La Política de Seguridad y Convivencia: aciertos e interrogantes
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Hacía falta una política de seguridad urbana, pero en la propuesta del gobierno Santos hay vacíos que deben llenarse.
Hacía falta una política de seguridad urbana, pero en la propuesta del gobierno Santos hay vacíos que deben llenarse.Hugo Acero Velásquez *
Un paso adelante
Como un complemento importante de la Política de Seguridad Democrática, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos lanzó hace tres semanas su Política de Seguridad y Convivencia (PSC), la cual se sustenta en cinco ejes estratégicos: prevención del delito; control policial; justicia efectiva; asistencia a víctimas, y convivencia y cultura ciudadana. Cada eje comprende programas y proyectos bien definidos y que de manera integral deben ser ejecutados en los municipios, de acuerdo con sus situaciones de violencia, delincuencia y convivencia.
Ya era hora que Colombia contara con una política de convivencia y seguridad ciudadana y que con base en ella, el Ejecutivo Nacional trabaje de la mano con los alcaldes para solucionar los problemas de inseguridad que afectan a los ciudadanos en los centros urbanos. Destacando que se ha elaborado una buena política, quiero llamar la atención sobre seis elementos debatibles o sensibles de esta iniciativa.
1. Línea base para la evaluación del Plan
Antes de comenzar a ejecutar esta política, es importante definir de manera clara la línea base sobre la cual va a ser evaluada de manera periódica.
En este caso es preciso reconocer que durante el año 2009 los homicidios aumentaron a 17.717 y no disminuyeron a 15.251, como sostiene el Ministerio de Defensa, pues esta segunda cifra no incluye los homicidios ocurridos en enfrentamientos con la fuerza pública, descuentos que comenzaron a realizarse hace menos de dos años y que no permiten la comparación con los años anteriores.
Cabe anotar que en el pasado reciente una buena cantidad de "bajas en combate" resultaron siendo "falsos positivos". Además, los ciudadanos "dados de baja" son una de las tantas consecuencias de la violencia que vive el país; ojalá en un futuro no muy lejano, esta acción legítima del Estado sea realmente excepcional, como sucede en la mayoría de los Estados.
En estas circunstancias, la línea base para evaluar el Plan es de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes para el año 2009, como puede verse en la gráfica siguiente:
Respecto de los demás delitos, hay que notar que la gran mayoría tiene un alto subregistro, en algunos casos por encima del 70% (siete de cada 10 delitos no son denunciados); en estas condiciones, como lo plantea la PSC, debe realizarse una encuesta nacional anual de victimización y percepción de seguridad.
Para mayor independencia se podrían utilizar, mejorar y ampliar la cobertura de las encuestas que realizan los programas Cómo Vamos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín, que cubren el 31% de la población total del país y el 47,6% de la población urbana. También está la encuesta de la Fundación Seguridad y Democracia.
De acuerdo con los datos reportados por las últimas encuestas de los programas Cómo Vamos, en lo corrido del año 2010 la percepción de seguridad ha mejorado en Barranquilla, Cartagena y Cali y desmejoró en Bogotá y Medellín, como se puede ver en la siguiente gráfica:
Porcentaje de personas que se sienten seguras en la ciudad, 2009 – 2010
En lo que hace a las personas que declaran haber sido víctimas de algún delito (victimización) la ciudad que registra índices más altos es Bogotá, con un 27%; le siguen Barranquilla (17%) Cali (16%), Cartagena (13%) y Medellín (12%). Con relación a las tasas de denuncia, el índice más alto es el de Medellín (41%) y el más bajo es el de Cartagena (13%[1]) como puede verse en la siguiente gráfica:
Denuncia y Victimización 2010
2. Institucionalización de la Política de Seguridad y Convivencia
Para ayudar en la coordinación, la gestión y el seguimiento de la PSC se crea la Alta Consejería para la Convivencia Ciudadana, una figura interesante que han utilizado distintos gobiernos para poner de relieve la importancia de la seguridad, pero que ha contribuido muy poco a su institucionalización en cabeza de los ministerios responsables.
En este caso, sería mejor que la Alta Consejería se constituyera en una instancia asesora y de seguimiento de las políticas de defensa y seguridad ciudadana, realizara los estudios requeridos, recopilara, analizara y produjera análisis de coyuntura y presentara informes permanentes sobre la marcha de los distintos planes y acciones en los dos campos. Por su parte la dirección de la PSC debe institucionalizarse en cabeza del Ministerio del Interior, con la creación de un Viceministerio de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior debe constituirse en la instancia que maneje la seguridad de los ciudadanos, como sucede en una buena cantidad Estados latinoamericanos.
De esta manera, bajo la dirección del Ministro, puede lograrse el manejo integral que pretende la Política y una mejor coordinación con las autoridades de seguridad, justicia y con todos los gobernadores y alcaldes, mientras el Ministerio de Defensa se dedica a la política de defensa nacional y a sostener el empuje de la Política de Seguridad Democrática. Esto le daría a la Política un carácter civilista y dejaría en claro que la seguridad no es sólo responsabilidad de las fuerzas armadas. Cabe anotar, que hasta ahora no se tiene claro si la Política de Seguridad y Convivencia es responsabilidad de la Alta Consejería, del Ministerio de Defensa, del Ministro Interior o de los tres.
3. El INPEC se transforma o se acaba
La Política se queda corta en el proceso de transformación que debe tener el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC). Para nadie es un secreto que desde las cárceles se sigue delinquiendo y que esta realidad no cambiará mientras no se haga una trasformación profunda de esta institución que sufre de altos niveles de corrupción, como lo han reconocido los últimos dos directores y el anterior Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, quien vaticinó que si el INPEC no se transformaba se acababa.
Los resultados en materia de seguridad pueden verse disminuidos si no hay control estatal de las cárceles. Al igual que el DAS, hay que transformar al INPEC como instancia profesional y confiable para las labores de seguridad y justicia que propone la PSC.
4. Más instrumentos y recursos para los alcaldes
El municipio es el escenario natural de ejecución de la PSC y los alcaldes tienen responsabilidades constitucionales en el manejo del orden público en su jurisdicción. Para eso los alcaldes necesitan de más instrumentos administrativos y financieros, así:
- En materia administrativa, al Consejo Municipal de Seguridad deberían asistir, de manera obligatoria e indelegable, y además de los miembros que establece el Decreto 2615 de 1991, los directores seccionales de (1) El INPEC (para controlar el delito que se sigue cometiendo desde las cárceles); (2) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF- para que responda por la ejecución de sus programas a nivel local y en particular por el control del centro de privación de libertad de adolescentes infractores de la ley penal), y (3) El Consejo Superior de la Judicatura (para que responda por las acciones de los jueces)
- En materia financiera, hay que aumentar el monto de recaudo por obra pública y estudiar la factibilidad de que a nivel municipal se apliquen tasas contributivas para financiar los planes de seguridad y convivencia, como en la actualidad sucede en unos pocos municipios y departamentos del país.
En este campo, además de los recursos frescos y nuevos que los municipios logren para financiar sus planes de seguridad y convivencia, el Gobierno Nacional debe apoyarlos con contrapartidas importantes. Sin embargo, de los 3,64 billones de pesos asignados a Seguridad y Convivencia dentro del presupuesto del periodo 2010 – 2014, 2,7 billones van para los veinte mil nuevos policías y para la justicia; los restantes 940 mil millones se distribuyen entre el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), con 480.000 millones, el Plan Cuadrantes (160.000) y políticas de prevención (300.000 millones), es decir, que a nivel nacional solo existen, para apoyar a los municipios, el 78% de los recursos que Bogotá invierte en materia de seguridad en cuatro años.
Aquí, el Gobierno Nacional debería hacer un esfuerzo mayor, si se tiene en cuenta que cada año se invierten algo más de 22 billones de pesos en seguridad, de los cuales más del 80% están destinados a las Fuerzas Militares, cuando la prioridad es la seguridad urbana. En este campo hay dos caminos: conseguir nuevos recursos, o racionalizar el gasto dadas las nuevas prioridades y los avances de la Política de Seguridad Democrática.
5. Más policías, más seguridad
La Política establece como meta la vinculación de veinte mil policías nuevos en los próximos cuatro años, a todas luces insuficientes para aplicar el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a nivel nacional. Para este efecto podría pensarse en:
- Aumentar el pie fuerza disponible para la vigilancia, cambiando el personal uniformado que se dedica a labores administrativas, que supera el 15% del total del personal de la policía, por profesionales administrativos no uniformados, que hoy se consiguen muy buenos en el mercado laboral.
- Disminuir el número de policías dedicado a servicios especiales, en particular los escoltas, dado que el país ha logrado reducir las amenazas que los grupos armados ilegales tienen sobre ciertos funcionarios, que en algunos casos utilizan este servicio como símbolo de prestigio o en labores ajenas a su profesión.
- Igualmente, se puede comenzar a definir de manera clara las responsabilidades en materia de seguridad ciudadana y de seguridad nacional entre las Fuerzas Militares y la Policía, de tal forma que algunas de las acciones que actualmente desarrolla la Policía en materia de conflicto armado y de erradicación de cultivos sean asumidas por la Fuerzas Militares. Estas y otras acciones pueden contribuir a aumentar el número de policías dedicados a la seguridad de los ciudadanos en los centros urbanos.
6. Sin metas claras los resultados se diluyen
Al Plan le hacen falta metas de reducción de los índices de violencia, de delincuencia y de mejorías en la convivencia. ¿A cuáles logros van a comprometerse las autoridades para que los ciudadanos sientan más seguridad y más confianza en las instituciones, o para facilitar la convivencia en los centros urbanos?
En este campo, me atrevo a proponer las siguientes metas para el próximos cuatrienio:
- Reducir los homicidios comunes en un 5% anual, lo que daría como resultado un total de 13.709 homicidios en el 2014 y una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes en ese año.
- Reducir en un 10% la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país.
- Reducir la victimización en un 5% en las principales ciudades.
- Aumentar en un 10% el índice de denuncias ciudadanas en las principales ciudades.
- Mejorar en un 10% la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional.
- Mejorar en un 10% la confianza ciudadana en la justicia.
- Mejorar en un 10% la confianza ciudadana en el INPEC.
Podrían ser más metas, pero es importante tener unas pocas para poder evaluar los resultados de la Política de Seguridad y Convivencia. Sin metas claras no hay resultados, sólo disculpas para justificar recursos públicos mal invertidos.
Post data
Felicitaciones al General Oscar Naranjo Trujillo por el reconocimiento como el mejor policía del mundo que le hizo la más prestigiosa asociación de jefes de Policía, la International Association of Chiefs of Police (IACP).
*Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.
Nota de pie de página
[1] Encuestas de Percepción ciudadana. Red de Ciudades Cómo Vamos 2010 Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.
Acerca del autor
Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
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Hugo Acero
*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.
