La seguridad de Gustavo Petro: saldo en rojo

Una recapitulación descarnada de la situación de seguridad, que anticipa pocas perspectivas de mejoramiento en lo que resta del período bajo una severa crisis de gobernabilidad.

El Catatumbo

Aunque el espectáculo político parece haberlo pasado a segundo plano, lo del Catatumbo se ve muy delicado. Han sido encontrados 56 cadáveres y se cree que el número de asesinados pueda superar los cien. Cerca de 55 000 desplazados. 

Hoy, este grave problema pasó a segundo plano y no va a ser atendido como corresponde por un gabinete de gobierno que por voluntad propia de alguno y algunos -porque los van a echar- no va a poder atender esta emergencia. En mejores condiciones, no lograron coordinar y ejecutar acciones para recuperar el Cañón del Micay en el Departamento de Cauca, donde las Fuerzas Armadas se quedaron solas, como lo reconoció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el accidentado Consejo de Ministros.

Comenzando por las cifras

En una noticia se afirmó que, con base en las cifras de violencia y delincuencia de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa maquilla las cifras que hace públicas todos los meses y las que reporta de manera anual. El Ministerio no ha respondido. Esto afecta la credibilidad de todos y la gestión estatal para enfrentar los hechos de violencia y delincuencia.

Estas diferencias se deben, en parte, a falta de coordinación y convalidación entre la Fiscalía, la Policía Nacional, Medicina Legal y las Fuerzas Militares. Además, cuando por fin los reportes se hacen públicos, son atrasados: Por ejemplo, solo en el caso de los secuestros, las extorsiones y los homicidios, existen tres mesas interinstitucionales de validación de la información y los resultados de un año, como fue el caso de 2024 y que sirvió para redactar la noticia referenciada, sólo es posible tener cifras validadas y más o menos fiables en el mes de marzo, es decir, tres meses después.

Otro problema que pone en duda la confiabilidad de las cifras de violencia y delincuencia es que cada vez es más difícil para los analistas acceder a esta información, y así no hay adecuados seguimiento y veeduría ciudadana a la gestión del Gobierno en materia seguridad y justicia.

A esto se suma el hecho de que este gobierno eliminó la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que venía realizando el DANE desde el año 2012. Así que, en cuanto a disponibilidad de cifras, como vamos, vamos mal. Sin embargo, miremos algunas las cifras disponibles.  

Muertes violentas 2022-2024  

Luego de más de dos años de gobierno, los resultados en materia de seguridad no son buenos. 

Con base en las cifras del Instituto de Medicina Legal, que maneja las cifras más confiables de muertes violentas, entre el año 2022 y el año 2024 los homicidios aumentaron 4,3 %, es decir, 576 casos más; las muertes en siniestros viales solo aumentaron en 0,2 %, 14 casos más; los suicidios aumentaron en 5,3 %, y las muertes accidentales en 13,3 %, como se puede ver en la siguiente tabla: 

En el plan de desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”, paradójicamente, estas cifras van en contravía. Se propuso bajar la tasa de 25,8 a 24,5 homicidios por cada 100. 000 habitantes entre 2022 y 2026, pero hoy la tasa se ubica en 26,5. 

En siniestros viales la meta propuesta es reducir el número de muertes de 8 301 registradas en 2022 a 5 723 en 2026, es decir, una reducción de 2 578 casos, una meta difícil de lograr en el tiempo que le queda de Gobierno y más si va aumentando en dos años largos.

Hay que anotar que, en lo que hace a los homicidios, subsisten las diferencias en las cifras que maneja la Policía Nacional y las de Medicina Legal. Preocupa sobremanera el cambio en el manejo de las cifras de homicidios que ha hecho la Policía en los últimos años, pues ya no incluye los casos de personas “dadas de baja en uso legítimo de la fuerza, ni los homicidios producidos por un ciudadano en legítima defensa, ni los homicidios preterintencionales (sin intención de provocarlos). Es decir, la cifra es inútil si la intención es que sea un proxy para medir convivencia. 

Este cambio en el acopio de las cifras de homicidios de la Policía hizo que en los últimos años esta institución registrara una disminución de este delito al pasar de 13 537 casos en 2022 a 13 357 en 2024, una reducción del 1,32 %, mientras que en el caso de las cifras que maneja Medicina Legal, en las cuales no se incluyen estas situaciones, se registra un aumento en ese período: se pasó de 13 341 homicidios registrados en 2022 a 13 917 en 2024, es decir, un incremento del 4,3 %. Se modificó la tendencia histórica, como se puede ver en la siguiente gráfica:   

Comportamiento de los demás delitos

En cuanto a los demás delitos, la diferencia en las cifras de la Policía y el Ministerio de Defensa, en relación con las que maneja la Fiscalía General de la Nación va a persistir mientras no se acuerden y ejecuten los procesos de acopio y convalidación conjunta. Hubo momentos en que el diálogo en esta materia entre las dos instituciones fue fluido y productivo, pero ya no.

Sin embargo, analicemos las cifras disponibles. Las cifras de delitos que se presentan a continuación provienen de los informes anuales y mensuales que de manera regular presenta el Ministerio de Defensa en su página web.

De doce delitos analizados en este escrito, durante el período de gobierno del presidente Gustavo Petro, seis han aumentado y seis han disminuido, como se puede ver en la siguiente tabla. Entre enero del año 2022 y diciembre de 2024, los delitos que han aumentado son: secuestro extorsivo (31,9 %), secuestro simple (30 %), extorsión (26 %), delitos informáticos (20,5 %), violencia intrafamiliar (20,4 %) y delitos sexuales (11,5 %).

Disminuyeron hurtos a motocicletas (0,6 %), automotores (1,3 %), personas (11,7 %), residencias (16,2 %), comercio (23 %) y a entidades financieras (62,3 %).

El balance es malo. Y se puede afirmar que la situación no va mejorar en lo que resta del Gobierno, si se tienen en cuenta la crisis ministerial y de gobernabilidad, además del desmantelamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas (más de setenta generales fueron retirados); el debilitamiento de la inteligencia, ahora en manos de gente inexperta; la falta de inversión y la obsolescencia de los equipos militares y policiales, por una parte, y por otra los distintos ceses del fuego en el marco de la Paz Total que fortalecieron a las estructuras criminales armadas y maniataron la acción de la fuerza pública.

Aplazar las esperanzas de mejoramiento

Hoy las propias Fuerzas Armadas reconocen el fortalecimiento y el crecimiento que han tenido los distintos grupos armados que se disputan violentamente las jugosas rentas criminales. Las once confrontaciones armadas reportadas no son enfrentamientos contra el Estado con la intención de tomarse el poder. Atrás quedó la revolución. Hoy el “conflicto”, como lo llamamos durante años, es entre grupos mafiosos que buscan enriquecerse a través de distintas rentas criminales: narcotráfico, lavado de activos, extorsión, secuestro, contrabando, trata de personas, comercio de armas, hurto en todas sus modalidades; negocios cuasilegales como casinos, prostitución, préstamos paga-diario, chance ilegal, máquinas tragamonedas, etc).

Luego, por un lado, poca capacidad de acción de las autoridades, por el otro, incremento del delito asociado a grandes organizaciones, la alternativa es esperar a que llegue un nuevo gobierno después de las elecciones de 2026, y, por ahora, pedirles a las cabezas institucionales de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y al nuevo ministro de Defensa, que hagan sus mejores esfuerzos por lo menos para tratar de recuperar en algo la seguridad de los ciudadanos y de los territorios. ¡Ya para qué pensar en el cumplimiento de las metas iniciales!