El presidente Petro avivó la discusión sobre la legalización de las drogas al afirmar que legalizar la cocaína acabaría la guerra en Colombia. Sin embargo, su propuesta ignora realidades complejas, globales y locales.

Francisco E. Thoumi*

El 11 de julio, varios medios informaron que el presidente Petro había encendido la polémica sobre la legalización de las drogas en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmó que “Si mañana Naciones Unidas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia”. 

Sin duda, esta es una afirmación desafiante, pero es concordante con la creencia común en Colombia. Por eso, no sorprende que muchos de los periodistas más importantes del país hayan sostenido que el problema de las drogas tiene dos soluciones: o que en los países consumidores se deje de consumir, o que legalicen el consumo.

Para continuar quiero afirmar que no soy ni he sido antipretista. Conocí a Gustavo Petro hace más de veinte años cuando compartí con él un panel sobre las drogas ilegales organizado por Luis Sandoval en la Casa María Cano. Allí, el joven Petro me impresionó como alguien que tenía una visión coherente de los problemas del país, pero con quien no pude tener un diálogo después del panel. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de volver a interactuar con él.

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El mercado de drogas 

El desacuerdo con las afirmaciones de Petro en la ONU se basa en dos hechos demostrados sobre los mercados de drogas, incluyendo el de la cocaína. Primero, que muchos países que podrían cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen, y otros que lo hicieron cuando la cocaína era legal, tampoco lo hacen. 

Segundo, que la violencia en los mercados de drogas ilegales alrededor del mundo es mucho menor que la padecida por Colombia y por algunas regiones de México. Además, la violencia durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, magnificada por los periódicos y las películas, también es incomparable con la que Colombia y México han experimentado. En otras palabras, para la mayoría de los países, las enormes ganancias en los mercados de cocaína de los países ricos no han sido irresistibles como en Colombia.

Lo anterior demuestra, primero, que el argumento tradicional exculpatorio y justificativo de que cuando hay demanda hay oferta deja de ser válido cuando se observa que una serie de países en los que se podría cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen. Y segundo, que los factores que han determinado el desarrollo de la industria de la cocaína en Colombia son primordialmente internos. 

En otras palabras, que, si bien la geopolítica externa puede ser injusta y difícil de manejar, la interna ha sido igualmente injusta y difícil de manejar. Por eso, el propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”. Esta no se considera culpable y no entiende por qué tendría que compensar a Colombia por los efectos que la industria de la cocaína ha tenido en el país.

La solicitud del presidente

En lo que concierne a la solicitud del presidente a las Naciones Unidas, debo afirmar que esta desconoce tanto la estructura como el papel y el poder de las Naciones Unidas. La ONU no es un gobierno mundial; solamente proporciona mecanismos para discutir conflictos entre países y foros para discutir ideas, además de promover políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. La ONU ha sido mucho más efectiva resolviendo algunos conflictos sobre las fronteras de los países que forzando a los países a cambiar tradiciones culturales y patrones de consumo y comportamiento.

La ONU no puede legalizar la cocaína en el mundo como dice Petro. Solamente podría, previo acuerdo con los países parte de las Convenciones de Drogas, sacar la coca y la cocaína de las listas de sustancias controladas por estas últimas. Pero no puede forzar a ningún país a permitir dentro de su territorio la importación y consumo de cocaína o coca.

En otras palabras, si la ONU sacara de las listas de sustancias controladas la cocaína, dejaría abierta a los países la posibilidad de legalizar estas sustancias, pero no podría impedir que los países individualmente la prohíban. Por esta razón, no se acabaría con el negocio ilegal. Esto aplica a cualquier otro artículo o servicio. Por ejemplo, si los porcicultores de Iowa argumentaran que la prohibición al consumo de cerdo en Israel y en el mundo musulmán es una guerra contra la producción y consumo de cerdo, la ONU ni la Organización Mundial del Comercio podrían hacer nada al respecto.

Las agencias de drogas de la ONU están asociadas en su imaginario colectivo con la prohibición, pero durante los últimos 10 años estas han cambiado su narrativa y hoy insisten en que para cumplir con las Convenciones no se necesita tener políticas de “guerra contra las drogas”; que la pena de muerte no se debe aplicar a delitos de producción, mercado o consumo de drogas; y que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de los productores, consumidores, adictos y encarcelados por delitos relacionados con drogas. Además, que las políticas deben tener en cuenta diversos aspectos, como sus efectos sobre las madres cabeza de familia involucradas en las actividades del narcotráfico.

La prohibición

Sobre el argumento de que la prohibición a las drogas ha sido impuesta, hay que aclarar que ningún gobierno colombiano se opuso a las convenciones de drogas, como sí lo hizo Bolivia, que firmó dos convenciones con reservas para proteger los usos tradicionales de la coca. 

Además, en Colombia, las organizaciones religiosas, la mayoría de las asociaciones de padres de familia y los padres de familia mismos apoyan la prohibición. Igualmente ocurre con la mayoría de los miembros del sector salud, que han hecho el juramento hipocrático por el que se comprometen a no recetar o dar a sus pacientes drogas que los coloquen en riesgo de adicciones graves.

Otro punto que se debe mencionar es que la prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación, mercadeo y consumo de cocaína y heroína en la Ley de Harrison de 1914. El término “guerra contra las drogas” fue resultado de cambios profundos en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la década siguiente a ella:

• Los afro-estadounidenses regresaron de la guerra donde pelearon por la democracia, que les fue negada a su regreso.

• Las mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo paga, lo que les dio independencia-
• La guerra en Vietnam despertó a la juventud a una realidad de un país hipócrita, lo que la llevó a rechazar valores tradicionales. 

Esto causó una demanda por lo prohibido y un aumento en el uso de drogas psicoactivas, lo que produjo una reacción muy fuerte dentro del grupo de poder dominante en la sociedad. Como resultado, el presidente Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. Por eso, la “guerra contra las drogas” fue una guerra interna en Estados Unidos.

El problema para Colombia fue que un grupo de colombianos decidió producir y exportar marihuana y luego cocaína al “insaciable” mercado estadounidense. Algunos periodistas, académicos y pensadores consideran estas actividades como una respuesta a un mundo injusto en el que las exportaciones tradicionales del país han padecido bonanzas y fracasos sucesivos. El resto de la sociedad disfrutó de una abundancia de divisas que nunca había tenido. Esto cambió a Colombia como ninguna bonanza lo había hecho.

La necesidad de definición

Como conclusión, debo afirmar que la política de drogas de este y cualquier otro gobierno colombiano debe empezar por definir cuál es el problema de las drogas para Colombia. Colombia tiene varios problemas graves:

• La gran producción y exportación de drogas ilegales (parecería que el país tiene casi una patente para producir cocaína).
• Una corrupción y tendencia al enriquecimiento extractivo.
• Niveles de violencia altos a través de su historia.
• Es el segundo país en el mundo en el número de organizaciones armadas no gubernamentales que controlan territorios.

Todos estos problemas están interrelacionados y su solución no vendrá del exterior. Durante más de 200 años, el país no ha creado una sociedad pacífica que pueda disfrutar de las bondades de su territorio. La creación de esa sociedad es el principal desafío de cualquier gobierno.

La política de drogas fundamental para Colombia debe empezar reconociendo que Colombia debe aprender a vivir en un mundo en el que la cocaína es ilegal y que seguirá siéndolo en el futuro, a menos que el gobierno colombiano demuestre al mundo que es posible tener un sistema que permita usos regulados de la cocaína diseñados para evitar los temidos problemas de su consumo.

Insistir en que las ganancias en los mercados ilegales son la causa de la violencia en Colombia y en que el mundo debe cambiar porque nosotros somos humanos y no podemos resistir frente a las ganancias de la cocaína, no conduce a nada excepto a hacernos sentir frustrados e inferiores a (¿colonizados por?) los países poderosos.

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