Razones del idiota útil: Cuando las Normas Son Flexibles y la Ley Es Relativa
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Todo es un despropósito: el tramitador, las placas vendidas por “un señor que viene en bicicleta”, un “trabajito”, y la convicción de que en Colombia violar las leyes no es un delito.
Francisco Thoumi *
“Miren que soy como ustedes…”
El caso del “tramitador” de las placas del carro bomba que explotó frente a las oficinas de Caracol es un ejemplo clásico de los problemas que surgen cuando en una sociedad hay conflictos entre la ley y las normas de comportamiento socialmente aceptadas dentro de algunos grupos.
Gustavo Ladino, de 56 años, se presentó ante la Fiscalía para confesar que él había vendido la placa falsificada utilizada en el carro bomba. Ladino explicó que tres días antes de la posesión del presidente Santos dos clientes lo contactaron para “hacer el trabajo”: “Les pregunté para qué era. Les dije: ‘Hermanos que no vaya a ser para nada grave, porque mire que yo tengo mi esposa, tengo mis hijos como ustedes…’ Y me dijeron: ‘No tranquilo, es para venderlo’. Me dijeron que para hacer lo de las placas necesitaban el certificado de tradición. Lo consiguió la mamá de mis hijos, porque yo no estoy registrado. Ella tuvo que poner allá huella, firma y cédula. Todo eso quedó registrado”. Además, explicó que le compró la placa a “un señor que viene en bicicleta” y vende placas.
“De público conocimiento”
El abogado de Ladino explicó que lo que ocurrió fue que a Ladino “lo contrataron para ‘gemeliar’ como lo hacen normalmente un sin número de usuarios aquí en Paloquemao y es de conocimiento público”.
Ladino se declaró culpable de manera curiosa: “Sí, me siento culpable, porque realmente fui utilizado y el vehículo se movilizó porque presté la forma de que se hiciera y no lo pararan porque no llevaba placas. La gente que me conoce puede decir que fui utilizado, porque yo sólo hago trámites”.
¿Todo está permitido?
Este episodio muestra claramente las consecuencias que sufre Colombia, país donde muchos no consideran que violar las leyes sea un delito. Veamos algunos pormenores:
- Ladino no consideró que había algo malo en conseguir unas placas falsas para vender un automóvil posiblemente robado, y que al proporcionar las placas él se convertía en cómplice de un delito grave.
- De lo anterior se deduce que su actividad no se limita a los trámites legales, sino que también incluye los ilegales. Para que haya sido contactado para “gemeliar”, quienes lo hicieron debían saber que “gemeliaba”, lo cual según su abogado es una actividad común entre los tramitadores.
- Ladino no estaba registrado, es decir no tenía el RUNT por lo que “la madre de mis hijos” fue el autor material de la “gemeliada”, asunto aparentemente trivial y marginal. Es curioso que Ladino, que alega ser tramitador profesional y haber trabajado como tramitador por mucho tiempo, no podía legalmente ser tramitador.
- El único obstáculo que tenía para su actividad delictiva eran las posibles consecuencias sobre su familia.
- Ladino confiesa no porque considere que su participación constituya un hecho punible, sino porque se consideró utilizado y engañado. ¡Lamentablemente “lo tumbaron”! ¡Si no lo hubieran “tumbado”, no hubiera delatado los hechos!
Las leyes como obstáculo
Este caso resalta varios problemas actuales:
- La debilidad de los derechos de propiedad en un país donde muchos consideran que robar o “tumbar al otro” son comportamientos aceptables.
- Muchas leyes se ven como un obstáculo a la actividad económica. Así, los trámites legales siempre se pueden esquivar y falsificar. Esto a pesar de los esfuerzos hechos por el Estado durante las dos últimas décadas para eliminar la “necesidad” de tramitadores.
- La lealtad y el capital social del agente se extienden solamente a la familia. Lo importante es que sus hijos y esposa no sufran consecuencias negativas. Las que pueden caer sobre el comprador de un carro con placas falsas o el posible dueño del carro robado no fueron nunca factores relevantes.
- Esta es la razón por la cual una gran proporción del ingreso nacional tiene que dedicarse a la protección privada de la propiedad.
Con su Constitución en el bolsillo
Según parece, en Colombia cada persona decide qué leyes cumplir y cuáles no, y cuándo puede violarlas. Es como si cada cual tuviera su Constitución personal. De ahí que para efectuar una transacción importante se requiera dedicar recursos cuantiosos con el fin de obtener información verídica acerca de la persona o entidad con la que se está negociando.
La pregunta que surge es simple: si para un grupo importante de colombianos no está clara la línea que divide lo lícito de lo ilícito, ¿cómo se pueden crear un Estado y una identidad nacionales en los que se respeten los derechos de la gente de manera que se desarrollen reglas mínimas de convivencia como que no sea aceptable robar y vender lo robado?
Este es uno de los grandes desafíos que tenemos los colombianos.
(La información para este artículo se obtuvo de los videos en la red de Caracol y de Citytv)
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
Acerca del autor
Francisco Thoumi
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Todo es un despropósito: el tramitador, las placas vendidas por “un señor que viene en bicicleta”, un “trabajito”, y la convicción de que en Colombia violar las leyes no es un delito.




