A punta de cabildeo, pseudociencia e influencia en medios de comunicación, las empresas tabacaleras distorsionan la verdad en perjuicio de la salud pública y las arcas del Estado. El contrabando de cigarrillos es un ejemplo de actualidad.
Norman Maldonado*
Mal de muchos, negocio de pocos
El consumo de tabaco es un obstáculo para el avance de cualquier país. Y en Colombia, en particular, es uno de los principales causantes de las enfermedades cardiovasculares, de varios tipos de cáncer y de las enfermedades respiratorias crónicas.
Las enfermedades y las muertes por cuenta del tabaquismo también tienen efectos importantes sobre el desarrollo económico del país. Las enfermedades que causa son costosas e implican grandes gastos en servicios de salud que —aunque no siempre sean catastróficos para los familiares del paciente debido a la seguridad social—, sí reducen la calidad de vida de los hogares respectivos. El problema, además, afecta sobre todo a los hogares de bajos ingresos y a la población en edad escolar.
Desde el punto de vista social, fumar no es buen negocio. El tabaquismo le cuesta a Colombia cerca de cinco billones de pesos anuales en costos directos de tratamientos, pero el Estado recauda apenas 0,8 billones por concepto de impuestos sobre el consumo de estos productos.
El tabaquismo le cuesta a Colombia cerca de cinco billones de pesos.
Pero se trata de un negocio rentable desde el punto de vista privado. La producción y venta de cigarrillos y tabacos es una actividad legal y regulada por la ley —lo cual no es objetable en una economía de mercado—. Lo inaceptable es que la rentabilidad de esta industria se deba en buena parte a que interfiere de manera directa e indirecta para evitar que las regulaciones aseguren la primacía del bien público sobre los intereses de los actores privados.
Esta interferencia es una cortina de humo que oculta las dimensiones del tabaquismo como problema de salud pública y desarrollo económico. De esta manera, las regulaciones del Estado no acaban siendo adecuadas o suficientes para lograr aquella primacía del interés común.
Estrategias discutibles
A diferencia de otras actividades económicas, para el tabaco existe un conjunto de políticas y reglas internacionales, detalladas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que hace parte del CMCT. Colombia firmó y ratificó el CMCT, pero aún no ha ratificado el Protocolo. Estos tratados incluyen medidas como la prohibición de la publicidad, la promoción y los patrocinios.
Pero en Colombia las empresas han usado varias estrategias para crear una cortina de humo alrededor de estas regulaciones. Entre ellas se destacan el cabildeo, la pseudociencia y la influencia sobre los medios.
Foto: Assbasalud |
1.-El cabildeo consiste en tener personal calificado y bien remunerado que se dedica de manera permanente a tratar de influir sobre las decisiones públicas en favor de los intereses de la industria.
2.- La pseudociencia consiste en divulgar o acreditar como evidencia los resultados de estudios que no siguen métodos científicos, no hacen las debidas declaraciones de conflictos de intereses y no han sido validados por la comunidad académica.
Esta pseudociencia generalmente se publica bajo la forma de simples diapositivas. Y puesto que las empresas de este mercado son multinacionales con alcance global, este apelar a la pseudociencia se ha vuelto más agresivo. Por ejemplo, una de estas compañías destinó mil millones de dólares para financiar ese tipo de estudios a través de la Foundation for a Smoke Free World (“Fundación para un mundo libre de humo”).
3.-Finalmente, la influencia a través de los medios consiste sobre todo en divulgar noticias sobre la inutilidad de la regulación para reducir el consumo de tabaco y el efecto perverso para la economía de medidas como el impuesto a los cigarrillos o la prohibición de publicidad, promoción y patrocinios.
Le recomendamos: ¿Impuestos a cigarrillos y bebidas azucaradas?
El problema del contrabando
Otro componente de esta cortina de humo es el comercio ilícito (o contrabando) de cigarrillos. En Colombia, esta práctica se explica con cuatro argumentos que la industria ha logrado popularizar a través de los medios, así:
- Dicen esas empresas que el contrabando es una parte importante del mercado y que ellas entonces son sus víctimas.
- Dicen que al subir los impuestos al cigarrillo se sube el precio y los diferenciales de precio con países vecinos, lo cual crea incentivos para que actores ilegales inunden el mercado colombiano con cigarrillos de contrabando.
- Dicen que, con las calles estén saturadas de cigarrillos de contrabando a muy bajo precio, el número de fumadores y el número promedio de cigarrillos que fuman por semana no decrecen, pues el fumador consume la misma cantidad, pero de cigarrillos de contrabando, lo que crea grandes pérdidas de ingresos fiscales al Estado.
- Dicen, además, que la industria tabacalera es víctima del contrabando y que la solución obvia es aliarse con la otra víctima, el Estado, para que juntos inventen una solución novedosa que resuelva el problema “local” y “exótico” del contrabando de cigarrillos.
Pero para ver qué hay detrás de la cortina de humo, hay que ir a los hechos y a la evidencia científica. Para empezar, la industria tabacalera ha estado involucrada en el contrabando de cigarrillos, tanto en Colombia como en muchos otros países.
En Colombia su participación fue tan grande que por este motivo los departamentos demandaron a la industria en cortes internacionales, y lograron una conciliación con pagos anuales, lo cual la convirtió en una fuente importante de recursos para la Federación de Departamentos durante muchos años.
En segundo lugar, el impuesto específico al cigarrillo en Colombia es una renta cedida a los departamentos —y esto los convierte en un objetivo estratégico para la industria—. Es un espacio del cual se han apropiado las empresas a través de mecanismos como el acuerdo de pago anual entre la Federación y la Philip Morris.
La industria tabacalera ha estado involucrada en el contrabando de cigarrillos.
Por otro lado, el registro de la distribución y venta de cigarrillos es la base para un adecuado control del contrabando. Desafortunadamente, en Colombia este registro se hace con sistemas desarticulados que están lejos de los estándares internacionales.
Por supuesto, la industria se presenta a sí misma como un interlocutor válido en las discusiones de contrabando, y como un agente que puede contribuir a resolver el problema. Un ejemplo es la firma reciente del ya dicho convenio de cooperación entre la Philip Morris y la Federación de Departamentos. Pero a juzgar por los antecedentes, estamos ante un perfecto ejemplo de lo que llaman poner al ratón a cuidar el queso.
El consumo de cigarrillos de contrabando en Colombia es bajo. Después de aumentarse el impuesto en 2016, aumentó por supuesto el contrabando, pero no en las magnitudes exageradas que predica la industria. El contrabando de cigarrillos en Colombia sigue siendo relativamente bajo.
Foto: Policía Nacional de Colombia |
Esta cortina de humo se desvanece aún más si tenemos en cuenta que antes de subir el impuesto, Colombia tenía el segundo cigarrillo más barato de las Américas, y aun después del aumento estamos por debajo del promedio de la región. ¿Tiene sentido comprar caro en otros países para venir a vender barato en Colombia? Con pseudociencia, cabildeo y medios, la industria ha logrado posicionar esas “verdades” entre la opinión pública.
Puede leer: Empobrecimiento por tabaquismo.
La solución
Este es un problema que tienen otros países y a propósito del cual se han ensayado muchas alternativas. La solución no es una sola y mágica, sino más bien un conjunto de medidas que deben aplicarse de manera correcta y en contextos locales —medidas que además ya están previstas en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco—. Dos de ellas, urgentes para Colombia, son:
- La ratificación del Protocolo, y
- El diseño y puesta en marcha de un buen sistema de rastreo y seguimiento (no uno lleno de conflictos de interés, como el sistema Codentify que la industria le está vendiendo al país).
Las medidas anteriores, acompañadas de otras que establece el Protocolo para fortalecer las instituciones que administran el impuesto al cigarrillo, tendrían un efecto sustantivo sobre la salud pública y sobre las finanzas departamentales. Esto mismo se concluye del último informe del Banco Mundial (Confronting Tobacco Illicit Trade: A Global Review of Country Experiences) donde además de Colombia se examina la experiencia de cerca de treinta países.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 exige acciones contundentes para reducir muertes evitables con el control del tabaco. Y estas acciones ya están definidas por la evidencia científica.
¿Será que el gobierno se entretiene con la cortina de humo? Los ministros de Salud y de Hacienda tienen la capacidad para no dejarse engañar por esas cortinas. Cuentan con la capacidad para revisar la evidencia científica y pueden usarla para emprender acciones que reduzcan la epidemia de tabaquismo.
Dejarse engañar tendría o tienen un costo altísimo en términos de vidas y de desarrollo.
*Profesor Titular del departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en Economía de la salud.
