El gobierno se ha empeñado en reemplazar el modelo extractivista por un modelo sostenible, poniendo en riesgo la producción y el abastecimiento energético en Colombia. ¿Cuál es el panorama en los distintos sectores?

Amylkar D. Acosta M*

Una promesa cumplida

En su programa de gobierno, el presidente Petro planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista, de la dependencia del petróleo y el carbón” y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados de lo que se nos vendría. 

Sin proponérselo, el departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para poner en marcha el “desescalamiento” del modelo “extractivista”. El 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR, le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). 

Esta decidió no reabrirlas ni a reasignar tales títulos, con el firme propósito de pasar del “extractivismo a una economía productiva”. Con ello, se están dejando de exportar 15 millones de toneladas, 5000 trabajadores se quedaron sin trabajo y hubo cuantiosas pérdidas de ingresos para el país, para el departamento y los municipios.

Si bien el gobierno puede presentar este caso cómo su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en 2022 y 2023, consumiendo 8300 millones y 8500 millones de toneladas, respectivamente. 

Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, por lo que, mientras se siga demandando como se está demandando, otro país lo va a producir y exportar. Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas.

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El sector minero

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de Ley Minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inhabilita las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío. De ese modo, se pretende competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se la va a arrinconar. 

La hostilidad hacia la actividad extractiva y hacia la actividad minera se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial. Según la norma, si un área se declara como “reserva temporal”, puede empezarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. Con señales como estas, se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector.

El sector de los hidrocarburos

En cuanto al sector de los hidrocarburos, la exministra, Irene Vélez, y el actual ministro, Andrés Camacho, han seguido a pie juntillas la directriz de Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de expertos integrada por el anterior gobierno, se tomó la decisión de clausurar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de usar fracking. El país se quedó sin saberlo. 

La ministra de Ambiente, Muhamad, fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta el 7,1, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta el 6,1 %. 

Llama poderosamente la atención que mientras el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, proyecta llegar a la producción de un millón de barriles al día, cada día que pasa se aleja más y más de dicha meta, la que se alcanzó en 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800 000 barriles al día. No se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se les incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del gobierno. 

Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Las cifras son elocuentes: según CAMPETROL venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó un 30,3 %. Este mes de julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. 

En materia de reservas, producción y abastecimiento de hidrocarburos, la situación más crítica que afronta Colombia es en el atinente al gas natural, en el que la caída ha sido mayor, no sólo de las reservas sino también en producción, poniendo en grave riesgo el autoabastecimiento en el país. 

Según el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural caerá alrededor del 7,3 %. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11,6 % para 2025 y el 9,3 % para 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19,8 %.

Entre tanto la demanda de gas natural aumentó el 3,9 % entre 2022 y 2023, por debajo del aumento del 4,6 % entre 2021 y 2022. Esto se explica por la baja en la demanda del sector industrial a causa de la desaceleración del crecimiento de la economía. 

La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la transición energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7,5 % el año entrante a un déficit de 16 % en 2026, el cual tendrá que suplirse con importaciones, poniendo fin a 45 años de autosuficiencia.  

En este frente es de rescatar la valerosa decisión tomada por el gobierno de desmontar el subsidio a los combustibles en el país, empezando por la gasolina motor. Este gobierno heredó una bomba de tiempo del gobierno anterior: el creciente déficit del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles el cual atentaba contra la sostenibilidad fiscal. 

Además, no tiene sentido que el Estado siga asumiendo semejante carga en momentos en los que se impone la necesidad de reducir el consumo de los combustibles fósiles. Después de liberar el precio de la gasolina, este se ha nivelado con el precio internacional y según ha anunciado el ministro de Hacienda se hará lo propio con el diésel – motor. Esta decisión ha sido muy bien ponderada por parte del Comité independiente de la Regla fiscal

¿Qué pasó con la transición energética?

Aunque la transición energética haya sido una de las banderas principales del gobierno, es el área en dónde menos avances se han logrado. 

Después de expedidas las Leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021 y después de la asignación de 2400 MW en proyectos de generación de energía eólica y parques eólicos que han debido entrar en operación en 2022, hasta la fecha ninguno de ellos está operando. Por otra parte, la línea colectora que permitirá transportar la energía para inyectarla al Sistema Interconectado Nacional (SIN) sólo estará a punto en 2026. 

Para rematar, la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, contemplada en el Plan de Desarrollo (2022 – 2026) y anunciada por la exministra en el marco de la COP 27 en noviembre de 2022, sigue sin ejecutarse. La ausencia de los parques eólicos agravó el atraso en la ejecución de otros proyectos tanto de generación como de transmisión, lo cual se tradujo en un stress del SIN, debido al estrecho margen entre la oferta de energía firme —225 GWHD— y la demanda —222 GWHD—, el cual no supera el 4 %, presionando al alza los precios y las tarifas de energía. 

Esta es la causa de la espiral alcista de los precios en bolsa y de las tarifas de energía y no la especulación por parte de los generadores como el gobierno lo ha querido ver, empezando por el propio presidente, quien llegó a equiparar el negocio de la generación de energía y sus “pingues” utilidades con las que obtenía Pablo Escobar. Lo cierto es que mientras no se expanda la capacidad de generación y transmisión y con ella la oferta de energía, es ilusorio esperar una baja sensible en los precios y en las tarifas de energía, pese a las repetidas e incumplidas promesas y anuncios oficiales. 

Hoy por hoy la mayor preocupación de los usuarios del servicio de energía, especialmente en el Caribe, son las altas tarifas que se cobra al usuario, sobre todo después de las alzas recurrentes que han tenido que soportar desde 2022. Después del fracaso anunciado de la “justicia tarifaria” con la que la exministra prometió bajar las tarifas y del fiasco de las cumbres de Palacio, en Sincelejo y Cartagena los usuarios siguen a la espera de que el gobierno pase de los anuncios y de los plazos incumplidos a los hechos.

Al comienzo de su gobierno, el presidente le atribuyó las altas tarifas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y se propuso intervenirla. Posteriormente, intentó sin éxito asumir sus funciones y competencias, a lo que se interpuso el Consejo de Estado, al dejar en claro que las competencias regulatorias son propias de la CREG. 

Después, con la anulación del nombramiento de varios de los expertos comisionados por parte del alto tribunal junto con el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y Energía y el director del DNP, la CREG le quedó en bandeja de plata al presidente y desde entonces no ha sabido qué hacer con ella. Al punto que en este momento está desintegrada por su negativa a nombrar en propiedad a los expertos comisionados. 

Pese al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la orden del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca para que procediera a realizar dichos nombramientos en propiedad y no en calidad de encargados, Petro se ha negado a hacerlo, razón por la cual tiene abierta una acción de desacato. 

Este es el nudo gordiano de la actual crisis del sector energético, que solo el gobierno puede desatar. A la inoperancia de la CREG, que ha conducido a un apagón regulatorio, se sumó el anuncio del gobierno de la presentación de un proyecto de ley para reformar la Ley 142 de 1994, de servicios públicos, a través del cual el presidente de la República insiste en arrogarse las funciones y competencias de la CREG. 

Este es un pésimo mensaje para la inversión y para los inversionistas del sector, ya que atenta contra la seguridad jurídica, pues las decisiones en materia regulatoria pasarían de un órgano técnico, autónomo e independiente, como lo es la CREG, a manos del ejecutivo, en las que priman más las consideraciones políticas que los criterios técnicos a la hora de la toma de decisiones. 

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