El gobierno se apresura a tomar medidas para remediar la escasez del gas, pero al hacerlo desconoce el verdadero desafío del país: una transición enérgica gradual y responsable.
Amylkar D. Acosta M*
De la abundancia a la escasez
Las dos principales fuentes de suministro de gas de Colombia, en La Guajira y en el Piedemonte llanero, están en declinación. Desde su descubrimiento no han aparecido otras de gran importancia. Las reservas con que se cuenta, de 3,1 giga pies cúbicos (GPC), a duras penas alcanzan para 8 años; de allí la urgencia de explorar para aumentarlas, ya que en una década pasamos de la abundancia a la escasez de gas.
Por fortuna, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, anunció que en los últimos meses hubo descubrimientos importantes y esperanzadores para alejar la crisis energética. No obstante, ante cualquier eventualidad en el déficit de suministro, el país cuenta con una planta regasificadora, El Cayao, localizada en Cartagena, que permitirá importar el gas.
Seguridad y soberanía energéticas
Debido a la crisis energética global, los precios y las tarifas de energía han aumentado de modo exorbitante. Muchos países tuvieron que frenar o dar marcha atrás en la transición energética, con el objetivo de garantizar la seguridad y soberanía energética.
En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la transición energética, y así lo catalogó el parlamento europeo al integrarlo a su matriz energética como una energía renovable. Colombia necesita gas natural para avanzar en una transición gradual y responsable, como tiene que ser.
Del gas natural, al igual que del petróleo, se puede decir que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y, además, es mejor depender de ellos que depender de sus importaciones.
A esta decisión aterrizó el Congreso cuando expidió la Ley 2128 de 2021, encaminada a promover “el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país” y la masificación de su uso “se declara de interés nacional y estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental”.
Hacer lo contrario, es decir, exponer al país a tener que importarlo, pondrá en riesgo no sólo la seguridad energética sino la soberanía energética del país. Sería una decisión poco responsable.
El embeleco de la regasificadora del pacífico
Por eso es desafortunado el empecinamiento de construir una regasificadora, esta vez en el Pacífico, así como el afán de importar gas desde Venezuela para suplir la carencia necesidades.
En Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la transición energética, y así lo catalogó el parlamento europeo al integrarlo a su matriz energética como una energía renovable. Colombia necesita gas natural para avanzar en una transición gradual y responsable, como tiene que ser.
Desde el gobierno anterior se insiste en el despropósito de montar una regasificadora en el puerto de Buenaventura, con el pretexto de que “la situación del gas natural es dramática porque no se han sumado nuevas reservas y dada la incertidumbre de la conexión de nuevas reservas al sistema de transporte”, según dice el ex presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora.
Además, para el ex ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, “la planta del Pacífico es prioritaria para atender el consumo del combustible hacia el 2025”.
Sin embargo, antes de dar este paso en falso, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Ismael Arenas, sostiene que “se debe priorizar la utilización del sistema existente, que a un mínimo costo marginal, podría garantizar el abastecimiento de gas al país con menor costo”.
Tiene razón. Con este esperpento de la regasificadora del pacífico saldrá más caro el caldo que los huevos pues habrá que hacer una inversión mayor para construir el gasoducto hasta empalmarlo con la red troncal en Yumbo, Valle del Cauca. Sin contar con las facilidades que ya tiene el puerto para la importación del gas, que superan los 700 millones de dólares.
Y lo más grave es que se pretende que dicho costo lo paguen los usuarios de gas del país, que se calcula en 0,90 de dólar por MMBTU. Sólo a Ecopetrol, que es el mayor consumidor de gas, según Felipe Bayón, le costaría entre 30 y 40 millones de dólares.
Según la Contraloría General, “para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos —correspondiente a una tarifa de $28.800—, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir de 2024, es decir un incremento de 32 % en tres años”.
También, advirtió que el proyecto representa un riesgo porque puede llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se puede dar en 2024.
La fórmula perfecta sería, en su lugar, montar una planta bidireccional en La Guajira que serviría para abastecer el mercado interno y exportar sus excedentes y, de ser necesario, para importar el gas que llegue a faltar, como se hizo en Cartagena. Es más, perfectamente se puede ampliar la capacidad de la planta del Cayao a muy bajo costo.
Preocupa sobremanera que la nueva administración que preside Gustavo Petro, sin medir distancia y sin beneficio de inventario, tomó la batuta del proyecto. Ya se anunció que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) busca ofertas, hasta el 3 de marzo de 2023, para asumir el proyecto. Por otro lado el 18 de mayo se anunciará el nombre de la empresa seleccionada.
El gobierno en lugar de embarcarse en ese embeleco debería apurar el paso para avanzar en el propósito de establecer las reservas de gas offshore, descubiertas hace 4 años en el caribe colombiano, el cual posee una gran prospectividad.
Son varias las empresas que adelantan una febril actividad exploratoria con el fin de reponer y acrecentar las precarias reservas probadas de gas, como Ecopetrol, Hocol S.A. y Canacol Energy, entre otras.
La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, aseguró que la importación de gas le permitirá a Colombia tener una confiabilidad en el suministro de gas y en el sector eléctrico. Según ella “la soberanía no se va a ver afectada en ningún momento por el hecho de que tengamos unas plantas de regasificación en el Caribe y el Pacífico y activemos un gasoducto con países fronterizos como es el caso venezolano”.
Nuestra prioridad: el autoabastecimiento
Por otro lado, en cuanto a la importación de gas desde Venezuela, no se puede descartar de plano. Siempre y cuando se plantee en el marco de la integración regional, sobre todo ahora que soplan nuevos vientos gracias al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, y la normalización de las relaciones de los EEUU con Venezuela.
El gobierno en lugar de embarcarse en ese embeleco debería apurar el paso para avanzar en el propósito de establecer las reservas de gas offshore, descubiertas hace 4 años en el caribe colombiano, el cual posee una gran prospectividad.
De hecho, Colombia firmó un contrato entre Ecopetrol y PDVSA para la importación y exportación de gas. Sin embargo solo funcionó a medias porque Colombia lo exportó pero Venezuela nunca respondió con reciprocidad. En consecuencia, la idea es tratar de reactivar el contrato y dar pábulo para que Venezuela cumpla su parte.
De todos modos, el objetivo es tratar de tener un respaldo en la posible importación de gas desde Venezuela, pero no depender de ella. Por lo demás, el país no debe tener premura, además de que aún no están dadas las condiciones para que Venezuela pueda exportar gas hacia Colombia por varias razones.
- Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las mayores reservas de gas. No obstante, estas últimas son reservas de gas asociado con el petróleo, no es gas libre. Con la caída de la producción de crudo desde más de 4 millones de barriles/día a sólo 750.000, implica que la extracción de gas cayó en la misma proporción. Razón para concluir que no cuentan con excedentes susceptibles de exportación.
- La producción de hidrocarburos está concentrada del lado de Guyana, al oriente de Venezuela. No se cuenta hasta la fecha con la infraestructura necesaria para transportar el gas hasta Maracaibo y empalmar con el gasoducto Antonio Ricaurte, que a su vez conecta el campo gasífero de Ballena en La guajira con Maracaibo, Zulia. Pero el campo fue abandonado a su propia suerte desde que dejó de operar en 2015 y vale una millonada de dólares su recuperación. De manera que la inminencia de traer gas desde Venezuela, como lo ha planteado el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, luce muy remota.
El contraste es muy notorio, recientemente mientras el gas de producción doméstica fue de un precio que osciló alrededor de los US $5 el MMBTU, el importado, debido a la crisis actual, se transó entre US $40 y US $50 el MMBTU.
Nuestra primera prioridad fue y debe seguir siendo asegurar el autoabastecimiento del país. Exponer al país a las viceversas y contingencias propias de la geopolítica puede entrañar, como ocurre actualmente, unos costos muy elevados.
