El gobierno tuvo que intervenir y liquidar a Electricaribe, y ahora busca quién retome la prestación del servicio de energía en esa región, cuya demanda crece dos o tres veces más rápidamente que la del resto del país.
Amylkar Acosta M*
Una empresa liquidada
El próximo 20 de marzo se hará por fin la subasta de Electricaribe, que había sido aplazada en dos ocasiones. Allí se escogerá un nuevo operador de red para los siete departamentos de la región Caribe.
Esa red tiene 2,7 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica, que representan el 23 por ciento del mercado nacional.
La ley establece que los servicios de electricidad deben prestarse con sujeción a los principios esenciales de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. Sin embargo, Electricaribe, que venía bajo el control de la española Gas Natural Fenosa (GNF), no cumplía con ninguno de ellos.
De esta manera, durante dos décadas, los usuarios de Electricaribe soportaron dificultades y ahora la empresa goza de una pésima e irrecuperable imagen en la región. En vísperas de ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, se había llegado al punto de registrar un promedio de cortes de 90 horas al año, el doble del promedio nacional. Los usuarios también estaban expuestos permanentemente a “limitaciones de suministros”, o racionamientos programados de prestación del servicio. A esto se sumó el racionamiento no programado, dados los constantes y súbitos cortes ocasionados por la oscilación del voltaje, y el consiguiente daño de los artefactos eléctricos de los usuarios.
El diagnóstico era claro desde que, en calidad de ministro de Minas y Energía, recibí de manos de la integrante de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Carmenza Chahín, el estudio que se le encomendó: la causa fundamental de la critica situación de la empresa y del pésimo servicio que prestaba era un rezago histórico de más de una década en las inversiones que han debido hacerse y no se hicieron.
Se identificaron los proyectos requeridos con urgencia para evitar el colapso, y de allí nació el Plan5Caribe. Pero la respuesta de GNF fue tajante al condicionar sus inversiones “a los flujos de caja de la compañía”. En ese momento, las deudas contraídas con sus acreedores superaban los 2,4 billones de pesos y según Deloitte, auditora externa de Electricaribe, esta estaba en un “claro riesgo de inviabilidad financiera”.
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Buscando un nuevo operador
Bajo tales circunstancias no quedaba otro camino que intervenir la empresa, pues la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado (artículo 65 de la Constitución).
De modo que el gobierno intervino y tomó posesión de Electricaribe, primero con fines de administración el 15 de noviembre de 2016 y a la postre con fines de liquidación el 14 de marzo de 2017.
La causa fundamental de la critica situación de la empresa y del pésimo servicio que prestaba era un rezago histórico de más de una década en las inversiones
Foto: Superintendencia de Industria y Comercio
Las fallas en Electricaribe ponen en riesgo el suministro de energía eléctrica en todo el país.
Así empezó la búsqueda de un nuevo operador que viniera a ocupar el lugar de Electricaribe. Se contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para establecer la hoja de ruta del proceso para subastar la operación de este mercado.
El presidente Iván Duque, quien recibió esta tarea del Gobierno anterior, es consciente de que un apagón en la región Caribe provocaría una crisis sistémica, que comprometería la prestación del servicio de energía en todo el país. De allí que en la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se incorporó como capítulo especial un Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual se complementó en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento, aprobada recientemente.
Había dos escollos a superar para hacer viable el proceso de la subasta y despertar el apetito por la operación de este mercado: la regulación y las deudas de Electricaribe. Para superarlos, la CREG expidió la Resolución 010 el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Por otra parte, el Gobierno asumió el pasivo de la empresa, empezando por el pensional, que supera los 1,6 billones de pesos.
En el PND quedó claro que que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. A través del Fondo empresarial se han invertido aproximadamente 4,2 billones de pesos en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan5Caribe.
Para efectos prácticos, se tomaron también las siguientes medidas:
- Se dividió el mercado de Electricaribe en dos: Caribe Mar (Córdoba, Sucre, Bolivar y Cesar) y Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira);
- Se elevó el umbral hasta donde es permitido el dominio del mercado de distribución o comercialización por parte de las empresas operadoras del 25 por ciento al 35 por ciento, removiendo de paso uno de los obstáculos para que empresas como EPM de Medellín pudieran entrar en la puja; y
- Se levantó la prohibición de la integración vertical de la generación, distribución y/o comercialización en cabeza de una misma empresa. Ello permitirá que la participación en la subasta sea mayor.
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Las esperanzas en la subasta
En síntesis, están dadas las condiciones para que esta subasta le ponga fin a la pesadilla que agobia a la región Caribe.
Las fallas en la prestación del servicio se han convertido en un freno de mano a su desarrollo económico y social. Esto sucede en un momento cuando muchas empresas buscan localizarse en la región para estar cerca de los puertos y así ganar en competitividad.
Ello explica que, mientras la demanda de energía a nivel nacional creció en 2018 a un ritmo de 1,3 por ciento, en el Caribe creció el 4,4 por ciento. En el 2019, según XM, el crecimiento promedio de la demanda de energía en Colombia fue del orden del 4,02 por ciento, que contrasta con el crecimiento del 6,8 por ciento en la región Caribe. Más recientemente, en enero de este año, dichos crecimientos de la demanda fueron de 4,93 por ciento y 11,10 por ciento, respectivamente.
Las fallas en la prestación del servicio se han convertido en un freno de mano a su desarrollo económico y social.
Esta subasta contempla dos fases. Primero se subastará el mercado completo y de no dar con un sólo operador para este, se procedería a abrir la subasta en dos, segmentando dicho mercado.
Sobra decir que la empresa o las empresas que asuman la operación deberán contar con la idoneidad y el músculo financiero suficiente para ejecutar, a la mayor brevedad, los proyectos pendientes, los cuales demandarán inversiones del orden de los 5 billones de pesos en Caribe Mar y 3,7 billones de pesos en Caribe Sol.
Aunque parece que Caribe Mar ha despertado más interés que Caribe Sol, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, quien ha estado al frente de este proceso, es optimista y augura que “dados los perfiles de los precalificados existe la posibilidad de que uno pudiera ofertar por el mercado completo”. Ojalá sea así.
Foto: Superservicios
Electricaribe
La suerte está echada y sólo resta cruzar los dedos para que esta subasta tenga un final feliz, que le devuelva la esperanza a los diez millones de resignados usuarios del servicio de electricidad en la región Caribe de que este será el principio del fin de este tortuoso y torticero embrollo.
En todo caso, quien asuma la operación de estos dos mercados tiene el inmenso reto de ganarse su confianza y demostrar que el esfuerzo que están haciendo el Estado y todos los colombianos, estos últimos con el pago de la sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora consumido, ha valido la pena.
*Ex ministro de Minas y Energía. www.amylkaracosta.net
