El encanto perverso de las megacárceles

Hasta ahora, tres candidatos a la Presidencia de Colombia han propuesto construir megacárceles como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador sin conocer su funcionamiento y resultados.

Para cualquier política pública integral de seguridad y convivencia, el sistema carcelario y penitenciario es un elemento fundamental para garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos. Una política integral, en estas materias, debe contemplar, acciones, proyectos y programas disuasivos, de prevención de la violencia y la delincuencia y de control y uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, que incluyen las medidas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios, según la normatividad penal existente.      

En esta materia, Colombia tiene un sistema con graves problemas de corrupción e ineficiencia, en cabeza del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), un sistema que no se ha modernizado, que no ha crecido acorde con la demanda y donde prevalece el control de la delincuencia, sin que hasta ahora se haya hecho lo suficiente por parte de los gobiernos recientes para abordar este grave problema.

En la última década, entre 2015 y 2021 solo se crearon 4.000 cupos nuevos, al pasar de 78.000 a 82.000, número que se mantiene hasta el día de hoy, cupos insuficientes para atender los 103.952 privados de la libertad, lo que genera un hacinamiento del 28%, sin contar los 23.000 privados de la libertad que permanecen hacinados en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en las estaciones de Policía del país, es decir, el hacinamiento real es del 54%.

Esta situación, que no es distinta en los países de la región, además del incremento de la violencia y la delincuencia en los últimos años, ha llevado a algunos gobernantes de Centroamérica, de Suramérica y a distintos candidatos a la Presidencia y corporaciones públicas a promover y prometer la construcción de megacárceles, inspirados en las acciones y resultados en materia de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador, quien ha logrado una importante reducción de los homicidios con la detención de miles de personas sindicadas de pertenecer a las maras, para lo cual construyó y puso en funcionamiento el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40.000 privados de la libertad. 

Este centro de privación de la libertad, estratégico en el marco de la política de seguridad del presidente Bukele, cuenta con defensores, pero también con detractores, especialmente en materia de derechos humanos.

Qué hay detrás del CECOT

El CECOT fue puesto en funcionamiento a comienzos de 2023 por el presidente Bukele. La instalación cubre 23 hectáreas con un área de exclusión a su alrededor de 140 hectáreas donde las autoridades ejercen control, y un área despoblada que permite mayor seguridad y donde no hay señal de telefonía móvil. 

“El Centro tiene capacidad para 40.000 reclusos en ocho bloques con 256 celdas. Según una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación de la Universidad de California, Berkeley, el CECOT cuenta con ocho módulos de 32 celdas cada uno. Cada módulo cuenta con al menos seis “celdas de castigo”, una enfermería y tres salas para audiencias virtuales. Cada celda contiene literas de cuatro niveles con cinco catres por nivel, con capacidad para ochenta presos por celda, lo que supone una capacidad total de más de 20.400 personas. Sin embargo, el presidente Bukele ha afirmado que la prisión puede albergar hasta 40.000 detenidos. El Financial Times ha estimado que, si albergara ese número de detenidos, cada persona dispondría de 0,6 metros cuadrados de espacio en la celda”.

Cada celda tiene ochenta literas metálicas sin colchones, sábanas ni almohadas, dos inodoros que no son privados y dos lavamanos. Las celdas están iluminadas con luces artificiales las 24 horas del día. Adicionalmente, el centro cuenta con “celdas castigo” equipadas con una cama de cemento, un inodoro y un lavamanos. Estas celdas están completamente oscuras, salvo por un pequeño agujero en el techo que permite que entre algo de luz.

La prisión no tiene patios, áreas de resocialización ni recreativas, y no están permitidas las visitas. Los internos solo salen media hora al día a un pasillo, al frente de las celdas, a hacer ejercicio; el resto del tiempo, 23 horas y media, permanecen en las celdas y son custodiados por seiscientos soldados y 250 policías, además de mil guardianes.

Bajo estas condiciones, el gobierno de El Salvador busca mantener recluidas de por vida a las personas que hoy están privadas de la libertad, como han dejado ver los propios funcionarios. En febrero de 2023, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que quienes fueran enviados al CECOT nunca saldrían con vida. “Nosotros, como Gabinete de Seguridad, nos vamos a encargar de que las penas sean suficientemente altas para que ninguno de los que entren al CECOT salga caminando, únicamente podrán salir en un ataúd”, afirmó. Ese mismo mes, Osiris Luna Meza, jefe del sistema penitenciario, dijo: “Los terroristas que entren a CECOT no volverán a salir de ahí, y quienes lleguen a las celdas de castigo no verán la luz del sol”.

Frente a estas condiciones de reclusión, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones nacionales y extranjeras han manifestado su preocupación por la violación de derechos humanos. Para algunos, esto se asemeja más a un “campo de concentración” que a una cárcel en un Estado de derecho democrático.

Qué prometen los candidatos

Hasta ahora tres candidatos a la Presidencia de Colombia han propuesto construir megacárceles como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador; son ellos: Abelardo de la Espriella, quien “construiría unas megacárceles en asocio con los empresarios a quienes se les dará la concesión”; Juan Carlos Pinzón, quien “construirá cuatro megacárceles, cada una de 20.000 cupos”, y Mauricio Cárdenas, quien “las hará con el sector privado”.

Ninguno de ellos pasa del anuncio, pareciera que desconocen el funcionamiento del CECOT, que atenta contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, contra el Estado de Derecho y que pone en alto riesgo al presidente Nayib Bukele y a los servidores públicos que hoy están al frente de este proyecto de ser juzgados, en los niveles nacional e internacional en algunos años, por estos graves problemas. 

Contrario a esto, Sergio Fajardo ha propuesto la construcción de cinco cárceles con base en la experiencia de la mejor cárcel que tiene Colombia, la Cárcel Distrital de Bogotá, que después de veinte años de construida sigue funcionando y mantiene la certificación de la American Correctional Association (ACA), que es una acreditación internacional de alto estándar que garantiza que los centros penitenciarios cumplen normas estrictas de seguridad, orden, atención médica, programas de resocialización y administración.

Serán cárceles con más de 2.000 cupos, con altos estándares en seguridad, control, disciplina, administración y procesos de resocialización. Cárceles construidas y operadas en alianzas público-privadas (APP), sin la participación del INPEC y la USPEC, instituciones hoy seriamente cuestionadas por problemas de corrupción e ineficiencia. 

Adicional a esto trabajará con las principales ciudades para construir nuevas cárceles, como lo esta haciendo Medellín y Bogotá. Estas acciones si marcarán el camino de transformación del sistema carcelario y penitenciario colombiano.   

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