Tanto el acuerdo de paz como las propuestas de la Misión Electoral se quedan cortas frente a la podredumbre del sistema. En cambio las tecnologías actuales permitirían corregir algunos de sus problemas centrales*.
Ernesto Rojas Morales**
La democracia estancada
Después de tres meses de trabajo la Misión Electoral Especial (MEE) creada por el gobierno presentó el informe con las propuestas de reforma del sistema electoral. Entre ellas hay cambios para propiciar la ampliación de la democracia territorial e intrapartidaria y modificaciones a los mecanismos de financiación y control de las organizaciones y campañas políticas.
Pero la Misión ya mostró su primera debilidad. Cedió a la presión y abandonó la propuesta de eliminar la Registraduría Nacional del Estado Civil que había hecho en su primer informe y que había sido apoyada por los analistas. Con esta propuesta se abría por fin la posibilidad de tener un ente neutral que presidiera las elecciones, pues es sabido que la nómina de esta costosa institución no obedece a ninguna carrera administrativa. La Registraduría está conformada por los representantes de los parlamentarios actuales. Los mismos que, generalmente, están interesados en reelegirse y elegir a sus amigos en las regiones.
Un sistema electoral debe ser la red de vasos comunicantes por donde fluye la democracia. Sin embargo, por los ductos electorales circula actualmente un cocimiento turbio y maloliente. Y muy pocos lo consideran adecuado para satisfacer su necesidad de participación en las decisiones de la vida cotidiana.
Como consecuencia del inicio de una nueva era, la de la paz, el Estado debe imponerse la tarea de purificar la democracia y modernizar el sistema electoral. Esto con el objetivo de erradicar la violencia de la política y romper la tendencia guerrerista por la cual, para organizar la sociedad de una determinada manera, las minorías han pretendido imponer con las balas lo que nunca lograrían con los votos.
La derecha, la izquierda, la oligarquía y la pobrería, en diferentes lugares y momentos, han incurrido en una rebeldía armada no exenta de crueldad y, a la postre, sepultada en la impunidad. La obstrucción de las vías democráticas, por donde deben circular las ideas y las propuestas de solución a los problemas, ha producido una enorme acumulación de inconformidades.
Poder, armas y dinero
 Saldrán las armas de la política? Nadie puede afirmarlo con certeza. Las FARC será la primera organización desarmada. |
No hay duda de que en estos años se hará una reforma al sistema electoral, pero la profundidad del cambio que se conseguirá no es fácil de predecir. Sin embargo, desde ahora se puede afirmar que si dicha reforma se ocupa únicamente de cumplir lo pactado en el Acuerdo Final solo habremos logrado un pequeño avance, transitorio y sin efectos en el mediano plazo.
Es cierto que el dar espacios electorales a nuevos actores produce una reorganización de la política, pero con el paso de los años los rebeldes no solo dejan las armas, también dejan los ideales. Muchos líderes reinsertados a la vida civil han caído finalmente en las mismas prácticas políticas torcidas de la sociedad tradicional.
¿Saldrán las armas de la política? Nadie puede afirmarlo con certeza. Las FARC serán la primera organización desarmada. No obstante, se presume que otras organizaciones que protegen actividades ilegales como el narcotráfico, la minería, el despojo de tierras o la trata de personas seguirán actuando para obligar a grandes sectores de la población a votar por determinados concejales, alcaldes, diputados, gobernadores o parlamentarios.
La influencia de los actores ilegales se ha manifestado, por ejemplo, en la conformación del Congreso. Una cantidad considerable de congresistas ha sido investigada y sancionada disciplinaria y penalmente, como ha venido mostrando esta revista en su serie “Radiografía de la Corrupción”.
En el libro Y refundaron la patria se muestra que en 2006 el 42 por ciento de los senadores de ese momento habían sido investigados o condenados por vínculos con grupos armados ilegales. Del mismo modo, en una investigación del 2002 la Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial señalaron la captura del Estado por la delincuencia como uno de los problemas centrales de Colombia. Y entre 2002 y 2008 la Procuraduría General reportó haber adelantado 76.133 procesos disciplinarios contra autoridades de entidades territoriales. En este mismo período fueron destituidos 343 alcaldes, 28 gobernadores, 92 concejales y 12 diputados.
El Estado debe imponerse la tarea de purificar la democracia y modernizar el sistema electoral.
En cuanto a la relación entre el dinero y la política, se acostumbra decir que es una fatalidad. “El dinero quiere poder político y los políticos quieren dinero”. También se repite la famosa frase acuñada en 1887 por el historiador y político Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Nuestro sistema electoral parece haber sido diseñado por un genio malévolo que ha logrado que en Colombia se cumplan estos dos aforismos.
En efecto, y a manera de ejemplo, Ariel Ávila señala que en las elecciones de 2015 hubo una gobernación que le costó al elegido 5 millones de dólares. La recuperación de tan costosa inversión no se logra con el modesto sueldo de un funcionario, y seguramente la ha conseguido otorgando privilegios indebidos a sus financiadores en la contratación oficial, en las concesiones y en los permisos o licencias.
Sistematización del proceso electoral
 Voto electrónico. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil |
En abril de 2016, el registrador nacional Juan Carlos Galindo dijo en el Senado que “el voto [electrónico] es una parte, pero no el todo del sistema electoral”. Con esto quiso sostener su idea de que la sistematización del proceso electoral es algo muy complejo y, por lo tanto, difícil de lograr.
La senadora Claudia López lo refutó y atribuyó la evidente resistencia de la Registraduría a la implementación del voto electrónico a que “existe un carrusel de contratación en la Registraduría para hacer las elecciones en papel. Este carrusel cuesta casi un billón de pesos y se contrata a dedo con proponentes únicos, los mismos que se ganan siempre los contratos”.
En relación con este tema, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, invitado a la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC, propuso implantar de inmediato el voto electrónico sin papeleo ni manipulación de escrutinios. El problema consiste en que constantemente surgen temores con respecto a la seguridad informática. Sin embargo, existen formas efectivas de control que ya se están usando en otros países. Por ejemplo, en una de ellas, una vez emitido el voto la máquina imprime un comprobante en papel donde un código de barras indica la decisión del votante y este, una vez verificado el contenido, lo deposita en las urnas.
Con el paso de los años los rebeldes no solo dejan las armas, también dejan los ideales.
Por otra parte, la lista de sufragantes se ha convertido en un problema. El censo electoral, entendido como el registro donde se encuentran todos los ciudadanos que pueden votar en cada una de las circunscripciones, debe estar actualizado. Esto implica incorporar las personas que llegan a la mayoría de edad o fijan su residencia en un nuevo lugar y excluir a quienes mueren, ya no residen en la circunscripción o están inhabilitados judicialmente para sufragar.
Este procedimiento es extremadamente engorroso y debe reemplazarse. Hoy ya existe una base de datos muy robusta construida con el registro del Sistema de Seguridad Social que almacena de manera muy confiable los datos demográficos y de residencia de casi todos los ciudadanos. Esta fuente de datos, sumada a las otras ya consolidadas –como el Sisbén, el servicio de migraciones, los servicios públicos domiciliarios, la Dirección de Impuestos y el Registro Civil, entre otros–, permitiría tener actualizado el censo electoral. Los programas informáticos diseñados para el manejo de grandes cantidades de información (big data) lo hacen posible.
En marzo de 2016 el director de Planeación Nacional declaró que el gobierno busca poner en funcionamiento este año una estrategia de big data cuyo objetivo será que el Estado haga un mejor uso del activo gigantesco que son los datos que ya tiene y que están subutilizados. “La estrategia de big data debe construirse sobre una buena infraestructura de datos de calidad, abiertos, y en donde los diferentes entes estatales tengan acceso a datos producidos por otras entidades”, puntualizó Simón Gaviria.
Otro tema importante son los documentos de identificación. Dentro de unos pocos años la cédula como la conocemos hoy será anticuada. La identidad de las personas será complementada o sustituida por la biometría (huella dactilar, iris o chips insertados en la piel).
Con las técnicas disponibles hoy ya se puede comprobar de manera confiable la identidad del elector en el puesto de votación a muy bajo costo. Además, sin necesidad de inscripción previa, el ciudadano podría votar en cualquier puesto de sufragio cercano y el sistema asignaría el voto a la circunscripción de su residencia habitual o lo anularía si se tratara de un intento de doble sufragio o de trashumancia electoral.
Como si esto fuera poco, estas tecnologías permiten que los totales de votación sean conocidos en tiempo real, pues se van acumulando en la medida en que se emiten los votos. Su distribución por candidatos se divulga al minuto siguiente de la hora final de la jornada. Los escrutinios de mesa ya no serían necesarios y solo se harían después para resolver reclamaciones. De este modo, el tiempo que se ahorraría gracias a que los jurados no tendrían que escrutar podría usarse para ampliar a doce horas el funcionamiento de las urnas y se facilitaría así el acceso al votante.
* Algunas de estas ideas se desarrollan en el ensayo del autor Reforma Electoral Deseable (2017).
* Ingeniero civil de la Universidad Nacional, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (1967-1971 y 2004-2007), concejal de Bogotá, representante, senador y consejero presidencial. Creador del primer sistema permanente de encuestas por muestreo de hogares en Colombia y del sistema de captura electrónica de datos para censos y encuestas en las Américas.
