Un tratado que en realidad aporta poco a la economía colombiana, mal negociado y que nos coge sin preparación, que los ministros sin embargo defienden -excepto uno que dice la verdad.
Amylkar D. Acosta M.*
“Colombia está demasiado obsesionada con el TLC
y poco obsesionada con la productividad”.
Andrés Oppenheimer
Aporta poco
Tan pronto trascendió la noticia sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se reanudó el debate en torno a sus costos y beneficios para Colombia.
No se sabe sobre qué bases o estudios el ministro de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), Sergio Diaz-Granados, afirmó que gracias al TLC el PIB colombiano va a crecer un punto adicional, que se van a triplicar las exportaciones a Estados Unidos — pasando de 16.900 millones de dólares anuales a 50.000 millones en sólo cinco años — y que se van a crear más de 380.000 nuevos empleos [1].
Nadie se explica cómo si la economía mexicana, a pesar de contar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés) desde enero de 1994, en los últimos quince años ha crecido sistemáticamente por debajo del promedio de América Latina.
En realidad,un estudio serio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que el efecto directo del TLC con Estados Unidos sobre las exportaciones será apenas de 6,4 por ciento, mientras las importaciones crecerán un 12 por ciento.
Esto último lo corrobora otro estudio de la Comisión de Comercio Internacional, según el cual “gracias al TLC las exportaciones estadounidenses a Colombia podrían aumentar en un 10 por ciento, cerca de 1.100 millones de dólares y las importaciones en unos 487 millones de dólares”[2].
De otra parte, la tasa de desempleo no cede a pesar del repunte que han tenido las exportaciones sin TLC y del aumento de la producción. Con TLC no van a cambiar las cosas, mientras no se cambie el modelo económico de crecimiento sin empleo que predomina en Colombia.
Tres a cero
De nada sirvió pues la celeridad que le imprimió el entonces presidente Uribe a las negociaciones, apremiando para firmarlo “rapidito” al equipo encabezado por Hernando José Gómez, actual Director del DNP.
Dice el adagio popular que de la carrera no queda sino el cansancio, y en este caso la ligereza significó aceptar ciertas imposiciones de parte de los negociadores de Estados Unidos:
1. Es el caso del desmonte por parte de Colombia de todas las salvaguardias al sector agropecuario, particularmente el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), al tiempo que Estados Unidos se negó rotundamente a hacer los propio con los subsidios y ayudas destinadas a sus exportaciones agrícolas y pecuarias. A ello se refiere el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, cuando afirma que “se cometieron ingenuidades negociando los capítulos agrícolas de los TLC”[3] .
2. Es más: el gobierno colombiano había comenzado a ceder antes de sentarse a negociar; ante las presiones de las multinacionales farmacéuticas, expidió el Decreto 2582 de 2002, que amplió el período de protección a los medicamentos de marca y retrasó la entrada de los genéricos al mercado. Y claro, esta norma, contraria a la normativa andina que cobijaba a Colombia, sirvió de piso a la posterior negociación del capítulo de propiedad intelectual.
Ello redundará en mayores costos para el Sistema Nacional de Salud, con el agravante de que una vez entre en vigencia el TLC, la Superintendencia ya no podrá regular los precios de los medicamentos como lo viene haciendo hasta el momento.
3. Por otra parte, como señala Helena Villamizar, "la inclusion de la figura de expropiacion y menoscabo constituye uno de los compromisos mas lesivos, al facultar a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado colombiano ante tribunales de arbitramento privados cuando sientan afectadas sus ganancias o expectativas razonables de ganancia por cualquier norma o medida" (subrayo añadido)[4].
Con razón el Comité Consultivo para Políticas y Negociaciones de Comercio de Estados Unidos conceptuó que “el tratado con Colombia satisface o supera los logros acordados en otros tratados recientes, incluyendo los suscritos con Perú, Centro América y República Dominicana”[5].
Por su parte la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos considera que "el mercado de Colombia tiene el mayor potencial de la región para el sector privado de Estados Unidos".
Es muy diciente que el propio embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva, en su afán por disuadir a los parlamentarios renuentes a ratificar el tratado, les hace ver que "Estados Unidos esta perdiendo puestos de trabajo todos los dias por no tener ese tratado con Colombia"[6].
No hicimos la tarea
Sólo ahora, cuando se anuncia la ratificación del TLC y ambos países se aprestan a ponerlo en vigencia, el gobierno se acuerda de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC), con la cual se comprometió el país hace ya más de seis años.
Ahora se habla de “desempolvar la Agenda para encarar el TLC”. Pero ocurre que, como notó Lawrence Summers en su reciente visita a Bogotá, la competividad no es una especie de switch que pueda prenderse y apagarse a voluntad.
La competividad es una tarea de largo aliento y la clave de la misma está en persistir, en sostener el esfuerzo, porque no se trata sólo de mejorar, sino de avanzar a un ritmo más rápido que los países que nos aventajan.
El campo desprotegido
No extraña entonces la reacción del ministro Restrepo, al advertir que “no estamos preparados, nos falta mucho…Se hace imperativo que los sectores comiencen a trabajar de forma rápida con el fin de competir o mitigar los efectos del tratado”[7].
Eso ya lo sabíamos: al cierre de las negociaciones en febrero de 2006, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, no dudó en señalar que “el sector del campo fue el gran damnificado”[8].
Entre tanto, el presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie, le cantó la tabla al gobierno y no se arredró al decirle que “el TLC no es moral ni políticamente defensable”[9]. La suerte estaba echada.
Quedaba en evidencia que con la entrada en vigor del TLC, contrariamente a lo que sostenía el gobierno que lo sobrevendía como si fuera la panacea, habría ganadores y perdedores y a estos sectores les había tocado perder.
Para calmar la molestia del gremio de los agricultores, se hizo aprobar la Ley 1133 de 2007 “mediante la cual se crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro”. Se trataba de invertir 500.000 millones de pesos anuales para “proteger los ingresos de los productores que resulten afectados, ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía”.
Pero es bien sabido que tales recursos se desviaron y en lugar de favorecer la economía campesina, fueron a parar a los bolsillos de los más pudientes.
Infraestructura, el principal obstáculo
El ministro de Transporte habló de la “herencia vergonzosa”[10] de las concesiones viales contratadas en la pasada administración “a la topa tolondra”[11]. La infraestructura es en efecto el mayor obstáculo para que Colombia sea competitiva; de ello se quejan los productores: industriales, agricultores, mineros y petroleros, todos los sectores.
De las cinco locomotoras identificadas por el Plan de Desarrollo del gobierno Santos (infraestructura, vivienda, minería, agricultura e innovación) una, la infraestrutura, la que tiende los rieles para que las demás se muevan, sigue sin arrancar un año largo después.
Casualmente, el momento mismo cuando el Congreso de Estados Unidos le da luz verde a la ratificación del TLC con Colombia sorprende al país con 20 de sus carreteras cerradas y muchas otras con paso restringido. Una de las regiones más pujantes del país y con más promisorias posibilidades como lo es Santander está aislada del resto del país.
Según el más reciente Informe del Foro Económico Mundial, Colombia se raja prácticamente en todas las asignaturas:
- En la calidad de las vías carreteables, con una calificación de 2,9 sobre 7 ocupa el puesto 108 entre 142 países de la muestra.
- En vía férreas recibe una calificación de 1,7 y ocupa el puesto 99.
- En cuanto a puertos, obtuvo 3.4 y se ubicón en el puesto 109.
- Sólo muestra una mejora en la dotación de infraestructura aeroportuaria, con una calificación de 4,1 y un asceso hasta el puesto 94.
- La nota promedio en infraestrucra fue un mediocre 3,7.
Estas precariedades nos sitúan muy por debajo de nuestros pares en el grupo CIVETS[12], de cuya pertenencia tanto nos ufanamos.
Mal negocio
Afirma el ministro de Hacienda, haciendo gala de voluntarismo que “nadie lo obliga a uno a hacer malos negocios… Siempre uno debe estar preparado para hacer buenos negocios. ¿En qué? Ya lo dirá el futuro, lo dirán las intenciones de comercio y las intenciones de inversión”[13].
Claro que “nadie lo obliga a uno a hacer malos negocios”, pero claro es también que un tratado es un negocio duradero y de obligado cumplimiento, que cuando está mal negociado resulta ser mal negocio.
También es cierto que uno “debe” estar “preparado para hacer buenos negocios”; pero ¿qué pasa si no lo está en realidad, tal como lo pone de manifiesto su colega de gabinete?
Como dijo Marco Llinás, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, “con o sin tratado con Estados Unidos, si no hacíamos la tarea de arreglar la casa por dentro, no podríamos aprovechar el libre comercio”[14]. Porque es claro, como observó el entonces ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, que “el acuerdo con Estados Unidos abre oportunidades, pero no las garantiza”[15].
Piscina vacía
El orondo ministro de Hacienda no se da por aludido y sale a decir que “la mejor forma de aprender a nadar es echarse al agua, de manera que bienvenido el piscinazo´”[16].
El primero en ripostar fue el ministro de Agricultura: ojalá “esa ducha fría que les va a llegar con los TLC no se convierta en una neumonía para nuestro sector”[17].
El mismo tono de advertencia fue utilizado por El Espectador: “hay que atreverse a dar saltos. El problema es que éstos no pueden ser al vacío; no se aprender a nadar con los brazos amarrados… sin un manejo adecuado pueden diluirse las ventajas, por los efectos catastróficos para algunos sectores muy importantes de la economía nacional”[18].
No le salió bien la metáfora acuática al ministro Echeverry, pues quien está tratando de aprender a nadar no lo va a hacer desde un trampolín en una piscina olímpica para clavados, pero vacía… a menos que en realidad esté tratando de suicidarse.
Dos falacias
-No es cierto, como se afirma en la página Web del MCIT que “es la primera vez que Colombia puede ingresar sus productos, sin restricciones arancelarias, a países desarrollados”, ahora que tiene libre comercio con Canadá y Suiza…”.
¿Acaso Colombia no cuenta con el ATPDEA desde 1991, que acaba de ser prorrogado por última vez junto con la ratificación del TLC y le permite que entre al mercado estadounidense una amplia gama de productos de exportación libre de aranceles?
Otra cosa es que no se haya sabido aprovechar a plenitud dichas preferencias como si lo ha hecho Perú, por la misma razón por la que tampoco se ha aprovechado el TLC con Chile, al no contar con una robusta oferta exportadora.
– Resulta francamente pérfido este comentario del Director del DNP y excoordinador del equipo negociador colombiano del TLC: “las micro, pequeñas y medianas empresas se benefician por la disminución de costos de maquinaria, equipo, insumos y materia prima importada de Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran mayoría de los aranceles…En efecto será un incremento de competitividad que debe redundar en mayores exportaciones y mayor capacidad para preservar el mercado interno…puede generar 500.000 empleos en los próximos cinco años”.
De hecho, Colombia había venido desgravando la importación de maquinarias, equipos e insumos importados unilateralmente (Decretos 4114 y 4115 de 2010), sin esperar siquiera a negociarlo con los demás países.
No sobra advertir que ello representa un importante costo fiscal, el cual se acrecentará con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. Según ANIF “se ha estimado que, cuando quiera que entre a regir el TLC con los Estados Unidos, ello representará un sacrificio fiscal del orden de los 645.000 millones de pesos en el primer año, cifra equivalente al 0,2 por ciento del PIB, segun las propias cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en el año 2006"[19]. ¡Qué paradoja!
Este es otro de los “beneficios” del TLC del que poco se habla, por aquello de que en casa del ahorcado no se menciona la soga.
* Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y ex presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias Económicas.
@amylkaracosta
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