El paro judicial: al derecho y al revés - Razón Pública
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El paro judicial: al derecho y al revés

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Amylkar_Ac0sta hernando gomez buendiaDos argumentos opuestos sobre una huelga que a todos nos afecta. Acosta explica por qué el gobierno no tiene la razón, Gómez explica por qué los huelguistas no tienen la razón. ¿Dónde entonces está el interés público?

Amylkar Acosta* / Hernando Gómez Buendía**

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El gobierno quiere cumplir con la nivelación “pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico”. Foto: deracamandaca.com

La sin razón del gobierno (por Amylkar Acosta)

La justicia está paralizada y los jueces en las calles, demandando del gobierno el cumplimiento de una ley de la República. Se trata de la Ley 4 de 1992, que estableció una nivelación salarial a jueces y empleados de la rama judicial y que no se ha hecho efectiva transcurridos 20 años.

El costo de la nivelación es de 780 mil millones de pesos, cifra que puede superar el billón si el reajuste se extiende a cerca de 20 mil fiscales y auxiliares que están también cobijados por dicho beneficio. El gobierno ofrece cumplir esa pero de manera gradual y progresiva, para lo cual se tomaría quince años (¡!). Esta oferta, obviamente, ha sido rechazada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional (ASONAL) por considerarla inaceptable e irrespetuosa, tanto más cuanto que en el Presupuesto General de la Nación para 2013 tan solo se apropió la suma ridícula de 130 mil millones para estos efectos.

La razón fundamental que aduce el gobierno es de índole fiscal. Como afirma la ministra de Justicia, este “es un tema de gran impacto fiscal” y, añade que “el Gobierno tiene que cumplir prioridades”: al parecer esta no lo es.

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El costo de la nivelación es de 780 mil millones de pesos, cifra que puede superar
el billón si el reajuste se extiende a cerca
de 20 mil fiscales y auxiliares.
Foto: deracamandaca.com

 

Ya en otro escrito para Razón Pública había yo notado que el Acto Legislativo de “sostenibilidad fiscal” supeditaba el goce de los derechos a la disponibilidad de recursos, y por ende tiraba por la borda el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución del 91.

En su momento el presidente Santos afirmó que la sostenibilidad tenía “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos (énfasis añadido)”. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho; como vaticinó el ex constituyente Gustavo Zafra, “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”.

Ahora le ha tocado a la ministra de Justicia plantarle cara a la rama de donde viene y a la que se debe para decirle que el gobierno quiere cumplir con la nivelación “pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico (énfasis añadido)”. La ministra de Justicia no parece entender que estos servidores públicos sencillamente exigen que se cumpla una Ley obligatoria para el gobierno: nada más, pero tampoco nada menos.

Llama la atención que la sostenibilidad fiscal se esgrima para no cumplir algo tan elemental como es hacerle justicia a la justicia, pero se la deje de lado para proponer rebajas en los impuestos y en las mal llamadas “cargas¨ parafiscales a las empresas en la reforma tributaria que se tramita. Con estas medidas las empresas dejarán de pagar casi 10, 3 billones; pues bien, el gobierno podría satisfacer el justo reclamo de quienes administran justicia con sólo el 10 por ciento de esta suma. Es más, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012, el monto que dejará de recaudar la Nación por cuenta de las gabelas impositivas otorgadas a esas mismas empresas es del orden de los $6 billones, seis veces lo que cuesta redimir la deuda insoluta que tiene con la rama judicial.

El problema, entonces, no es de plata. El dilema es a qué gasto se le da prelación. Este es el quid del asunto. La renuencia del gobierno a cumplir con el mandato legal de nivelarles su asignación a jueces y fiscales habla muy mal del talante liberal del cual se ufana el presidente Santos, y este conflicto servirá de piedra de toque para definir el talante de su administración.

La sin razón de los huelguistas (por Hernando Gómez Buendía)

País de leyes: los jueces y auxiliares de justicia sencillamente exigen que se cumpla una ley expedida por el Congreso hace 20 años, que ordenó al gobierno “revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad" (Ley 4 de 1992, artículo 14)

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De modo pues que los jueces de Colombia
se escudan en una cruda leguleyada para defender sus aspiraciones — que pueden
ser legítimas— pero que carecen de toda base jurídica.  Foto: telesurtv.net

 

Eso es todo lo que dice aquella ley sobre la Rama Judicial, porque se trata de una norma general sobre “las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional” de todo tipo de servidores del Estado. Es más: se trata del parágrafo a un artículo sobre un tema completamente distinto (una prima de servicios), y que tiene por tanto el sabor de un auténtico “mico” (aunque la Corte, claro, lo declaró exequible en 1997). No es un país de leyes: país de leguleyos.

Es todavía peor: la ley que invocan los huelguistas en realidad no dice nada ni obliga a reajustar nada. Esa ley se limita a exigir que se atiendan “criterios de equidad”, y esto puede entenderse de mil modos; por ejemplo, alguien puede argumentar que para disminuir la inequidad en Colombia habría que rebajarles sus “frondosos” salarios a los jueces.

De modo pues que los jueces de Colombia se escudan en una cruda leguleyada para defender sus aspiraciones — que pueden ser legítimas— pero que carecen de toda base jurídica: país del mal ejemplo.

Los trabajadores están en pleno derecho de exigir que se mejoren sus salarios: para eso se inventó el sindicalismo. Pero si son trabajadores del Estado y si además reclaman “equidad”, los ciudadanos que pagamos sus salarios tenemos el derecho a preguntarles: equidad ¿respecto de quiénes o respecto de qué?

  • El criterio más justo sería que los salarios correspondieran a los resultados o al valor agregado por cada trabajador. Pero sí así fuera, y para no alargarme, la justicia en Colombia no se gana su sueldo: no tenemos justicia.
  • El criterio más técnico sería reajustar los salarios a medida que aumente la productividad de los trabajadores. Pero ASONAL exige que se tripliquen o se dupliquen los salarios de un golpe, sin la menor garantía de que con esto se mejoren los servicios.
  • El criterio más sano sería nivelar el pago de los jueces y demás operadores de justicia con el de otros profesionales del Estado (digamos el de los médicos o el de los maestros). Pero resulta que los señores de ASONAL ya ganan dos o tres veces más que sus pares en esas otras dependencias oficiales.
  • Y el criterio efectista es repetirnos que los altos magistrados ganan 24 ó 19 millones (sin contar arandelas) porque el gobierno sí los reclasificó. Pero resulta que un abuso no justifica otro abuso, y que los magistrados abusaron del poder para ponerse esos sueldos.

Lo cual nos trae al tema verdadero: lo que hay detrás de los salarios de los altos funcionarios no son las normas legales, sino el poder que ellos tengan. Por eso en todas partes los congresistas, los mandos militares, los magistrados o los trabajadores petroleros tienen tantas prebendas.

El paro judicial es una lucha de poder que uno puede apoyar o no apoyar. Pero eso sí: el sindicato debe responder por los daños injustos que ocasione a terceros: que ASONAL siga en paro, pero que indemnice a los millones de afectados por la inoperancia (adicional) de la justicia.

Así se haría, por ejemplo en Holanda. Y así ha de hacerse en un país que en vez de ser de leyes, de leguleyos y de malos ejemplos fuera sencillamente un país “equitativo”.

* Ex presidente del Congreso

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Acerca del autor

Amylkar Acosta

* Economista de profesión. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ex presidente del Congreso de la República y ex ministro de Minas y Energía. Docente e investigador de las universidades Externado, Los Andes y del Rosario. 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país.

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Amylkar Acosta

* Economista de profesión. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ex presidente del Congreso de la República y ex ministro de Minas y Energía. Docente e investigador de las universidades Externado, Los Andes y del Rosario. 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país.

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