Alta tensión por las elevadas tarifas de energía y gas
Foto: Alcaldía de Montería

Alta tensión por las elevadas tarifas de energía y gas

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Las tarifas de energía y gas están disparadas. ¿Por qué? ¿Qué cosas ha hecho el gobierno y con cuáles consecuencias?

Amylkar D. Acosta*

Quién decide las tarifas

Según las Leyes 142 y 143 de 1994  y en concordancia con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), todas las empresas prestadoras de los servicios se rigen por dos principios: la suficiencia financiera y los costos eficientes. Estos dos factores son clave para el sistema tarifario y su fijación en ciclos quinquenales. 

El sistema se basa en el expediente tarifario que cada una de las empresas operadoras de red (OR) —las que prestan el servicio al usuario final, sea regulado o no regulado— le presentan a la CREG para su consideración y evaluación. 

Conviene recordar que la Ley eléctrica (que recogió las lecciones aprendidas del racionamiento que sufrimos entre 1992 y 1993) prometió alcanzar la universalización en la cobertura en 20 años. Pero la Ley ya cumplió 30 años y esta meta no se ha cumplido.

El acceso al fluido eléctrico depende en primera instancia de su disponibilidad, la cual depende tanto de la capacidad instalada de generación como de la de transmisión. Además, depende de la capacidad adquisitiva de los usuarios, así como de las tarifas aplicables al consumo de energía. 

El consumo ha aumentado a un ritmo superior al 7 % anual; en la región Caribe, sobrepasa el 11 %, consumiendo 1,978,18 GWH al mes. 

Le recomendamos: Tarifas de energía: ¿en qué quedó la promesa de Petro?

Porqué aumentan los precios y las tarifas 

En los últimos dos años, se dispararon tanto los precios en la Bolsa como la tarifa al usuario final de la energía. En ello han influido factores externos e internos. 

Entre los factores externos se destaca la inflación global, que comenzó en la Unión Europea y se agravó por la guerra en Ucrania. El contagio de la estanflación llevó a que la inflación en Colombia cerrara 2022 con un 13,12 % y 2023 con un 9,28 %, muy por encima de la inflación objetivo fijada por la Junta directiva del Banco de la República, que sigue siendo del 3 % anual. Precisamente, el aumento de los precios y las tarifas de energía superaron con creces la inflación global. 

el efecto de las alzas en las tarifas es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables, que dependen de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia

Para entender mejor las causas y los efectos de estas alzas de la tarifa de energía, veamos cuáles son las variables (cargos) de la ecuación que determinan la tarifa o costo unitario del KWH. (CU): G + T + D + C + PR + R, en donde CU es costo unitario, G es generación, PR pérdidas reconocidas, T es transmisión y R las restricciones.

Estas variables tuvieron un peso relativo de cada uno de estos cargos de 36,3 % para G, 32,7 % para D, 13 % para C, 8,2 % para PR, 6,2 % para T y 3,6 % para R. G está determinado por el precio acordado en los contratos bilaterales y/o por el precio de la energía en bolsa, dependiendo del grado de exposición de cada empresa. 

Uno de los factores que más contribuyó en un momento dado al alza de las tarifas fue el cambio de la metodología por parte del DANE para el cálculo del indexador aplicado a varios de los cargos, al tomar como referencia el Índice de precios al productor (IPP), que estaba desfasado, el cual por fortuna se acordó con las empresas su cambio. 

Otro factor, que aún sigue afectando las tarifas, es el cargo por restricciones (R). Esta es una verdadera clavija en la fórmula, que data del año 2000, cuando la CREG estableció mediante la Resolución 063 que el 100 % de las restricciones causadas por el atraso en la entrada de los proyectos se le cobren al usuario a través de la tarifa. Este cargo es mayor en la región Caribe que en el resto del país.

Ahora bien, el efecto de las alzas en las tarifas es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables, que dependen de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60 % para el estrato 1, hasta el 50 % para el estrato 2 y el 15 % para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1000 metros del nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota. 

Si el mayor consumo excede este límite, los usuarios deben pagar la tarifa completa, sin la ayuda de subsidios. Es más, si el mayor consumo excede en un 50 % el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, como lo prevé el Artículo 114 de la Ley 1873 de 2017.

Las alzas en las tarifas se sienten en todo el país, sobre todo cuando se empieza a hacer efectivo el cobro de la deuda de los consumidores con las prestadoras del servicio por concepto de la opción tarifaria, que supera los 5 billones. Sin embargo, en la región Caribe se sienten más porque se dan sobre una base superior.

A diferencia del resto del país, en donde el cargo de las pérdidas reconocidas (PR) se limitan a las pérdidas de carácter técnico que oscilan alrededor del 8 %, los 2,6 millones de usuarios de la región Caribe debemos pagar además las no técnicas, que no son otras que aquellas atribuibles al robo de energía, así como a las instalaciones fraudulentas, que sumadas fluctúan alrededor del 24 %.

El papel del gobierno

Como afirmó el arzobispo de Barranquilla, Pablo Emilio Salas, “las altas tarifas de energía podrían terminar en un estallido social”. Y no es para menos. Este ha sido un verdadero viacrucis para los usuarios, mientras el gobierno ha venido dando bandazos, con decisiones erráticas que no responden al clamor ciudadano. 

Primero, en septiembre de 2022, Gustavo Petro anunció en el Congreso de ANDESCO que intervendría la CREG para detener la escalada alcista de las tarifas de energía. Lo intentó sin éxito con el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023, el cual fue suspendido pues no podía arrogarse sus competencias, las cuales les han sido otorgadas por la Ley 142 de 1994, de servicios públicos. 

Pero, después el mismo Consejo de Estado dejó en manos del presidente Petro la CREG al declarar nulo el nombramiento de los expertos comisionados. Desde entonces no ha sabido qué hacer con ella, manteniéndola en interinidad al no cumplir con el nombramiento en propiedad de sus reemplazos sino en calidad de encargados, lo cual ha paralizado a la CREG. 

Aún sigue sin el quorum indispensable para tomar sus decisiones, desoyendo las órdenes del Tribunal de Cundinamarca y de la Procuraduría. Este sigue siendo el nudo en el problema de las tarifas que no se resolverá hasta que el gobierno decida desatarlo.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, propició el que denominó un Pacto por la Justicia tarifaria, que se tradujo en una irrisoria baja en las tarifas del 4 % frente a un acumulado del 24 % de aumento en promedio en el país y de más del 40 % en la región Caribe, dejando insatisfecho a los usuarios. 

Además, se suspendió temporalmente el cobro de la deuda contraída por los usuarios con las empresas por concepto de la opción tarifaria, que difirió las alzas en pandemia, que ya superaba los 5 billones, la cual al reanudarse su cobro a partir de enero de este año ha agravado el alza de las tarifas, según lo autorizó la CREG.

Foto: Municipio de Guatapé - De los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas, solo El Peñol tiene una capacidad de regulación mayor a un año, los demás no resisten más de cuatro meses sin aporte hídrico.

mientras no se destrabe la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) va a seguir estresado y presionando hacia el alza los precios en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Más recientemente, tuvo lugar una Cumbre de los parlamentarios y gobernadores con el presidente Petro, seguida por otras dos en Sincelejo y Cartagena para encontrar una salida a esta encrucijada. Mientras los gobernadores, alcaldes y parlamentarios le han presentado propuestas al gobierno este sigue sin concretar sus respuestas

Cuando no se le echa la culpa a la especulación por parte de los generadores que le atribuye Petro a la venta de ISAGEN, se le endilga al modelo “neoliberal” por parte del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. También se ha dicho que la única solución a todos los “entuertos” en la prestación de los servicios públicos estaría en la aprobación de la anunciada reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos.

Por otra parte, el gobierno ha querido agendar la deliberación y definición de la fórmula tarifaria en el supuesto “proceso constituyente”, para que, según el ministro Camacho, “la gente tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre esas soluciones que le estamos planteando…”. Según él, “detrás de esto hay un saqueo de la energía en Colombia”. 

El sistema nacional de interconexión  

En mi concepto, mientras no se destrabe la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) va a seguir estresado y presionando hacia el alza los precios en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía. 

Esto, sin perjuicio de los cambios que necesita el despacho y la formación del precio en Bolsa de la energía para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, a las cuales da lugar el dudoso modelo marginalista, basado sólo en precios y no en costos, que debe replantearse. Está claro que el efecto de los precios en Bolsa en las tarifas que paga el usuario final se da en proporción directa al grado de exposición en Bolsa del respectivo prestador del servicio.

Por ejemplo, de los 6608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1141 MW, el 17 %. También se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha reportado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento

Según el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, los atrasos en los proyectos de transmisión en el Centro del país ya están pasando factura en la Sabana de Bogotá, donde nuevos desarrollos industriales y de vivienda están aplazados o paralizados por no contar con la disponibilidad del fluido eléctrico. La preocupación es mayor luego de conocerse el resultado de la última subasta, largamente aplazada, cuya oferta de energía en firme para 2027-2028 de 249 GWHD será insuficiente para satisfacer la demanda de 263 GWHD.

A esto se suma la gran vulnerabilidad que acusa el SIN frente al cambio climático, el cual se soporta en un 68 % de la capacidad de generación de origen hídrico, habida cuenta de que de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas, sólo uno de ellos, El Peñol, tiene una capacidad de regulación superior a un año. El resto no resiste más de cuatro meses sin aporte hídrico. 

Esto explica en gran medida la crisis a la que está abocado el SIN frente al fenómeno de El Niño. Según XM, el 23 de marzo el nivel agregado de los embalses se situó en el 33,54 %, 1,08 % por debajo del mínimo histórico de los últimos 20 años para el mes de marzo. 

Eso llevó el precio de la energía en Bolsa a 1015 el KWH, a sólo 19$ del precio de escasez (1034 el KWH), techo este estimado como máximo que paga la demanda por la energía. Llegado a este punto, de condición crítica del Sistema, se activa el cumplimiento de las obligaciones de oferta de energía firme (OEF) con cargo por confiabilidad.  

Lea en Razón Pública: ¿Racionamiento de la energía eléctrica?

Acerca del autor

Amylkar Acosta

* Economista de profesión. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ex presidente del Congreso de la República y ex ministro de Minas y Energía. Docente e investigador de las universidades Externado, Los Andes y del Rosario. 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país.

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Amylkar Acosta

* Economista de profesión. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ex presidente del Congreso de la República y ex ministro de Minas y Energía. Docente e investigador de las universidades Externado, Los Andes y del Rosario. 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país.

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