El gobierno está tratando de resolver este problema de enorme gravedad, pero sus propuestas significarán aumentos en las tarifas y beneficios dudosos para empresas extranjeras.
Amylkar D. Acosta M*
Una pesadilla
Pido la palabra, en esta ocasión, para terciar en la controversia que ha suscitado el anuncio del gobierno de reanudar el proceso para reemplazar a Electricaribe como operadora de la red de distribución de energía eléctrica a 2,6 millones de usuarios en 7 departamentos del Caribe colombiano.
Esta población representa el 23,9 por ciento de la demanda nacional: 16.534 de los 69.081 GWH del consumo total del país. De allí la importancia de encarar con prontitud la situación acuciante que ha surgido de la grave inoperancia de la empresa. Si esta empresa llegara a colapsar, el efecto dominó comprometería el funcionamiento de todo el sistema eléctrico de Colombia.
El desempeño desastroso de Electricaribe es ampliamente conocido. La empresa no ha garantizado la calidad ni la continuidad del suministro del fluido eléctrico en sus áreas de cobertura. La intermitencia de su servicio ha llegado al extremo de que en 2016 se registraron 96 cortes no programados, los cuales se tradujeron en 85 horas de suspensión del servicio de energía. Esto es una barbaridad que ha convertido a Electricaribe en una pesadilla para sus usuarios.
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Foto: Observatorio de Desarrollo Económico |
La solución
Como establece el artículo 365 de la Constitución, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y éste debe “asegurar la prestación eficiente” de los mismos. Por ello, ante la “inminente cesación de pago” y el riesgo de un apagón, la Superintendencia de Servicios Públicos resolvió intervenir la empresa el 15 de noviembre de 2016, inicialmente con fines de administración. El 14 de marzo de 2017, la Superintendencia resolvió continuar la intervención, pero esta vez con fines de liquidación, y proceder al cambio de operador. Para ello y a través del ministerio de Minas y Energía se decidió incluir en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) un paquete de 9 artículos, varios de ellos muy controvertibles.
Por ejemplo, además de que el pasivo pensional —calculado en 1,2 billones de pesos—fuera asumido por la Nación, según el PND se inyectarían recursos de la Superintendencia de Servicios Públicos al fondo empresarial, convirtiendo el fondo empresarial de la superintendencia en una especie de FOGAFIN para salvar las empresas prestadoras de servicios públicos en estado crítico.
Entre estas medidas se incluyó una sobretasa de 4 pesos por KWH, que deberán pagar los estratos 4, 5 y 6 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como una contribución adicional del 1 por ciento que deberán pagar las empresas vigiladas. Adicionalmente, se aumentará del 25 al 35 por ciento el límite de participación en el mercado de distribución o comercialización de parte de las empresas operadoras.
Se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país.
Pero la propuesta más atrevida y la que seguramente va a despertar mayor rechazo es la autorización “al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe o las empresas derivadas… que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional”.
O como dice el artículo 289 del PND: “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país.
Recodemos que en el texto inicial del proyecto de ley del PND que presentó el gobierno se eliminaba el subsidio para el estrato 3 y se anunciaba su desmonte gradual para los estratos 1 y 2. La propuesta fue excluida de la ponencia aprobada en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
Pero el riesgo sigue existiendo, y según la Ley de Presupuesto del 2019 los subsidios para los estratos 1 y 2 consagrados en la Ley 117 de 2006 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Si la ley del PND no prorroga el beneficio más allá de esta fecha, a partir del 1 de enero de 2020 los subsidios bajarán hasta el 50 y 40 por ciento para los estratos 1 y 2, lo cual se verá reflejado en un alza aproximada de 15 por ciento en el costo de la factura para los estratos más vulnerables. Esto es lo mismo que se proponía en el artículo 179 del texto original del proyecto de marras.
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¿Solución estructural?
Foto: Presidencia de la República de Colombia |
En cuanto al reemplazo de Electricaribe, el gobierno se inclina por segmentar el mercado de la región, asignándolo por partes casi iguales a Caribe Sol y Caribe Mar (aunque no se descarta que una sola empresa atienda todo el mercado). La operación se haría en dos subastas sucesivas, la primera en septiembre y la segunda en octubre.
Pero nadie ha explicado las razones del Gobierno para plantear la segmentación del mercado. Dicen que es una recomendación del estudio que contrató la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), pero este sigue siendo el secreto mejor guardado. ¿Es demasiado pedir que se levante la reserva para saber a ciencia cierta si esta solución es viable y conveniente desde los puntos de vista técnico, organizacional, financiero y funcional?
Según la ministra de Minas y Energía, la “solución estructural” y “definitiva” amerita “inversiones por cerca de 8,7 billones.
Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos ha venido invirtiendo enormes sumas en Electricaribe a través de su fondo empresarial. De hecho, le ha transferido 286.000 millones de pesos en garantías al mercado de energía mayorista, para evitar que la empresa entre en “limitación de suministro” por impago de la energía comprada, una especie de racionamiento programado por parte de XM, operadora del mercado.
Según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la “solución estructural” y “definitiva” amerita “inversiones por cerca de 8,7 billones que se requieren en los próximos 10 años”. Con tal fin, como lo anunció la agente interventora, Ángela Patricia Rojas, mientras se realiza el proceso y en este año se invertirán 860.000 millones en la empresa.
Este dinero corresponde a un préstamo que tramitó el fondo empresarial con garantía de la Nación, de modo que, como declaró la superintendente Avendaño: “esto significa que el día de mañana, si la empresa no paga al fondo empresarial, la Nación responde por esa deuda ante las entidades financieras”.
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Pleito pendiente
Llama la atención que al dar todos estos pasos se haya pasado por alto una circunstancia ineludible: la demanda que interpuso Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, contra la Nación, por valor de 1.626 millones de dólares ante el Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral). Ellos alegan que se configuró un caso de expropiación cuando la Superintendencia decidió intervenir la empresa.
Un pleito como este puede ganarse con tanta facilidad como se puede perder. En caso de perderlo,
- ¿Qué va pasar con los recursos que ha invertido el Estado a través del fondo empresarial y con los que invierta con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías?
- ¿Quién les va a responder a los usuarios por los 216.000 millones de subsidios girados por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Distribución del Ingreso (FSSRI) a Electricaribe y que, según investigación de la Contraloría General, terminaron en sus alforjas?
- ¿Quién va a asumir la deuda contraída por Electricaribe con los bancos, los generadores y los proveedores?
Electricaribe ha sido intervenida, no expropiada, y Naturgy sigue siendo su dueña mientras no se proceda a su venta. Es más: las deudas de la empresa han sido reducidas de manera sustancial porque la Nación está asumiendo su pasivo pensional.
Entendemos que con este sacrificio la Nación busca, como dijo la superintendente, “aumentar la participación, competitividad y probabilidad de éxito de la solución”. Pero hay que hacer las cosas correctamente y precavernos para evitar sorpresas en el futuro.
No olvidemos el adagio popular según el cual quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde.
* Miembro de Número de la ACCE. www.amylkaracosta.net
