El Banco de la República le apuesta a la inflación

Sería recomendable que la Junta Directiva del Banco meditara sobre las graves consecuencias redistributivas que sus políticas antiinflacionarias de libro de texto tienen para los más pobres.

El viernes 30 de enero de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de interés de intervención en 100 puntos básicos, hasta 10,25%. En contravía de lo que dicen los medios, no fue un anuncio sorprendente. Desde octubre de 2025, un miembro de la Junta Directiva, Mauricio Villamizar, había venido anunciando, con frecuencia casi semanal, en medios nacionales y extranjeros y en un tono cada vez más sombrío, los graves riesgos inflacionarios que nublaban el futuro de la economía colombiana. 

Después del “rotundo éxito” de la drástica política antiinflacionaria aplicada por la Junta Directiva entre 2021 y principios de 2024, resultaba, por lo menos, extraño que el funcionario intuyera de un momento a otro, y sin evidencia alguna que lo respaldara, un súbito giro en las expectativas inflacionarias. En octubre de 2025, en lugar de ofrecer evidencias, deslizaba sospechas: “el mercado laboral está estrecho”, “la economía está creciendo más rápido de lo esperado”, “la tasa de desempleo no ha dejado de bajar”. 

Los mismos hechos, vistos desde otra óptica y dichos en formulaciones distintas, tenían un tono distinto y un mensaje optimista: “la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en veinte años”, “la economía colombiana fue la que más creció en América Latina”, “el sector agrícola volvió a crecer después de muchos años sin crecer”. Casi lo mismo, pero no lo mismo. La diferencia sutil, pero diferencia al fin de cuentas, estaba en las expectativas de quienes lanzaban esas afirmaciones. 

Todo el mundo podía observar que la tasa de desempleo seguía cayendo sin comprometer la inflación. Mientras el desempleo caía un poco por debajo de 8%, la tasa de inflación había aumentado de 5,0% a 5,1% en el mismo período. Para un observador imparcial, parecía razonable que un descenso de 100 puntos en la tasa de desempleo equivaliera a un aumento de sólo 10 puntos básicos en la tasa de inflación. ¿Acaso no era una buena noticia para la economía colombiana que 993.000 personas salieran del desempleo, como en efecto ocurrió en 2025, a cambio de un aumento irrisorio de la tasa de inflación?  

Pero no para Villamizar. El funcionario tenía y tiene como objetivo una tasa de inflación del 3%. Todo lo que desvíe la economía colombiana de ese número mágico, que nadie sabe de dónde viene ni de qué divina proporción desciende, es conducente a la catástrofe económica que debemos aprender a temer. 

Pero a lo que en realidad teme Villamizar no es a la inflación, sino a la falta de coincidencia entre lo que ocurre en el mundo real y lo que postula el modelo de política monetaria en el que hace años depositó su fe. No le preocupan ni la inflación ni el “impuesto inflacionario” que recaería sobre los más pobres. Lo desespera que el desempleo haya seguido bajando sin que la inflación se dispare ni muestre señales de aceleración. Que la tasa de desempleo haya caído por debajo de la “tasa natural” postulada de forma arbitraria por su modelo y que la inflación no se haya disparado. Le preocupaba, en última instancia, que la realidad no funcionara como lo postula su modelo. 

Cómo intervenir las expectativas inflacionarias

¿Cuál era la salida más efectiva? Actuar sobre las expectativas inflacionarias. Cambiarlas lo más pronto posible. Decir bien duro y bien claro, a veces en inglés, a veces en castellano, que sobre la economía colombiana se cernían las amenazas inflacionarias más graves de tiempos recientes. Que había una relación directa entre el manejo populista que el gobierno de Petro daba a la economía y el regreso de la inflación después del “rotundo éxito” de la drástica política antiinflacionaria de libro de texto aplicada por el Banco de la República, para que la economía saliera de la recesión inducida por la pandemia. 

Desacreditar de una vez y para siempre las ideas peregrinas de que los buenos mercados laborales de la economía colombiana no eran el producto de un “recalentamiento” de la economía, sino del crecimiento legítimo de la economía legal colombiana, jalonado por la reforma agraria, la transformación sistémica del importante sector cafetero y el crecimiento del consumo de hogares y empresas. 

Pero no lo hizo en el ámbito legítimo de las deliberaciones de la Junta Directiva del Banco, sino en declaraciones públicas dirigidas a medios nacionales y extranjeros, con el evidente objetivo de enviar señales a los analistas económicos, a quienes encuestan periódicamente para conocer sus opiniones, misteriosamente similares a las del funcionario de referencia. Y así ocurrió unas pocas semanas después. En enero de 2026, Villamizar citó, en múltiples entrevistas, el pronóstico de esos mismos analistas de una tasa de inflación “preocupante” del 6,37 % para este año como un argumento objetivo para imponer un alza de la tasa de intervención. ¿Podría haber un bucle de retroalimentación positiva más perfecto? 

El anuncio, por parte del Gobierno, de un alza de 21% en el salario mínimo, en consonancia con un salario vital básico y por razones de justicia redistributiva, arreció la intervención de Villamizar. Ya no dio opiniones. Expidió instrucciones precisas. Dijo que consideraba “imperativo que la próxima Junta Directiva del Banco envíe una señal fuerte que ratifique su compromiso inquebrantable con un objetivo de inflación del 3% (mi énfasis)”. 

Para rematar su intervención se dio el lujo de incurrir en pensamiento mágico al afirmar que “para muchas pequeñas empresas resulta casi imposible no trasladar un aumento tan elevado del salario mínimo a los precios”.

La intervención pública y directa de Villamizar en las decisiones futuras de la Junta Directiva del Banco representa una amenaza para la independencia del Banco. Que un miembro de su Junta Directiva haga campaña abierta, en medios nacionales y extranjeros, por una drástica opción de política monetaria y ponga en duda el “compromiso inquebrantable con un objetivo de inflación de 3%” de algunos y algunas de sus colegas constituye una violación deliberada de las reglas internas de deliberación de ese organismo de dirección. 

Todas y todos tenemos, por supuesto, derecho a compartir con quienes nos escuchen nuestras visiones más terribles. Incluso a disfrutar de la licencia para pronosticar los peores males con la sonrisa beatífica de quien se sabe mensajero de órdenes superiores. Pero hay una diferencia entre Villamizar y el resto de los mortales: como miembro de la Junta Directiva del Banco, él tiene altísimas responsabilidades respecto del estado de la economía colombiana y, por tanto, del bienestar de sus compatriotas. 

El alza de la tasa de intervención golpea a los más pobres

Como Villamizar y la Junta Directiva del Banco solo hablan de los inmensos beneficios para los y las colombianas que traería el alza de la tasa de intervención en 100 puntos básicos, hasta 10,25%, vale la pena hacer una referencia rápida a los muy graves e injustos efectos redistributivos de un alza como la anunciada para los hogares medios y pobres de Colombia. 

Natalia Zuluaga y Simón García, estudiantes del programa de Economía de la Universidad del Valle,  usando datos de la Superintendencia Financiera, encontraron que aun después de que el Banco de la República ya había iniciado un ciclo de reducciones de la tasa de intervención (de 13,25% en abril 2023 a 11,00% en febrero 2024), el costo para un hogar de menores ingresos que accede a un crédito de bajo monto en febrero de 2024 enfrentaba un costo máximo legal del crédito de 70,23% efectivo anual. Y concluyeron que la magnitud de esta tasa implica que un hogar que contrata un crédito de consumo de bajo monto, de $1.000.000, está obligado a pagar más de $700.000 anuales en intereses, sin amortización del capital. Esta carga financiera es claramente insostenible para las poblaciones con ingresos bajos o informales.

Lo que no dicen, ni la Junta Directiva del Banco ni Villamizar en sus múltiples apariciones mediáticas, es que en el período de 2021-2024, en el que operó el canal de transmisión de la drástica política antiinflacionaria de la Junta, el consumo privado que crecía a una tasa anual de 8,5% en abril de 2022, cayó a una tasa de 0,8-1,2% anual en los dos últimos trimestres de 2023. Tampoco dicen que los hogares más pobres, además de quedar atados a deudas con tasas de usura confiscatorias, no podrán acceder al crédito legal. Con una tasa legal de usura de 70%, ¿cuál es la diferencia entre las tasas de los préstamos gota a gota y las tasas de los préstamos legales impuestas por la Junta Directiva del Banco de la República? 

Sería recomendable que la Junta Directiva del Banco meditara sobre las graves consecuencias redistributivas que sus políticas antiinflacionarias de libro de texto tienen para los más pobres. Lo ha estado haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que, bajo el liderazgo de Lisa D. Cook, ha venido evaluando las fuertes consecuencias redistributivas de la política antiinflacionaria de 2022-2023.  

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