La industria extractiva se ha venido recuperando después de pasar por un ciclo de poca producción y precios bajos. El balance de 2017 es positivo y 2018 es prometedor, pero hay todavía dos grandes obstáculos: la inseguridad jurídica y los conflictos sociales.
Amylkar D. Acosta M.*
El repunte de la minería
La industria extractiva –uno de los sectores más importantes de la economía colombiana– se caracteriza por tener ciclos de precios altos y bajos. Tras un período de mengua para el sector, desde 2016 la actividad minera y petrolera, así como sus precios, ha empezado a repuntar en el país.
Entre enero y octubre de ese año el precio del carbón térmico subió un 60 por ciento y desde entonces se ha mantenido la tendencia, pues en mayo de 2017 el precio de la tonelada era de 67,95 dólares y en noviembre cerró a 83,78.
El aumento en los precios hizo que la producción de carbón se elevara y en 2016 llegara hasta los 90,5 millones de toneladas, cifra récord que disminuyó en 2017 debido a la caída de la producción en el interior del país. Con esta disminución se estima que el total de producción de carbón en Colombia el año pasado fue de cerca de 88 millones de toneladas.
Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año en un 40 por ciento.
En 2016 también repuntó la producción de oro con 1’987.086 onzas, pero en 2017 esa cifra se vio afectada por una baja de la producción total, que fue de 1’498.020 onzas. Esta disminución se debió a la reducción de la extracción ilegal del precioso metal, que pasó de 1’732.411 onzas en 2016 a 1’212.687 en 2017. Esto ocurrió en gran medida porque la Agencia Nacional Minera (ANM) resolvió a meter en cintura la extracción ilícita de oro, lo cual es un paso importante en la dirección correcta.
Por otro lado, Cerromatoso S.A. le ha sacado ventaja al aumento del precio del ferroníquel, y después de obtener una producción de 37.092 toneladas en 2016 aumentó su producción hasta las 41.024 toneladas en 2017.
Se calcula que las exportaciones mineras crecerán este año en un 40 por ciento, pasando de 8.934 a 13.000 millones de dólares, que corresponden principalmente a la venta de carbón, oro y ferroníquel.
En lo relacionado con la inversión extranjera directa, después del bajonazo de 2015 y 2016 –cuando pasó de 533 a 97 millones de dólares– esta volvió a terreno positivo con una inversión de 441 millones de dólares en 2017. Para 2018 se esperan inversiones del orden de los 1.500 millones de dólares.
Finalmente, dos materiales que han empezado a tener un peso importante en la balanza minera son las esmeraldas y el cobre.
Reactivación de la industria petrolera
 Extracción minera. Foto: Defensoría del Pueblo |
La industria petrolera recibió un rudo golpe con la caída del precio del crudo, que alcanzó a rondar los 24 dólares a finales de enero de 2016. La recuperación fue lenta, lo cual desalentó la actividad petrolera en Colombia y el mundo, y la situación solo mejoró gracias a un cambio de estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Esta dejó de mantener su producción al tope y desde noviembre de 2016, en alianza con Rusia –otro gran productor no miembro del cartel–, tomó la determinación de recortar la producción en 1,8 millones de barriles diarios para tratar de detener la caída de los precios. Así lograron que el precio del crudo subiera un 82 por ciento entre enero de 2016 y enero de 2017, y que el precio promedio del barril fuera de 52,10 dólares en 2016 y de 53,81 dólares en 2017.
Cabe anotar que la última vez que el precio del barril estuvo cerca de los 60 dólares fue entre mediados de 2005 y mediados de 2006, y que los buenos resultados de la estrategia han llevado a prorrogar el acuerdo hasta finales de 2018.
Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) se espera que en 2018 la inversión en la industria petrolera fluctúe entre los 4.500 y los 4.900 millones de dólares, un 45 por ciento más que en 2017. Esta inversión estaría concentrada principalmente en la exploración y extracción de crudos, lo cual permite augurar que este será el año de la recuperación de esta industria en el país.
El detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones fue la reforma al régimen de regalías con el cual ahora no se sienten bien recompensadas.
Pero en la difícil coyuntura previa de los precios bajos, Colombia se vio afectada por partida doble, pues además de la baja en la cotización del crudo –que en 2017 representó el 32,8 por ciento de las exportaciones del país– la producción también ha descendido. La meta de producir en promedio un millón de barriles de petróleo por día quedó en el pasado, pues en 2016 el promedio fue de 885.000 barriles por día y se calcula que en 2017 fue de 864.000.
La única manera de detener la caída de la producción y mantener un promedio superior a los 840.000 barriles diarios –que es la nueva meta del Plan Financiero de 2018– es reponiendo y aumentando las reservas probadas.
Para lograrlo la apuesta está en la exploración en el mar –en la que Ecopetrol ya se ha anotado los primeros éxitos– y en los yacimientos en rocas generadoras, más conocidos como no convencionales, donde solo se pueden extraer las reservas de crudo o gas utilizando la controvertida tecnología del fracking o estimulación hidráulica. Según la ACP y Ecopetrol, allí hay un potencial de entre 3.000 y 5.000 millones de barriles con los cuales se podría ampliar el horizonte de la autosuficiencia entre 8 y 12 años.
Las amenazas
 Industria extractiva. Foto: Agencia Nacional de Hidrocarburos |
Para aprovechar el cuarto de hora que les queda al carbón y al petróleo tendrán que superarse dos escollos que tiene la actividad extractiva en Colombia: la inseguridad jurídica y los conflictos sociales.
Con respecto a la inseguridad jurídica, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, afirma que “si las cortes siguen abriendo en forma retroactiva y parando los proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”.
Una de las principales fuentes de activismo judicial y de exacerbación de los conflictos sociales en las regiones donde operan las empresas extractivas es la falta de un buen ordenamiento territorial. Este vacío permite el conflicto entre distintos usos y modos de ocupación del territorio, así como el choque de competencias entre las entidades territoriales y el gobierno central. A esto se añade, en el caso de la minería, el anacrónico Código de Minas que no responde a las nuevas realidades.
Pero, indudablemente, el detonante de la inconformidad y la insatisfacción en las regiones productoras fue la expedición del Acto Legislativo 05 de 2011, que reformó el régimen de regalías con el cual ahora no se sienten bien recompensadas. Ante la amenaza en ciernes del despojo, en las regiones clamaban porque les dejaran las regalías y se llevaran a los corruptos, y lo que sucedió fue lo contrario: se llevaron las regalías y les dejaron a los corruptos.
Capítulo aparte merece la proliferación de consultas populares y acuerdos municipales en contra de la actividad extractiva. Desde 2013 se han realizado consultas populares en 9 municipios y en 127 hay iniciativas en curso –entre ellas 81 consultas populares y 46 acuerdos municipales aprobados de los cuales solo 9 han sido objetados– para prohibir la actividad extractiva a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las altas cortes les han dado un espaldarazo a estas iniciativas ciudadanas al establecer:
- Que son las entidades territoriales las competentes para determinar la viabilidad de la actividad extractiva en su territorio, y
- Que el resultado de las consultas populares tiene efecto vinculante.
La licencia social
 Socavón mina de oro Foto: Defensoría del Pueblo |
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la licencia social sin la cual los proyectos se vuelven inviables. Las empresas tienen que ganarse la aceptación de las comunidades asentadas en el área donde operan, y esto lleva a la discusión acerca del impacto económico, social, laboral y ambiental de la actividad extractiva en los territorios.
Las empresas tienen que ganarse la aceptación de las comunidades asentadas en el área donde operan.
En este sentido el mejor camino es, quizás, el que sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo cuando afirma, entre otras cosas, que “la participación ciudadana es un requisito para una correcta gobernanza sectorial. (…) El diálogo solo es fructífero cuando está orientado a generar resultados”. Para ello plantea la necesidad de tender “un puente de entendimiento entre Gobierno, empresa y sociedad civil”, pues solo ello “permitirá el desarrollo sostenible y rentable de los proyectos sobre la base de que los recursos naturales no renovables son bienes públicos que generan valor para todos los ciudadanos”.
En relación con esto no se puede perder de vista que, como lo planteó John Stuart Mill en el siglo XIX, “la democracia no se reduce al gobierno de la mayoría. Es necesario, además, que las decisiones sean fruto de una discusión pública vigorosa” e informada, añadiría yo.
En este sentido es acertada la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos, tomada de Naciones Unidas y puesta en marcha en mi paso por el Ministerio de Minas, Energía e Hidrocarburos. Es esperanzador que gracias al diálogo entre las partes se hayan logrado concertaciones para darle vía libre a las actividades mineras en 146 municipios y a la extracción de hidrocarburos en otros 191. Eso sí, de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente.
* Exministro de Minas, Energía e Hidrocarburos. www.amylkaracosta.net
