante cámaras de video, ubicadas en sitios estratégicos.
- Un Departamento de Sistema de Análisis de Incidentes e Ilícitos (SAIIUNAM).
- Grupos especiales de reacción, disuasión y persecución, encargados de prevenir y actuar en situaciones de flagrancia que afecten el orden y la seguridad de la comunidad universitaria.
- Operativos donde participan todas las áreas de la Dirección General, para combatir el consumo, venta y/o distribución de bebidas alcohólicas y de estupefacientes entro del campus.
El equipo es dirigido por un sociólogo, quien lidera un grupo de profesionales expertos que trabaja en coordinación estrecha con las autoridades del Distrito Federal, las Policías de Ciudad de México y Federal, y el Ministerio público.
Esta experiencia demuestra que no existe contradicción entre autonomía universitaria y seguridad de los ciudadanos, que los campos universitarios no están vedados a las autoridades de seguridad y justicia y que se puede trabajar en equipo en donde cada institución estatal hace lo que le corresponde de la manera más profesional.
En la UNAM la constitución, las leyes y los reglamentos de los estamentos universitarios sí existen y se aplican. Lo que falta en Colombia es más decisión y autoridad.
* Sociólogo de la Universidad Nacional. Experto en seguridad ciudadana.