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La política laboral del nuevo gobierno: más de lo mismo

Escrito por Amylkar Acosta
Amylkar Acosta

Amylkar AcostaLas medidas iniciales para generar empleo –el modesto reajuste del salario mínimo y las rebajas de impuestos para el empleador- se basan en supuestos falsos y no han tenido buenos resultados.

Amylkar D. Acosta M*

Reajuste del salario mínimo

Central_2_-_17_de_enero_de_2011 El pasado 15 de diciembre, al agotársele el término legal para llegar al consenso requerido, al Gobierno nacional no le quedó otro camino que decretar, unilateralmente, el alza del salario mínimo legal, luego del fracaso, que ya es tradicional, de los repetidos intentos para allanar el camino a un entendimiento. Ello no deja de ser una frustración para el Gobierno de Unidad Nacional, aunque el presidente Santos ha dejado en claro que no puede confundirse la concertación con el consenso.

Como siempre, la posición del Gobierno estuvo más cerca de las aspiraciones de los empresarios que de los sindicatos. Esta actitud se basa en las creencias erróneas de que las alzas del salario mínimo producen desempleo y agravan la inflación: 

  • Se dice que un aumento mayor del salario mínimo habría generado más desempleo e informalidad, cuando en realidad también puede estimular la demanda efectiva y por esta vía, impulsar el crecimiento y el empleo, como lo ha venido haciendo Brasil. Por algo para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "las políticas brasileñas sobre el empleo son un ejemplo a seguir para la región"[1]. En este sentido, la conclusión de la famosa Misión de Empleo, que coordinó el profesor Hollis Chenery a mediados de la década de los años 80, no pudo ser más categórica: "el empleo crece sólo si la demanda aumenta"[2].

  • En cuanto a la posibilidad de que el aumento de la remuneración mínima pueda presionar al alza la inflación, hay estudios recientes, hechos por los funcionarios del Banco de la República, Francisco Javier Lasso y Christian Manuel Posso, que la analizan. Los investigadores aseguran que un aumento de un 10 por ciento en el salario mínimo sólo incidiría entre un 0,61 y un 1,44 por ciento en el nivel de precios, lo cual sería realmente despreciable.

Cuentas equivocadas

En diciembre pasado el Gobierno y el banco central preveían que la inflación cerraría en 2010 en un 2,8 por ciento y con esta base decretó un reajuste para el salario mínimo  de sólo un 3,4 por ciento para 2011. Pero en contra todos los pronósticos, el índice de inflación, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), se situó en un 3,17 por ciento en 2010, al tiempo que los precios de la canasta básica para quienes perciben la remuneración mínima legal (ingresos bajos-obreros), fue de un 3,58 por ciento. Como quien dice, lo comido salió por lo servido.

El Gobierno se vio obligado entonces a rectificar el porcentaje de reajuste, y subió la cifra del aumento a un 4 por ciento, para disgusto de las asociaciones de empresarios.

Que tan altos son los costos laborales en Colombia

Es de anotar que en Colombia sólo perciben el salario mínimo cuatro millones de trabajadores, aproximadamente[3], mientras que, según el banco central, algo más de siete millones devengan un ingreso por debajo del mínimo legal.

Es muy sintomático que el pasado fin de año sólo un 30 por ciento de los ocupados hubieran recibió la prima de navidad; ello es así, porque mientras 7.463.000 de trabajadores de empresas privadas y del Estado -de un total de 19.679.000 en todo el país-, tienen derecho a ella por estar en la formalidad, los otros 12,2 millones no la recibieron porque trabajan en la informalidad o por cuenta propia.

En ello influye, desde luego, el enorme problema de la informalidad laboral y la economía del rebusque, que ya supera un 58 por ciento[4] y, de contera, el salario mínimo apenas sí alcanza a cubrir un 50 por ciento del costo de la canasta familiar.

Este es el mismo salario mínimo que el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, considera "ridículamente alto"[5]. En concepto de la revista Dinero, "el nivel del salario mínimo es muy alto frente al salario medio y a la productividad de la mano de obra[6]" y se constituye en "otro obstáculo para generar empleo y para la formalización del mismo"[7]. Para ilustrarlo, hace un cotejo del salario mínimo en Colombia con el de otros países de la región, utilizando como referente el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. La publicación dice que "en América Latina, Colombia tiene el segundo salario más alto como proporción del PIB per cápita (52 por ciento del PIB per cápita) superado sólo por Nicaragua (83,5 por ciento)"[8].

Pero, si tomamos el ejemplo de Chile, el argumento se desvirtúa totalmente pues, dado que su ingreso per cápita es el doble que el de Colombia, es apenas explicable que, en su caso, el salario mínimo represente apenas un 31,6 por ciento del PIB per cápita. Este es un sofisma, pues la conclusión obvia no es que en Chile el salario mínimo sea mínimo con relación a Colombia, sino que su PIB per cápita es mucho mayor, como bien lo sabemos.

Además, una investigación adelantada por la firma "Ernest & Young" y Proexport, en torno a la legislación comparada de los siete países latinoamericanos más grandes, arrojó unos resultados que contradicen el aserto anterior. Según sus conclusiones "Colombia registra el cuarto menor salario mínimo legal mensual vigente de los países objeto de estudio, el cual asciende a 243,47 dólares el mes"[9], como puede verse en el cuadro siguiente:  

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Es más, en cuanto al salario efectivo, es decir adicionándole los otros costos laborales, "se verificó que Colombia registra el tercer menor salario mínimo, con 403,41 dólares, tan sólo superado por México con 268,85 y Perú con 375,54 dólares mensuales. Lo anterior hace de Colombia un país altamente competitivo, respecto de los demás países, en cuanto a costos laborales se refiere"[10].

Las cargas parafiscales

Es muy diciente que, según la Encuesta Anual Manufacturera de 2007, los costos laborales totales, incluyendo los salarios y las prestaciones sociales, sólo representan un 7,84 por ciento del valor de la producción bruta.

Sin embargo hay quienes aseveran, con terquedad aragonesa al referirse a los altos índices de desempleo e informalidad laboral, que "una de las causas de este problema estructural es el elevado costo laboral no salarial que ha ascendido vertiginosamente desde 1992"[11]. Se alude, por supuesto, a las mal llamadas "cargas" parafiscales, sobre todo a los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a las cajas de compensación familiar, no obstante que estos sólo representan un 9 por ciento del costo de la nómina, frente a un 28 por ciento que pesan, sobre la misma, las contribuciones a la seguridad social (salud y pensiones).

Pero es que, según un estudio del Observatorio del Mercado Laboral, de la Universidad Externado de Colombia, que dirige Stefano Farné, "en la actualidad las empresas están pagando unos sobrecostos a la nómina inferiores a los vigentes hace 25 años…Los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del desempleo"[12].

¿Por qué sólo ahora, "ex post", es cuando vienen a quejarse los empresarios de los excesivos costos financieros y a demandar rebajas en las tarifas de los servicios públicos, dizque para compensar los mayores costos laborales que se derivan del exiguo aumento del salario mínimo?

Hasta exponentes tan connotados del neoliberalismo, como los ex ministros de Hacienda de Colombia y Argentina, Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, respectivamente, han desistido de la idea de desmontar los parafiscales para incentivar la creación de empleo y se han enfocado, más bien, hacia la reorientación de los estímulos tributarios, de tal manera, que estos favorezcan al factor trabajo y no al capital[13].

Y no es para menos, después de constatar que en pleno auge de la economía, entre 2002 y 2008, mientras el PIB creció en un 35 por ciento, el empleo aumentó en un 9 por ciento. Y la tendencia se mantiene pues en el último año, mientras la actividad industrial del país creció a una tasa de 4,2 por ciento, la generación de empleo en lugar de aumentar, disminuyó en 2,1 por ciento (ver gráfica adjunta). Y no se puede responsabilizar de ello a aumentos desmesurados del salario mínimo, pues este sólo se reajustó en un 5 por ciento, en términos reales, en ese mismo lapso.

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Menos salarios pero más ganancias

La reforma laboral de 1990[14] y la de 2002[15] partieron de la falsa premisa de responsabilizar a los altos costos laborales de las alarmantes tasas de desempleo, subempleo e informalidad, y ambas, a partir de esta premisa, se encaminaron a flexibilizar la legislación y, por esta vía, a abaratar los costos laborales.

Así, hemos arribado a un punto donde, según el estudio de "Ernest & Young" y Proexport, "Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor flexibilidad laboral"[16] y gracias a ello, se han reducido esos costos para las empresas. Pero ese efecto no se traducido ni en más empleo ni en menos informalidad, pero sí ha contribuido a mejorar, sustancialmente, el estado de pérdidas y ganancias de la empresas.

Los resultados están a la vista: entre 2002 y 2007 la participación de las empresas en el PIB pasó de 28,9 por ciento a 33,7 por ciento, en desmedro de la participación de los asalariados, que bajaron su participación en el producto entre 2003 y 2008 de 34,6 a 31 por ciento  (esto, para no hablar del sector financiero, que vio multiplicar por 7 sus utilidades entre 2002 y 2009, al subir de 632.000 millones a 4,4 billones de pesos).

Las exenciones no sirven

Y porque ello ha ocurrido así, en Colombia las cifras en materia laboral siguen siendo las peores de la región. Esta ha sido una de las mayores preocupaciones de la administración Santos, que se ha hecho el propósito de generar en su cuatrienio 2,5 millones de empleos nuevos y formalizar 500 mil más.

Pero la estrategia que se está siguiendo para lograrlo, además de incoherente, le puede salir muy costosa al país, al promover la "deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos y una deducción sobre el incremento de la nómina"[17], tratando de combinar "incentivos al capital con incentivos a la generación de empleo formal"[18]. Según el Viceministro Técnico de Hacienda, Rodrigo Suescún, "el proyecto tiene un costo fiscal, pero al mismo tiempo es una inversión. Se sacrifican unos ingresos en el futuro próximo, pero estamos haciendo la apuesta que con la generación de empleo habrá más recaudo"[19]. Ojalá que esta vez Dios los oiga y les suene la flauta.

La reforma laboral que el Congreso tramitó el año pasado a iniciativa del Gobierno, es más de los mismo; a través de la "Ley de Formalización y Primer Empleo", se vuelve a la receta de más exenciones de impuestos a las empresas y la deducción de los parafiscales para reducir los costos laborales, que ya se había ensayado sin éxito en 2000[20].

Control a las cooperativas de trabajo asociado

Lo único rescatable del texto aprobado es el intento de meter en cintura a las pseudo-cooperativas de trabajo asociado, que se han convertido en el burladero de la legislación laboral, siendo el Estado el mayor patrocinador y auspiciador de las mismas.

En efecto, en el proceso de reestructuración del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) en  la primera mitad de la década pasada, a los trabajadores que fueron desvinculados posteriormente se les reenganchó a través de ese tipo de cooperativas, muchas de ellas en manos de gamonales y políticos, afectos al Gobierno. Ello explica la proliferación de esas organizaciones entre 2002 y 2007, pues se crearon, según los registros, 340 de ellas, conocidas como ESES (Empresas Sociales del Estado), que declararon tener como su actividad principal "la salud o la seguridad social obligatoria".

Hoy en día más de un 12 por ciento del total de los servidores públicos, es decir unos 122.700, están en las llamadas "nóminas paralelas", mediante contratos de prestación de servicios…  y el mal ejemplo cunde.

En el país hay actualmente cerca de 4.111 cooperativas y son más de un millón los trabajadores a quienes, por tener la calidad de "asociados" a ellas, se les birlan los derechos laborales contemplados en el Código del Trabajo.

Ese tipo de organizaciones simplemente se convirtieron en intermediarias del mercado laboral; la propia Presidenta de la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP) que las agrupa, Clemencia Dupont, admite que "algunas empresas hacen los contratos, ponen las condiciones, pagan lo que quieren y las cooperativas  de trabajo asociado no tienen otra opción que firmarlos"[21].

Y tan responsables de la trasgresión a Ley son las empresas que así contratan, como las cooperativas que se prestan para soslayar el  cumplimiento de los derechos.

Borrando con el codo

No deja de preocupar que mientras por un lado se están tomando medidas tendientes a la mayor generación de empleo y a la formalización del mismo, por otro se adoptan decisiones que conspiran contra dicho objetivo.

Es el caso del decreto 4114 del 5 de noviembre de 2010, que redujo en 4 puntos en promedio los aranceles de 4.000 de las 7.000 partidas arancelarias, al pasar de 12,2 a 8,3 por ciento ese gravamen. Además del costo fiscal, que oscila entre 1,4 billones y 2,5 billones de pesos, algunas empresas han puesto el grito en el cielo por considerar que estas rebajas, sumadas al efecto de la  revaluación del peso, ponen "en entredicho sectores industriales y grandes generadores de empleo, como el metalmecánico, siderúrgico, textil, plásticos, papel, confecciones, cueros y calzado, entre otros"[22], abocándolos a la quiebra.

Pero para el Ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, con dicha medida "tendremos un crecimiento calculado del 0,22 por ciento en el PIB tanto para este año como para los que vienen. También se generarán 150.000 empleos formales… se generará un dinamismo en el comercio que permitirá, gracias al IVA, recaudar más recursos para el fisco, de manera que la reforma tiende a ser neutra desde el punto de vista presupuestal"[23].

¡Del dicho al hecho hay mucho trecho!

El desafío

En todo caso, como lo advierte la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, "el gran problema de Colombia es vencer el desempleo. Es el país con el mayor nivel de desempleo. Llega a 15 por ciento y tiene pocos programas de protección social. Es clave que logre combinar ese dinamismo económico que tiene, con más empleo. No hay que descuidar el frente social. Trabajar por ejemplo en un seguro de desempleo"[24].

* Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 

www.amylkaracosta.net

Notas de pie de página


[1] Portafolio. 9 de diciembre de 2010

[2] SENA – DNP – CGR. Ocampo, José A. y Ramírez Manuel, editores. "El problema laboral colombiano: Informes especiales de la Misión de Empleo." 1987. Bogotá.

[3] Aunque sólo cobija a este número, su incidencia es de más alto espectro, puesto que hasta los honorarios de las juntas directivas de las empresas se tasa en salarios mínimos.

[4] Amylkar D. Acosta M. El chivo expiatorio. 21 de mayo de 2010

[5] Portafolio. 23 de enero de 2009

[6] Revista Dinero. Editorial. 19 de febrero de 2010

[7] Idem

[8] Revista Dinero. Roberto Steiner, Director de Fedesarrollo. 6 de octubre de 2010

[9] Portafolio. 23 de junio de 2010

[10] Idem

[11] El Tiempo. Rudolf Hommes. 17 de diciembre de 2010.

[12] Portafolio. 19 de abril de 2010

[13] Amylkar D. Acosta M. Cambio de frente. 1 de marzo de 2010

[14] Ley 50 de 1990

[15] Ley 789 de 2002

[16] Portafolio. 23 de junio de 2010

[17] El Tiempo. 3 de mayo de 2010

[18] Idem

[19] El Tiempo. 1 de diciembre de 2010

[20] Ley 590 del 2000

[21] El Tiempo. 14 de diciembre de 2010

[22] Portafolio. Rafael Del Castillo, Representante del Grupo Techint en Colombia. 16 de diciembre de 2010

[23] span style=»text-decoration: underline;»>El Espectador. 2 de noviembre de 2010

[24] Portafolio. 24 de marzo de 2010

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