El gas y el petróleo: ¡Al límite!

“El déficit de gas aumenta, estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia”. El petróleo también está cerca del límite, como consecuencia de la política del actual gobierno, quien no oculta su aversión por el mismo.

“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretende que sople el viento donde pone la vela”. Antonio Machado

En concepto de la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado (…) Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia, como un mantenimiento no programado, una falla en la infraestructura o cambio en las condiciones climáticas”, de la cual no estamos exentos. 

A juicio de Fedesarrollo, “Colombia enfrenta un déficit de gas natural que se agravará en los próximos ocho años, con un costo proyectado de $28 billones hacia 2033”. Y advierte, además, que “la falta de exploración, la caída de las reservas probadas y la dependencia creciente de importaciones empiezan a pasar factura no solo en tarifas más altas para hogares y empresas, sino también en la competitividad de toda la economía”. Según la Bolsa Mercantil de Colombia, gestora del mercado del gas, el desbalance entre oferta y demanda podría llegar al 20% en 2026 y escalar hasta el 50% en 2029, “una brecha que presionaría los costos para la industria, los comercios y los hogares”. Y ello, en un contexto en el que se considera el gas natural como el combustible de la Transición energética. 

Del negacionismo a la resignación 

El déficit de gas, que ahora reconoce el Gobierno, pero que, con terquedad aragonesa, se negaba a aceptar el anterior ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, preso de su negacionismo, ha obligado a importar gas desde diciembre del año pasado para garantizar el abastecimiento de la demanda esencial. Como era de esperarse, el precio del gas importado (US$15-US$18 el MMBTU) es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez, al pasar de US$4-US$5 el MMBTU a US$10-US$12 y, como es apenas natural, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras. En su momento, el exministro Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, ¡a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de año un incremento de las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%!

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es solo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de este mes de diciembre, dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin al vencerse en el mes de noviembre, y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional. El alza anunciada para el gas vehicular llega hasta el 35%, para la industria hasta el 28% y, en promedio, para el gas domiciliario hasta el 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13,5%.

Quién es el que especula

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reaccionó anunciando “decreto y resolución para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “veinte medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”. De este modo nos estamos retrotrayendo a las declaraciones del entonces ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según él, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que lo investigara, y todo se quedó en anuncios; de aquello, nada: ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas especulativas”, si hay lugar a ellas, y sancionar a las empresas que incurran en ellas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contar con ello, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con el 70%, es la estatal Ecopetrol, que vende el gas a los precios del mercado; no le es dable expenderlo a más bajo precio.

La procrastinación de la GREC

Además, como hemos tenido la oportunidad de advertirlo, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras del mismo y de esta manera transarlo a precios más razonables. A falta de la misma, por una CREG procrastinadora, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales. Así las cosas, no vemos cómo el MME va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa”, cuando los nuevos contratos ya están firmados y, como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay Magnificat que valga!

El cuello de botella en la capacidad de regasificación 

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante: garantizar el abastecimiento, en el entendido de que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Barú (Cartagena), que ya está copada. Este es un cuello de botella que limita la capacidad de importación de gas natural. 

Se cuestiona por parte del presidente Petro el “haber dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celsia) la promovió, con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la Oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno Cargo por confiabilidad, de la cual habían sido objeto. Me correspondió, como ministro de Minas y Energía, licenciar su proyecto mediante las Resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de por qué se instaló por iniciativa privada y no pública, y no otra, como la que se sugiere con suspicacia. 

Dicho sea de paso, de no haber sido por la SPEC el país se habría apagado el año pasado en momentos en los que la sequía fue más severa como consecuencia de El Niño; los embalses de las hidroeléctricas bajaron hasta niveles críticos de 31,51% y las térmicas, que sirven de respaldo, operaron al máximo, al demandar en abril de 2024 46,05 GBTU de gas natural, más del doble de abril de 2023, 19,758 GBTU.

Hasta ahora solo se ha avanzado en la contratación por parte de Ecopetrol del servicio de regasificación en el Pacífico con la empresa Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO SAS) de solo 60 MMPCD, insuficiente para completar el requerimiento de importación de gas el año entrante. De allí la urgencia, por parte del gobierno nacional, de viabilizar el proyecto de TGI para instalar una planta regasificadora en La Guajira, de mayor capacidad (300 MMPCD) y a precios más competitivos. Además, he venido planteando que, aneja a esta última planta regasificadora, se debería contemplar otra de licuefacción, previendo que cuando se declare la comercialidad de SIRIUS, Ecopetrol va a disponer de excedentes exportables de gas, para lo cual se habrá de necesitar dicha facilidad. 

El riesgo de la insolvencia de Canacol Energy 

Finalmente, considero pertinente dejar sobre el tapete la preocupación por el riesgo que entraña el paso que acaba de dar la empresa Canacol Energy, segunda mayor productora de gas después de Ecopetrol, con 140 MMPCD, responsable del cubrimiento del 17% de toda la demanda a nivel nacional y del 50% en la región Caribe. En efecto, se ha declarado en insolvencia e iliquidez, lo que aumenta la presión sobre la producción doméstica, en momentos en que el país tiene requerimientos crecientes de gas importado, en caso de que su operación llegue a afectarse. Ello se debe a que no se cuenta con la capacidad de importar el gas que deje de producir, lo cual afectaría el abastecimiento de gas en todo el país. Desde el MME y la Superintendencia, se le debe hacer un seguimiento estricto a dicho proceso. 

El turno para el petróleo 

El petróleo en Colombia también está cerca del límite, como consecuencia de la política del actual gobierno presidido por Gustavo Petro, quien no oculta su aversión por el mismo. En su programa de gobierno y en su Plan Nacional de Desarrollo dice que “no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos”. Y fue más lejos al firmar, en el marco de la COP 28, en noviembre de 2023, el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, con el cual se comprometió a “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”. Equivocadamente, el presidente Petro asume que el mundo está dejando de consumir petróleo y que, al seguir apostándole al mismo, “a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo”. 

Pero la realidad es otra: en 2023, por primera vez, el consumo de petróleo en el mundo superó la barrera de cien millones de barriles al día, el año pasado consumió 103 millones y según la Agencia Internacional de Energía (AIE) este año superará los 104 millones. Razón tiene la reputada escritora Virginia Woolf cuando afirma que “es más fácil matar a un fantasma que a una realidad”, y este es el caso.

El consenso alcanzado en las sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) va en el sentido de ir tomando distancia de los combustibles fósiles, pero el presidente Petro optó por ir más allá, al darle la espalda. La hoja de ruta de la transición energética no puede ser la misma en aquellos países que dependen de las importaciones de crudo que en aquellos otros, como Colombia, en los que dependen no de las importaciones sino de extraerlo y exportarlo. ¡De allí que la propia CMNUCC llegó a la conclusión de que el compromiso de los países con sus metas de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en su lucha contra el cambio climático, aunque solidaria y compartida, es diferenciado!

Bien dijo William Thomas: “Si las personas definen situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”. Definitivamente las palabras tienen poder. Ello explica que aunque el Gobierno, para justificar y sostener con terquedad aragonesa su posición de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos pese a las precarias reservas con las que cuenta Colombia, aduce que con esta decisión no se está impidiendo dicha actividad en el país porque existen casi doscientos contratos ya firmados y vigentes, las cifras, los registros de la actividad de las empresas petroleras en Colombia hablan por sí solas. Veamos: el número de taladros activos en Colombia se redujo entre el 27% y el 30% entre 2023 y 2024. Y en número de pozos exploratorios se redujo el 33% en 2024. Ello explica también la caída del sector de minas y canteras -5% en 2024, -10% en el primer trimestre de este año y -5,7% en el tercer trimestre. ¡También el desplome de la inversión extranjera directa en este sector, del orden de -60% en 2024 y -31% en el primer trimestre de este año, al tiempo que este sector ha pasado de representar el 5,9% del PIB en la década pasada a sólo el 3,5% actual!

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