Un estudio demuestra que el gobierno Petro debe repensar su estrategia de transición energética para ajustarla a las realidades del país y evitar un grave daño a las economías familiares.
Amylkar D. Acosta M*
Hacer las cosas bien, en lugar de hacerlas con celeridad
Carl Honoré
De dónde venimos
Venimos de una economía que durante dos décadas —70’s y 80’s— estuvo imbuida por el pensamiento de Raúl Prebish, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Su influencia en la región se tradujo en un modelo económico que le apostaba a la industrialización, utilizando como estrategia la protección de las industrias domésticas y la diversificación de las exportaciones. En Colombia llegó al clímax con la expedición del Decreto 444 de 1967 mediante el cual se estableció el régimen de cambios internacionales y de comercio exterior.
Posteriormente, soplaría con fuerza el viento del neoliberalismo inspirado en el Consenso de Washington, el cual tuvo más de Washington que de consenso. Es decir, que daba prioridad al mercado sobre la intervención del Estado en la economía.
Así se le despejó el camino a un nuevo modelo a través de las llamadas reformas ‘estructurales’, entre las cuales se destacan la libertad cambiaria, la privatización de activos del Estado, la desregulación de la actividad económica y financiera y sobre todo la apertura comercial.
La administración de César Gaviria dio rienda suelta al nuevo modelo. Hizo carrera el despropósito, como paradigma, de que la mejor política industrial era no tener política industrial, y así dejar la economía a merced del mercado o mejor dicho al capitalismo salvaje.
Y esto, claro está, condujo a la reprimarización de la economía, tornándose cada vez más vulnerable a factores exógenos por la extremada dependencia a la producción y exportación de productos primarios como petróleo, carbón y ferroníquel, especialmente.
no es lo mismo abandonar el petróleo, el carbón y el gas por parte de los países que dependen de sus importaciones, que el caso de Colombia que depende pero de su producción y exportación.
Las cifras hablan por sí solas: al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario en 7 %, siendo así que la minería participaba con sólo el 2 % y el sector agropecuario llegó a representar el 22 % en la década de los 70 y 21 % entre 1985 y 1995.
Entre tanto, la industria que participaba en el PIB con el 24 % bajó de manera intermitente hasta el 14 % en el cual está anclada. A esto contribuyó la enfermedad holandesa que trajo consigo el auge de las exportaciones de petróleo y carbón, especialmente, y que se convirtieron en los dos principales renglones de exportación. Esta tendencia se ha mantenido en la última década.
Como afirma Alicia Bárcena, ex secretaria de la CEPAL, refiriéndose a Latinoamérica, “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados. Nos estamos asociando con China, que será la primera economía del mundo en el 2016, con un modelo en el que vendemos materia prima e importamos manufacturas. Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.
Así hemos arribado a la situación actual donde la actividad extractiva, fundamentalmente la industria de los hidrocarburos y el carbón representa el 6,4 % del PIB, el 56,2 % de las exportaciones totales, el 34,9 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, por consiguiente, son la principal fuente de divisas del país con 18.724 millones y 11.700 millones de dólares, respectivamente, en 2022.
Como si lo anterior fuera poco, le aportaron al fisco, tanto de la Nación como de las entidades territoriales, por concepto de impuestos, regalías y dividendos en el caso de ECOPETROL, en su orden, 4.650 millones y 2.400 millones de dólares.
Los compromisos de Colombia
En el 2015 se suscribió el Acuerdo de París, donde los países signatarios se comprometieron a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), teniendo el año 2030 como meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050.
Colombia, por su parte, se comprometió a reducirlas en 51 %. Es importante dejar en claro que la transición energética justa del gobierno Petro, cuya hoja de ruta aún está en veremos, no lo es todo, es sólo parte de lo que hay que hacer para cumplir dicho compromiso.
Más cuando en el caso específico de Colombia el sector energético contribuye con el 34 %, mientras el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 55 % de la totalidad de las emisiones de GEI.
No obstante, el presidente Petro la ha emprendido contra el petróleo y el carbón, al que, en su alocución ante de la Asamblea de Naciones Unidas se preguntó “¿qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”.
Más recientemente, en la cumbre amazónica, reiteró que “lo que necesita el planeta es dejar atrás el petróleo, el carbón y el gas” y agregó que “hay otro tipo de negacionismo que es, más o menos, aplacemos las decisiones”.
Dándose por aludido, el presidente de PETROBRAS, Jean Paul Prates, le contestó que “no hay ‘negacionismo progresista’ en intentar realizar la transición energética justa con algo más que declaraciones y entrevistas. Sustituir los recursos de petróleo y gas por fuentes renovables nunca se ha hecho, ni se hará sólo con las voces de personas bienintencionadas”.
¿Y para dónde vamos?
En lo que no han reparado el presidente Petro y su gobierno es en el impacto que le traería a la economía colombiana, a las finanzas públicas y a la sociedad apresurarse a dejar atrás prematuramente el petróleo, el carbón y el gas.
Se lo acaba de advertir en un sesudo análisis del cual participó nada menos que el Departamento Nacional de Planeación, junto con la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD): “los efectos en el empleo y el sistema de seguridad social de la economía baja en carbono”.
Lo primero que salta a la vista es que no es lo mismo abandonar el petróleo, el carbón y el gas por parte de los países que dependen de sus importaciones, que el caso de Colombia que depende pero de su producción y exportación.
Otro aspecto a considerar es que si hipotéticamente se reduce la producción en un 50 %, el mayor impacto recaerá sobre las regiones en donde se desarrolla la actividad extractiva.
Se estima que bajo tal escenario, además de un caída del 3,5 % en el PIB —si no se hace de manera gradual— en las finanzas públicas se perderán 117 mil empleos en los departamentos petroleros, 145 mil en los departamentos productores de carbón y se agravarían las tasas de informalidad laboral.
También traería consigo, un aumento de la pobreza moderada de 3,26 % y de la pobreza extrema en esos territorios de 1,40 %.
Según concluye el mismo estudio “una política enfocada al desarrollo de los sectores de la agroindustria y el turismo ayuda a mitigar la reducción en la producción y el empleo a nivel regional. Sin embargo, no logra mitigar completamente los efectos negativos de la descarbonización”. Así de claro.
Un anticipo de lo que puede sobrevenir, a mayor escala, se puede ver en el Departamento de Cesar por el cierre de las minas de Calenturita y Jaguas hace tres años y a la obstinación de la Agencia Nacional Minera en reabrirlas.
La situación le ha significado al país dejar de producir y exportar 15 millones de toneladas, en momentos en los que el carbón se cotiza a niveles record, alrededor de los 200 dólares la tonelada y en la balanza exterior la no despreciable suma de 4.500 millones de dólares.
Desde luego, como lo sugiere el informe, “desde el Gobierno se deben buscar incentivos para incrementar la producción en el sector agrícola, agroindustrial y turismo”, porque no se concibe la transición energética sin una estrategia de transformación productiva.
Pero el gobierno debe entender que esto toma tiempo, porque no se puede llegar a la tarde sin pasar por el mediodía. Definitivamente, del dicho al hecho hay mucho trecho.
La administración de César Gaviria dio rienda suelta al nuevo modelo. Hizo carrera el despropósito, como paradigma, de que la mejor política industrial era no tener política industrial, y así dejar la economía a merced del mercado
En cuanto a mitigar los efectos de la transición energética en el mercado laboral, el director de Desarrollo Social del DNP, Horacio Coral, manifestó que “el país puede irse anticipando con estructuras de protección social y se pueden tener como alternativas algunos programas de transferencias monetarias, así como de formación para el trabajo con el objetivo de ir haciendo el ajuste en las actividades económicas de las regiones donde el sector extractivo tiene una alta participación y puedan hacer tránsito a lo que se ha denominado empleo verde”.
Coincido con el columnista Ricardo Ávila en que “el trasfondo del completo estudio es que hay una mezcla de buenas intenciones con resultados que están por verse y una gran falta de coherencia legal y administrativa que requiere una enorme capacidad gerencial para que los diferentes involucrados hagan lo que les corresponde”.
Como también en que este estudio “debería ser de lectura obligada tanto al interior del gobierno como en los círculos académicos o de interesados en la materia”.
