El desabastecimiento de energía puede traer consecuencias trágicas para la sociedad colombiana, como ocurrió con el apagón de 1192-1993. El gobierno debe garantizar recursos suficientes para evitar semejante desenlace.
Amylkar D. Acosta M*
La incomprensión del presente nace fatalmente
de la ignorancia del pasado
-Marc Bloch
El servicio de energía como derecho fundamental
Se cumplieron 30 años del suplicio que significó para los colombianos el drástico racionamiento, hasta de 9 horas diarias, del servicio de energía eléctrica, entre el 2 de marzo de 1992 al 5 de febrero de 1993.
El apagón, como se conoce al trágico episodio, tuvo un enorme costo para la economía y para la sociedad. Si bien su detonante fue un Niño, que alejó las lluvias y trajo consigo una inusitada sequía que afectó los embalses de las hidroeléctricas, concurrieron y ocurrieron otras causas que lo propiciaron.
Sólo entonces aprendimos a valorar la importancia de la seguridad energética para el país. En el caso particular de la electricidad basta con reconocer y constatar que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con este servicio.
Si llegara a fallar: en una hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la necesitan, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en un día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en dos días fallecerían los bebés que estén en las unidades de neonatos, en tres días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del quinto día morirían los pacientes que necesitan diálisis. Sería una tragedia de enormes proporciones.
De allí que la Constitución estableciera en el artículo 365 que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Y el artículo 4 de la Ley 142 de 1994 declara que el fluido eléctrico es un servicio público esencial y, en consecuencia, un derecho fundamental de los usuarios que el Estado debe amparar, como reitera la Corte Constitucional en su Sentencia C – 663 de 2000. Por su parte la Ley 143 de 1994 es inequívoca cuando advierte que el servicio de electricidad se debe prestar con “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”.
En todo caso, aunque a partir de la Constitución de 1991 los servicios públicos pueden ser prestados por particulares, el Estado, en virtud del mismo artículo, se reserva la “regulación, el control y la vigilancia” de la prestación del servicio.
Como afirma el presidente de la generadora ISAGEN, Camilo Marulanda, decir que los embalses están llenos es una “falsa tranquilidad. Un verano de un mes y medio o dos meses puede generar un stress en el sistema”. Más allá del eufemismo autocomplaciente, esa eventualidad nos podría llevar al racionamiento.
Y no podía ser de otra manera, pues, como concluyó el presidente de la Comisión Federal para la Regulación de la Energía, Patrick Word, designado por Bush para solventar el gran apagón que sufrió Estados Unidos en agosto de 2003, “no podemos simplemente dejar que los mercados funcionen. Debemos hacer que los mercados funcionen. Nuestro apoyo a los mercados no debe estar basado en una fe ciega”.
Capacidad instalada y matriz eléctrica
Colombia cuenta con una capacidad instalada de generación eléctrica de 18.851,84 MW de potencia, de la cual el 66 % es de origen hídrico y el 32 % de origen térmico. Nominalmente podríamos decir que la capacidad es más que suficiente para satisfacer la demanda, que no supera los 11.000 MW, con holgura.
De hecho, el consumo per cápita en Colombia es muy bajo en comparación con otros países de América Latina, y además la participación de la electricidad es de apenas 17 %.
Para el 2019, mientras el consumo per cápita en el mundo fue de 3.106 KWH, en Colombia a duras penas llegó a 1.615 KWH, atribuible al tamaño y al lento crecimiento de su economía.
Pese a lo anterior, a los usuarios del servicio de electricidad, regulados y no regulados, los embarga una gran preocupación debido a la volatilidad de los precios de la energía en bolsa, la espiral alcista de las tarifas y, más recientemente, el temor a un nuevo racionamiento.
Temen la intervención del presidente Petro en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la posibilidad de que él asuma sus funciones.
Uno de los motivos que han encendido las alarmas ante el fantasma de un posible apagón es la proximidad del fenómeno del Niño, cuya probabilidad, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) supera en estos momentos el 70% y podría empezar afectar el régimen de lluvias y a avizorarse la sequía a partir del mes de junio de este año.
Como es bien sabido, estos fenómenos extremos de la Niña y el Niño, que son manifestaciones del cambio climático, son recurrentes, cada vez más frecuentes, duraderos y de mayor intensidad. En efecto, el actual fenómeno de la Niña, por primera vez en lo corrido de este siglo, se ha prolongado por tres años consecutivos.
El talón de Aquiles
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha enviado un mensaje de tranquilidad y ha calificado de alarmistas a quienes advierten sobre un posible racionamiento de energía en el futuro próximo.
Según ella ese riesgo no existe, “los niveles de los embalses hoy están por encima del 2015, cuando hubo el fenómeno del Niño, es decir, que tenemos buena capacidad hídrica en los embalses para resolver”. Matizó sus declaraciones admitiendo que “nuestra matriz eléctrica depende de los recursos hídricos”. Y ahí está el detalle.
Como afirma el presidente de la generadora ISAGEN, Camilo Marulanda, decir que los embalses están llenos es una “falsa tranquilidad. Un verano de un mes y medio o dos meses puede generar un stress en el sistema”. Más allá del eufemismo autocomplaciente, esa eventualidad nos podría llevar al racionamiento.
Hay que tener en cuenta que en Colombia el único embalse con capacidad de regulación anual es El Peñol. La capacidad de regulación de los demás embalses no supera el semestre, de modo que basta con que deje de llover seis meses seguidos y ya el sistema eléctrico estaría en problemas.
La propia ministra Vélez admite que “nuestra matriz energética no es resiliente al cambio climático, se seca cuando hay fenómeno de El Niño”.
Por todo eso me atrevo a decir que, aunque un racionamiento de electricidad no es inminente, el riesgo está muy cerca.
El estrés eléctrico
Pero el riesgo de un racionamiento no sólo se puede atribuir al Niño, que ya se asoma, que fue su detonante en el pasado y lo podría ser en el futuro. Hay otros factores que en este momento podrían precipitarlo.
La demanda de energía después de la pandemia, gracias al rebote y rebrote del crecimiento de la economía, viene aumentando a un ritmo del 5 % anual, el doble de lo previsto por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Quiere decir que la capacidad instalada de generación debería aumentar en promedio 2.000 MW para evitar un déficit en la oferta de energía.
Pero esta ampliación no se ha producido todavía. Como explica Camilo Marulanda, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018-2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, representados en Hidroituango y los proyectos eólicos de La Guajira. De esta capacidad sólo han entrado en funcionamiento 600 MW de Hidroituango. La capacidad adicional de este proyecto, así como el ingreso de los proyectos eólicos, no ocurrirá antes de 2026”.
El atraso de la ejecución de estos proyectos tiene en jaque el sistema eléctrico, lo han estresado y viene presionando el alza tanto de los precios en bolsa como las tarifas de energía al usuario final. Es decir, los usuarios son los que han venido pagando los platos rotos.
La demanda de energía después de la pandemia, gracias al rebote y rebrote del crecimiento de la economía, viene aumentando a un ritmo del 5 % anual, el doble de lo previsto por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Quiere decir que la capacidad instalada de generación debería aumentar en promedio 2.000 MW para evitar un déficit en la oferta de energía.
El caso más patético del atraso de los proyectos de transmisión de energía es el de Cundinamarca, que pone en riesgo la confiabilidad y firmeza de la prestación del servicio de electricidad en la Sabana Norte, comprendiendo once municipios cercanos a Bogotá. Vale recordar que una de las principales causas del severo racionamiento entre los años 1992-1993 fue el atraso de uno de los proyectos más importantes de la época, el Guavio.
Preocupa, además, que el gobierno en lugar de descartar de plano un posible racionamiento con el espejismo de los embalses rebosados, no esté tomando medidas de contingencia para evitarlo.
Se debería estar monitoreando el comportamiento del sistema y sus agentes en toda la cadena para no llevarse sorpresas, pues es bien sabido que varias centrales de generación térmica en este momento no son operativas, ya sea por estar en reparación o por no contar con la disponibilidad del gas natural.
Peor aún, en momentos tan delicados, la CREG, que es una pieza clave está desmantelada, sin capacidad de actuar.
La obsesión de la ministra de Minas y Energía es cómo bajar las tarifas de energía, pero sus esfuerzos para lograrlo hasta ahora han sido baldíos. Como en la paradoja de Huidobro: los árboles no la están dejando ver el bosque.
Para terminar, una de las lecciones aprendidas del apagón es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Y el kilovatio más caro es el que no se construye. Lastimosamente, esta lección la están aprendiendo ahora, a un alto costo, los países que integran la Unión Europea. ¡Cuidado con jugar con candela!
