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El oro de la discordia

Escrito por Amylkar Acosta

Minería en Colombia.

Amylkar AcostaDetrás del paro prolongado y traumático en Segovia y Remedios hay una historia de desgobierno, corrupción y violencia que no tendrá salida mientras se sigan confundiendo la minería criminal con la sencillamente artesanal.

Amylkar D. Acosta M.*

Un producto importante

El oro fue de lejos el principal renglón de exportación en Colombia durante el siglo XIX, aunque después fue desplazado por el café y luego por el petróleo. Aun así su participación en la economía sigue siendo considerable, puesto que incluso hoy en día contribuye de manera notable a su crecimiento.

En el 2016 el PIB minero aumentó en 4 por ciento, o sea el doble de lo que creció la  economía, y sus exportaciones aumentaron en 8 por ciento, con una participación del 28 por ciento en el total exportado.

Según el Instituto Fraser de Canadá, el potencial minero de Colombia en los últimos años ascendió del puesto veinticinco al dieciséis, sobrepasando a Brasil, que descendió del puesto doce al dieciocho, y a Perú, que pasó del doce al veintidós. En cuanto a la producción de oro, para el 2010 Colombia ocupaba el puesto veinte con cincuenta y seis toneladas, que representaron el 2,2 por ciento de la producción mundial.

Caos minero

Pieza de oro.
Minería en Colombia.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La actividad minera se rige por la Ley 685 del 2001, reformada mediante la Ley 1382 del 2010, aunque al poco tiempo esta fue declarada inexequible debido a que no cumplió con el requisito de la consulta previa. La Corte moduló su fallo y le dio un plazo de dos años al Congreso y al Gobierno para tramitarla nuevamente. Sin embargo la Ley 685 del 2001 volvió a tener vigencia, puesto que no se cumplió lo dispuesto por la Corte. Esto ha dado lugar a un vacío legal que alimenta el activismo judicial y la inseguridad jurídica que rodea a la actividad minera y conspira contra ella.

Durante los ocho años del gobierno Uribe (2002-2010), que coincidieron con un largo ciclo de precios altos del oro, se dio rienda suelta a la concesión de títulos mineros en todo el territorio, hasta tal punto de que el área titulada se multiplicó por ocho, al pasar de 1.130.000 a 8.530.000 hectáreas. Ni siquiera los páramos se escaparon de esta “feria de títulos”, ya que más de 122.000 hectáreas le fueron adjudicadas a empresas y personas naturales, a quienes les bastaba mostrar la cédula de ciudadanía para adquirir los títulos. La anarquía y el desorden que ello generó fue tal, que el exministro Carlos Rodado declaró que en lugar del catastro minero él había encontrado una catástrofe minera.

Un código de minas anacrónico, sumado a la falta de un ordenamiento territorial, al caos y la corrupción que se enseñoreó del antiguo Instituto Colombiano de Geografía y Minería   (Ingeominas), amén de la “reconfiguración cooptada del Estado”, como llama Luis Jorge Garay al fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo donde ha venido aumentando la extracción ilícita de recursos naturales no renovables, particularmente el oro.

Lo anterior explica el hecho denunciado por la Asociación Colombiana de Minería. En el 2016, el país produjo 1.990.000 de onzas troy y solo el trece por ciento venía de explotaciones formales, es decir, que el ochenta y siete por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad.

Los problema mencionados se reflejan en los paros que hoy se presentan en  Segovia y Remedios, como antes había ocurrido en el Cauca o en Chocó. Según algunas fuentes, entre Segovia y Remedios se extraen ilícitamente veintisiete toneladas de oro en más de cien entables, con ingresos anuales cercanos a los 900.000.000 dólares.

En el nordeste antioqueño están vigentes unos 322 títulos, 214 de los cuales corresponden a Segovia y Remedios, más del noventa por ciento de ellos para la explotación de oro. Entre estos títulos se destaca el de Grancolombia Gold, empresa canadiense que adquirió los activos de la empresa Frontino Gold Mines en el 2010, luego de que esta estuvo más de seis años en proceso de liquidación obligatoria y con un gran pasivo laboral. Grancolombia Gold da empleo a 1500 trabajadores.

Mientras en otras partes proliferan las consultas populares para prohibir la actividad minera, Segovia y Remedios hacen parte de una región con una larga tradición minera, de la cual depende la subsistencia de millares de familias. Durante los últimos años y como resultado del aumento del precio del oro, en esta zona, como en la mayoría de regiones auríferas, la falta de presencias institucional y la tolerancia de actores sociales y políticos locales ha suscitado la llegada de miles de personas que buscan ser tratadas de forma similar a los mineros tradicionales y ancestrales que pululan en esta región.

Son 3561 barequeros y 2872 “chatarreros” los que tienen registro en la plataforma del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM). Adicional a la gran cantidad de unidades productivas mineras ilegales, se calcula que existen más de doscientos entables donde se procesa el mineral y en los cuales se utilizan grandes cantidades de mercurio, con grave daño para el medio ambiente y la población asentada en su área de influencia.

La formalización es el camino

Pieza de oro.
Pieza de oro.
Foto: Banco de la República

El Gobierno nacional, con el propósito de poner orden en la actividad minera y de proscribir la extracción ilegal del recurso, viene tomando medidas para formalizar la actividad con los mineros ancestrales y tradicionales, al tiempo que combate la criminalidad.

Con tales fines se ha prohibido el uso del mercurio, se ha aumentado el control sobre las plantas de beneficio y se ha regulado la comercialización del oro, estableciendo una cantidad máxima para la venta por parte de los mineros tradicionales (35 gramos de oro al mes, que equivalen a cerca de 3 millones de pesos), justo para evitar que la extracción ilícita se siga mimetizando con el barequeo.

Estas medidas no han sido bien recibidas y han caldeado los ánimos hasta llegar al actual paro minero en Remedios y Segovia, donde se confunden unos con otros es decir, actores legales e ilegales, y que se ha prolongado por más de tres semanas, lo que ha dado lugar a una parálisis de todas las actividades y a un bloqueo de la región, acompañados de una grave perturbación del orden público.

No faltan quienes se aprovechan de este clima enrarecido para pescar en río revuelto. Este es el caso del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas, cuyas amenazas obligaron a la Grancolombia a suspender setecientos contratos por parálisis de su actividad.

La salida a este conflicto tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales, y otro muy distinto es el que debe darse a quienes tengan vínculos probados con organizaciones criminales. Como lo dije en el Ministerio de Minas y Energía, es absolutamente inconveniente pescar con dinamita, dándoles el mismo tratamiento a unos y otros.

Tiene toda la razón el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al solicitar a los alcaldes (en especial al de Segovia) que inicien un proceso de empadronamiento para identificar la tradición de los mineros en el territorio. Ese proceso se adelantó con gran éxito al amparo del Decreto 480 del 2014 en Buriticá, que fue el medio más eficaz para la legalización de los tradicionales y el aislamiento de quienes pretendían camuflarse con ellos.

De modo que, para afrontar el actual paro minero, se debería hacer como en Buriticá. Mediante el decreto 480 del 2014 se suscribieron varios subcontratos de formalización entre la Continental Gold y varias cooperativas de mineros tradicionales. De hecho, durante estos últimos años esta empresa ha logrado suscribir treinta y seis contratos de operación y ha formalizado un número importante de mineros, y 1.500 más se han vinculado como trabajadores de la compañía. Según algunas fuentes, está pendiente la suscripción de otros ocho contratos. Pero este proceso no se debe dejar al arbitrio de la empresa privada; el Estado debe jugar un papel más activo para propiciar estas alianzas productivas, en donde las grandes empresas sirven de ancla.

A propósito, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) viene promoviendo tanto en Antioquia como en Chocó su programa de apoyo a la formalización minera denominado Oro legal. Este consiste en iniciativas de emprendimiento productivo mediante proyectos, en unos casos, de reconversión laboral de pequeños mineros o, en otros casos, conduciendo a estos mineros hacia la minería bien hecha, es decir, con buenas prácticas. A través de este programa se viene adelantando, con la activa participación de los mineros tradicionales o ancestrales, la reforestación de áreas degradadas en ambos departamentos, en donde se estiman unas 70.000 hectáreas afectadas por la depredación que conlleva la extracción ilícita del oro.

 

* Exministro de Minas, Energía e Hidrocarburos, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. www.amylkaracosta.net

 

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