Uribistas: del poder ilimitado a la cárcel o al exilio - Razón Pública
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Uribistas: del poder ilimitado a la cárcel o al exilio

Escrito por Boris Salazar
Boris Salazar

Boris SalazarMás allá de los tecnicismos del derecho penal – y más allá también de la  real o pretendida “persecución política”- los líos judiciales de tantos colaboradores de un mismo gobierno apuntan hacia un modo enfermizo de ejercer el poder. Triste radiografía.

Boris Salazar*

Álvaro Uribe

Vienen y van

Hace unas horas se entregó a la justicia colombiana la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, después de cuatro años de haber huido del país y una vez que perdió su calidad de asilada en Panamá. Hurtado declaró que lo hacía “porque estaba muy cansada”, pero es claro que su entrega no fue plenamente “voluntaria” y – en todo caso- que su no comparecencia prolongada fue una grave violación de las leyes nacionales.

Por otra parte Luis Alfonso Hoyos, embajador ante la OEA y asesor principal de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, se abstuvo de comparecer el miércoles pasado ante la Fiscalía en relación con un presunto “complot contra el proceso de paz”, y los medios informan que salió del país.  

Esa relación íntima con el pueblo les dio a los uribistas vía libre para actuar por encima de la ley.   

Por fuera del país están también otros altos funcionarios del gobierno Uribe – su ministro de  Agricultura y precandidato a sucederlo Andrés Felipe Arias, su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo- ambos en calidad de prófugos de la justicia.

Cada uno de estos casos – y el de otros muchos colaboradores de Uribe que han sido o están siendo procesados por la justicia penal-  están (o deberían estar) cubiertos por la reserva del sumario, de manera que yo aquí no podría entrar a dirimir si son o no culpables de los cargos respectivos.

Pero si son tantos los acusados de delitos en ejercicio de los altos cargos públicos; si además un ex ministro, un ex comisionado, un ex embajador y una ex jefe de inteligencia no se someten a los tribunales de Colombia y se esconden en países extranjeros, hay razón para entender que se trata de un patrón, una estrategia y un resultado de cierto modo de entender, de ejercer – y de perder- el poder del Estado. De esto quiero hablar.    

La ex-directora del DAS, María del Pilar Hurtado, sindicada de comandar el  espionaje a periodistas y senadores de oposición
La ex-directora del DAS, María del Pilar Hurtado, sindicada de comandar el  espionaje
a periodistas y senadores de oposición 
Foto: Telecafé

Bandola en el exilio    

En tiempos de crisis, penuria, humillación, miedo o desesperanza, los pueblos adoptan a bandolas mesiánicas como tabla de salvación.

Loquitos a los que nadie oía, timadores profesionales, políticos brillantes, aventureros, hombres situados en las fronteras entre lo legal y lo criminal se convierten, por efecto de la desesperanza de millones de personas, en los líderes de la nación que acaba por poner su destino en manos de la bandola que le tocó en suerte.

El caso paradigmático fue sin duda el de Alemania por los años 1930. Humillada y agobiada por la deuda con las potencias vencedoras de la I Guerra Mundial, sumida en el desempleo y en el temor al mañana, Alemania se entregó a Hitler y se aferró a su promesa de volver a la grandeza.

En proporciones por supuesto menores, lo mismo ocurrió en Colombia a comienzos de este siglo. Las ciudades sentían el fantasma de las FARC que se acercaban y el gobierno de Pastrana parecía estar negociando todo con tal de ganar la paz. Uribe prometió mano dura, guerra a muerte, retorno de los propietarios a las carreteras y a la haciendas vacías por el avance de las fuerzas guerrilleras. 

Como sus antecesores en otros muchos países, Uribe y su bandola ascendieron velozmente hacia el poder y lo ejercieron con la amplitud y la arbitrariedad que resultan de no deberle nada a ningún partido político. Al igual que los nazis, su relación era sólo con el pueblo que los había elegido como salvadores -tanto en el sentido electoral como vital de la palabra-.  

Esa relación íntima con el pueblo les dio a los uribistas vía libre para actuar por encima de la ley. Sus acciones no tenían que pasar el escrutinio de los jueces, sino sólo el visto bueno del pueblo que los había ungido como salvadores. Nada de balances y controles, como pregonan las buenas almas liberales, sino celebración masiva de cuanto dijese o hiciese el salvador – y eliminación política de los que osaban criticar o vigilar sus acciones.

Cuando algunos magistrados –como Iván Velásquez— intentaron hacer el trabajo que les correspondía fueron perseguidos por un poder estatal que actuaba en alianza con paramilitares de segunda,  y operaba desde oficinas situadas en el mismo Palacio de Nariño. No necesito hacer una lista de las acciones realizadas por la bandola en pleno desenfreno. Baste decir que hicieron todo lo que hacen los poderes paranoicos  cuando creen tener la aprobación de las masas: vigilancia ilegal, espionaje, persecución de opositores, falsedad, uso de los recursos del Estado con fines electorales.

Pero los tiempos cambiaron y el gran líder no logró ser reelegido para conservar su poder ilimitado. En cambio resultó elegido Juan Manuel Santos, un miembro periférico de la bandola original, que optó por liberarse de la protección de su antiguo jefe y tomar un camino propio hacia la gloria.

El Presidente Santos y el Vicepresidente Lleras durante la posesión Presidencial del segundo periodo santista.
El Presidente Santos y el Vicepresidente Lleras durante la posesión Presidencial del
segundo periodo santista.
Foto: Presidencia de la República de Colombia

¿Por qué deben huir los vencedores?

Los que antes eran todopoderosos ministros, asesores, comisionados con capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de los colombianos, pasaron de repente a ser los funcionarios perseguidos de un gobierno que ellos mismos habían escogido para sucederlos.

A sus ojos, y a los de muchos colombianos, era una situación más que paradójica: los vencedores de la guerra, los que había arrinconado a la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina, eran ahora tratados como perdedores. ¿Dónde, en qué batalla o en qué guerra, habían sido derrotados?

  • No en las elecciones, donde ganó un candidato salido de sus entrañas, que no habría podido ganar si hubiera ido a las urnas con colores propios.
  • Mucho menos en la guerra que se seguía librando en los campos de Colombia.
  • Habían perdido en el mundo de las argucias legales y de la politiquería.

Ni Andrés Felipe Arias, ni Luis Carlos Restrepo,  ni María del Pilar Hurtado, ni Bernardo Moreno, ni Luis Alfonso Hoyos, ni los demás altos funcionarios del gobierno de Uribe hoy acusados, pensaron nunca que sus acciones fueran ilegítimas. Nunca consideraron si eran legales o no. No importaba. Todo estaba respaldado por la aprobación del líder y del pueblo.

Ni la vigilancia electrónica ilegal, ni el uso de los recursos del Estado para favorecer a ricos electores que luego apoyarían la campaña del ex ministro Arias, ni la invención de un bloque entero de las FARC, ni los tratos con bandidos para perseguir a un magistrado honorable eran punibles.

Todo era, por supuesto, efecto de la traición política de que habían sido víctimas. Los vencedores nunca tienen que responder por sus métodos, excesos o extravíos. En la euforia de la guerra irregular, todo es válido y el dominio de la ley es aplicable solo a los vencidos.

Pero Santos, con su política de paz, situó al país por fuera del estado de guerra interior donde vivido durante ocho años. No dejó, claro, de mantener el lenguaje guerrerista de su antecesor, ni abandonó la estrategia militar diseñada por Uribe, pero comenzó a movernos hacia una situación que ya no era de guerra. Una situación donde no todo vale y donde los funcionarios que actuaban con la pasión de vencer al enemigo, deben enfrentar leyes molestas y jueces que actúan como si militares y funcionarios no estuvieran librando una guerra a muerte contra un enemigo pérfido y poderoso.

Por eso tantos implicados tomaron el camino de huir hacia el extranjero. Los medios los muestran haciendo compras en Miami, o llevando los niños al colegio en algún pueblo de la Florida. O lanzando de vez en cuando discursos políticos en tono de ternura desde  algún pueblo en los alrededores de Washington, o celebrando su boda en la Panamá sin ley de Martinelli.

No es casual que Estados Unidos haya acabado siendo el destino de políticos y narcos perseguidos por la justicia. Los primeros como refugiados ad hoc, y los segundos como reos condenados y favorecidos por delatar a sus socios.  Su papel como supremo líder de las guerras contra las drogas y el terrorismo, libradas en tierras colombianas, le ha asegurado el ser refugio de ciertos vencidos y vencedores: los que tienen el dinero, las conexiones, y la información que los hace valiosos para ese país. 

Los que había arrinconado a la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina, eran ahora tratados como perdedores.

El discurso de los prófugos uribistas ha sido el de la falta de garantías y la politización de la justicia. Recuerdan de repente dos elementos que nunca contaron en las épocas de gloria del gobierno de Uribe. Cualquiera podría preguntarse: ¿qué garantías reales tuvo la oposición entonces –fuera de asegurar que sus opositores más visibles no fueran eliminados como ocurría antes-?  

La verdadera justificación es otra. La extraña condición de perseguidos políticos y víctimas de un sistema opresor es comprensible solo porque son vencedores tratados como vencidos por un gobierno pusilánime y vengativo que decidió abandonar la política de guerra a muerte, y cayó en la trampa de la negociación política con terroristas. Si Santos no hubiera torcido su camino, el régimen Uribista se habría extendido hasta el regreso del gran líder y nada de lo ocurrido habría podido pasar.

¿Qué destino les espera? El regreso a Colombia depende, en forma inextricable, de la suerte electoral y política de su gran líder. El intento de regresar al poder por interpuesta persona fracasó con la candidatura de Zuluaga, hoy también candidato a huir del país, si las andanzas, como espías aficionados, de su hijo y de su asesor espiritual son tomadas en serio por la justicia.

Restrepo, como buen psiquiatra, ha intentado otro camino. Volver a Colombia con el más banal de los discursos Uribistas: luchar por un país sin corrupción, sin violencia y sin robo.  Algo tan fácil como hacer de la ternura una consigna política. Pero para llegar a ese país hace falta un sistema de justicia autónomo y efectivo, donde Restrepo y sus colegas no podrían hacer lo que hicieron sin tener que responder ante la ley.

Es inevitable percibir en este melodrama la magnitud de la tarea que nos espera si queremos renacer como nación en paz. Es cambiar la historia patria toda. Olvidar a los vencedores ilegales y arbitrarios de guerras irregulares, y comenzar a formar a los ciudadanos que podrían conseguir lo que sueñan sin tener que violar la ley ni aliarse con bandidos.
 

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

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