La reforma constitucional es innecesaria, está basada en cuentas alegres, no reduce la corrupción, no frena la revaluación, no aprende del pasado y, peor aún, pretende que los ricos se queden, como siempre, con la plata que es de todos.
Amylkar D. Acosta M.*
¡Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe!
Voracidad sin límites
Lo que se pretende con el Proyecto de Acto Legislativo No. 013 de 2010 es centralizar de nuevo los recursos de las regalías directas. La medida ya se tomó con las indirectas (Fondo Nacional de Regalías) y con los recortes de las mal llamadas transferencias (Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007). ¿Y todo para qué? Para que se las engullan los floricultores, los grandes terratenientes y los caballeros de industria, como ya sucedió en el pasado con las subvenciones.
Las subvenciones se aprobaron dizque para "compensar" los efectos de la revaluación. Pero ese dinero fue a parar al Ecuador, en donde se invirtió en la floricultura que compite con la colombiana, mientras aquí se declararon insolventes para no pagar el crédito contraído con el Banco Agrario, que fue garantizado por el propio Estado.
Están también los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, que supuestamente tenían como objetivo "compensar" a aquellos agricultores que se vieran afectados por la entrada en vigencia del TLC suscrito con Estados Unidos. El hecho de que el Tratado no haya sido ratificado por el Congreso estadounidense y, por tanto, siga sin entrar en vigencia y no haya afectado absolutamente a nadie, no fue óbice para regalarles aproximadamente $1,4 billones a quienes no los necesitaban.
La platica que les quitaron a las entidades territoriales (aproximadamente $27,9 billones entre 2002 y 2008) fue a parar casi en su totalidad a las grandes empresas beneficiarias de las gabelas tributarias (las cuales le costaron al país $26 billones entre 2003 y 2008).
Espejismos con espejitos
Para lograr el apoyo de parlamentarios que representan a departamentos y municipios que hoy no reciben regalías, se anuncia en abstracto que de ser aprobado el proyecto supuestamente recibirán sumas multimillonarias.
A su turno, a los que tienen participación se les dice que terminarán recibiendo más a través de los llamados seis "chorros" de MULTIFONDOS -Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FONPET), Fondo de Pensiones Territoriales, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional-, más el diez por ciento para ciencia y tecnología y lo que recibirían por ser productores.
Todo eso no pasa de ser un espejismo. Los cálculos que se hacen están basados en simulaciones fundamentadas en meras expectativas de una gran bonanza que está por verse pero que todos los días inflan con el propósito de magnificar sus proyecciones hipotéticas.
Se insiste mucho en que las regiones serán las grandes beneficiadas con este proyecto, al tiempo que en el Proyecto No. 058 de 2010 de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, también de origen oficial, el concepto de región se reduce al de "porciones del territorio".
Nada de eso, ni el concepto, ni las promesas ni los cálculos tienen la menor consistencia. Bien se ha dicho que todo discurso demasiado enfático y vehemente suele encubrir lo contrario de lo que pregona.
Si de lo que se trata es de que todo el país se beneficie de los mayores ingresos que se esperan de la anunciada bonanza, cabe preguntarse por qué no se suman los recursos del pretendido Sistema General de Regalías a los provenientes de los impuestos que pagan las empresas que explotan los recursos naturales no renovables (RNNR), que no sólo superan a los primeros sino que es dable suponer que crecerán proporcionalmente más que ellos.
No hay que cambiar la Constitución
Como lo sostienen el ex contralor Antonio Hernández Gamarra y el gobernador del Cesar, Cristian Moreno, si lo que se busca es redistribuir los recursos provenientes de las regalías en aras de una mayor equidad y eficiencia en la aplicación de tales recursos, no se requiere de una reforma constitucional porque la Carta otorga a la Ley la distribución de los mismos. Bastaría con modificar las leyes 141 de 1994 y 756 de 2002.
En derecho las cosas se deshacen como se hacen. No hay que caer en el prurito de que para todo hay que cambiar la Constitución. En sólo 19 años de vigencia ya van 29 reformas, y en la actual legislatura cursan por lo menos cinco proyectos más. El de las regalías es sólo uno de ellos.
Como lo planteó el gobernador Moreno, hay múltiples fórmulas legales para lograr una mayor y mejor distribución de las regalías. Si se esperan más ingresos por ese concepto, ¿por qué no disponer de ellos (los ingresos adicionales) para distribuirlos entre quienes hoy no reciben? ¿Por qué no revisar la fórmula de los escalonamientos (teniendo en cuenta no sólo los volúmenes sino los precios y la tasa de cambio) de tal manera que por esta vía se pueda redistribuir una mayor proporción de tales recursos?
Una combinación de estas dos propuestas podría ser una fórmula susceptible de llegar a un acuerdo con las entidades que reciben las regalías, para que al modificarse la actual distribución no se haga un ejercicio de suma cero, en donde unos ganan lo que otros pierden, con lo cual se le prestaría un flaco servicio a la Unidad Nacional.
Lección no aprendida
Las mayorías no dan la razón. La aplanadora de las mayorías en el Congreso se podrá imponer, atropellando a las regiones productoras de RNNR y por consiguiente receptoras de regalías, pero dejaría heridas abiertas muy difíciles de restañar posteriormente. De allí la pertinencia del llamado a la reflexión que hace el gobernador.
Nadie con dos dedos de frente se podría oponer a que se ahorre una parte de las regalías, llevando un porcentaje al FONPET, y un 10 por ciento a ciencia y tecnología. Es un objetivo loable que estamos en mora de establecer.
Todo mundo habla ahora de la bonanza que se espera, pero nadie se acuerda de la que pasó, que duró cinco años, de 2003 a 2008, cuando fue interrumpida por la crisis económica global. Los mismos que ahora pregonan la austeridad y nos previenen sobre el contagio de la enfermedad holandesa, fueron los que gastaron los mayores recursos recibidos y dilapidaron lo que se había ahorrado en el FONPET. La verdad es que la economía, empezando por la de las regiones productoras, está ya afectada por la enfermedad holandesa.
Píldora del día después
En cuanto al papel estabilizador que pueda jugar este proyecto, así como del freno que le pueda poner a la apreciación del peso frente al dólar, es bueno advertir que de ser aprobado, por tratarse de un proyecto de acto legislativo, requiere de ocho debates que deben surtirse en distintas legislaturas, de modo que es previsible que sólo entre en vigencia en 2012. En consecuencia, serviría apenas como píldora del día después.
Esta es otra razón para pensar que la vía de un cambio legislativo sería una mejor opción frente a la de un cambio constitucional. Por lo demás bastaría con ampliar el objeto del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, en lugar de crear otro con carácter constitucional, que podría entrar en vigencia de inmediato sin esperar más de un año para hacerlo efectivo.
La calentura no está en las sábanas
Huelga decir que estamos totalmente de acuerdo en que hay que impedir que los recursos de las regalías -y no sólo los de las regalías sino también los del Sistema General de Participación (SGP), así como los del Presupuesto General de la Nación- se sigan yendo por las cañerías de la corrupción y la inmoralidad administrativa. En el caso de las regalías ello no se va a lograr por arte de birlibirloque, cambiándoles de manos y de destinación. Con ello sólo se estaría imitando al marido burlado que vendió el sofá para evitar los desvaríos de su mujer.
Es necesario entregarles nuevas herramientas a los entes de control (Contraloría y Procuraduría), hacer más eficaz a la Fiscalía como ente investigador, acabar con la impunidad y, lo que es más importante, darle aún más poder al control social a través de la activa participación ciudadana.
Es preciso, una vez más, reformar el régimen de contratación administrativa para proscribir de una vez por todas prácticas como la triangulación, que a través de los tristemente célebres convenios interadministrativos permiten hacerle gambetas para driblar las normas que buscan impedir el detrimento del interés público.
¡Urgente! Estatuto Anticorrupción
El Proyecto de Ley para establecer el Estatuto Anticorrupción, presentado por el gobierno a consideración del Congreso, va en la dirección correcta y para él se ha pedido un mensaje de urgencia con el fin de hacer más expedito su trámite y aprobación. Insisto en que el medio más eficaz para alcanzar tales objetivos es la organización del "gobierno en línea", para que en tiempo real se disponga en la web de toda la información atinente a todos aquellos actos administrativos que comprometan recursos públicos. ¡Así estaríamos a un clip de la transparencia!
Estas son algunas consideraciones que se me ocurren a propósito de la carrera desbocada en que se está para sacar esta iniciativa con forceps, cuando la criatura puede nacer a través de un parto natural.
* Ex presidente del Congreso de la República
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