¿Disminuir el tamaño de las Fuerzas Armadas?
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Con las tasas delictivas y las comparaciones internacionales en mano, el experto examina la idea de reducir el gasto militar y policial tras la firma de la paz. ¿Es una simple ilusión? ¿Qué hacer y cómo hacerlo?
Hugo Acero Velásquez*
Cuentas alegres
A la mayoría de los colombianos nos ilusiona un país en paz, donde el desarrollo económico y social se beneficie de los recursos públicos y privados que ya no se usarían para hacer la guerra.
Por eso algunos expertos hacen cuentas alegres sobre la aceleración del crecimiento económico, y no pocos políticos, sin fundamento, aseguran que una vez firmados los acuerdos de paz podrán reorientarse hacia el desarrollo social gran parte de los recursos que hoy reciben las Fuerzas Militares y de Policía.
El aumento de la inseguridad se debe a que la criminalidad cada vez está más organizada.
Pero esas ilusiones no tienen en cuenta la realidad de violencia y criminalidad que existe e infortunadamente seguirá existiendo, ni las necesidades de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, ni la necesaria distribución territorial de aquellas fuerzas.
Aumento general de la inseguridad
Si bien el homicidio ha registrado una disminución significativa, todavía tenemos una tasa de 27 casos por cada 100.000 habitantes, superior al promedio de los países de América (16) y muy lejos de la cifra que ya permite a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablar de una “epidemia”: 10 homicidios por 100.000 habitantes.
La situación no es mejor con relación a los demás delitos, como lo muestra el único informe del Ministerio de Defensa que compara datos entre 2004 y 2013:
- El hurto contra personas pasó de 28,617 casos en 2004 a 93,742 en 2013
- El hurto de residencias, aumentó de 14.802 casos en 2005, a 21.207 en 2013.
- El hurto a establecimientos de comercio no ha dejado de crecer desde 2004, pasando de 11,652 casos en ese año a 22,657 en 2013.
- El hurto a entidades financieras pasó de 70 casos en 2007 a 89 en el 2013.
- El hurto de vehículos, que en 2010 tuvo el registro mas bajo con 8.099 casos, aumentó a 8.934 en 2013.
- El hurto de motocicletas pasó de 9.015 en 2005 a 23.200 en 2013.
- La extorsión pasó de 830 casos en 2008 a 4.805 en 2013.
- Los delitos sexuales aumentaron de 4.595 casos en 2004 a 11.592 en 2013.
- Los actos de terrorismo pasaron de 387 en 2007 a 890 en 2013.
- Las acciones de los grupos armados ilegales aumentaron de 52 en 2008 a 157 en 2013.
 Patrulleros de la Policía Nacional en Medellín. Foto: Cucombre Libre |
Oscura perspectiva
Así pues, la mayoría de los delitos aumentaron desde el 2004. Algunos argumentarían que este aumento se debe a una mayor denuncia por confianza en las autoridades; pero las encuestas ciudadanas no registran ni lo uno, ni lo otro.
El aumento de la inseguridad se debe más bien a que la criminalidad cada vez está más organizada, que manera que delinque más y que a menudo se conecta con el crimen trasnacional.
Cabe anotar que la situación de inseguridad podría complicarse aún más. Aunque se firmen los acuerdos de paz, sigue existiendo la posibilidad de que muchos excombatientes de las FARC y el ELN no se desmovilicen o de otro modo continúen con sus actividades criminales, lo cual elevaría los índices de delincuencia.
Por eso en el futuro inmediato o aún a mediano plazo, es impensable reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas o recortar su presupuesto para reorientarlo hacia otras necesidades, como lo han planteado algunos expertos, políticos -y como creen muchos colombianos-.
Seguridad ciudadana y seguridad nacional
Dados los retos anteriores y la demanda creciente de los ciudadanos por mayor seguridad urbana y rural, el gobierno debería diferenciar con claridad entre una política de Estado para la convivencia y seguridad ciudadana y otra política de defensa y seguridad nacional. Esta delimitación es crucial para determinar los requerimientos en materia de fuerza pública, tanto ahora como – especialmente- durante el postconflicto.
La política de defensa y seguridad nacional debe ser liderada por el Ministerio de Defensa. Si el diseño de la política de convivencia y seguridad ciudadana no se atribuye al ministerio prometido o al ministerio del interior, podría encomendarse al Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, general Oscar Naranjo, quien tiene la experiencia para hacerlo. Ambas políticas por supuesto necesitan coordinarse para poder actuar sobre temas o problemas comunes. Ambas igualmente deben contemplar la participación de los gobiernos departamentales y municipales, como también la de los ciudadanos.
Solo a partir de este ejercicio será posible estimar los requisitos en materia de fuerza pública presente y futura, y explicarle por tanto al país como serán garantizadas la seguridad de los ciudadanos y la del territorio.
El pie fuerza necesario
No existe un indicador para determinar el número ideal de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía necesarios para atender los problemas de inseguridad ciudadana y nacional. Por regla general son esos mismos problemas y riesgos los que van exigiendo cambios en la cantidad y calidad de los recursos humanos dedicados.
Colombia cuenta hoy con 374 policías por cada 100.000 habitantes. Podría pensarse que este número es alto, pues en Estados Unidos es apenas de 228, en México 366, en Perú 341 y en El Salvador 299. Pero algunos países con muchos menos problemas de inseguridad que Colombia tienen más policías, como se puede ver en la siguiente gráfica:
La gráfica sugiere claramente que Colombia- dados sus niveles de criminalidad- necesitarían de más policías. Pero esto tendría que hacerse en el marco de una política integral que justifique plenamente ese aumento.
En el caso de las Fuerzas Militares, el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe (RESDAL) de 2014 muestra como Colombia ocupa el tercer lugar, con 547 miembros por cada 100.000 habitantes, después de Uruguay (660) y Venezuela (632). Cabe anotar que la cantidad y complejidad de los problemas de inseguridad en Colombia hacen que no sea comparable con los demás países de América Latina y el Caribe (ver el siguiente
cuadro):
Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe | ||||||||
País | Población | Extensión territorial | Efectivos fuerzas militares | Presupuesto defensa (en US$) | % del PIB | Militares X 100.000 hab | No kilómetros por cada militar | Dólares por ciudadano |
Uruguay | 3.418.000 | 176.220 | 22.563 | 650.718.647 | 1,12 | 660 | 8 | 190 |
Venezuela | 30.831.000 | 912.050 | 194.744 | 5.567.795.086 | 1,63 | 632 | 5 | 181 |
Colombia | 49.007.000 | 1.141.750 | 268.160 | 8.416.388.574 | 2,17 | 547 | 4 | 172 |
Rep. Domin | 10.616.000 | 48.670 | 56.022 | 352.297.867 | 0,66 | 528 | 1 | 33 |
El Salvador | 6.365.000 | 21.040 | 24.799 | 149.455.885 | 0,59 | 390 | 1 | 23 |
Chile | 17.748.000 | 756.100 | 59.031 | 5.511.299.093 | 2,09 | 333 | 13 | 311 |
Bolivia | 10.598.000 | 1.098.580 | 34.078 | 490.559.378 | 1,46 | 322 | 32 | 46 |
Perú | 30.647.000 | 1.285.220 | 78.296 | 2.819.591.821 | 1,30 | 255 | 16 | 92 |
Ecuador | 16.020.000 | 256.370 | 40.242 | 2.773.004.221 | 2,74 | 251 | 6 | 173 |
México | 120.607.000 | 1.964.380 | 265.812 | 7.299.439.730 | 0,57 | 220 | 7 | 61 |
Paraguay | 6.888.000 | 406.750 | 14.284 | 440.752.612 | 1,49 | 207 | 28 | 64 |
Honduras | 8.228.000 | 112.490 | 15.550 | 252.646.424 | 1,29 | 189 | 7 | 31 |
Argentina | 41.775.000 | 2.780.400 | 77.066 | 4.219.130.969 | 1,04 | 184 | 36 | 101 |
Brasil | 201.497.000 | 8.514.880 | 339.973 | 31.629.440.741 | 1,43 | 169 | 25 | 157 |
Nicaragua | 6.152.000 | 130.370 | 10.358 | 82.888.593 | 0,69 | 168 | 13 | 13 |
Guatemala | 15.790.000 | 108.890 | 22.326 | 257.962.025 | 0,44 | 141 | 5 | 16 |
Cuba | 11.287.000 | 109.890 |
| 299.345.833 | 3,38 | – |
| 27 |
Según el Atlas:
- El gasto de Colombia en Fuerzas Militares representa un 2,17 por ciento del PIB, por debajo de Cuba (3,38) y Ecuador (2,74).
- Colombia ocupa el quinto lugar en la inversión en Fuerzas Militares (172 dólares por ciudadano), después de Ecuador (173), Venezuela (181), Uruguay (190) y Chile (311).
Con o sin postconflicto, las Fuerzas Militares han de asumir problemas nuevos o crecientes que afectan la soberanía y seguridad territorial, como decir asuntos de seguridad de las fronteras, preservación y explotación regulada del medio ambiente, prevención y atención de atentados terroristas contra instalaciones estratégicas, prevención, atención y mitigación de desastres naturales, entre otros.
Diferenciar con claridad entre una política de Estado para la convivencia y seguridad ciudadana y otra política de defensa y seguridad nacional.
Hoy, a pesar del crecimiento de las Fuerza Militares y de Policía en los últimos años, su presencia y actuación en muchas regiones se reduce a las cabeceras municipales y algunos corregimientos. Más aún, en ciertas zonas – especialmente las dedicadas a actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal- el control territorial es ejercido por los grupos criminales.
Como racionalizar las Fuerzas Militares y de Policía
Como ya dije, será preciso aumentar el número de policías para garantizar la seguridad de las ciudades y los campos. Pero esto no se logra de la noche a la mañana, y menos sacrificando la calidad en la escogencia y formación de los policías, aumentando el número de alumnos por curso y reduciendo el tiempo de formación, como se ha hecho.
En vez habría que pensar en:
1. Que las Fuerzas Militares se vinculen con la idea de la “gendarmería” que propuso el presidente Santos, previa reingeniería, profesionalización y asignación de funciones de investigación criminal. Su labor podría desarrollarse en territorios definidos, con mandos de su propia institución y con una vigilancia y evaluación especial por parte de los organismos de control para garantizar el respeto de los derechos humanos. Esto permitiría:
- Aumentar el pie de fuerza dedicado a la seguridad de los ciudadanos.
- Comparar el desenvolvimiento de la policía y del nuevo cuerpo de seguridad compuesto por militares.
- Profesionalizar y especializar las labores de seguridad ciudadana que desde hace décadas vienen ejerciendo las Fuerzas Militares.
Además de garantizar la seguridad ciudadana en algunos territorios donde la presencia de la fuerza pública es casi inexistente, esto permitirá aumentar la capacidad institucional para formar nuevos policías en el corto (dos años) y en el mediano plazo (cinco años).
2. Mas que una reducción de las Fuerzas Militares y de Policía, debe iniciarse un proceso de depuración por los problemas existentes, de corrupción, indisciplina y uso ilegitimo de la fuerza. Este proceso contribuiría a la profesionalización y a ganar mayor confianza entre los ciudadanos.
Quiérase o no, con el postconflicto va a existir una presión muy grande para disminuir el presupuesto, los miembros y los equipos de las Fuerzas Armadas, sin considerar la situación de violencia y delincuencia. Por eso mismo el Estado debe dar una respuesta de política integral, que convenza a la mayoría de los ciudadanos y garantice la seguridad de todos.
Finalmente, en la discusión y elaboración de las políticas de convivencia y seguridad ciudadana y de defensa y seguridad nacional, se debe contemplar la posibilidad de vincular a los desmovilizados y a las fuerzas de seguridad del Estado.
* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
Acerca del autor
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
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Escrito por:
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
