Emergencia carcelaria en un sistema en permanente crisis
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Emergencia carcelaria en un sistema en permanente crisis

Escrito por Juan David Posada Segura

Otra vez el gobierno ha declarado la emergencia carcelaria, pero esta “emergencia” ha existido desde hace por lo menos treinta años. ¿Qué es lo nuevo en los anuncios del presidente y su ministro de Justicia?

Juan David Posada Segura*

Una crisis permanente

Durante los 33 años de vigencia de la actual Constitución se han emitido varias declaraciones de emergencia carcelaria. Por ejemplo,

  • En mayo de 2013 el gobierno declaró una emergencia atendiendo a la terrible situación de hacinamiento y procedió a asignar nuevos recursos para la construcción de más establecimientos. En aquel momento se dijo que la medida era provisional, mientras se lograba la aprobación del nuevo Código Penal (código éste que no pasó de ser un proyecto).
  • En mayo de 2016 se declaró otra emergencia basada en la gravísima situación de salud que había causado las muertes de muchas personas privadas de la libertad por inasistencia médica. En aquella ocasión el gobierno utilizó la medida para contratar más servicios de salud.
  • En abril de 2020, a partir de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, se emitió otra declaratoria de crisis en el sistema penitenciario y carcelario.

De modo paralelo a estas declaratorias de emergencia, la Corte ha declarado el estado de cosas inconstitucional en varias ocasiones (sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 o T-762 de 2015). Además, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, varias personerías municipales y distritales, así como organizaciones sociales han emitido informes sobre la gravísima situación de violación de derechos humanos y sobre fallas del sistema en muy distintos niveles.

Las anteriores sentencias, informes o denuncias, y en este caso concreto la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria, nos obligan a mirar por el espejo retrovisor y analizar lo que ha pasado en materia penitenciaria y carcelaria por lo menos en estos años de vigencia de la Constitución.

Cambios en los últimos 30 años

En 1991 la administración penitenciaria nacional (denominada para la época Dirección General de Prisiones) tenía a su cargo 189 establecimientos, con una población total de 29.339 personas privadas de la libertad.

Dichas medidas resultan útiles para específicas y gravísimas situaciones de los individuos involucrados: son medidas cosméticas que en nada o casi nada cambian la realidad del sistema penitenciario y carcelario en su conjunto.

Foto: Personería de Bogotá - El problema carcelario se ha trasladado a las estaciones de policía que de ser espacios de detención transitoria se han convertido ilegalmente en cárceles penitenciarias.

Durante estos últimos 33 años el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha cerrado 64 centros de reclusión, y ahora tiene apenas 125 establecimientos que albergan a 101.905 personas privadas de la libertad, lo cual implica un aumento de la población penitenciaria y carcelaria a cargo del INPEC del 247 % en las últimas tres décadas.

Importa aclarar que el sistema para la privación de la libertad en Colombia es muy complejo e involucra a bastantes autoridades que tienen a su cargo espacios para la privación de la libertad (INPEC, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Policía Nacional, ICBF, Ministerio de Salud, comunidades indígenas, gobernaciones, distritos, alcaldías y hasta particulares, en unos casos concretos).

Además del INPEC, muchos municipios han venido cerrando sus establecimientos   para la privación de la libertad y trasladando el problema a las estaciones de policía, que pasaron de ser espacios para la detención transitoria de hasta 36 horas a funcionar ilegalmente como cárceles de facto.

Cualquier observador desprevenido podría concluir que el cierre de establecimientos por parte del INPEC y de otras autoridades, se debe a una disminución de la población privada de la libertad, a un uso racional del aparato penal, pero nada más alejado de ello. Por el contrario, desde la Constituyente de 1991, la población privada de la libertad ha aumentado en número y en porcentaje.

Para la época de promulgarse la Constitución, en Colombia éramos 34.830.570 habitantes, para una tasa de privación de la libertad de 84,2 por cada cien mil habitantes. Actualmente, el DANE estima que somos 52.215.503 de colombianos, lo cual implica una tasa de privación de la libertad de 195,2 por cada cien mil habitantes.

Aquí importa añadir que estas tasas consideran apenas la población que se encuentra en los 125 establecimientos a cargo del INPEC, pero no la que se encuentran en otras instituciones. La tasa real de privación de la libertad es entonces bastante más alta.

El uso del aparato penal ha aumentado en las últimas décadas, de modo que hay cada vez más personas privadas de la libertad, colonizando espacios abiertamente ilegales como lo son las estaciones de policía (donde tenemos a detenidos preventivos y a personas condenadas).

Por este camino no hacemos más que agravar los fracasos de un sistema que por supuesto va causando más y más inconvenientes.

Medidas cosméticas

Las medidas contractuales y de traslados que se toman en una declaratoria de emergencia, involucran exclusivamente a los establecimientos adscritos al INPEC, dejando por fuera a los demás establecimientos para la privación de la libertad y que también pueden presentar situaciones complejas — como sucede especialmente con las estaciones de policía—.

Dichas medidas resultan útiles para específicas y gravísimas situaciones de los individuos involucrados: son medidas cosméticas que en nada o casi nada cambian la realidad del sistema penitenciario y carcelario en su conjunto.

De nada sirven estas declaratorias del poder ejecutivo, o las que entrañan las sentencias del poder judicial, o las que expresan los organismos de control del poder público, si desde el mismo poder legislativo se emiten, como se ha hecho en los últimos años, leyes que eliminan beneficios penitenciarios, que aumentan los topes mínimos y máximos de las penas, que crean nuevos tipos penales, o que en términos generales hacen un mayor y más endurecido uso del sistema penal.

Un sistema que se utiliza desmedidamente para situaciones sociales, que no pueden solucionarse con el uso del derecho penal, no logra otra cosa que funcionar mal de manera estructural. El periodo de 33 años, al amparo de un modelo constitucional, tomado como base temporal para este escrito, es suficiente muestra de ese fracaso.

¿Emergencia penitenciaria o problemas permanentes?

Como sociedad colombiana, nos hemos querido ocupar de todo tipo de conflictos sociales haciendo uso de la herramienta penal y sus regímenes cerrados, y lo hacemos cada vez con menos establecimientos y con mayor población penitenciaria y carcelaria, por lo que la actual declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria, o las que estén por venir, continuarán siendo útiles para unos pocos individuos e insuficientes para el sistema en su conjunto y para el país.

Si nos concentráramos en los conflictos sociales realmente complejos o, en otras palabras, si usáramos la herramienta penal y su sistema de privación de la libertad en regímenes cerrados para delitos de real gravedad, se podría hacer un uso eficiente de los escasos recursos humanos, económicos y de infraestructura que tiene el sistema, evitando, o por lo menos minimizando, la necesidad de llamar emergencia penitenciaria y carcelaria a los problemas permanentes o estructurales que hemos creado.

Un sistema que se utiliza desmedidamente para situaciones sociales, que no pueden solucionarse con el uso del derecho penal, no logra otra cosa que funcionar mal de manera estructural.

Siempre nos queda, aunque aún nos neguemos a verlo, el camino de usar menos detención preventiva o privación de la libertad durante el proceso penal, crear menos y suprimir algunos de los tipos penales o definiciones de delitos que hoy tenemos, tener penas más bajas, usar más los beneficios penitenciarios, implementar medidas de seguimiento satelital como medidas preventivas y como penas, implementar regímenes fundamentados en una real justicia restaurativa, implementar regímenes abiertos, y un largo conjunto de etcéteras posibles, que no logramos ver por obsesionarnos con que nuestro único camino es el uso de la privación de la libertad como “solución” o consecuencia necesaria para todo tipo de conflicto social.

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