El nuevo Plan de Desarrollo desmontaría el subsidio para el estrato 3 y reduciría el de los estratos 1 y 2. ¿En qué consiste la propuesta?
Amylkar Acosta*
El proyecto de ley
El día 6 de febrero el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 179 propone eliminar el subsidio en la tarifa de energía del estrato 3 y reducir el subsidio para los estratos 1 y 2 del 60 al 50 por ciento y del 50 al 40 por ciento, respectivamente. Los más afectados serían los usuarios de Electricaribe, pues el 80 por ciento de ellos pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Además esta medida agravaría los problemas de cartera de la empresa.
Dicho sea de paso, Electricaribe sigue sin reintegrar aproximadamente 216.000 millones de los subsidios que, según la Contraloría, le giró el ministerio de Hacienda y nunca fueron transferidos a sus destinatarios, es decir, a los usuarios de más escasos recursos.
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Esta medida estaba anunciada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) y que acabó siendo una Ley de desfinanciamiento por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas.
Este es el segundo coletazo de la Ley de financiamiento, después de que el ministro de Hacienda anunciara la venta de otro 8,9 por ciento de las acciones de la Nación en Ecopetrol para sortear las aulagas fiscales que lo atormentan.
El ministro Carrasquilla ya había puesto la pica en Flandes, al declarar que “Colombia tiene una política en materia de subsidios diseñada para un país que no tiene los niveles de ingresos y estándares de calidad de vida que tiene Colombia hoy en día” y que por lo tanto había llegado la hora de revisarlos. No obstante, la ministra de Minas y Energía le salió al paso dándole un parte de tranquilidad a los usuarios al decirles que deberían estar “absolutamente tranquilos, pues los subsidios eléctricos de los estratos 3, 2 y 1 se mantendrían, pues ese era un compromiso del gobierno del presidente Iván Duque”.
El artículo 179 propone eliminar el subsidio en la tarifa de energía del estrato 3 y reducir el subsidio para los estratos 1 y 2 del 60 al 50 por ciento y del 50 al 40 por ciento, respectivamente.
Por su parte, el ministro Carrasquilla siempre afirmó que si no se alcanzaban a recaudar los 14 billones que pretendía obtener con la reforma tributaria, los afectados serían el gasto y la inversión social, incluyendo el desmonte de los subsidios a los servicios públicos, empezando por el de energía.
Después de peluqueada la propuesta original de Carrasquilla, a duras penas se espera recaudar por esta vía 7,3 billones de pesos. Dicho y hecho: con el desmonte del subsidio en la tarifa de energía se estaría dando el primer paso en la dirección que había sido anunciada.
Se trata de Robin Hood al revés, pues al quitarle el subsidio a la energía habrá un alza en el costo unitario de aproximadamente 17 por ciento para la clase media. Esto para compensar los ingresos que la Nación dejará de recaudar debido a las exenciones tributarias que la reforma de marras concedió a las empresas y a los empresarios.
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Los antecedentes
 ¿Incumpliendo promesas? Foto: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. |
Esta propuesta va en contravía del “Pacto por la equidad”, uno de los ejes del Plan de Desarrollo 2018-2022 y de la Constituyente de 1991 que quiso hacer de los subsidios instrumentos para alcanzar la equidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Esa Constitución estableció como premisa fundamental “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en la Planeación y en el presupuesto”.
Es importante recordar que hasta el año 2011 las empresas pagaban una contribución del 20 por ciento sobre su tarifa, que representaba el 33 por ciento de los llamados “subsidios cruzados” para cubrir, junto con los estratos 5 y 6, el subsidio del cual eran objeto el consumo básico o de subsistencia de energía (173 KWH en regiones ubicadas por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar y 130 KWH a las que se sitúan por encima de dicha cota) de los usuarios que viven en estratos 1, 2 y 3.
Esta obligación legal cesó a partir del año 2012 en virtud del artículo 2 de la Ley 1430 de 2010 que buscaba “reducirles costos a la empresas para que ganaran en competitividad”. Fue así como la Nación debió asumir los 470.679 millones que pagaban las empresas a través del Presupuesto General de la Nación. Lo mismo sucedió con los parafiscales del SENA y el ICBF, cuando se le descargaron con la misma razón. Como si fuera poco, la semana pasada el presidente Duque anunció que en los próximos días expedirá un decreto que “liberará al sector turismo de la sobretasa de energía”.
Esta medida estaba anunciada desde el trámite de la reforma tributaria que disfrazaron de Ley de financiamiento y que acabó siendo una Ley de desfinanciamiento por cuenta de las nuevas gabelas impositivas decretadas en favor de las empresas.
Es un hecho irrefutable que entre 2007 y 2018 el monto de los subsidios al consumo de energía en los estratos 1, 2 y 3 creció en promedio al 11 por ciento anual, mientras que el monto de la contribución solo aumentó al 4 por ciento, dando lugar a un faltante que ha tenido que cubrir el Presupuesto Nacional. De allí que como la contribución solo aportó el 36 por ciento de los subsidios ofrecidos en 2018 (1,85 billones), el 74 por ciento fueron asumidos por la Nación. Esto provocó un déficit creciente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (FSSRI), institución creada mediante las leyes 142 de 1994 y 286 de 1996, con el objetivo de administrar y distribuir los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir los subsidios del servicio público domiciliario de electricidad a los usuarios de menores ingresos.
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Sin lugar a dudas, este déficit debe ser cubierto con cargo al PGN, pues afecta la sostenibilidad fiscal y por ello los subsidios deben ser mejor focalizados para que lleguen a quienes más lo necesitan. De hecho, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), el déficit de 1,8 billones del FSSRI ha afectado el giro a las empresas que prestan el servicio del subsidio cruzado, razón por la cual se ha propuesto suprimirlo.
Según la misma fuente, al corte de finales de diciembre del año anterior, seguían sin apropiarse en el PGN recursos del orden de los 591.000 millones para los subsidios de consumo de energía y los 229.000 millones para los del consumo de gas domiciliario, que sumados ascendían a los 820.000 millones. Esto contraviene lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1430 de 2010 según el cual “el Gobierno Nacional apropiará en el PGN anualmente los recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar de forma oportuna y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica”.
De allí la misiva que los gremios de los sectores de energía y gas natural le dirigieron al presidente Iván Duque, manifestándole las dificultades para operar y cumplir de manera adecuada la prestación del servicio debido al impago de los subsidios. Eso no solo ponía en riesgo la estabilidad financiera de las empresas, sino que atentaba con el cumplimiento de lo prescrito en la Ley, según la cual los servicios se deben prestar garantizando su continuidad, calidad, eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad.
Los mismo damnificados de siempre
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 Se debe reducir el consumo de energía en los hogares. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá. |
Para tender una cortina de humo y ocultar el exabrupto sostuvo que “también tendrían programas para ayudarle a los hogares colombianos a que redujeran sus facturas y así consumieran menos energía, pues así sería posible reducir hasta en un 30 por ciento la factura de los hogares”. Lo que el señor subdirector parece ignorar es que ese programa ya existe desde el gobierno anterior y se fundamenta en la Ley 1715 de 2014 que además de promover las fuentes no convencionales de energía renovable dota al Gobierno de una caja de herramientas para propiciar el uso racional y eficiente de la energía.
Es inverosímil que los sacrificios siempre recaigan sobre los más vulnerables y sobre la clase media, que fue la que llevó la peor parte en la reciente reforma tributaria.
*Exministro de Minas, Energía e Hidrocarburos. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE) www.amylkaracosta.net
