Aunque apenas están comenzando, todo indica que Afinia y Air-e han tenido un mejor desempeño que su antecesora. Explicación del alza reciente de las tarifas de energía en el Caribe.
Amylkar Acosta M*
El apagón de Electricaribe
Según el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, la prestación del servicio de energía eléctrica debe ceñirse a los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.
Lamentablemente, Electricaribe no cumplía con ninguno de ellos. Su incompetencia era tal que en 2106 registró un promedio de cortes de 90 horas al año, el doble del promedio nacional que en ese momento era de 45,5 horas.
Como si fuera poco, dejó de pagarles a los generadores que les suministraban energía, lo cual hizo que sus usuarios padecieran frecuentes “limitaciones de suministros” o racionamientos programados. A estos hay que agregar los racionamientos no programados y los daños en los artefactos eléctricos a causa de la oscilación del voltaje.
Dado que la Constitución establece que el Estado es responsable de garantizar la prestación del servicio, el único camino posible y sensato era la intervención. En efecto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios encabezada por José Miguel Mendoza decidió intervenir Electricaribe, primero con fines administrativos y posteriormente con el objetivo de liquidarla.
Un nuevo ciclo
Tras la liquidación de Electricaribe, el gobierno Duque decidió buscar un nuevo operador, para lo cual incluyó el Plan de Salvamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que fue aprobado por Ley 2010 de 2019.
Entre las medidas adoptadas, sobresalen la adopción de un régimen regulatorio especial para el mercado del Caribe, la ejecución de varios proyectos para estabilizar la prestación del servicio y el manejo de los pasivos de Electricaribe.
El artículo 314 del Plan de Desarrollo establece que, “con el fin de garantizar la sostenibilidad de las nuevas empresas del servicio público en la región Caribe, la nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”, lo cual incluye el pasivo pensional que superaba los 1,5 billones de pesos.
Así pues, el gobierno se vio obligado a inyectarle 5,4 billones a través del Fondo empresarial de la Superintendencia. Esta cifra se desagrega de la siguiente forma:
- 4.1 billones para mantener su funcionamiento;
- 460.000 millones para respaldar la compra de la energía y créditos;
- 860.000 millones para la infraestructura de redes de transmisión local y de distribución.
Esta suma permitió allanar el camino para el reemplazo de Electricaribe. Finalmente, el 20 de marzo de 2020 Caribe Mar, comprendido por los departamentos Bolívar, Córdoba, Sucre y César, fue adjudicado a Afinia, filial de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Caribe Sol, que comprende los departamentos Atlántico, Magdalena y Guajira, fue adjudicado al Consorcio Energía de la Costa Air-e.
El primer año de operaciones ha sido retador para las empresas y agridulce para los usuarios.
Estas adjudicaciones resultaron de la subasta convocada por la Superintendencia de Servicios y parecen haber puesto punto final a un ciclo desesperante para dar comienzo a un ciclo esperanzador. Los acuerdos establecidos entre la Superintendencia y los nuevos operadores quedaron consignados en programas de gestión de largo plazo suscritos por ambas partes.
El alza estaba cantada
El primer año de operaciones ha sido retador para las empresas y agridulce para los usuarios, quienes conservan la esperanza de obtener un mejor servicio que el de Electricaribe.
Afina y Air-e tienen dos grandes retos: Mejorar la calidad del servicio y evitar las interrupciones y fluctuaciones del voltaje. Para lograrlo, se comprometieron a invertir 5 billones y 3,7 billones, respectivamente, en un lapso de cinco años. Estas sumas permitirán corregir el rezago histórico de inversiones ocasionado por Electricaribe.
Según la Superintendencia, la frecuencia y la duración de los cortes de energía han disminuido y la atención al usuario es mucho mejor que la de Electricaribe. Sin embargo, los nuevos operadores han tenido que enfrentar algo parecido al síndrome del miembro fantasma, pues los usuarios los perciben como percibían a Electricaribe. Es comprensible que desconfíen de las nuevas empresas, pues vivieron 22 años de desafueros y atropellos por cuenta de Electricaribe.
Como era de esperarse, el mes pasado muchos se molestaron porque Air-e aumentó sus tarifas de forma desproporcionada: 9,8% para el sector residencial y comercial y 5% para el sector industrial.
Aunque el alza tomó a muchos por sorpresa, en realidad ella estaba cantada hacía rato, pues el artículo 318 del Plan de desarrollo establece que “la variación en las tarifas para esta región será al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional”.
En cumplimiento de la Resolución 015 de 2018, Air-e puso su expediente tarifario a consideración de la CREG. Las resoluciones 024 y 078 de junio de 2021 establecen que la remuneración del cargo de distribución (D) en el costo unitario (U) de la fórmula ya no se fija sobre la base de las inversiones realizadas, sino de las inversiones proyectadas para mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas heredadas que están alrededor del 35%, muy por encima del 16% del promedio nacional.
La fórmula tarifaria
Al examinar los componentes de la fórmula tarifaria, resulta evidente que el mayor reajuste se da en el cargo por pérdidas (P), que está totalmente desfasado con respecto al promedio nacional: mientras que el promedio nacional es de 48,36 peso el KWH, Air-e propone un valor de 247,23 peso el KWH.
Afina y Air-e tienen dos grandes retos: Mejorar la calidad del servicio y evitar las interrupciones y fluctuaciones del voltaje.
El cargo por restricción (R, $37,21 por KWH) y el de comercialización (C, $96,08 por KWH) están por encima del promedio nacional ($28,02 por KWH y $57,20 por KWH, respectivamente), pero no tanto y curiosamente el cargo por distribución (D, $113,40 el KWH) se sitúa por debajo del promedio nacional ($187,37 el KWH). Sin duda, el cargo por pérdidas es el principal responsable de la diferencia entre el costo unitario (CU) del Caribe y el del resto del país.
Esto se explica porque la Resolución 010 de 2020 de la CREG indica que “para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018, los índices de pérdida eficiente de dichos mercados durante la vigencia del régimen transitorio especial serán iguales a los calculados para el mercado Caribe a la fecha de la expedición de la Ley 1955 de 2019”. De allí que las pérdidas reconocidas en la fórmula tarifaria que deben asumir los usuarios es del 22% muy superior al 12% establecido por los demás operadores.
Vale la pena señalar que, con el fin de suavizar el impacto del alza, Air-e apeló a la modalidad de la opción tarifaria prevista por la Resolución 012 de 2020 que permite diferirla en el tiempo.
Si bien es muy pronto para emitir un juicio definitivo, es innegable que los nuevos operadores son mucho mejores que Electricaribe. Es necesario darles un compás de espera para que demuestren que están a la altura del reto que decidieron asumir.
